España cruje

C. L. Castro

Tras días y semanas desmintiendo la posibilidad de que España tuviera que pedir un rescate para tapar los agujeros de su sistema bancario privado, el fin de semana precipitó los acontecimientos. El FMI adelantó su estimación sobre lo que España “necesitaría”. No esperó los resultados de la auditoría encargada por el gobierno español sobre la situación de sus propios bancos. La “troika” integrada por el Eurogrupo, el Banco Central Europeo y el FMI, armó una insólita videoconferencia a las 4 de la tarde del sábado con participación de todos los ministros de finanzas de la región. 

Tres horas más tarde, el ministro español de Economía, más nervioso que nunca, admitía en rueda de prensa que “España recibirá ayuda para su banca”. Pero más que dar detalles, se empeñó en explicar que “no era un rescate” y que la operación “no conllevará más sacrificios para la sociedad española”. Su empeño tiene corto recorrido. Es un rescate “in extremis”, sencillamente porque el estado español no tiene recursos propios para afrontar ese volumen de dinero. En cuanto a la posibilidad de que este préstamo no tenga consecuencias sobre la vida de los españoles, resulta inverosímil. Si la suma que finalmente se acuerde, se carga en la cuenta de la deuda española, aumentan los problemas para disminuir el déficit. Con ello, es probable que los recortes practicados no sean suficientes. Grecia, Irlanda y Portugal, sin ser casos idénticos, demuestran que son sus pueblos quienes terminan sufriendo los efectos de la crisis. España no es ni será una excepción. 

El imprevisto discurso dominical del presidente Rajoy, empapado de optimismo, destacando aspectos positivos del “préstamo”, es otro intento por disimular una realidad: España está más controlada que hace 48 horas. Su soberanía para decidir sus políticas internas, las que definen la vida cotidiana y el futuro de los españoles, está enajenada. Sus reiteradas afirmaciones de “ayer ganó Europa”, “ayer ganó el Euro”, “ayer ganó la consolidación del proyecto europeo”, no consiguen ocultan otra realidad: ayer, seguramente otra vez "ganó la banca", y perdió el pueblo español, que tendrá que pagar las consecuencias de una crisis de la que no es responsable, sino víctima. Pero éste es el último capítulo - por ahora - de un proceso que viene gestándose desde hace años. Para una mejor comprensión, intentemos situar en su contexto este episodio del rescate.

El comienzo del derrumbe

La crisis capitalista estalló en el 2007 a partir de la acumulación de operaciones especuladoras de grandes bancos y empresas inversoras de los Estados Unidos. Tras los gigantescos fraudes de los casos Stanford y Madoff, vino la espectacular quiebra de Lehman Brothers, la más significativa en ese país por el volumen de sus activos. 

El proceso fue desde entonces acompañado por infinitas explicaciones, pronósticos, "recetas" y llamamientos. Varios gobernantes de los paises desarrollados nos dejaron frases memorables: el entonces presidente Sarkozy llamó a "refundar el capitalismo sobre bases éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad." Otros anunciaron que "había que poner fin a los paraísos fiscales". Como era previsible, todo quedó en mera pirotecnia verbal. Y las réplicas del sismo financiero fueron extendiéndose como corresponde a un mundo globalizado. En Europa, comenzaron a hallar "los mercados", denominación que recibe ese conglomerado impreciso de fondos de inversión, bancos, grandes empresas, todos ellos actuando con un solo propósito: obtener la mayor rentabilidad. El afianzamiento del neoliberalismo alimenta esa vocación de la lógica del capital financiero: multiplicarse en el menor tiempo posible. Y ha logrado eliminar todas las normas que limitaban procedimientos inmorales y antisociales. Esos núcleos de poder tienen fuertes vínculos o directamente controlan a políticos y medios de comunicación. Actúan condicionando a los gobiernos y a los ciudadanos. En España la presunta solidez del llamado "Estado de Bienestar", comenzó a resquebrajarse de modo visible en el 2008, pero antes hubo signos evidentes que la espiral consumista, la burbuja inmobiliaria, el sistema bancario/financiero especulador y el manejo irresponsable y despilfarrador del dinero público terminarían por empujarnos también a una situación crítica. El gobierno socialdemócrata de Rodríguez Zapatero cumplió sus dos últimos años de mandato acosado por la presión de los "mercados" y puso en marcha las primeras medidas de recortes sociales que le exigía esa cúpula autoerigida en "gobierno europeo", integrada físicamente por la dupla Merkel-Sarkozy. Por supuesto, con esas acciones políticas rompió sus compromisos con quienes le votaron y con sus premisas de gobierno. Después, a fines del 2012, el Partido Popular, que venía de ejercer una feroz oposición y se autoproclamaba capaz de solucionar la crisis ganó con mayoría absoluta y asumió Mariano Rajoy. La derecha conservadora, incluyendo sectores nostálgicos del franquismo, recuperó el gobierno. Y con ello, comenzó un sistemático proceso de retroceso en derechos sociales y laborales acompañado por fuertes recortes presupuestarios en servicios sociales, educación y sanidad. La "crisis" se convertía en el argumento que justificaba el desembarco ideológico de la derecha para dinamitar conquistas y avances conseguidos por el pueblo español en las últimas cuatro décadas, a partir de la recuperación de la democracia.

