Pitos y Flautas

Seguro que en las colas de los bancos de alimentos y comedores sociales no se ha hablado esta semana de otra cosa: los separatistas vascos y catalanes han vuelto a pitar el himno. Lo digo, desde luego, con toda la ironía. El Reino de España tiene problemas mucho más graves y urgentes que atender. Sin embargo, la actitud apabullantemente mayoritaria del público del Camp Nou en la final de la Copa del Rey ha vuelto a levantar ampollas y a exacerbar los ánimos. Conceptos como ‘ultraje’ o ‘apología/fomento del odio nacional’ reaparecen en tertulias, análisis, editoriales y columnas de opinión. El propio Gobierno emitió el mismo sábado por la noche un comunicado de condena y anunció la convocatoria con carácter urgente (en un plazo de 38 horas) de la Comisión contra la Violencia para estudiar posibles sanciones. El PSOE no podía ser menos y emitió otro comunicado para mostrar su «repulsa por los comportamientos incívicos». Pedro Sánchez llegó a telefonear al Rey en la mañana del domingo para expresarle su apoyo y el de su partido. Ciudadanos ha pedido «que se depuren responsabilidades».

La realidad, aunque a muchos se les pueda hacer incómoda o inconveniente, es que silbar el himno nacional es una conducta «amparada por la libertad de expresión». Esto último no es una opinión. Es la interpretación entrecomillada que la Audiencia Nacional dio en 2009 a este mismo asunto. O sea, es Ley. Guste más o menos, el derecho a silbar el himno forma parte de ese tan cacareado y menguante régimen de libertades que nos hemos dado entre todos. Si hay consecuencias, deberán ser en el ámbito deportivo y no en el penal.

Que se considere una forma de opinión y que no sea reprochable penalmente, no implica que pitar un himno nacional deba considerarse una forma respetuosa y educada de opinar. Es legítima, pero no es correcta. De hecho, para muchos –PP y Gobierno incluidos– es ofensiva, condenable y sancionable. Pedro Sánchez se conforma con considerarla «rechazable y reprobable». El nacionalismo español se siente atacado y seguramente tiene motivos para ello.

Como cabía esperar, la caverna mediática ha doblado la dosis de veneno ante tópico tan fecundo, vomitando respuestas tan ofensivas como la propia pitada o más. Es el caso de columnas como la de La Razón, donde llega a afirmarse, con el rigor documental de costumbre, que «las Vascongadas tienen mesa y mantel puesto por el resto de España» y se pregunta a vascos y catalanes «por qué pitáis, si nos sacáis hasta los higadillos». El mismo rigor utiliza el columnista para poner a EE UU como ejemplo de país donde, según él, pitadas así son «inimaginables». Al autor le habría bastado con una búsqueda en Google para ampliar su imaginación y descubrir que los abucheos a los himnos nacionales no son algo excepcional en la Liga Nacional de Hockey americana entre los hinchas de Canadá y EE UU. Dos países, por cierto, donde el acto de quemar la bandera está protegido por sus respectivas constituciones.

Vómitos aparte, el bloque españolista, que se ha apresurado a cerrar filas para defender los «símbolos», tiene razones para sentirse ofendido. Ahora bien: ¿tiene autoridad moral para condenar y exigir respeto? No lo pregunto por la corrupción, los sobresueldos, las cajas B, los sobornos, el fraude fiscal, el tráfico de influencias, la falsedad documental y contable, la falsedad de fondos electorales, la apropiación indebida, el blanqueo de capitales, la malversación de caudales públicos o la organización criminal. No. Sin duda, la lista anterior da para no pocos cuestionamientos éticos, pero los tiros no van por ahí. Siguiendo el consejo del Gobierno en su comunicado, vamos a ceñirnos a lo deportivo. ¿Tienen los aficionados españoles el comportamiento cívico y respetuoso que sus dirigentes les exigen a quienes protestaron el sábado en el Camp Nou? Repasemos las hemerotecas futbolísticas de la última década:

