6 ene. 2014

Crisis capitalista y lucha de clases (2 de 3)

2.- Cuatro décadas de ofensiva estratégica del capital en el cono sur

Las etapas que se describen a continuación identifican diferentes formas de dominación política y son partes de la ofensiva del capital para implantar un nuevo modelo de acumulación. Las características de cada etapa, en tanto son procesos sociales contradictorios conllevan complejidades, avances y retrocesos propios del desarrollo de las tendencias del capital y de la correlación de fuerzas en cada país. Sin postular que hay una especie de dominio de los organismos multilaterales que imponen una acción deliberada y programada en nuestros países, se debe analizar para mejor comprender la importancia que han tenido en nuestro continente los lineamientos del Consenso de Washington y las reformas institucionales de segunda generación que ellos han impulsado.

En la primera etapa, a través de dictaduras militares y/o gobiernos autoritarios, se buscó destruir la capacidad de resistencia de los trabajadores, ilegalizando sus organizaciones sindicales y las fuerzas políticas que los representaban. La mayor parte de los dirigentes y los cuadros intermedios fueron torturados, encarcelados y muchos asesinados y/o desaparecidos. Sobre la “tierra arrasada” se impusieron medidas económicas que hubieran sido inviables si se hubiera mantenido la democracia. En estos períodos autoritarios se redujo el salario real, se bajan los impuestos al capital y los países abrieron sus economías al exterior.
La segunda etapa, se produjo con la restauración democrática cuando los gobiernos de derecha (Brasil y Uruguay) y los mimetizados (la Argentina menemista y la concertación en Chile) aplican las recetas del Consenso de Washington. Las medidas de privatización y desregulación fueron resistidas, retardadas, incluso frenadas parcialmente con medidas de democracia directa en el caso uruguayo, aunque el resultado final fue, igualmente, un avance importante del neoliberalismo. Las políticas económicas implementadas en este período toman como punto de referencia al llamado Consenso de Washington, un modelo económico con fundamentos neoclásicos, que expresa una clara orientación de mercado con apertura externa (asumiendo la teoría de las ventajas comparativas por la cual el libre mercado llevaría a la convergencia de las economías).
El Consenso propone disciplina fiscal para evitar que el déficit impulse una “excesiva presión de la demanda”, lo que repercutiría en los niveles de inflación o en un déficit de pagos insostenible. Se propone un recorte en los “subsidios, especialmente los indiscriminados (...) los gastos militares y de administración pública”. En lo que refiere a la política tributaria, aconseja no aumentar los impuestos y aplicar un sistema de amplia base, reglas simples y con bajas tasas de impuestos marginales. Recomienda la privatización de empresas públicas, a partir de la creencia de que la propiedad privada agudiza los incentivos para un manejo eficiente y, por lo tanto, mejora el desempeño (...) Un objetivo complementario sería el de aliviar la carga de las finanzas públicas”.
En lo relativo a la apertura de la economía, plantea la liberalización financiera con “tasas de interés determinadas por el mercado”, rechazando que se trate a las tasas de interés reales como una variable de política. Dado que entiende que el único crecimiento viable es el crecimiento hacia afuera, propone “un tipo de cambio competitivo (...) que promueva una tasa de crecimiento en las exportaciones capaz de permitir que la economía crezca (...) y da por sentado que un tipo de cambio unificado es preferible a un sistema de tasas múltiples”. Lo anterior debe encuadrarse en la liberalización del comercio, en una política orientada hacia el exterior. Entendido esto como una liberalización de importaciones y el reemplazo de la complicada estructura arancelaria por una tarifa uniforme. En esa misma dirección, plantea la importancia de captar inversión extranjera directa como aporte de capitales, conocimiento y tecnología.