Los zorros cuidando a las gallinas

España no es un caso excepcional. Si el epicentro de la crisis fue el sistema bancario y los fondos de inversión de los Estados Unidos, las ondas y las réplicas se propagaron por todo el planeta. En Europa, algunos países del sur fueron particularmente afectados. Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España recibieron fortísimas presiones, al punto de que algunos de ellos, reemplazaron a sus gobiernos electos por "técnócratas y expertos", a los que definían como "apolíticos".

 En el caso de Italia, por ejemplo, no les resultó difícil. Había que reemplazar al bufonesco neofascista Silvio Berlusconi que vivía sus horas más bajas, eso sí, disfrutando la inmunidad que le proporcionaban sus propias leyes. Así llegó al gobierno Mario Monti, un personaje con rostro profesoral, que fue director europeo de la Comisión Trilateral, el grupo de presión neoliberal que fundó David Rockefeller en 1973 y miembro del llamado Grupo Bilderberg. Pero lo más significativo de sus antecedentes, son los fuertes vínculos con el influyente grupo norteamericano Goldman Sachs involucrado en el comienzo de la crisis de las hipotecas basura. A esta última firma financiera también pertenecen los "tecnócratas" Lukas Papadimos, aupado como primer ministro de transición en Grecia y Mario Draghi, nombrado presidente del Banco Central Europeo, que fué vicepresidente europeo de Goldman Sachs entre 2002 y 2005. En esos años, esa empresa norteamericana asesoró a las autoridades griegas para maquillar el déficit de sus cuentas y esconder la deuda que años después descubrió Eurostat. Goldman Sachs ganó 800 millones de dólares por su gestión, Draghi se llevó su parte, y el pueblo griego comenzó el camino de su calvario actual. Pese a que fue una falsificación de datos en toda regla, nadie fue a la cárcel, porque en las grandes estafas organizadas por los bancos de inversión, la impunidad de sus directivos es la regla. En Irlanda, el ex comisario europeo Peter Sutherland, jugó un papel importante en el "rescate" de su país. Sutherland es presidente de la filial europea de Goldman Sachs. ¿Casualidades? No. Marc Roche, periodista del diario francés "Le Monde" afirma que Goldman Sachs "es una red de influencia única y muy cerrada, tanto de forma pública como subterránea". Todo indica que son cargos claves que responden a los intereses de las oligarquías financieras que solo pretenden aumentar sus ganancias sin reparar en medios ni formas. Pero... ¿y en España? En España Mariano Rajoy nombró ministro de economía a Luis de Guindos, ex presidente de Lehman Brothers en la península ibérica. Esta empresa era hasta el momento de su quiebra en el 2008, el cuarto banco de inversión más grande en Estados Unidos, con 25.000 empleados en todo el mundo. Su colapso con 619 mil millones de dólares de deuda, representó la bancarrota más grande en la historia norteamericana, ya que sus activos superaban con creces las de los anteriores "gigantes" como WorldCom y Enron. Sus efectos alcanzaron a los mercados, gobiernos, empresas privadas, ahorristas.

