Crisis capitalista y lucha de clases (3 de 3)

4.- El papel de los gobiernos progresistas

Un elemento central de la tercera etapa de la ofensiva estratégica del capital son los llamados gobiernos progresistas. Más allá de las consideraciones sobre la manera como ellos han incidido sobre un cambio en la geopolítica de la región (lo cual es, sin duda, de la mayor importancia), es fundamental hacerse la siguiente pregunta ¿En qué medida estos gobiernos acercan, estancan o incluso alejan al movimiento social y popular de escenarios de transición hacia proyectos político-económicos más radicales, de transformaciones estructurales a favor de la población? Recuperar un análisis de clase de tales gobiernos se torna imprescindible.

En ese aspecto, se destaca, como ya se ha dicho, que el proyecto del capital, en un contexto de recomposición general del capitalismo, continúa adelante, y no ha sido afectado en lo esencial. Más bien se viene acentuando frente a la ausente movilización social y política requerida. Desde ese punto de vista, los gobiernos progresistas, con todas sus diferencias, tienden a inscribirse dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis. Si bien las políticas económicas presentan diferencias en su aplicación nacional en Brasil, Uruguay o Argentina, ninguno de los tres procesos del cono sur se asemejan a las búsquedas de una orientación socialista tal y como se presentan en Bolivia, Ecuador y Venezuela, las que a su vez son muy diferentes entre sí y cuyos alcances y realizaciones merece otro trabajo. No es lo mismo definirse por un rumbo capitalista que por otro socialista, aun siendo difuso el perfil socialista.

La existencia misma de gobiernos progresistas es una manifestación de importantes cambios en la correlación de fuerzas en el cono sur, aunque estos cambios son fuertes en el plano político electoral, menores en lo ideológico y mínimos en el plano económico. Los nuevos tiempos desmitifican la creencia de que la intervención del estado es necesariamente progresista. Las finalidades, la forma y los resultados de esas intervenciones, más allá de los discursos que pretenden legitimarlas, no han demostrado la existencia de avances hacia un proyecto alternativo al dominio y control del capital. No basta con que el Estado intervenga para que una estrategia alternativa se construya. El carácter transformador de dicha intervención, para ser tal, debe tener origen y basarse en la más amplia participación de los movimientos populares, en particular de los trabajadores organizados con conciencia e independencia de clase y proponerse un horizonte anticapitalista y por el socialismo, más allá de su denominación.

El Cono Sur tiene hoy un modelo de acumulación capitalista basado, en gran medida, en los agro-negocios con algunas características importantes: (i) lógica de extracción con el único propósito de apropiarse de la renta de los recursos naturales, por lo general apropiado para una minoría de la burguesía agraria asociada al paquete tecnológico en manos de las transnacionales; (ii) proceso ampliado de re-primarización de las exportaciones, que debe mucho, como consecuencia de la reestructuración productiva, a la aplicación de la estrategia neoliberal de desarrollo en nuestra región desde el siglo pasado; (iii) el regreso de la región como proveedor de materias primas para la economía mundial, redefiniendo, en muchos casos, la lógica de una inserción externa similar a la época colonial; (iv) el creciente proceso de mercantilización de la tierra, incluso con el papel del capital ficticio (especulativo, sin intención de producir en la tierra), profundiza la concentración de la propiedad; (v) incremento del papel de las empresas transnacionales como el agente fundamental del proceso extractivista y depredador, incluyendo empresas locales como socios subordinados.

En asociación con esto observamos la permanencia de muchos de nuestros países en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución vinculada al Banco Mundial que tiene por objeto salvaguardar los intereses de los inversores internacionales en los eventuales litigios con algunos países; es decir, es una institución que, a expensas de los intereses nacionales y regionales, garantiza la libre circulación de capitales. Otro ejemplo de restricción institucional a las estrategias de desarrollo alternativo es el mantenimiento de los procesos de integración basado en una lógica heredera de los procesos de mercantilización neoliberal. Uno de esos casos es la IIRSA que está diseñada dentro del modelo productivo y para facilitar el dominio de las empresas transnacionales.