Hannover, 27 de junio de 2006. Partido de octavos de final del mundial entre España y Francia. Más de 40.000 espectadores. Suena la Marsellesa, y la afición española comienza a silbar el himno francés. No toda, pero la suficiente como para hacerse notar. En el palco se encuentran los príncipes Felipe y Letizia junto a Franz Beckenbauer, el presidente del Comité Organizador del mundial. Las crónicas nacionales tratan en principio de silenciar lo ocurrido, pero las quejas de los franceses en la sala de prensa, y del propio Beckenbauer, lo sacan a la luz. Dos días después del encuentro, la versión digital de El Mundo titula «El príncipe Felipe pidió disculpas por los silbidos a la ‘Marsellesa’».

10 de junio de 2012. Partido de la fase final de la Eurocopa entre España e Italia (previo a la final en la que volverían a enfrentarse) en la ciudad polaca de Gdansk. Unos 40.000 espectadores. En el palco, los entonces Príncipes de Asturias, Rajoy (por aquellas fechas, muy ocupado negociando su no rescate) y los presidentes de la Federación y del Consejo Superior de Deportes, Villar y Cardenal, además del presidente de la UEFA, Michel Platini, y diferentes autoridades locales e italianas. Un sector de la afición española pita el himno italiano. La prensa nacional omite con discreción los pitos, pero los italianos protestan exigiendo una condena pública, lo que termina por airear el suceso. En el digital de Marca (el portal más visitado del Reino) se pueden leer los intentos de justificación de un portavoz de la RFEF ante un posible castigo: «No tenemos culpa de que en España se tenga la costumbre de silbar los himnos». Al final, la UEFA sanciona a la Federación española. De aquella Eurocopa, además del título, La Roja se trajo una multa por el comportamiento incívico y racista de su afición.

16 de octubre de 2012. Partido oficial entre España y Francia en Madrid, en el estadio Vicente Calderón, ante más de 40.000 personas. En el palco se encuentran el hoy jubilado Juan Carlos I y el ministro Wert, además del omnipresente e incombustible (27 años en el cargo) presidente federativo, Villar, y el presidente del CSD, Cardenal, quienes se ven obligados a disculparse ante sus homólogos franceses por la sonora pitada que buena parte del público dedica a La Marsellesa. El hecho es ahora más grave porque se juega en casa y porque, de haberse disputado el encuentro en el país vecino, la ley francesa habría obligado (innovación de Sarkozy en 2008) a abandonar el palco y suspender el partido. Al día siguiente, los divertimedia digitales silencian el incidente o lo mencionan sin entrar en valoraciones, con alguna que otra excepción: lainformación.com lo lleva a título, El Confidencial habla en su titular de «pitada mayoritaria», y algunas cabeceras regionales del grupo Vocento, como El Diario Vasco o el Hoy de Extremadura, comparten crónica: «Gran pitada al himno de Francia» –la cursiva es nuestra–. ABC, buque insignia de Vocento, lo omite en su crónica titulada «España se queda sin pulmones» –de nuevo, la cursiva es nuestra–, aunque esconde una breve mención días después en un artículo bajo el título «El CSD y la Asociación de Deportistas impulsan el respeto a los himnos rivales».

De lo expuesto hasta aquí se extraen al menos tres conclusiones:

El comportamiento de la afición española está lejos de poder considerarse cívico y respetuoso. Esa conducta nada ejemplar es de sobra conocida por nuestros más altos mandatarios, que la vienen sufriendo en sonrojo propio desde hace años. La respuesta política, mediática y social a este tipo de ataques/incidentes es mucho más visible y enérgica cuando el himno silbado es la Marcha Real. Es el color de los símbolos lo que determina si se trata de ataques o de meros incidentes. Que se piten otros himnos es algo lamentable que no conviene airear y que no merece ni sanciones ni editoriales ni comunicados oficiales. Que se pite el himno español es un acto condenable y sancionable que debe ser castigado y denunciado con toda la maquinaria mediática.

