Política democrática, política anticapitalista

El inicio de la recuperación se da en un contexto social caracterizado a grandes rasgos por la pauperización de amplias capas de la población trabajadora y de las clases medias, un empeoramiento de sus condiciones de vida y sus derechos sociales y un aumento de las desigualdades sociales. Los de abajo salen en peores condiciones de las que entraron en la crisis y los de arriba, correlativamente, más fortalecidos y con mejores expectativas para aumentar la distancia que los separa con los de abajo.

Ese contexto es el resultado exitoso de las políticas de austeridad comenzadas por el anterior gobierno del PSOE y continuadas en un nivel superior por el actual del PP. Las de este último orientadas a operar una derrota histórica que facilite la instauración de un régimen posdemocrático y autoritario. Este es el rasgo más característico de la situación que vivimos porque va a determinar las condiciones de vida para la mayor parte de la población. Como se ha repetido en varias ocasiones, la derecha y el conjunto de las clases dominantes están rompiendo los puentes que les unían con el régimen del 78, útil todavía para asegurar la pasividad de los de abajo mientras que con sus políticas efectivas van desmontando la parte “social” de esta Constitución. Su retórica defensa[1] de la Constitución se centra en los dos valores que dan cuenta de su filiación con el régimen franquista: la monarquía, la “indisoluble unidad de la Nación española” y los instrumentos coercitivos instaurados para garantizarla, las Fuerzas Armadas comandadas por el rey que, en su calidad de tal, se puede arrogar la potestad de interpretar el riesgo de ruptura de la sacrosanta unidad.

Fisuras en el bloque dominante

En el seno de las clases dominantes, y ante la gravedad de la crisis del capitalismo español y la incapacidad del Estado para encontrar una salida que garantizara las condiciones para el mantenimiento de una tasa de acumulación y rentabilidad suficientes para el conjunto de las clases dominantes, se han abierto algunas fisuras que han animado a algunas partidos nacionalistas a intentar la vía soberanista. Son estas fisuras en el seno del bloque dominante uno de los factores más importantes de la crisis del régimen del 78 y, desde luego, de las que más preocupan a su fracción dirigente y a la propia corona. La entrada de toda la burguesía en la senda constitucional se hizo contra la garantía de que el régimen asegurara una gestión de los conflictos de clase acorde con las expectativas de ganancia y privilegio de las mismas. La defensa de la Constitución y de la unidad de España es así la opción de la alta burguesía “de Madrid”: la de las grandes constructoras hoy convertidas en empresas de servicios públicos, la de los grandes bancos salvados con el dinero de los contribuyentes, las de la energía y las telecomunicaciones que se sirven del Estado como su gestora particular, etc.

El PSOE acude a tapar las brechas del régimen

El mantenimiento de una Constitución previamente amputada de los elementos en los que se plasmó el pacto social capital/trabajo[2] tiene la ventaja de permitir a los actores de izquierda del régimen la conservación de un cierto rol aunque sea notablemente subalternizado. La opción de reforma de la Constitución no representa alternativa alguna a la senda definida por el Gobierno del PP. En vano se buscará en la propuesta del PSOE algún indicio que permita pensar en su intención de blindar o por lo menos robustecer la protección de los derechos sociales y los servicios públicos[3] o acentuando la condición democrática del ordenamiento jurídico y del Estado[4]. Todo su contenido está centrado en una solución federal para el problema “territorial” y en la sucesión dinástica de la corona. Se trata, por lo que parece, más de una ocurrencia para salvar la cara al PSC que de una verdadera propuesta de reforma del Estado que hubiera tenido ocasión de poner en marcha durante sus dilatadas estancias en el Gobierno. Es claro pues que el PSOE ha aceptado el modelo de de salida de la crisis que impulsa el PP y que no parece dispuesto a dar batalla alguna en ese terreno. Entre las opciones que tenía, parece que ha optado por fortalecer su condición de “partido dinástico” relegando para mejores épocas cualquier pretensión de mejora en la distribución de la renta y la riqueza. Es esta la base para que desde diversos sectores se haya recrudecido la campaña por un gran acuerdo nacional para hacer frente al “desafío soberanista”. Restablecer los mecanismos del turnismo que han caracterizado el funcionamiento político de las instituciones del régimen se ha convertido ahora en el gran reto nacional, a la vista de los vaticinios electorales que hablan de una notable fragmentación del mapa electoral. Asegurar la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones se ha convertido así en el más importante objetivo de la clase política del régimen