En síntesis: uno de los principales rasgos del proceso político y económico del Cono Sur, y en general América del Sur, es la pérdida de soberanía sobre sus recursos naturales. Dada la configuración del proceso de acumulación capitalista a escala planetaria y la nueva división internacional del trabajo, es indiscutible la importancia que han adquirido los hidrocarburos, los minerales, las fuentes de agua y la biodiversidad de que dispone América Latina. Las transnacionales han impuesto un modelo “re-primarizador” de las economías latinoamericanas, cimentado en la explotación indiscriminada de esas riquezas naturales. En diferentes países de la región es notorio el alistamiento del territorio para proyectos en hidrocarburos, en minería, para la construcción de nuevas represas, la explotación maderera, el acceso a fuentes de agua, proyectos agro-combustibles o de producción de soja, entre otros.

Los montos acumulados de inversión extranjera directa implican un cambio estructural en las relaciones económicas del Cono Sur con el exterior, que se ven reflejados en una incrementada presencia de las corporaciones transnacionales en la actividad productiva y en consecuencia con efectos de más largo plazo sobre el crecimiento y el desarrollo económicos. La IED se concentra en los sectores industriales que recurren con intensidad a la extracción de recursos naturales en el contexto de un proceso de transnacionalización constituido por una red de empresas que tienden a generar enclaves en los lugares donde se instalan, administran el comercio internacional entre las filiales y, en la práctica, controlan los procesos económicos nacionales. Tanto a nivel microeconómico (transferencia de tecnología, generación de empleo, apertura de mercados) como macroeconómico (inversión, crecimiento) es incontrastable que la IED no cumple los requisitos que debieran exigirse para un desarrollo productivo con justicia social.

La presencia creciente de las corporaciones transnacionales implica que controlarán una parte significativa del ahorro generado localmente, por lo que cobra particular relevancia la política de reinversión de utilidades que apliquen estas empresas en los próximos años. El uso de los excedentes por parte de las transnacionales tendrá un impacto significativo en las futuras tasas de crecimiento, la estructura productiva, la inserción internacional y la distribución del ingreso, el cual seguramente no será positivo. Debe concluirse que el actual proceso de extranjerización de la economía del cono sur fortalece y consolida el capitalismo dependiente.

Es claro que en la actualidad la disputa por la renta de los recursos naturales se ha acentuado entre las transnacionales y los procesos presentes en Bolivia, Ecuador y Venezuela. No sucede lo mismo en el cono sur, donde los gobiernos progresistas son en extremo “generosos” con el capital transnacional y, como consecuencia, buena parte del territorio de la región está siendo adquirida por empresas transnacionales, lo cual tendrá repercusiones incalculables en el largo plazo. Más allá de los discursos, los programas de gobierno, las concepciones de política económica y la buena o mala voluntad de quienes las implementan, se observa una “neo-colonización” que atenta contra la soberanía y modifica radicalmente nuestro entorno. El proceso de concentración y extranjerización de los recursos naturales, así como el traspaso de las industrias -que subsisten- a capitales extranjeros, no es algo novedoso. Lo que preocupa sobremanera es el volumen de los traspasos y la aceleración de los procesos, con cifras sin precedentes.

Contra lo que otrora eran los discursos de la izquierda, hoy las ventajas otorgadas por los gobiernos del Cono Sur al capital foráneo han permitido un fuerte proceso de extranjerización de los principales recursos de cada país, donde en los hechos predomina el proyecto del capital transnacional con un nuevo formato político. En términos más amplios, en el mundo, el capitalismo está en crisis, pero los capitalistas tienen capacidad para comprar tierra, inmuebles y medios de producción en el sur, generando la desnacionalización de nuestras economías. Un añejo libro de Eduardo Galeano: “Las venas abiertas de América Latina”, mantiene toda su actualidad. Si bien se aduce que las transnacionales son necesarias porque aportan el capital que en América Latina no existe, lo real es exactamente lo contrario: vienen para llevarse plusvalor y fortalecer el ciclo de la acumulación capitalista, aumentado las ganancias y con ello la dominación.