Por último, se proponen medidas de tipo institucional en defensa de los derechos de propiedad. La privatización y la desregulación implican un cambio sustancial en las relaciones entre el Estado y el mercado, que son acompañadas con la desmonopolización y las tercerizaciones de servicios. Todo lo cual busca una mutación significativa en las estructuras productivas
La tercera etapa, comienza a fines de los noventa y es aplicada en general en todo el continente, aunque no deja de ser sorprendente que los gobiernos progresistas asuman las llamadas reformas de segunda generación del Banco Mundial (BM), como si fueran un programa anti-neoliberal. En efecto, en los últimos años de la década de los noventa era notorio que el Consenso de Washington no daba los resultados que se preveían. La idea central sostenía que los magros resultados eran consecuencia del marco institucional creado para implementar el modelo de desarrollo anterior, por lo cual era inadecuado para llevar adelante las políticas del nuevo modelo. Las reformas de segunda generación se encuadran en esa concepción.
Para el BM el proceso de desarrollo perdió impulso por el bajo nivel de inversión y esto se explicaba porque los inversionistas privados se abstenían de invertir, por la desconfianza en las políticas públicas y en la firmeza de los dirigentes. Una de las principales hipótesis del BM es que el sector público determinó: el desplome de las economías dirigidas, la crisis fiscal del estado de bienestar, el desmoronamiento del Estado en varias partes del mundo y la multiplicación de las emergencias humanitarias. A la vez, que sostenía que las privatizaciones eran el telón de fondo del milagro económico de algunos países de Asia.
El BM sentencia: “Un Estado eficaz es imprescindible para poder contar con los bienes y servicios y las normas e instituciones que hacen posible que los mercados prosperen. En su ausencia, no puede alcanzarse un desarrollo sostenible ni en el plano económico ni en el social."
La propuesta es, en esencia, aumentar la capacidad estatal mediante la revitalización de las instituciones públicas. Pero no es cualquier revitalización: es un conjunto de reformas alineadas con las orientaciones de los organismos multilaterales en las últimas décadas; se proponen cambios institucionales y de reforma del Estado acordes con el libre funcionamiento del mercado. En ese sentido los objetivos fundamentales son dos: a) implantar un orden jurídico que garantice la propiedad privada; b) lograr la estabilidad macroeconómica que facilite la inversión.
No es nada menor señalar que el enfoque que se utilizó para definir y evaluar la importancia de las tareas del Estado se fundamentó en la opinión de los empresarios, recabada a través de una encuesta realizada en 69 países. Si bien el Estado es considerado esencial, su función se re-direcciona dado que se excluye su papel como productor y agente directo del crecimiento y se lo acota al papel de socio, elemento catalizador e impulsor de un proceso de desarrollo en el que los mercados y las empresas son los protagonistas principales, mientras que el Estado debe pasar de productor de bienes en mercados monopólicos a promotor y regulador.
Las políticas económicas, la estructura impositiva y las normativas para la inversión deben responder a los requerimientos del actual sistema globalizado, dejando estrecho margen para acciones fuera de los parámetros internacionales impuestos por las empresas transnacionales y el sistema financiero.