Retransmisión por T.V.: Una vez más, se abusó del plano corto, se hurtaron las tomas panorámicas, y el narrador contó lo que le habían dicho que era correcto contar; es decir, se dejó de informar. El lema Fent historia (‘Haciendo historia’) fue cercenado al traducirse como ‘Historia’. La gigantesca pancarta con la frase Jo ta ke irabazi arte (algo así como ‘Dale duro hasta ganar’) se sacó de plano a toda prisa en cuanto fue desplegada. Tal vez, por miedo a que allí pusiera algo como ‘Góndor no necesita rey’ o a que se tratara de algún lema proetarra. ABC.es picó con lo del «lema proetarra», aunque luego rectificó y borró el artículo. En el grupo PRISA, en cambio, siguen insistiendo en hacer el ridículo. Lo cierto es que Jo ta ke irabazi arte es un grito de ánimo muy común en ambientes deportivos (y no solo deportivos) y es tan inocuo en ese contexto como el ‘A por ellos, oé’. Y, si la afición en Barcelona no estuvo correcta y la retransmisión dejó mucho que desear, ¿qué decir de las autoridades? El regocijo de Mas en el palco, infantil e inaceptable en un presidente. El papel de don Tancredo que interpretó Felipe VI tampoco resultó ser un guión ni demasiado digno ni demasiado original. Dado que el patrón se viene repitiendo (tercera pitada en seis años), no era necesario improvisar. Bien podía el nuevo Rey haber ofrecido una nueva respuesta. Unas palabras habrían sido una magnífica innovación. Un verdadero discurso de la Corona, no esas ñoñerías vacías a las que su padre nos tenía acostumbrados. El ''Preparado'' dejó escapar una ocasión propicia para hacer uso de su tan traída preparación y sorprender al respetable con un alegato a la altura del momento y de la Institución que representa. Un alegato que taladrara silbidos, llegara a los corazones y abriera las mentes para que brotara el respeto. Él es alguien versado en oratoria; la materia no era difícil (el respeto es una asignatura de primero de democracia); el momento era solemne. Gotham podía haber caído rendida a sus pies, y su discurso habría sido recordado durante décadas. O, en el peor de los casos, le quedaría la dignidad de haber intentado algo más que poner la cara. Se puede ser educado sin parecer manso.

Es más fácil de entender que de asumir: el respeto es consustancial a la democracia. Y en la nuestra, el respeto es escaso. Por eso hay que administrarlo bien y repartirlo de manera equitativa: que nadie reciba menos de lo que exige, y que nadie exija más de lo que está dispuesto a ofrecer. Porque no es el derecho a expresar libre y pacíficamente cualquier opinión lo que nos convierte en demócratas. Lo que nos hace demócratas es renunciar a esa libertad de opinar para escuchar a quien opina diferente. Texto: C. Delgado. Ver: 'Las derivas separatistas', texto de JG

Derecho y normas internacionales

Las políticas de las instituciones internacionales económico-financieras han provocado impactos muy importantes sobre los derechos de las mayorías sociales. Y es que, a lo largo del planeta, los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han vulnerado los derechos humanos de manera sistemática. Así, después de varias décadas de reformas neoliberales, las condiciones sociales y ecológicas de los países afectados son demoledoras: el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al empleo y al medio ambiente se encuentran en peor situación que al inicio de su aplicación. Además, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las normas constitucionales también se han visto modificadas. 

La pérdida de competencias estatales, la expansión y consolidación de las empresas transnacionales, la creación de una red formal e informal de normas y prácticas jurídico-económicas de organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial han servido para establecer una lex mercatoria de gran fortaleza jurídica, convirtiendo a las grandes corporaciones en agentes claves de la economía mundial y del capitalismo global. Y las multinacionales han sido las principales beneficiarias de las políticas diseñadas por estas organizaciones internacionales, que han actuado contra los intereses de los pueblos y de las personas.