La creación de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), tuvo algunos aciertos políticos pero aún no tiene efectos en el plano económico. El modelo dominante continúa impulsando cambios institucionales que apuntan al debilitamiento de la capacidad de intervención del estado, en particular en los aspectos referidos a las fronteras económicas nacionales y las regulaciones del mercado. Se aprueban políticas de incentivos económicos a la inversión extranjera, tales como las generalizadas zonas francas y las leyes de promoción de inversiones, en ambos casos los impuestos se reducen a un mínimo absoluto. Como contrapartida del proceso de profundización del modelo ortodoxo, amigable para la inversión extranjera, los gobiernos progresistas buscan su legitimación a través de una estrategia que combina, la contención de las situaciones de máxima pobreza con políticas asistencialistas; con un conjunto de cambios institucionales y políticas que favorecen a ciertos sectores de los trabajadores. La mayoría de las reformas se caracterizan por la creación y/o perfeccionamiento de instituciones y agencias favorables al “libre” mercado, a la inversión extranjera directa, a la circulación más abierta de capitales. Supuesto básico de todas ellas es que la política debe ser sustituida por el “saber técnico” en aquellas partes del estado que, de acurdo con ese criterio, tienen que seguir existiendo para que la economía funcione. Así se desarrollan e implementan “agencias autónomas”, con autoridades independientes de los procesos electorales: las más notorias son los bancos centrales y las unidades reguladoras de mercados. Actúan “técnicamente” al margen del estado y están para intervenir en el diseño e implementación de cambios institucionales favorables al capital.

Lo anteriormente señalado demuestra que el neoliberalismo, que es a la vez una concepción ideológica, una forma de hacer política y el modelo económico que expresa los intereses de los capitalistas, sigue plenamente vigente. Lo que se explica, simple y llanamente, porque el capital sigue siendo el sector dominante y ha crecido enormemente en esta etapa en relación a las clases subordinadas. O dicho de una manera más directa hay una profundización del dominio del capital sobre el trabajo en la etapa actual. Es un proceso como dijimos que se articula desde las políticas de los estados nacionales y en acuerdo, más allá de ciertas polémicas, con los organismos internacionales.

Parece una paradoja afirmar que el dominio del capital crece en el Cono Sur cuando es notorio que existen múltiples gobiernos llamados y/o autollamados “progresistas”, “izquierdistas”, incluso, “revolucionarios”. La existencia de estos gobiernos, sin embargo, no ha provocado una agudización de la contradicción capital-trabajo, ni tampoco que exista un enfrentamiento con el capitalismo; más aún, en muchos de estos países, se sostiene que el objetivo es alcanzar un “capitalismo en serio”, un “capitalismo normal”. El progresismo minimiza sus raíces en la izquierda cuando se asume que el Estado no tiene recursos para invertir, que no existe ahorro en el sector privado nacional y que la única fuente de recursos es la inversión que llega del exterior. De ahí en adelante el problema es cómo atraer a los inversores foráneos, lo cual exige poner a “disposición” de ellos los recursos naturales potencialmente más rentables y, complementariamente, garantizar los derechos de propiedad y los menores costos fiscales y salariales posibles.

