Este texto pone en evidencia las similitudes de las políticas impuestas a los pueblos del Norte y del Sur del planeta a partir del gran giro neoliberal de los años 1980. Si bien fue escrito en julio de 2000, ningún retoque es necesario para presentar y analizar el desarrollo de los acontecimientos del período 1980-2000 en materia de austeridad y de endeudamiento. Su contenido tiene la ventaja de mostrar que las políticas aplicadas progresivamente a partir de 2008 en Grecia, en Europa occidental y en los Estados Unidos constituyen la profundización de una ofensiva iniciada tres decenios antes. Los argumentos utilizados por los gobiernos y los organismos internacionales que los aplican no han cambiado verdaderamente, lo mismo que las recetas utilizadas.
A partir de los años 1980, la crisis del endeudamiento público, tanto de los países del Tercer Mundo y del Este como de los países industrializados, ha sido sistemáticamente utilizada para imponer políticas de austeridad en nombre del ajuste. Acusando a sus predecesores de haber vivido “por encima de sus posibilidades” recurriendo demasiado fácilmente al empréstito, la mayor parte de los gobiernos en funciones desde entonces han infligido progresivamente un “ajuste” de los gastos públicos, los sociales en particular, como si se tratara de ajustar un cinturón apretándole uno o dos agujeros.
Por lo que se refiere al Tercer Mundo y el Este, el formidable crecimiento de la deuda pública comenzó a finales de los años 1960 y desembocó en una crisis de pagos a partir de 1982. Este endeudamiento tiene responsables. Se encuentran esencialmente en los países más industrializados: los bancos privados, el Banco Mundial y los gobiernos del Norte que prestaron literalmente a espuertas centenares de miles de millones de eurodólares y de petrodólares.
Para colocar sus excedentes de capitales y de mercancías, esos diferentes actores del Norte prestaron a tasas de interés muy bajas. La deuda pública de los países del Tercer Mundo y del Este fue así multiplicada por doce entre 1968 y 1980. En los países más industrializados, el endeudamiento público aumentó igualmente con fuerza durante los años 1970, al intentar responder los gobiernos al final de los “treinta gloriosos” años de posguerra con políticas keynesianas de relanzamiento de la máquina económica.
Un giro histórico se emprendió en 1979, 1980, 1981, con la llegada al poder de Thatcher y de Reagan, que a partir de entonces aplicaron a gran escala las políticas soñadas por los neoliberales.
De entrada, procedieron en particular a una muy fuerte subida de las tasas de interés, que obligó a los poderes públicos endeudados a transferir a las instituciones financieras privadas montantes colosales. A partir de ese momento, a escala planetaria, el reembolso de la deuda pública constituyó un poderoso mecanismo de bombeo de una parte de las riquezas creadas por los trabajadores asalariados y los pequeños productores en beneficio del capital financiero.
Esas políticas, dictadas por los neoliberales, iniciaban una formidable ofensiva del capital contra el trabajo. Endeudados, los poderes públicos se pusieron a reducir los gastos sociales y de inversión, para “equilibrar” las cuentas; luego, recurrieron a nuevos préstamos, para hacer frente a la subida de las tasas de interés: es el famoso efecto “bola de nieve”, vivido en los cuatro puntos del planeta durante los años 1980. Es decir, un aumento mecánico de la deuda causado por el efecto combinado de las tasas de interés elevadas y de los nuevos préstamos necesarios para el reembolso de los préstamos anteriores.
Para pagar la deuda pública, los gobiernos se sirvieron abundantemente de los impuestos, cuya estructura fue modificada de forma regresiva en el curso de los años 1980-1990: la parte de los ingresos fiscales provenientes de los impuestos sobre las rentas del capital disminuyó, mientras que aumentaba la parte de los ingresos provenientes de los impuestos sobre el trabajo asalariado, de una parte, y sobre el consumo de masas, vía la generalización del IVA y el aumento de los impuestos indirectos, de otra.