La extinta Troika —compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI— ha aprobado planes de ajuste vinculados a medidas de austeridad que han destruido la vida de miles de personas y han generado auténticas crisis humanitarias. El caso de Grecia es paradigmático: aumento de la pobreza y del número de familias sin hogar; desmantelamiento de las estructuras de salud pública y mercantilización de la misma, provocando la disminución de la esperanza de vida en dos años, tres millones de personas sin cobertura de seguridad social, miles de mujeres sin derecho a la prevención de cánceres de mama y la eliminación de la salud reproductiva; aumento de la mortalidad de los recién nacidos y ausencia de vacunas para quien no puede pagarlas; incremento de la cifra de suicidios; empobrecimiento generalizado de la población…

Ante estos hechos —avalados por informes de organizaciones no gubernamentales, relatores de Naciones Unidas y diferentes comités sobre los pactos internacional de derechos humanos—, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones mencionadas? Entendiendo que el debate no debe, en ningún caso, centrarse exclusivamente en los deberes del Estado, defendemos que estas organizaciones económico-financieras también tienen responsabilidades internacionales, pese a los intentos de blindarlas en la más absoluta impunidad.

Dicha responsabilidad se articula en torno al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que se vertebra sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y sus Protocolos Facultativos —que forman la Carta Internacional de Derechos Humanos—, así como sobre las declaraciones, directrices, observaciones y principios adoptados en el plano internacional.

El sistema de fuentes del Derecho Internacional viene recogido en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y está constituido por las convenciones internacionales —generales o particulares—, la costumbre internacional, los principios generales del Derecho reconocidos por los sistemas jurídicos del mundo, en tanto fuentes principales y creadoras de las normas jurídicas, y las decisiones judiciales y las doctrinas de los juristas de mayor competencia, en tanto fuentes auxiliares y de interpretación de las normas existentes. En Derecho Internacional la costumbre tiene el mismo valor jurídico que los tratados internacionales y el derecho consuetudinario está en vigor y es obligatorio. La Carta Internacional de Derechos Humanos forma parte del mismo y es una norma imperativa —o de ius cogens— que encarna y protege intereses esenciales de la comunidad internacional.

De ahí que el Banco Mundial, el FMI, la Comisión Europea y el BCE tengan la obligación de respetar las normas internacionales sobre los derechos humanos. Como personas jurídicas, las instituciones internacionales económico-financieras deben ser jurídicamente responsables, así como los integrantes de los órganos que tomen sus decisiones, por las violaciones que cometan o ayuden a cometer —por acción u omisión— de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.

La responsabilidad de estas organizaciones internacionales se regula de manera específica en el Tratado del Espacio de 1976 —ratificado por más de cien Estados— y en el proyecto que la Comisión de Derecho Internacional presentó en 2011 ante la Asamblea General de la ONU. “Una organización internacional incurre en responsabilidad internacional”, se dice en este último, “adoptando una decisión que obliga a Estados miembros a cometer un hecho que sería internacionalmente ilícito”, o bien, “autorizando a Estados miembros a cometer un hecho que sería internacionalmente ilícito”. En este sentido, las políticas de ajuste, los préstamos condicionados y los memorándum comunitarios se constituyen como armaduras jurídicas que obligan a los Estados a cometer actos ilícitos. Y sus responsables son el Banco Mundial, el FMI, la Comisión y el Banco Central Europeo.

Junto a ello, la violación de una norma internacional y la atribución de dicha conducta ilícita a una organización internacional da lugar a las correspondientes responsabilidades civiles y penales, lo que a su vez conlleva diferentes formas de reparación: la restitución, la indemnización y la satisfacción. Como afirma Javier Echaide, jurista y miembro de ATTAC Argentina, “una forma posible de esta restitución podría ser que los organismos que impulsan el ingreso y egreso irrestrictos de capitales sin regulación y amparados por los Tratados Bilaterales de Inversiones, o las oleadas privatizadoras a condición del otorgamiento de préstamos, debieran financiar los posibles costos de una desprivatización, es decir, retrotraer el estado de cosas al momento en que comenzaron los hechos causales que terminaron en una violación de los derechos humanos”.