El neo-desarrollismo es la fórmula progresista para profundizar el capitalismo. En el progresismo gobernante de Brasil, Uruguay y Argentina se ha profundizado enormemente la inversión extranjera y la explotación de recursos naturales. Los gobiernos de estos tres países tienen muchos elementos en común como, por ejemplo, la aplicación de políticas asistencialistas, por supuesto con nombres distintos en cada uno de ellos y la permanente reafirmación en todos los ámbitos de que son las fuerzas del cambio que enfrentan a los partidos de derecha (nunca dicen al capital). La existencia de gobiernos progresistas que tienen como finalidad ofrecer seguridades a los inversores, ha generado la fragmentación de los movimientos populares. Esto se explica porque estos gobiernos toman múltiples medidas que favorecen a algunos sectores de la clase trabajadora y postergan a otros. Debe señalarse también que la clase que tiene contradicciones internas importantes entre la lucha por los objetivos históricos y programáticos y la preservación de beneficios, a veces no menores, obtenidos con estos gobiernos, tales como, ampliación de derechos sindicales, mejoras en las condiciones de trabajo y aumentos salariales. La lucha por el socialismo, sin embargo, ha quedado como una rémora retorica que acompaña y convive con la lucha cotidiana por mantener lo obtenido dentro del sistema capitalista.

En los factores del debilitamiento ideológico hay que incluir, sería un error muy grande omitirlo, el impacto de la desaparición del conocido como bloque socialista. Se podrá criticar a la U.R.S.S. por múltiples razones, pero en el imaginario colectivo latinoamericano era la “garantía” internacional para aquellos pueblos que podrían llegar a alguna forma de liberación, como lo había demostrado en la revolución cubana. Cualquier análisis político y geopolítico exigía reconocer la existencia de dos modelos de producción en disputa, uno de los cuales estaba cayendo, el capitalismo, y otro que avanzaba, el socialismo. Los revolucionarios, más allá de diferencias ideológicas, se concebían como parte de un proyecto histórico que se estaba realizando, con mayores o menores errores. La discusión sobre la ausencia de un proyecto alternativo empezó, como tema cardinal, cuando cae el bloque socialista. Por entonces la meta era claramente el establecimiento del socialismo y lo que estaba en discusión era el programa y las vías para lograrlo. La principal característica de esta tercera etapa de la ofensiva del capital, facilitada políticamente por el progresismo, es la derrota ideológica. A pesar de que existen gobiernos progresistas, no existe una conciencia anticapitalista, ni predominan las organizaciones que luchan por el socialismo.

5.- Una ofensiva que modificó reaccionariamente las relaciones sociales

En estos cuarenta años no solo se trató de mutar la relación entre el capital y el trabajo, sino que el capital avanzó en el proceso de subsunción formal y real del trabajo en el capital, subordinando a la naturaleza y a la sociedad bajo el dominio del capital. La lógica de la valorización se impuso desde la relación de explotación promoviendo la mayor productividad del trabajo con extensión de la jornada laboral y una aceleración del desarrollo científico, técnico y tecnológico. El camino de la potencia y expansión de la plusvalía absoluta, relativa y extraordinaria contrarrestó los efectos decrecientes en la tasa de ganancia a fines de los 60´ y comienzos de los 70´. La ofensiva del capital modificó las formas de explotación de la fuerza de trabajo e indujo la desorganización sindical, claro que con la complicidad de las burocracias sindicales y políticas que lideraban la organicidad institucionalizada del movimiento obrero.

Con la ofensiva sobre los trabajadores y sus conquistas históricas, el programa del gran capital se orientó a variar el papel del Estado capitalista, eliminando derechos sociales y económicos logrados por la lucha popular y obrera de los años anteriores. Se habilitaron las privatizaciones, las desregulaciones y un papel del Estado capitalista para sostener el nuevo ciclo de acumulación de capitales. Ese es el marco de la desregulación a escala global para favorecer la libre circulación de capitales, servicios y mercancías para internacionalizar el proceso de valorización de los capitales. Se trataba de eliminar las trabas a la expansión sin límite de la esfera de la explotación. En ese camino había que profundizar la derrota estratégica del movimiento obrero y otorgar ventaja al capital en la lucha de clases. La ofensiva fue contra los trabajadores y su proyecto socialista-comunista. Por ello y pese a las opiniones críticas que nos pueda merecer la experiencia soviética, el colofón de esa ofensiva se operó entre 1989 y 1991.

