Telefónica, BBVA, el Banco Santander e Iberdrola son las empresas españolas que más reuniones han tenido con altos cargos de la Comisión Europea. La iniciativa de la Unión Europea de acabar con la opacidad ha provocado que el número de organizaciones españolas dadas de alta en el registro de Transparencia de la Unión Europea se haya duplicado desde noviembre. La recién estrenada Comisión Europea aprobó el pasado 11 de noviembre una Iniciativa de Transparencia impulsada por su vicepresidente, Frans Timmermans, con la esperanza de que los líderes políticos y los grupos de presión que influyen en ellos fueran más abiertos sobre sus actividades. Entre las medidas incluidas destaca la prohibición expresa de los encuentros secretos con lobbies que no estén oficialmente registrados y la publicación de todas las reuniones de los comisarios europeos con los grupos de presión.
Organizaciones no gubernamentales y organismos de control han tratado de dar cierto sentido a la avalancha de información que la UE acaba de hacer pública como parte de esta estrategia de transparencia a través de dos nuevas plataformas online presentadas esta semana: “Intregitywatch”, promovida por Transparencia Internacional, y la actualización del LobbyFacts, una iniciativa de del Corporate Europe Observatory, Amigos de la Tierra Europa y LobbyControl. El objetivo: averiguar qué significa toda la información publicada, y filtrarla, ya que muchos datos están escondidos entre archivos PDF, o separados en cientos de páginas web distintas. Entre diciembre de 2014 y junio de 2015, el nivel superior de funcionarios de la Comisión Europea ha declarado haber tenido 4.318 reuniones. El 75 por ciento de estas se produjeron con grupos de presión que representan a corporaciones. Además, según el sitio web, el exministro español y actual Comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, se ha reunido con 562 lobbistas en 132 encuentros distintos. En la mayoría de ocasiones, los grupos de presión correspondían a fabricantes españoles de automóviles y camiones, muy habituales en la oficina de Cañete, al igual que los lobbies de la patronal española y la confederación de productores de cemento. En la lista hay seis compañías de estos sectores (Cementos Portland, Molins, Balboa, Cosmos, Magnesitas Navarras y Magnesitas Rubián). A lo largo de su carrera, Cañete ha protagonizado numerosas controversias y ha sido acusado de mezclar los intereses comerciales con sus cargos públicos. La línea entre la empresa privada y los cargos públicos es borrosa en la carrera del comisario, y va desde intereses familiares en el sector de la agricultura hasta su participación en compañías petroleras, pasando por la reforma de la Ley de Costas, que regula las actividades de construcción en el litoral español. Esta medida no figuraba en el programa electoral del Partido Popular. Sin embargo, fue una de las primeras iniciativas adoptadas por Arias Cañete cuando fue nombrado ministro de Agricultura y Medio Ambiente en el año 2011. Una de las lista que facilita LobbyFacts evidencia que España es el sexto país con más grupos de presión registrados en Europa por país de origen, con 464. Hay que tener en cuenta que muchos grupos de presión, 1.782, están registrados como si tuvieran su sede en Bélgica, pero en realidad cabildean a favor de los intereses que tienen en otros países.
Desde que se abrió el registro de grupos de presión en abril de 2008 y hasta el 19 de noviembre de 2014 se inscribieron 34 empresas españolas; sin embargo, en los apenas cinco meses desde que la Comisión ha prohibido los encuentros informales se han registrado otras 31 compañías. Es decir, se ha duplicado la presencia de empresas españolas. Como señala Nicolás Sarriés en Sabemos, “la presión de Bruselas ha sacado del armario a los lobbistas del IBEX 35”.
Un informe de Transparencia Internacional (TI) sobre 19 países europeos publicado hace pocos meses destacaba que “la falta de control sobre el lobby socava las democracias en Europa e impulsa la corrupción. En España, las agendas de los políticos no se pueden conocer, tampoco los grupos de presión están regulados, como anunció que haría Mariano Rajoy en su primer debate sobre el estado de la nación en 2012.
De hecho, España sigue estando a la cola de países transparentes, según TI, y los únicos pasos que ha dado para cambiar esta tendencia han sido “escasos”. La reforma que presentó el PP en 2014 para la regularización de los lobbies sólo tiene en cuenta a aquellos que operan sobre el poder legislativo (Congreso de los Diputados). En España, donde la mayoría de las leyes son presentadas a iniciativa del Gobierno, la regularización propuesta por los conservadores no afectaría al ejecutivo.