El modelo de desarrollo que impulsa está tercera etapa de la ofensiva capitalista profundizó la apertura de la economía bajo el supuesto de que la competencia con el exterior permitiría eliminar las ineficiencias a través del sistema de precios, a la vez que se va a facilitar el ingreso de capitales y de tecnología. La apertura indiscriminada y asimétrica entre los países centrales (alta productividad, el progreso técnico se difunde con gran rapidez en forma homogénea y es endógeno al proceso de desarrollo) con los países periféricos (baja productividad e incorporación del progreso técnico de manera exógena y sin irradiación al conjunto de la economía) amplió las brechas entre ambos polos económicos.
Estas reformas han pretendido expulsar el poder político de la economía, sustituyéndolo por unidades reguladoras “técnicas” independientes de los gobiernos, lo cual favorece a las corporaciones transnacionales y sus aliados locales.
Tanto el ALCA, rechazado en Mar del Plata en noviembre del 2005, como los tratados de Protección de Inversiones y de Libre Comercio, que siguen proliferando, intentan una profundización del proceso de globalización que adjudica a nuestro continente el papel de proveedor de materias primas en bruto o con poco valor agregado. En este proceso, "las iniciativas de integración regional representan un tercer nivel de reforma, la política comercial, que apunta a complementar la liberalización unilateral y multilateral impulsada desde mediados de los años ochenta".
La ofensiva del capital impulsa un proceso de "neo-colonización". Debe entenderse por ello la ocupación física de los territorios para sostener una división internacional del trabajo que dé continuidad y permanencia al histórico papel del continente como proveedor de materias primas (con o sin algo de valor agregado), pero regresando al saqueo directo que permita la ocupación económica: algo así como una colonización sin banderas. En este marco se inscriben los megaproyectos de la "Iniciativa de Integración de la Infraestructura Suramericana" (IIRSA), impulsados como complemento del ALCA, pero que se mantiene como meta en el marco de los tratados binacionales de protección de inversiones que firman los gobiernos progresistas. La IIRSA busca unir varios países y sectores productivos para canalizar, en forma rápida y económica, los flujos comerciales mediante el mejoramiento en infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones. Está dirigida, fundamentalmente, a los complejos y cadenas productivas con grandes economías de escala y capacidad exportadora, mayoritariamente en manos extranjeras. Su meta esencial es la extracción, rápida y económica, de nuestros recursos naturales, a la vez, que facilitar la instalación de las llamadas "industrias sucias".
En este proceso de cuatro décadas aumentó sustancialmente la brecha tecnológica y productiva entre los países centrales y los periféricos, lo que se refleja en el carácter primario de la economía latinoamericana. Todos los cambios estructurales señalados implican un incremento en la capacidad del capital a escala internacional para eludir regulaciones provenientes de los Estados, lo que implica un aumento del poder de las ET, cuya magnitud e implicancias deben ser analizadas en profundidad. El proceso de regionalización y globalización en el que se acentúa la influencia de las grandes unidades económicas trasnacionales, pone en jaque los espacios de autonomía de los Estados nacionales. Este fenómeno opera con mayor fuerza en los pequeños países de la periferia capitalista, debido, entre otros aspectos, a su retraso relativo en rubros decisivos para una inserción dinámica y competitiva en el mercado mundial, tales como la incorporación del conocimiento científico-tecnológico y el desarrollo industrial.
Lo paradójico es que estos proyectos y la determinación de diseñar y avanzar en las obras reúnen a gobernantes que supuestamente tenían diferencias ideológicas muy importantes con estas concepciones y en la actualidad entre sí.