Las instituciones económico-financieras no escapan a esta tipificación y, por tanto, deben responder por los daños causados. Es decir, tienen la obligación de restituir e indemnizar a los pueblos afectados por sus políticas, contrarias al sistema internacional de derechos humanos.

Existe, al mismo tiempo, una manifiesta responsabilidad penal de estas instituciones. Por eso pensamos que, en esta dirección, resulta urgente aprobar la tipificación de crímenes económicos internacionales: las prácticas de las instituciones internacionales económico-financieras —y de las personas físicas responsables de ellas— que cometan actos o actúen como cómplices, colaboradores, instigadores, inductores o encubridores y que violen gravemente los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales pueden ser tipificadas como crímenes internacionales de carácter económico; el elemento internacional se configura cuando la conducta delictiva afecta a los intereses de la seguridad colectiva de la comunidad internacional o vulnera bienes jurídicos reconocidos como fundamentales por esta.

En este mismo momento, no obstante, algunas de las políticas aprobadas por las instituciones económico-financieras —incluidas las que componían la Troika— pueden ser consideradas como crímenes contra la humanidad tipificados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ya existen indicios, pruebas y base normativa suficiente para demandar a las personas físicas responsables —los miembros del Consejo Europeo, los presidentes y primeros ministros de la UE y el presidente de la Comisión, del consejo de administración del FMI, del Banco Mundial y del consejo de gobierno del BCE— ante la Corte Penal Internacional.

Como puede verse, son diversas las alternativas existentes para exigir responsabilidades civiles y penales a las instituciones internacionales económico-financieras y a sus máximos responsables. Lo que no es admisible es que planes tan destructivos como los que han venido impulsando puedan quedar impunes. Porque, al fin y al cabo, sus políticas económicas son verdaderos crímenes internacionales. Texto: Juan Hernández Zubizarreta & Pedro Ramiro. Ver: Mafias

El TPP, USA y China (Parte II de II)

En esto reside la incertidumbre para el orden económico liberal en el este de Asia, apuntalado por la hegemonía estadounidense. Las élites chinas se han beneficiado masivamente de su integración con este orden, pero la continuación de su legitimidad dentro de China depende de un proyecto nacionalista etnocéntrico que corre el peligro de convertirse en “demasiado antiliberal” desde el punto de vista de Occidente. La rápida modernización militar china y las crecientes disputas territoriales en los mares del este y del sur de China son aspectos de esta situación.

Entonces aparece el TPP

El secretario de defensa de EE.UU. Ashton Carter lo comprendió bien cuando declaró que la firma del TPP es más importante que enviar otro portaaviones al este de Asia. Un factor esencial tras la longevidad del poder estadounidense en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial es su capacidad de permear otras economías de una manera que alinea estructuralmente los intereses de sus clases dominantes con los intereses de la hegemonía estadounidense. Las élites japonesas apoyan firmemente la hegemonía de EE.UU. no porque se sientan forzadas a hacerlo, sino porque lo hacen en función de sus propios intereses.

Las élites chinas ya dependen del capitalismo global, pero para asegurar que siga siendo así en el futuro previsible, EE.UU. necesita su mayor liberalización e integración con el capital global –y por tanto la dependencia de este- (esencialmente corporaciones estadounidenses), finanzas globales (centradas en Wall Street y la Reserva Federal de EE.UU.) y de exportaciones a consumidores occidentales (especialmente estadounidenses).

Por cierto, no todo tiene que ver con China. EE.UU. ha estado presionando a Japón para que liberalice su economía desde los años 70 y el TPP continúa esta búsqueda presionando a agricultores y fabricantes de automóviles japoneses. Malasia, México y Vietnam son importantes plataformas de exportación que compiten con China por capital extranjero. Australia, Canadá y Nueva Zelanda son importantes aliados de EE.UU. En términos generales, mientras más países liberalizan, más abiertos se hacen a la influencia estadounidense. Pero todos, incluyendo a los chinos, saben que el TPP tiene que ver sobre todo con China, convirtiéndolo en uno de los acuerdos comerciales más geopolíticamente orientados de todos los tiempos.