Ese inicio con terror de Estado en nuestros territorios se extendió al presente con el terrorismo mundial ejercido por el imperialismo estadounidense, con la complicidad del sistema mundial de naciones y su organicidad. Son las invasiones a Afganistán, a Irak y las intervenciones militares sobre Libia y otros territorios, incluso el aliento a los golpes en Honduras o Paraguay, con un gran despliegue militar con bases en todo el planeta y nuevas aventuras políticas e ideológicas a favor del proyecto y la ofensiva del capital. La violencia sostuvo el origen y permanencia del capitalismo. No es una cuestión de mercado, de oferta y demanda, o de oportunidades derivada de la eficiencia del capital. Es una cuestión de correlación de fuerzas, económica, política, militar y cultural, que por ende se juega también en el plano de las ideas y el consenso manufacturado por la industria de los medios de comunicación, el cine y la televisión.

La violencia de las clases dominantes gestó la posibilidad de la reestructuración regresiva del orden social mundial. Se puso fin a una forma de la relación entre el trabajo y el capital; a un modo de ejercicio de la función estatal; y a un tipo de relaciones internacionales para favorecer el retiro de fronteras nacionales a la circulación del capital. Todo bajo las modalidades desarrolladas mediante la revolución tecnológica del satélite y la cibernética. El capitalismo mutó sustancialmente respecto de sus modos previos, construidos en siglos desde la revolución agraria e industrial. El límite del socialismo (bipolaridad) y los Estados nacionales, vigentes por medio siglo entre 1930 y 1980 habilitó un nuevo lanzamiento del ciclo del capital, subsumiendo al trabajo, la naturaleza y el capital.

El desarme moral expresado por la derrota del socialismo real y la pérdida de un proyecto emancipador asumido masivamente por los trabajadores y los pueblos, creó las condiciones de posibilidad para el éxito del proyecto neoliberal, cuyo principal mérito transitaba por la ausencia de una propuesta integral de carácter alternativa al capitalismo en desarrollo desde la ruptura de la bipolaridad mundial. Más allá de la disputa por la hegemonía capitalista, imaginada en los 80’ bajo el liderazgo de Japón; o en los 90´ desde Europa y su moneda unificada; en el nuevo siglo se instaló un imaginario de multipolaridad en el desarrollo capitalista. Hubo incluso quienes imaginaron la posible irrupción de “países emergentes” en el liderazgo mundial, especialmente China o incluso los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica). La imagen era el triunfo del capitalismo sobre cualquier orden alternativo, un remedo del “fin de la historia” inaugurado en los 90´.

Estas son concepciones que escamotean a la “emergencia” como territorio de valorización del capital ante los límites de una crisis capitalista que se prolonga en el tiempo dificultando el proceso de producción de ganancias, de acumulación de capitales y de dominación capitalista. El problema sigue siendo el ámbito de la explotación capitalista. La reestructuración reaccionaria del capital continuó su experiencia histórica de desposesión, ampliando la esfera de la explotación. Qué mejor que exportar “relaciones sociales de explotación” mediante inversiones externas directas a países de gran población y empobrecida por el tipo de desarrollo capitalista construido por siglos en el sistema mundial.

Los efectos de la crisis comienzan a trasladarse a nuestro continente. Las nuevas contradicciones gestadas en el desarrollo capitalista convocaron nuevamente a la crisis mundial. El año es el 2007 en Estados Unidos, pero con antecedentes en ese país en el 2001, cuya respuesta fue un salto adelante en el endeudamiento público y privado, tanto como la militarización de la sociedad mundial.