3.- El papel del estado y su relación directa con el proyecto del capital

Comencemos por señalar que la ofensiva del capital tiene como sujeto principal al capital transnacional, cuya estrategia de expansión requiere para ser materializada del apoyo fundamental de los Estados nacionales, tanto en los países centrales como en los periféricos. Éste Estado es un producto histórico del modo de producción capitalista, que garantiza la sustentabilidad del ciclo económico, recuperando la función en la producción y reproducción del capital. Desde nuestra concepción no existe una diferenciación categórica entre Estado y capital, ambos constituyen una relación social, al tiempo que son categorías históricas que poseen una función específica. El rol del Estado históricamente (en el capitalismo) es estar al servicio del capital, determinado en última instancia por éste. Siendo el capital el sujeto principal, requiere que los Estados nacionales aseguren con su accionar el objetivo de la valorización del capital, la dominación y continuidad del orden capitalista
Es preciso, sin embargo, valorar en sus justos términos que existe un margen de “autonomía relativa” del Estado respecto del capital, dado que el primero condensa, en su seno, la lucha de clases, por tanto la política estatal no resulta monolítica, sino que es producto de las contradicciones de clases inscriptas en su interior. De ahí deviene la necesidad de profundizar en el conocimiento de un actor sustancial en el marco de la discusión del orden vigente: el Estado-nación y su relación con el capital hegemónico y con las clases subordinadas en el reordenamiento del sistema mundial en la actual crisis.
Nada de lo que ocurre en las relaciones entre capitalistas y trabajadores sucede sin el accionar concreto de los Estados. Esta una afirmación válida en las mutaciones de las relaciones en el ámbito de las empresas, como en el conjunto social. Sin el Estado y sus medios represivos no se puede entender el disciplinamiento del movimiento de trabajadores en cada uno de los países y a escala global. Lamentablemente el histórico sojuzgamiento del mundo del trabajo trasciende las resistencias particulares y parciales conquistas y reconquistas de determinados trabajadores en alguna parte del planeta. También debe consignarse el accionar propagandístico e ideológico de los Estados para hacer “normal”, es decir naturalizar las demandas del capital en el conjunto de la sociedad. Las formas de la violencia no remiten sólo al uso de las armas y la represión física, sino que también se acude a la violencia moral del chantaje y a la manipulación de la conciencia social para naturalizar el orden vigente y las nuevas formas que asume la explotación.
Actualmente no hay menos estado que en tiempos previos de la hegemonía neoliberal, sino que transitamos un cambio de funciones de los Estados nacionales, apoyado en cuatro décadas el proceso de liberalización de la economía mundial. Sostenemos que no resulta adecuado contraponer al “mercado” con el “Estado” como si fueran tendencias contrarias - idea muy extendida en cierto pensamiento crítico al modelo neoliberal– cuando ambos, en general, actúan en forma complementaria.
En el mercado se define la contradicción y confrontación entre el capital y el trabajo, tanto como la lucha competitiva o monopolista entre capitales de diferente composición orgánica. Es el ámbito de disputa por la apropiación de la renta. Mientras que es el propio Estado quien propone y conduce la mercantilización capitalista de la sociedad, o un proceso de socialización de la producción y su distribución. El estado resulta imprescindible para canalizar con éxito la ofensiva global del capital, o su contrario, la emancipación social.
En la época de la transnacionalización del capital, éste sigue recurriendo a formas nacionales para empujar su estrategia, y en ese lugar encuentra nueva función para el Estado nación. Si éste fue fundamental para consolidar la acumulación originaria del capital en cada país, hoy es necesario para asegurar una expansión internacional de esos “capitales particulares”. La contradicción y lucha entre los capitales se presenta en el mercado y, con ayuda del poder del estado nación del país de origen de cada capital, se pretende disciplinar socialmente en la ley del valor. No es un tema nuevo, pues reconocemos como novedad desde la existencia del imperialismo, que la ley del valor se abre camino favoreciendo la ganancia de monopolio. Ya no se trata de la “libre competencia”, sino de la existencia dominante del monopolio, que impone condiciones y precios y que por ello se apropia de una cuota cada vez mayor de plusvalía que la generada en su seno (incluso por encima de la ganancia media). En fin, el Estado es clave en el sostén de la estrategia de acumulación y valorización de los capitales.
Es desde los Estados nación que se continúa ejerciendo el “imperialismo”. Polemizamos por tanto con las concepciones que aluden al “imperio” como una nueva forma de ejercicio de la dominación del capital. Eso genera el doble desafío de una contestación a la transnacionalización en una resistencia sin fronteras y, al mismo tiempo, la continuidad de luchas nacionales contra el capital y los propios Estados para afirmar procesos de liberación social y nacional.
La crisis agudiza los problemas al interior del capitalismo en la disputa por la hegemonía de la dominación y en la lucha entre los dominados y los dominantes. En ambos casos se piensa a la crisis como una oportunidad de sentidos contradictorios. Los dominantes para afirmar el rumbo capitalista y los dominados para obstaculizar la acumulación, disputar condiciones de vida e intentar un tránsito del capitalismo hacia el socialismo.
Es que buena parte de la batalla por superar la crisis de las empresas en unos casos, y por impulsar la acumulación en otras, pasa por la apropiación privada de los recursos públicos destinados al salvataje en el capitalismo en crisis. El capital engendró al Estado capitalista y éste se constituye en espacio de disputa para la producción y reproducción del ciclo del capital.
Se trata de discutir el rol del Estado capitalista luego de décadas de críticas emergentes desde las usinas de teoría económica contra la intervención del Estado en la actividad económica. El “salvataje” instrumentado por los Estados capitalistas es una señal de la intervención estatal para sostener el orden mercantil vigente. El “Estado” al servicio del “mercado”. La política económica de salvataje aplicada por los principales países capitalistas dejó en el camino la retórica contra la participación directa del Estado en la economía.
En ese marco conceptual debería analizarse el papel que han asumido y pueden asumir los gobiernos progresistas, en particular habría que preguntarse en qué medida el acceso al gobiernos de fuerzas política progresistas favorecen la expansión capitalista y en cuanto buscan avanzar hacia una sociedad socialista. Ver: PARTE 3

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