 Las especulaciones con productos tóxicos terminaron abriendo enormes agujeros a los bancos que al abrir sus cajas, tenían papeles sin valor, humo, en vez del dinero que reflejaban sus balances. Bueno, volvamos al ex presidente de LB en España, ahora encarnado en responsable de la economía del país. Sus medidas para conjurar la crisis y superar el déficit, siguieron las clásicas fórmulas neoliberales: reducción del gasto social; abrir el camino a procesos de privatización en los sistemas de la sanidad y la educación pública; aumentar la recaudación con la suba de gravámenes generales, pero evitando impuestos especiales a las grandes riquezas, o a las transacciones especulativas. Y en lugar de perseguir el enorme fraude fiscal, dispuso una amnistía que permitirá blanquear dinero a los evasores, estafadores y delincuentes. Los métodos no son nuevos. Los argentinos los padecieron durante la dictadura militar y gobiernos continuistas en lo económico, como los de Carlos Menem: la deuda privada, se convirtió en deuda pública. Los beneficios, para los grandes grupos económicos y sus testaferros locales. Las pérdidas, para los ciudadanos.

Precarizar el trabajo, aumentar el capital

El gobierno encabezado por Rajoy, promovió desde su mayoría absoluta parlamentaria una reforma laboral que colmó las aspiraciones de las patronales. Con el argumento de "facilitar el empleo", se abarató el despido y se simplificaron sus causales. El art. 41 del Estatuto de los Trabajadores del 82 (que ya había sufrido numerosos recortes) también fue modificado. Ahora la empresa, podrá cambiar fácilmente la jornada de trabajo, los turnos, el sistema de remuneración e incluso la cuantía del salario.

 Los expedientes de Regulación de Empleo ya no necesitarán contar con previa autorización administrativa. La reforma laboral permitirá a las empresas, saltarse acuerdos de los convenios colectivos. Y así podríamos seguir enumerando retrocesos en los derechos de los trabajadores. Se impone la precariedad laboral y esta pérdida de derechos en un momento en que las cifras de paro alcanzan un récord de más de 5.600.000 personas, el 24,44% de la población activa. Otra cifra estremecedora es que hay 1.728.000 hogares que tienen a todos sus miembros en paro. Los datos son desoladores entre los jóvenes, donde uno de cada dos menores de 25 años está sin trabajo. Otro de los efectos perversos de la reforma es que la inestabilidad laboral genera miedo entre quienes todavía tienen un puesto de trabajo. Miedo significa admitir abusos, callar, evitar ausentismo, aunque sea justificado por salud. El estado y los patrones trasladan todos los riesgos al trabajador.

Recortes presupuestarios

El presupuesto presentado a fines de marzo por el ministro De Guindos, implica fuertes recortes en áreas como Educación, Sanidad y Servicios Sociales y la inversión pública. “Estos recortes, además de desproporcionados, son indiscriminados, recortando incluso componentes del gasto esenciales tanto para estimular la economía como para resolver el enorme problema del desempleo, que es el mayor problema económico y social que tiene España”, afirma el profesor Vicenç Navarro, quien califica el presupuesto Rajoy, como “el más antisocial que haya existido en España durante la democracia.” Pero otra parte sustancial de los recortes lo tienen que hacer las Comunidades Autónomas, cuyo gasto es mayoritariamente social, (un 60% aproximadamente). Todo esto provocará un importante debilitamiento del sector público, abriendo paso a la gradual privatización de servicios esenciales. Amplios sectores de la sociedad española, golpeados por la desocupación laboral, por el retiro de las ayudas sociales, por los desahucios, perderán también prestaciones sanitarias, y serán afectados por el co-pago de recetas. Incluso los jubilados y pensionistas. La educación pública que sufre un tijeretazo de casi cinco mil millones de euros, queda fuertemente debilitada: más alumnos por aula, despidos de profesores, subida de tasas, abandono de equipamientos, cierre de líneas y de escuelas. Desaparece Educa 3, extensión de la red de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años. El presupuesto se reduce casi un 22%, mientras el conjunto de los ministerios baja una media del 17%. Paradójicamente los gastos militares han tenido una mínima reducción. En Defensa es de menos del 9%. 