En definitiva, el Estado quitó a los trabajadores y a los pobres para dar a los ricos, al capital: exactamente lo contrario de una política redistributiva, que debería ser, sin embargo, la preocupación principal de los poderes públicos…
La crisis de la deuda pública de los años 1980 está íntimamente ligada al proceso de desreglamentación que preside la mundialización neoliberal. En efecto, el aumento colosal del endeudamiento público, a finales de los años 1960 y comienzos de los años 1980 fue pareja con el desarrollo del mercado de los “eurodólares”, es decir una de las primeras etapas de la desreglamentación del sistema monetario internacional y de los mercados de cambios.
Importancia estratégica del ajuste estructural en los países de la periferia Las políticas de ajuste estructural comenzaron a ser aplicadas en los países de la periferia justo después del estallido de la crisis de la deuda en agosto de 1982. Constituyeron la prosecución, bajo una forma nueva, de una ofensiva que había comenzado unos quince años antes.
¿Qué estaba en juego en esta ofensiva?
Para los estrategas de los gobiernos del Norte y de las instituciones financieras multilaterales a su servicio, comenzando por el Banco Mundial, imperativamente había que responder a un desafío, la pérdida de control sobre una parte creciente de la periferia: entre los años 1940 a los 1960, se fueron sucediendo las independencias asiáticas y africanas, el bloque del Este europeo se había ampliado, las revoluciones china, cubana y argelina habían triunfado, habían aparecido políticas populistas y nacionalistas, puestas en marcha por regímenes capitalistas de la periferia -del peronismo argentino al partido del Congreso indio de Nehru, pasando por el nacionalismo nasseriano-… En definitiva, nuevos movimientos y organizaciones se habían desarrollado un poco en todas partes a escala internacional, constituyendo otros tantos peligros para la dominación de las principales potencias capitalistas.
Los préstamos masivos concedidos, a partir de la segunda mitad de los años 1960, a un número creciente de países de la periferia (comenzando por los aliados estratégicos, el Congo de Mobutu, la Indonesia de Suharto, el Brasil de la dictadura militar, llegando hasta países como Yugoslavia y México) juegan el papel de lubrificante de un poderoso mecanismo de recuperación del control. Esos préstamos concretos tenían por objetivo el abandono por esos países de su política nacionalista y una conexión más fuerte de las economías de la periferia al mercado mundial dominado por el centro. Se trata igualmente de asegurar el aprovisionamiento de las economías del Centro en materias primas y en combustibles. Poniendo los países de la periferia progresivamente en competencia los unos con los otros, incitándoles a “reforzar su modelo exportador”, el objetivo era hacer bajar los precios de los productos que exportaban y, por consiguiente, reducir los costes de producción en el Norte y aumentar en él la tasa de ganancia. Se trataba en fin, en un contexto de ascenso de las luchas de emancipación de los pueblos y de guerra fría con el bloque del Este, de reforzar la zona de influencia de los principales países capitalistas. Ciertamente, no se puede afirmar que hubo por parte de los bancos privados, del Banco Mundial y de los gobiernos del Norte, la puesta en marcha de un complot. Pero no deja de ser cierto que un análisis de las políticas seguidas por el Banco Mundial y por los principales gobiernos de los países industrializados en materia de préstamos a la periferia muestra claramente que esos actores perseguían objetivos estratégicos.
La crisis que estalla en 1982 es el resultado del efecto combinado de la bajada de los precios de los productos exportados por los países de la periferia hacia el mercado mundial y de la explosión de las tasas de interés. De un día para otro, hay que pagar más con ingresos que disminuyen. De ahí, el estrangulamiento. Los países endeudados anuncian que están confrontados a dificultades de pago. Los bancos privados del centro se niegan inmediatamente a conceder nuevos préstamos y exigen que se les paguen los antiguos. El FMI y los principales países capitalistas industrializados adelantan nuevos préstamos para permitir a los bancos privados recuperar su apuesta y para impedir una sucesión de quiebras bancarias.