Así como las crisis mundiales estallan en los territorios de la hegemonía, en 1874, en 1930, o 1973, ahora nuevamente fue en Estados Unidos, en Europa y en Japón, que no pueden esconder los límites que esas sociedades expresan para la valorización. Pero el capital no se suicida y sale en busca de territorios para la valorización. La transnacionalización es la base material de ese operativo del proyecto a la ofensiva del capital. Es más, la crisis es utilizada como chantaje para sostener a los capitales más concentrados con subsidios e intervenciones estatales gigantescas para el salvataje de bancos y empresas en problemas. La contrapartida es el desempleo, la baja de salarios, la disminución del gasto público social, todas banderas levantadas en estas 4 décadas por los ideólogos y constructores del neoliberalismo para sostener el funcionamiento del capitalismo contemporáneo.

La salida de la crisis es imaginada con ajuste y liberalización, claro que a costa de la calidad de vida de los trabajadores y los pueblos del mundo. Por eso, la regresividad ejecutada en Nuestramérica entre los 70´ y los 90´ se aplica con crudeza en el último reducto del Estado del Bienestar.

Es un hecho la crisis capitalista y la continuidad de la ofensiva del capital, pero también constituye un dato la expectativa por el cambio político construido en Nuestramérica.

6.- Los desafíos y límites del progresismo ante la crisis

Si se reconoce que la caracterización de los gobiernos progresistas es correcta, se vuelve necesario evaluar cuáles son los desafíos y límites de esos gobiernos, teniendo en cuenta que esto es una aproximación que no puede aplicarse mecánicamente a diferentes realidades. Parecería que el progresismo tiene algunos desafíos y límites muy claros.

Un desafío, es, sin duda, la crisis mundial que se sigue profundizando y más temprano que tarde va a afectar a nuestro continente. Vale la pena recordar que las dictaduras militares fueron desplazadas en los años ochenta en el marco de una gran crisis internacional, la crisis de la deuda; los gobierno que implementaron el Consenso de Washington fueron derrotados políticamente en el marco de la crisis de comienzo del milenio. El progresismo, por su parte, deberá enfrentar, muy probablemente, una reducción de las cantidades y de los precios de sus exportaciones junto con un aumento de la tasa de interés internacional, todo lo cual alejará las inversiones de nuestro continente, con todos los impactos negativos que esto tiene sobre la economía y la sociedad en países cada vez más dependientes del capital extranjero. Las contradicciones entre el capital y el trabajo se van a agudizar porque los empresarios reivindicaran y exigirán recortes en el gasto público, reducción de impuestos y flexibilización laboral. A los partidos que están en el gobierno les será muy difícil demostrar que los resultados de la crisis son independientes de su política económica, exagerando se podría afirmar que para una buena parte de la población vale el dicho italiano: “piove, porco governo”. En este caso, además, la crisis encuentra al Cono Sur en un proceso de profundización de la dependencia y de la vulnerabilidad social, lo que no es nada menor. Decimos profundización de la vulnerabilidad social, porque estos gobiernos han gastado muchos recursos en políticas asistencialistas que, como tales, no pueden sostenerse cuando la crisis reduzca los ingresos del estado. Las personas beneficiadas por el asistencialismo seguirán siendo tan vulnerables como antes, no han cambiado, no tuvieron formación ni oportunidades de trabajo generadas por el desarrollo de matrices productivas incluyentes ni, tampoco, nuevas formas de inserción social. Solo superan la línea de indigencia o de pobreza por un subsidio económico que en nada cambia lo esencial de sus vidas.