Este ministerio arrastra una deuda de miles de millones en programas de modernización y tiene firmados compromisos europeos de armamentos hasta el 2025. España mantiene costosas operaciones en Afganistán, Bosnia Herzegobina, Líbano, contra la “piratería” en el océano Índico, y la operación “Active Endeavour”, integrados en el mando marítimo de la OTAN en el Mediterráneo. Hace menos de un año, el secretario de Defensa del gobierno anterior, Constantino Méndez, denunciaba el modelo de adquisiciones de los llamados Programas Especiales de Armamentos (PEAS). Y expresaba: “no deberíamos haber adquirido sistemas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen, y con un dinero que no teníamos ni antes, ni ahora.”

Amnistía fiscal, barra libre para los delincuentes

El gobierno conservador español no solo renuncia a afrontar el enorme fraude fiscal, sino que sanciona una amnistía que permitirá el blanqueo de dinero a los evasores y defraudadores, pero también de los fondos de procedencia criminal, como los obtenidos por tráfico de drogas, explotación sexual, robos o grandes estafas. 

A los evasores, les bastará declarar que poseen el dinero desde antes de diciembre del 2010, sin revelar su origen. El blanqueo será a “precio de saldo”, ya que el estado les aplicará un gravamen del 10%, a pesar de que se estima que el 72% de las cantidades defraudadas provienen de grandes fortunas y corporaciones. Los expertos añaden que también para la delincuencia será un “regalo”, porque blanquear dinero en circuitos criminales tiene tasas superiores al 25%. El estado español lo oferta al 10%.

BANKIA: defrauden que es gratis

En el 2010, nacía Bankia, fruto de la fusión de siete cajas de ahorro. En su entramado directivo, destacaban figuras prominentes del Partido Popular. A su frente fue colocado el ex ministro de economía de Aznar, y expresidente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato. Se lo definió como uno de los bancos “más sólidos” y captó decenas de miles de clientes y de inversores cuando a bombo y platillos salió a cotizar en Bolsa. Pero en los primeros días de mayo, Rato abandonó la presidencia y 48 horas más tarde el gobierno tuvo que intervenir inyectando fondos para evitar la caída de Bankia. Pero esa “nacionalización”, como le llaman, no es tal porque la cúpula de banqueros no ha sido reemplazada por técnicos o funcionarios del estado. Con el paso de los días la dimensión del “agujero” fue creciendo hasta llegar a la cifra de 23.465 millones de euros. El gobierno de Rajoy cerró rápidamente la hemorragia inyectando dinero público supuestamente “a devolver”. Pero el presidente de Bankia respondió –sin que nadie le desmintiera- que ese dinero no es un préstamo, sino que queda incorporado al capital. Teóricamente, con el tiempo Bankia quedará saneada, se privatizará nuevamente, y en esa operación el estado recuperaría al menos parte del dinero. Resumiendo, en medio del gigantesco desbarajuste y las imposiciones del Eurogrupo para que España baje drásticamente su déficit, el gobierno de Rajoy acomete el mayor rescate de banca privada de la historia con el dinero de todos los españoles. Valoremos la dimensión de estas operaciones cruzadas: para “achicar” el déficit del estado se afecta seriamente al sistema educativo público con un recorte de poco menos de cinco mil millones de euros. Y por otro lado, se destina casi cinco veces esa cantidad para tapar el fenomenal agujero de un banco privado, del que –al menos por ahora- nadie resulta responsable. La Fiscalía, ante la presión social, anunció que “investigará”, pero al parecer no será en lo inmediato, quizás para “no afectar la imagen de España en un momento tan delicado”. Por su parte, el movimiento de los indignados, el 15M, lanzó por Internet una campaña para reunir fondos con el propósito de iniciar una querella contra Rodrigo Rato. En poco más de un día, logró reunir lo que necesitaba. Más de un millar de donantes anónimos cubrieron la cifra necesaria de 15.000 euros. En pocos días presentarán la querella colectiva contra el ex presidente de Bankia.