La estabilidad les va mal a los de abajo

Esa estabilidad no garantizará, sin embargo, la de los presupuestos familiares de la mayoría trabajadora, seriamente dañados por las políticas del gobierno. Una estabilidad institucional, entendida como mantenimiento del statu quo, vendría a sancionar el actual estado de la relación de fuerzas entre las clases, en perjuicio de las menos pudientes. Todo lo que se promete a esta mayoría de la población es que si se consolidan los buenos augurios para las empresas del Ibex 35 y con la ayuda de otra reforma laboral que deprima aún más los salarios y mejore por esta vía la competitividad del sector exportador, se pueden empezar a ver resultados en forma de creación de empleos, eso sí de menor calidad que los disfrutados en otros tiempos. Hay que recordar, además, que estas condiciones solo se darán si la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo se degrada tanto en beneficio del primero que la rentabilidad de las inversiones obtenida por la pura y simple explotación de la fuerza de trabajo orienta a las mismas hacia la actividad generadora de empleo en lugar de mantenerse en su localización financiera y especulativa[5]. Ayudada, también, por el debilitamiento de las organizaciones sindicales, muy afectadas por el descrédito de su vinculación con el régimen del 78 y por la corrupción extendida entre algunos de sus estructuras. Parece evidente entonces que la defensa de los intereses más inmediatos de la gente trabajadora y sus familias exige un enérgico cambio de rumbo en la conducción de los asuntos generales. Un cambio de rumbo que solo puede hacerse efectivo con un gobierno respaldado por una amplia mayoría social interesada en ese cambio de rumbo.

Un gobierno de ruptura democrática

No se puede dejar por más tiempo que sea el partido de la oligarquía el encargado de gestionar los recursos de los ciudadanos, so pena de asistir a la completa devastación del conjunto de instituciones y derechos que consagran los esfuerzos de generaciones de trabajadores. Rechazar el compromiso de gestionar estos recursos por “pulcritud revolucionaria” es dejar a los de abajo indefensos ante las ofensivas brutales de las clases dominantes. El recelo hacia las instituciones no puede ser excusa para la pasividad. La gente subalterna está obligada, cada día de sus vidas, a relacionarse con estas instituciones, alimentadas en su mayoría con el esfuerzo que les es expropiado. ¿Nos deberíamos negar a poder participar en la gestión de las pensiones públicas o del seguro de desempleo porque postulemos sistemas alternativos?; ¿qué recomendaremos a quienes precisan de estas prestaciones para sobrevivir, que esperen a la revolución y al socialismo? Hay que llegar (siquiera sea en forma delegada) al gobierno para torcer el rumbo que las oligarquías y sus partidos pretenden imponer a la historia colectiva. Y hay que hacerlo concierta urgencia. No es verdad que podamos esperar, son muchas y graves las alarmas que ya han saltado. Alarmas sobre derechos sociales, sobre la forma en la que la cotidianeidad naturaliza su ausencia ó su privación. Alarmas sobre la erosión de los derechos ciudadanos y las libertades, todos los días cercados y reducidos por la constante presión de las políticas/policía afirmando su absoluto dominio sobre la vida pública. Alarmas por la devastación del entorno natural, contemplado por gobiernos y minorías dominantes exclusivamente como fuente de obtención de ganancias. El capitalismo neoliberal está infligiendo una derrota que quiere definitiva a la democracia, incluso a la meramente representativa. La burla de la que esta ha sido objeto en los momentos álgidos de la crisis alienta un clima de desafección hacia ella entre los sectores populares, lo que siembra la posibilidades de alguna modalidad de fascismo. Los anticapitalistas estamos obligados a poner de manifiesto de forma permanente el carácter cada vez más irreconciliable de las relaciones entre democracia y capitalismo, de mostrar cómo la defensa de la democracia solo es posible, como ha dicho Boaventura dos Santos, desde una matriz anticapitalista. Se habla en estos días con frecuencia de abrir una “segunda transición”, que así sea, una transición a la democracia. Contando para ello con una disposición de sectores significativos (aunque todavía minoritarios) de las capas asalariadas para experimentar procesos de transición democráticos y objetivamente anticapitalistas. Debemos estar en condiciones de ponernos a la tarea de construir una herramienta útil para ayudar en esta transición. La construcción de un instrumento político para la ruptura democrática es la tarea más importante que tenemos por delante los anticapitalistas en los próximos años.