“Las organizaciones con los presupuestos más grandes suelen tener garantizado el acceso a los altos cargos de la Comisión, sobre todo, en las carteras financieras y de energía”, destacó Daniel Freund, de Transparencia Internacional, en la presentación de la nueva herramienta para la monitorización del lobby. “Hay una fuerte relación entre la cantidad de dinero que gasta y el número de reuniones que se consigue”. De hecho, si juntamos a las 21 empresas del Ibex 35 que hacen públicos sus datos en el Registro de Transparencia de la UE, nos encontramos con que la inversión realizada en lobby asciende a casi 8 millones de euros. Por otro lado, Telefónica, BBVA, el Banco Santander e Iberdrola son las empresas españolas que más reuniones han tenido con altos cargos de la Comisión Europea.
Todas las cifras anteriores deben ser tratadas con mucha cautela, alertan las organizaciones. El registro de transparencia de la UE se elabora en base a estimaciones sobre el gasto en lobby que proporcionan las propias empresas, cuya supervisión o control de calidad es muchas veces insuficiente debido al bajo número de personal que existe en la secretaría del registro.
Además, como denuncia un informe de la coalición ALTER-EU, a pesar de que se han producido algunas mejoras, los datos del registro siguen siendo muy poco fiables. Hay muchas empresas y grupos de presión que hacen público un gasto muchos menor del real, mientras que otras ofrecen por error cifras grotescamente exageradas. Teléfonica, por ejemplo, es la corporación española con el presupuesto en lobby más alto, 2 millones euros y 6 lobistas a su cargo; mientras que el Banco Santander, que declara únicamente un gasto de entre 600.000 y 699.999 euros, tiene 12.
Los datos que han agrupado las plataformas online también arrojan información sobre los europarlamentarios españoles, un total de 54 divididos en cinco grupos. El político que más ingresos externos declara es Pablo Iglesias, gracias a sus apariciones en televisión, entre 2.002 y 10.499 euros mensuales. También, el líder de Podemos es uno de los más activos en los plenos del Parlamento Europeo, con una asistencia al 99 por ciento de las votaciones. Muy por delante de Santiago Fisas, del grupo de los conservadores (PP), que está a la cola de la lista con sólo un 62 por ciento de asistencia a las votaciones.
En lo que respecta a los datos sobre el cabildeo en Bruselas, proceden de dos fuentes: las actas de las reuniones de la Comisión Europea con la información contenida en el citado registro de transparencia de la UE o registro de los grupos de presión de Bruselas.
Por un lado, de las 4.547 reuniones contabilizadas de la Comisión, sólo en 98 se trato el polémico Tratado de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés) que negocia Estados Unidos con Europa. El 60% de los encuentros se produjeron con la industria y el 14% con organizaciones de la sociedad civil. Como revela la información, los temas que se trataron fueron bastante monotemáticos y coincidieron con algunos de los aspectos más cuestionados del acuerdo: agricultura y soberanía alimentaria, aspectos relacionados con la creación de empleo y cuestiones sobre regulación y estándares comerciales.
Los datos hechos públicos muestran también que detrás de estas reuniones se encuentran grandes grupos empresariales multisectoriales. Desde el Trans-Atlantic Businnes Council hasta EUROCHAMBERS (que representa a más de 20 millones de empresas en Europa), o la poderosa Mesa Redonda de Servicio (ERT por sus siglas en inglés), que agrupa entre sus filas a los presidentes de las multinacionales más importantes de Europa. César Alierta (Telefónica), Ignacio S. Galán (Iberdrola) y Antonio Brufau (Repsol) están entre sus filas.
Toda esta información contrasta con la que se extrae, por otro lado, del Registro de Transparencia voluntario de la UE, a través de la cual sólo se han reconocido 2 reuniones para hablar del TTIP, ambas correspondientes a la plataforma europea “STOP TTIP”. Daniel Freund, portavoz de Transparencia Internacional, señala en conversación con La Marea que muchas organizaciones que han tratado el Tratado de Libre Comercio en las reuniones con la comisión, podrían no haberlo declarado correctamente en el registro voluntario. “Les podría interesar ocultar que presionan acerca de este tema”, apunta. “Aunque por desgracia, con la información hecha pública, no se puede tener acceso a todas las reuniones que se llevan a cabo”.
Todas estas medidas sólo tienen en cuenta al 1 por ciento de los oficiales europeos y al 20 por ciento de los lobistas que operan en Bruselas. Es por ello que Transparencia Internacional, el Corporate Europe Observatory, Amigos de la Tierra y el resto de organizaciones que combaten la opacidad en la toma de decisiones europeas, mantienen una postura crítica ante lo que denominan “un acto de maquillaje”. Texto: E. Cancela. Ver: La estructura mafiosa de los poderes fácticos
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