La “división blindada”

Pero en economía también puede aplicarse aquel principio de Lavoisier sobre la materia: “nada se crea, nada se pierde, todo se renueva”. Porque mientras el dinero desaparece de los balances, los directivos de Bancos y Cajas disfrutan de millonarios sueldos y jubilaciones “blindadas”. Esto quiere decir que esas sumas, muchas veces autoadjudicadas durante el disfrute del poder, resisten crisis, quiebras o cualquier otra catástrofe. Gerentes, consejeros y directivos resultan “premiados” con escandalosas sumas y ninguno parece haber tenido responsabilidad en las pésimas o corruptas gestiones. Los hay, como el ex-directivo de Bankia Aurelio Izquierdo, que tienen un “blindaje” que supera los 10 millones de euros. Estos datos se van conociendo día a día, y agotan la capacidad de sorpresa de los ciudadanos. El escándalo continuado alimenta la creciente y justa indignación social. También integran la “división blindada” 260 directivos de las grandes empresas que cotizan en la bolsa española. Tienen contratos a prueba de despidos, entre otros, 23 ejecutivos de ENDESA, 20 del Banco de Santander, 13 del Banco de Bilbao, o 12 de Repsol. Para que tengan una idea, en el Banco Santander, hay 22 miembros de alta dirección que en el 2011 percibieron una media anual de 3.696.273 euros. Rodrigo Rato, en Bankia, percibía 2.340.000 euros, una compensación que palidece ante los más de 10 millones que tiene asignados Antonio Brufau de Repsol, o los 20 millones anuales de Pablo Isla, ejecutivo de la empresa Inditex. La crisis, demoledora para gran parte de la sociedad española, aumenta los beneficios de sectores minoritarios. Entre el 2007, último año de bonanza económica, y el 2011, aumentó la brecha salarial entre directivos de las grandes empresas y sus trabajadores. Ni que decir si lo comparamos con la caída de los salarios medios de todos los trabajadores o de los pensionados españoles.

Sin trabajo y sin techo

Las operaciones interconectadas de constructoras, inmobiliarias, bancos y financieras durante la última década, han dejado un tendal de afectados por hipotecas concedidas en muchos casos sin recaudos y excediendo la capacidad de pago. La sobrevaloración de los pisos y viviendas, es el “cepo” en el que miles de familias quedaron atrapadas. Ahora, con la pérdida de trabajo, o la fuerte disminución de ingresos, muchos no pueden afrontar las mensualidades. La legislación vigente no admite la “dación en pago” para saldar la deuda. La hipoteca no es sobre el piso, sino sobre la persona, que puede ver embargada no solamente su vivienda, sino también su salario o sus otros bienes, si los tiene. Un ejemplo habitual: alguien pagó en los últimos años 28.800 euros en intereses por una vivienda tasada entonces en 190.000. Ahora, si la devuelve, se encuentra que el banco tasa esa misma vivienda en 135.000. Resumiendo, pierde lo que pagó de intereses, pierde el piso, y todavía le queda una deuda por la que puede ser embargado. 

Consecuencia, entre 2008 y 2011 se han producido 166.716 deshucios. Solo en el último año, se iniciaron 58.200 expedientes de desalojo. Decenas de miles de familias perdieron su hogar mientras la banca y el sistema financiero – verdaderos responsables de la crisis – siguen declarando grandes beneficios y recibiendo ayudas con dinero público sin ninguna contrapartida. El drama de los desalojos es más grave aún en el caso de los más desprotegidos, como es el caso de las familias de inmigrantes. Por cierto, durante el 2011, más de 600 mil personas abandonaron España. La mayoría de ellos inmigrantes que en muchos casos fueron utilizados como mano de obra barata durante la época de bonanza, y ahora “sobran”. Aquellos que hayan perdido su trabajo, y por ende sus “papeles legales”, quedarán a partir del 1 de setiembre sin atención sanitaria. Se estima que ese desamparo puede afectar a medio millón de personas.