Condiciones para un gobierno de ruptura

Un instrumento político que debe tener una doble condición. La primera es que debe ser, de alguna manera, la “comunidad de los que luchan” ese ámbito en el que se puedan reconocer la multiplicidad de subjetividades que han emergido a la luchas sociales y ciudadanas en los últimos tiempos. La condición de “partido-comunidad” excluye cualquier tipo de confesionalidad ideológica ó de otro tipo.La segunda dimensión es la electoral. La importancia de lo que está en juego exige ser capaz de implicar las más amplias mayorías sociales, esas que aparecen así exclusivamente con ocasión de las contiendas electorales. Millones de ciudadanas piensan en política sólo el día las elecciones y entonces tiene derecho a algo más que las consabidas denuncias de la farsa electoral en las “democracias de mercado”. El partido de la ruptura democrática tiene que buscar hacer de cada comicio una ocasión “constituyente”. No es que se nos vaya a olvidar las cuestiones más urgentes que afectan a las condiciones de la gente de abajo; pero hay que enfocarlas a la necesidad de acabar con el régimen, de abrir la transición democrática, en la convicción de que la misma implica una connotación objetivamente anticapitalista. La continuidad del partido- comunidad es la mejor garantía para ir desarrollando una comunidad de ideas y sentimientos, de cultura anticapitalista, que recupere las funciones tradicionales de las contrasociedades obreras del pasado que tan importantes fueron en las ocasiones revolucionarias de nuestra historia (Asturias del 34, Barcelona del 36-37).En el momento actual son varias las iniciativas en marcha para ofrecer propuestas políticas comprometidas, en grados distintos, con la perspectiva de ruptura democrática y todas ellas merecen el máximo respeto de nuestra parte. Para serlo de forma efectiva debieran cumplir dos requisitos:

1) El primero sería afirmar sin ambages su vocación de ruptura democrática, su propósito de inaugurar un tiempo nuevo en el que las capas populares puedan participar en la resolución de los graves problemas que tiene planteados y que les afectan más que a nadie.

2) El segundo es comprometerse en un auténtico proceso de fundación de un nuevo sujeto político, distinto de los actores políticos actuales, tanto los parlamentarios como los extraparlamentarios. Este segundo requisito afecta especialmente a Izquierda Anticapitalista. Una etapa de nuestra construcción colectiva se ha cerrado con la Conferencia confederal y tenemos que extraer las consecuencias de este hecho. El tiempo histórico presente demanda de nosotros comprometernos en la tarea de contribuir a la construcción del nuevo sujeto político representante de las derechos y las aspiraciones populares para orientarlas en una perspectiva anticapitalista y ecosocialista. Pero para ello debemos ser conscientes que el nuevo sujeto debe representar, lo más fielmente posible, la emergencia de las nuevas subjetividades sociales emergidas en la lucha contra la dictadura de la Troika y el capital financiero. El pueblo protagonista del proceso constituyente ya ha hecho su aparición. Nuestra obligación es trabajar por la habilitación de los espacios públicos en los que pueda desarrollarse, proponer los materiales para el diseño de una gramática constituyente, señalar los horizontes para su despliegue. Hacer política, en suma, política democrática, política anticapitalista.