Desde esa época, el FMI, apoyado por el banco Mundial, impone los planes de ajuste estructural. Un país endeudado que se niega al ajuste estructural se ve amenazado con la detención de los préstamos del FMI y de los gobiernos del Norte. Se puede afirmar sin riesgo a equivocarse que quienes, a partir de 1982, proponían a los países de la periferia que dejaran de pagar sus deudas y que constituyeran un frente de los países deudores tenían razón. Si los países del Sur hubieran instaurado ese frente, habrían sido capaces de dictar sus condiciones a acreedores desesperados.
Al optar por la vía del reembolso, bajo las horcas caudinas del FMI, los países endeudados han transferido hacia el capital financiero del Norte el equivalente de varios planes Marshall. Las políticas de ajuste han implicado el abandono progresivo de elementos clave de la soberanía nacional, lo que ha desembocado en un aumento de la dependencia de los países concernidos hacia los países más industrializados y sus multinacionales. Ninguno de los países que haya aplicado el ajuste estructural ha podido sostener de forma duradera una tasa de crecimiento elevada. Las desigualdades sociales han aumentado en todas partes. Ningún país “ajustado” constituye una excepción.
Los nuevos préstamos concedidos por el FMI desde 1982 persiguen tres objetivos: 1) establecer las reformas estructurales impuestas por el ajuste; 2) asegurar el reembolso de la deuda contratada; 3) permitir progresivamente a los países endeudados tener acceso a los préstamos privados vía los mercados financieros.
¿En qué consiste este “ajuste”?
El ajuste estructural comprende dos grandes tipos de medidas. Las primeras son medidas de choque (generalmente la devaluación de la moneda y la subida de las tasas de interés en el interior del país concernido). Las segundas son reformas estructurales (privatización, reforma fiscal, etc.). Las devaluaciones impuestas por el FMI han alcanzado regularmente tasas del 40% al 50%. Intentan hacer más competitivas las exportaciones de los países concernidos, de forma que aumenten las entradas de divisas necesarias para el reembolso de la deuda. Otra ventaja, no despreciable desde el punto de vista de los intereses del FMI y de los países más industrializados: provocan una bajada del precio de los productos exportados por los países del Sur.
Para estos últimos tienen efectos más negativos: engendran una explosión del precio de los productos importados en su propio mercado y deprimen por ello la producción interna. Así, no solo sus costes de producción aumentan, tanto en la agricultura como en la industria y el artesanado -esto tanto más en la medida que incorporan ya numerosos recursos importados como consecuencia del abandono de las políticas “autocentradas”-, sino que el poder de compra de la gran masa de sus consumidores se estanca (el FMI prohíbe toda indexación de los salarios). Además, esas devaluaciones provocan un agravamiento de las desigualdades en el reparto de las rentas, pues los capitalistas, que disponían de liquidez, tomaron cuidado de comprar divisas extranjeras antes de su aplicación. Así, en el caso por ejemplo de una devaluación del 50%, el valor de su liquidez se duplicaba.
La política de tipos de interés elevados, por su parte, no hace sino aumentar la recesión interna: el campesino o el artesano, que debe pedir prestado para comprar los recursos necesarios para su producción, duda en hacerlo o reduce su producción por falta de medios.
Por el contrario, el capital rentista prospera. El FMI justifica estos tipos elevados afirmando que atraerán a los capitales extranjeros de los que tiene necesidad el país. En la práctica, los capitales que son atraídos por tales tipos son volátiles y toman rumbo a otros cielos al menor problema o cuando aparece una mejor perspectiva de ganancia.