El control de los medios pasa por RTVE

Para desarrollar esta auténtica “blitzkrieg” contra los derechos y la dignidad de millones de ciudadanos, el sistema necesita reforzar el control social. Eso pasa -entre otras cosas- por unificar la información y los mensajes que recibe la sociedad. La mayoría de los medios privados de comunicación están en manos de corporaciones donde confluyen grupos de poder económico, bancos, grandes empresas, industrias, etc. Sus informativos, sus programas periodísticos, responden inequívocamente a sus intereses. Hay noticias, criterios o análisis independientes que no tienen cabida. Las excepciones son mínimas y confirman la regla. En los últimos años algunas comunidades autónomas mantuvieron emisoras y canales de TV con un importante margen de independencia. Con el manido argumento de los “necesarios recortes”, serán reconvertidos, desmantelados o incluso pueden desaparecer. Pero el asalto más significativo contra la independencia y la pluralidad informativa está por consumarse. El PP por un decreto-ley anuló la norma vigente que exigía el acuerdo de dos tercios del Parlamento para elegir presidente de la corporación estatal Radio Televisión Española. Su mayoría absoluta le permite tomar el control de la RTVE. Seguramente en las próximas semanas comenzaremos a padecer sus efectos con el desplazamiento progresivo de periodistas y espacios plurales. En los últimos años, RTVE había alcanzado un alto nivel de calidad e independencia, ampliamente reconocido, dentro y fuera de España. Acompañar la presentación de la emisora Radio Nacional, diciendo “la pública”, no era solamente una frase publicitaria, era la verdad. Eso seguramente tiene los días contados. Lo que nada tiene que ver con la crisis, pero sí con el control social, es la modificación de la materia Educación para la Ciudadanía, que aprobada por el Parlamento venía aplicándose en distintos niveles de enseñanza. El Ministerio de Educación ha quitado del temario las referencias a la pobreza en el mundo, la valoración crítica de la división sexual del trabajo, los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, y sexistas. También suprimió las referencias a los afectos, o a los distintos tipos de parejas, o a la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza. Incluye en cambio los “conflictos del mundo actual”: el terrorismo, los estados fallidos o el fanatismo religioso. Hace años que la jerarquía eclesial fogoneaba para expurgar ideas y conceptos de los que abjura. El libre pensamiento ha sido su enemigo histórico.

La crisis es una excusa para profundizar la desigualdad

El repaso de todos los aspectos comentados en esta nota, confluye en una conclusión general: el argumento de “afrontar la crisis”, pretende ocultar que todas las medidas que se toman apuntan a profundizar la desigualdad. Esta no es una afirmación subjetiva. De acuerdo con los datos del Banco de España, en octubre del 2010, el 10% de las familias españolas concentraban el 70% de la riqueza financiera. Pero además, el 1% de entre los más ricos poseen el 40% de la riqueza de ese 10%. Y no son las familias, sino los fondos de inversión, sociedades, empresas, las que disponen de más de dos tercios de la riqueza financiera española. No hablamos de la distribución de la renta, sino de la propiedad de las acciones de las empresas, de los planes de pensiones privados, de los fondos de inversión, valores de renta fija y otro tipo de activos financieros. Y las nuevas medidas, fuerte reducción del gasto social, amnistía fiscal y renuncia a perseguir la evasión y la defraudación, significa que se amplía la brecha entre capital y trabajo. Las grandes mayorías pierden, y ganan la especulación y la banca. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda afirma que el 72% del fraude fiscal en España lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas. En España 1 de cada 4 euros ( el 23% ) está oculto para Hacienda. Mientras se exige sacrificio y eficiencia a trabajadores, jubilados, al conjunto de los empleados públicos, todos absolutamente “controlados” a través de sus nóminas, el fraude y la evasión permite que el estado deje de recaudar 88.000 millones de euros al año. Es la suma del fraude de 59.000 millones en impuestos y 29.000 en cuotas de la Seguridad Social. Según Gestha ( los técnicos del Ministerio de Hacienda), la economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros. Según sus datos, más del 70% del fraude es atribuible a los grandes patrimonios y grandes empresas, frente a la opinión generalizada de que el fraude está en el pequeño autónomo. Otro dato para recordar: España es el país de Europa con más billetes de 500 euros. Aquí tenemos el doble de billetes de 500 que el resto de Europa. España tiene entre cuatro o cinco veces menos personal que la media europea dedicado a controlar el fraude fiscal. Estudios de FUNCAS ( Fundación de las Cajas de Ahorros), indican que mientras la economía española se duplicó entre 1980 y 2008, la economía sumergida se cuadruplicó entre las mismas fechas.