Sobre la viabilidad de la propuesta

No es difícil imaginar las objeciones a una propuesta como esta. La principal sería la relacionada con la desfavorable relación de fuerzas entre el campo de la oligarquía y el de los de abajo; o, para ser más concreto, entre el bloque social agrupado en torno a la defensa de la Constitución del 78 y su Estado y el de aquellos sectores, desde luego hoy minoritarios, que lo impugnan. Al respecto quiero señalar dos aspectos que me parecen de vital importancia para situar de forma correcta este debate. El primero tiene que ver con el ámbito de despliegue de la acción política que puede quedar después de completada la acción destituyente que lleva a cabo el gobierno del PP. No creo exagerado afirmar que dicho ámbito puede quedar- creo que ya lo está- sensiblemente mermado. De alguna manera y como resultado de la acción normativa y política desplegada por este gobierno y la tutela de la Troika, el campo de lo decidible ha quedado notablemente reducido y, en tal sentido, resulta hasta cierto punto irrelevante el contenido de las propuestas formuladas por las fuerzas políticas situadas en la izquierdo del sistema político. Es este estrechamiento del campo de juego, la limitación de la agenda política, lo que se viene operando desde la reforma del artículo 135º de la Constitución y al que de forma magnífica ha contestado el 15M y el resto de los movimientos surgidos en su estela. El segundo comentario que me suscita la objeción de la desfavorable relación de fuerzas, es que precisamente por eso hay que empezar ya el trabajo para modificarla. Y la primera forma de hacerlo es definir con precisión la naturaleza de la batalla, las posiciones a conquistar y los objetivos de la misma. Estamos, es verdad, en la fase de la “guerra de posiciones” pero el carácter sistémico de la crisis capitalista y los procesos de descomposición de las sociedades contemporáneas, unidos a otros factores de inestabilidad antes desconocidos[6]dificultan el asentimiento pasivo de estas sociedades, permiten pensar en la súbita emergencia de acontecimientos que hagan posible el súbito paso a la “guerra de movimientos”, en formas que resulta difícil imaginar. Proclamar la necesidad de la ruptura democrática, del proceso constituyente, es definir el carácter de la batalla y sus objetivos, las posiciones a conquistar y las tropas necesarias para conquistarlas.La oligarquía y su principal partido han definido el campo de juego en el que se va a desenvolver a partir de ahora el conflicto que constituye la entraña de la vida en sociedad, la verdadera constitución de la sociedad española, y el juego que nos queda a los de abajo es extraordinariamente adverso. Nada volverá a ser como antes, las condiciones que hicieron posible los derechos concedidos, el diálogo social y las políticas redistributivas (por tímidas que fuesen) se han ido y no van a volver. El reformismo posible tendrá que desenvolverse en un espacio angosto y sus conquistas siempre podrán ser objeto de denuncia. El capitalismo de nuestros días tiene un margen de ganancia reducido en las condiciones de los Estados sociales del bienestar y, amortizados los últimos factores de productividad, está obligado a volverse a los “buenos y viejos métodos” de obtención de la plusvalía absoluta mediante un enérgico proceso de disciplina de la población que puede arrastrar los derechos y libertades más significativos. En estas condiciones las opciones autodenominadas “realistas” son falsas opciones. En este auténtico cambio de época, no habrá lugar para los procesos de acumulación de fuerzas si previamente no se ha puesto el conjunto de los aparatos del Estado a disposición de la construcción del nuevo bloque histórico, algunos procesos latinoamericanos lo están evidenciando. Hay que ganar los gobiernos, pero ganarlos para una ruptura democrática con el actual régimen de la oligarquía y su Constitución que ha expulsado los escasos elementos “sociales” que tenía y se ha replegado sobre aquellos otros que dan cuenta de su herencia oligárquica y franquista. Texto: José Errejón. Recomendado: CRISIS DEL CAPITALISMO

[1] Una defensa limitada a una interpretación reaccionaria del artículo 2º pero que se olvida con frecuencia del propio artículo 1º que proclama que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado

[2] Haciendo innecesaria el cambio formal de constitución

[3] Constitucionalizando, por ejemplo, el derecho al agua como derecho fundamental

[4] Acabando con la ignominiosa tutela de las Fuerzas Armadas sobre el poder civil

[5] Está creciendo aunque todavía débilmente la inversión en bienes de equipo, estimulada por cierto por las ayudas del PIVE y las presiones d ela DGT para cambiar los coches de más de 10 años. Pero lo que que crece de verdad es la inversión en bienes inmuebles, por las masivas compras por los “fondos buitres” de viviendas abaratadas procedentes de los balances de bancos y cajas de ahorro

[6] Como los fenómenos de las migraciones de masas y el cambio climático que lo intensifica y lo acelera