Un segundo desafío, es la política agresiva de los Estados Unidos que ha vuelto a poner los ojos en América Latina. Veamos varios ejemplos: Honduras (la destitución de Zelaya); Paraguay (la destitución de Lugo); la ofensiva desestabilizadora contra Bolivia; el hostigamiento al gobierno de Venezuela; la instalación de bases militares en Colombia; la cuarta flota en el Atlántico. Estados Unidos busca el control de América Latina a través de gobiernos totalmente confiables y permeables a sus decisiones. El progresismo y sus discursos internacionalistas ambiguos no garantizan la estabilidad que requiere el capital transnacional. El limite pudiera ser el agotamiento de estos gobiernos progresistas para poder ampliar o, siquiera mantener, las políticas favorables al trabajo (derechos sindicales, condiciones de trabajo, aumentos salariales) y a los excluidos (planes de emergencia, bolsa familia, etcétera), que consolide su base popular sin un enfrentamiento crucial con el capital. Por ahora, la confrontación se ha evitado de múltiples maneras para mantener y acrecentar la Inversión Extranjera Directa. Estos gobiernos se han caracterizado por mejorar los ingresos reales de los trabajadores, aunque en términos relativos aumentaron más los ingresos del capital. Se redistribuye parcialmente la renta, pero se acrecienta la concentración de la riqueza acumulada.

Los escenarios posibles en caso de una agudización de la crisis internacional que impacte sobre nuestros países son tres: 1) Algunos gobiernos pueden asumir el modelo de ajuste del Fondo Monetario y, probablemente, están condenados a ser derrotados electoralmente junto con la agudización de la crisis, porque las políticas de ajuste golpearan directamente a su base social: a los trabajadores, a los pasivos y todas aquellas familias que reciben actualmente asistencia económica del Estado para paliar la pobreza, cuando no la indigencia. 2) Otros gobiernos progresistas pueden fijarse como meta proteger los ingresos de los trabajadores y pasivos por medio de políticas fiscales deficitarias, sostenidas con endeudamiento, que le permitan sostener políticas anti-cíclicas. Tratarían de evitar así la confrontación directa con el capital que generaría un aumento de la carga impositiva para financiar dichas políticas. Esos gobiernos pueden mantener apoyo popular pero deberán enfrentar fuerte resistencia del capital. Lo que pude pasar con ellos, desde el punto de vista de la continuidad política, dependerá básicamente de su capacidad para controlar la ofensiva táctica de los empresarios y sus medios de comunicación, a la vez, que mantienen el control de la economía y el apoyo de su base social. 3) Por último, pude haber gobiernos que asuman la crisis como una oportunidad para impulsar una política clara de carácter nacional y revolucionario, que afecte directamente a la riqueza acumulada y la renta del capital. Ese será, posiblemente, la decisión y el desafió que pudieran tener verdaderos gobiernos de izquierda. Claro que más allá de estos escenarios, la lucha de clases continúa, y la mirada no puede quedarse en el campo institucional. Nuestra hipótesis es que más allá de la iniciativa política de los Gobiernos y los Estados, la iniciativa política popular es la que en definitiva resuelve el curso de los acontecimientos. En ese caso, los gobiernos progresistas acompañarán el proceso o serán superados por el accionar de masas.

Producto de la resistencia popular a los ajustes y reestructuraciones regresivas de los 80´y 90´ se crearon condiciones para el cambio político, es el trayecto de nuevas experiencias por el socialismo del Siglo XXI o la re-significación del vivir bien o el buen vivir que inscribieron los pueblos boliviano y ecuatoriano en sus reformas constitucionales. Reaparecen condiciones objetivas y subjetivas para refundar un ciclo de ofensiva popular en una renovada búsqueda por construir relaciones sociales sin explotados y explotadores.

El resultado no está determinado a priori. Es cuestión de lucha, de lucha de clases, de confrontación para hacer emerger un proyecto alternativo, antiimperialista, anticapitalista y por el socialismo. Se trata de una tarea civilizatoria, de la práctica y el pensamiento de los trabajadores y los pueblos. Es una realidad que se construye en el imaginario social de nuestro tiempo. Así como en 1848 se sentaron las bases de una teoría y práctica de la revolución, a más de dos décadas de 1990, y en el marco de la crisis capitalista, se renueva las condiciones para impulsar la lucha emancipadora contra el régimen del capital. Texto: Antonio Elías & Julio C. Gambina.