España cruje

Y el crujido se hizo estruendo este fin de semana de junio. Llevábamos dias, semanas recibiendo noticias cada vez más angustiantes sobre el futuro de la ciudad española. El gobierno, y en gran parte de la oposición, dicen y se desdicen. Tergiversan lo que sucede llamando “ajustes” a los recortes, “regular” por destruir. Cuando dicen “corregir” quieren decir eliminar. Y emplean “estabilizar” en lugar de retroceder. Cuando afirman “eso no sucederá jamás”, ocurre antes que termine la semana. Cualquiera puede encontrar en la red decenas de solemnes desmentidos sobre los apuros de Bankia o los del sistema financiero español. Pero más aún las terminantes afirmaciones de que “España o su banca no necesitan ningún rescate”. El propio ministro de Guindos llegó a decir hace pocos días que “ni valía la pena desmentir esos rumores, porque no eran más que insensateces”. Ayer admitió el rescate, y trató de presentarlo como un gambito, una jugada que parece una entrega, pero en realidad es “ganadora”. Es patético. La realidad se empeña en pisotear todas las grandes frases y las promesas solemnes. También ocurrirá con este falso optimismo con el que barnizan el pedido de dinero. El hombre corriente, desde su sentido común, razona. Sabe que los bancos ni siquiera se prestan entre sí por desconfianza. Nadie suelta un euro sino hay detrás un aval firme que garantice su devolución en término y con sus intereses. Los fondos que recibirá España no vendrán de la Cruz Roja ni de ningún organismo de beneficencia. Alimentarán las cajas de los bancos privados, pero ante los prestamistas tendrá que responder el Estado español. ¿Quién garantiza que con esos fondos, la banca privada “revivirá”, volverá a dar crédito, activará la economía y además podrá ir devolviendo ese préstamo que al menos inicialmente pagaremos de una u otra forma todos los españoles? El ciudadano que razona no es pesimista, es realista. Está muy reciente la experiencia de Bankia. En solo dos años ese “sólido banco” dirigido nada menos que por el último presidente del FMI, apareció con un agujero de más de 20 mil millones de euros.

Tiempo de indignación, de recuperar derechos y dignidad

España cruje, y su gente también. Se avecinan tiempos más difíciles. El sistema y sus personeros, siguen apretando las tuercas. Creen que la indignación ha desaparecido y que el conformismo y la resignación garantizan sumisión. Se equivocan. Minutos después del anuncio del ministro español de economía, cientos de ciudadanos indignados se congregaban espontáneamente en la Puerta del Sol, en Madrid. Gritos de rechazo, pero una consigna unificadora: “no es un rescate, es una estafa”. Si las fuerzas políticas siguen la estela que marca la “troika” europea, seguirán perdiendo credibilidad y legitimidad. Porque como nos recuerda Vicenç Navarro, “estas políticas no estaban en los programas electorales de ningún partido, y muchas de ellas son incluso contrarias a la Constitución”. También nos dice que “en España exigir democracia hoy es casi subversivo”. José Luis Sampedro nos recuerda que “nos preparan para ser masa de ciudadanos productores y consumidores, trabajadores y compradores sumisos a la voluntad de los poderosos”. Y añade: “estas democracias no son democracias”. Democracia quiere decir que manda el pueblo. Y no manda el pueblo”.