Otras medidas de ajuste específicas de los países de la periferia: la supresión de los subsidios a ciertos bienes y servicios básicos y la contrarreforma agraria. En la mayor parte de los países del Tercer Mundo, la alimentación básica (pan, tortilla, arroz…) está subvencionada para impedir fuertes subidas de precios. A menudo este es también el caso en lo que se refiere al transporte colectivo, la electricidad y el agua. El FMI y el Banco Mundial exigen sistemáticamente la supresión de tales subsidios, lo que provoca un empobrecimiento de los más pobres y algunas veces revueltas por hambre.
En materia de propiedad de la tierra, el FMI y el Banco Mundial han lanzado una ofensiva a largo plazo que intenta hacer desaparecer toda forma de propiedad comunitaria. Es así como han obtenido la modificación del artículo de la Constitución mexicana que protegía los bienes comunales (ejidos). Y uno de los grandes temas sobre los que trabajan hoy estas dos instituciones es la privatización de las tierras comunitarias o estatales en el África subsahariana…
Medidas de ajuste comunes al Norte y al Sur
La reducción del papel del sector público en la economía, la disminución de los gastos sociales, las privatizaciones, la reforma fiscal favorable al capital, la desreglamentación del mercado de trabajo, el abandono de aspectos esenciales de la soberanía de los Estados, la supresión de los controles de cambio, el estímulo del ahorro-pensión por capitalización, la desreglamentación de los intercambios comerciales, el impulso de las operaciones bursátiles... Todas esas medidas son aplicadas en el mundo entero a dosis que varían según las correlaciones de fuerzas sociales. Lo que llama la atención es que desde Malí a Inglaterra, de Canadá a Brasil, de Francia a Tailandia, de Estados Unidos a Rusia se constata una profunda similitud y una complementariedad entre las políticas llamadas de "ajuste estructural", en la periferia, y las bautizadas en el centro como de "saneamiento", "austeridad" o "convergencia". En todas partes, la crisis de la deuda pública ha servido de pretexto para el lanzamiento de tales políticas. En todas partes el pago de la deuda pública representa un engranaje infernal de transferencia de las riquezas en beneficio de los detentadores de capital.
François Chesnais resume la situación en unas frases: "Los mercados de títulos de deuda pública (los mercados obligaciones públicas), puestos en pie por los principales países beneficiarios de la mundialización financiera y luego impuestos a los demás países (sin demasiadas dificultades muy frecuentemente) son, según dice incluso el propio Fondo Monetario Internacional, la piedra "angular" de la mundialización financiera. Traducido a un lenguaje claro, es exactamente el mecanismo más sólido, puesto en pie por la liberalización financiera de transferencia de riquezas de ciertas clases y capas sociales y de ciertos países hacia otros. Atacar a los fundamentos del poder de las finanzas supone el desmantelamiento de esos mecanismos y, por tanto, la anulación de la deuda pública, no solo la de los países más pobres, sino también la de todos los países cuyas fuerzas sociales vivas se niegan a que el gobierno continúe imponiendo la austeridad presupuestaria a los ciudadanos para pagar los intereses de la deuda pública"|.
Los planes de ajuste estructural y demás planes de austeridad constituyen una máquina de guerra que intenta destruir todos los mecanismos de solidaridad colectiva (desde los bienes comunes al sistema de pensión por reparto) y someter todas las esferas de la vida humana a la lógica mercantil. El sentido profundo de las políticas de ajuste estructural es la supresión sistemática de todas las trabas históricas y sociales al libre despliegue del capital para permitirle proseguir su lógica de beneficio inmediato, cualquiera que sea su coste humano o medioambiental.
Hay que romper con esta lógica, abandonar las políticas de ajuste estructural, en cualquier lugar que se apliquen, y reconstruir un conjunto de mecanismos de control del capital de forma que se dé prioridad a la Humanidad. De ahí la importancia de crear colectivamente, gracias a solidaridades Norte/Sur, Este/Oeste, nuevas redes de lucha ciudadana. Las múltiples resistencias de las que este libro se hace eco pueden desembocar en un nuevo proyecto emancipador. Texto: Eric Toussaint. Ver: Los ricos no pagan impuestos
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