El TPP tiene que ver con el establecimiento de las normas y reglas del futuro, encerrando a las regiones más dinámicas del globo –Asia oriental, y especialmente China– en el capitalismo global centrado en Estados Unidos. Si EE.UU. puede forjar estándares comunes en la protección de la PI y el arbitraje de inversionistas con Japón y Europa Occidental mediante el TTIP [Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones], Occidente puede seguir fijando las reglas de intercambio para el resto del mundo.

Por lo tanto, si China quiere continuar su integración con el capitalismo global (lo que tiene que hacer, porque una aguda disminución en el crecimiento económico debilitaría la autoridad del PCC), entonces China se verá presionada a seguir liberalizando y armonizando sus reglas y regulaciones según los “estándares internacionales” establecidos por Occidente. El ajuste a la creciente liberalización también reducirá la prominencia de cualquier modelo alternativo coherente de “capitalismo de Estado” para que sea adoptado por otros.

Esto es lo que algunos llaman “poder estructural”, la capacidad de fijar las reglas y normas del sistema de modo que otros tengan pocas alternativas aparte de ajustarse. El poder estructural es frecuentemente más efectivo que el “poder relacional” o simplemente tratar de obligar a otros a hacer algo. Y explica por qué China, a pesar de expresar un interés en participar, está siendo excluida de las negociaciones del TPP, para que no pueda alterar las reglas.

Los artífices del TPP están estructurando el acuerdo para que sirva a sus propios intereses: protección de los derechos de propiedad intelectual y arbitraje de inversionistas facilitan la continuación de la dominación de las mayores corporaciones del mundo, que siguen siendo europeas, japonesas y sobre todo estadounidenses.

La protección de la propiedad intelectual asegura que los sectores de conocimiento avanzado, como la industria farmacéutica, mantengan sus saludables márgenes de beneficios (y que a los pobres se les nieguen medicamentos que salvan la vida). La agroindustria estadounidense se beneficiará de la apertura del sector agrícola de Japón, y Nike se beneficiará de la mayor liberalización de Vietnam (donde fabrica la mayor parte de sus zapatos).

Para comprender qué intereses se están sirviendo simplemente hay que notar que los representantes comerciales de EE.UU. van acompañados de más de seiscientos “asesores corporativos” a las negociaciones, que están envueltas en el secreto. ¿Asesores laborales? Ninguno.

El TPP también facilitará que las corporaciones transnacionales demanden a los Gobiernos regulaciones laborales, ecológicas, sanitarias, de seguridad y otras, a fin de obtener compensación con dineros públicos por “pérdida de ganancias futuras” debidas a la “expropiación”. Los mecanismos de resolución de disputas entre inversionistas y estados -que ya existen en numerosos tratados internacionales de inversión– serán consolidados y fortalecidos en el TPP para asegurar un solo estándar, más predecible, para la cantidad récord de nuevos casos.

Un caso semejante en 2011 involucró a Philip Morris, que invocó el tratado de inversión de 1993 entre Hong Kong y Australia por la “expropiación” de su propiedad intelectual. Australia aprobó algunas de las leyes de envase de cigarrillos más estrictas del mundo, cubriendo los paquetes con espantosas fotografías de tumores y eliminó el logo de marca de Philip Morris del frente. El TPP facilitará que las corporaciones cuestionen las políticas de salud pública y otras políticas en tribunales supranacionales, evadiendo las instituciones legales interiores.

El TPP está bajo presión en EE.UU., especialmente por parte de grandes sindicatos que argumentan que décadas de acuerdos comerciales y de inversión han aumentado el poder del capital sobre los trabajadores, llevando a la subcontratación en el extranjero de puestos de trabajo en la manufactura, aumentando vertiginosamente los niveles de desigualdad. Muchos en la UE se oponen al, todavía mayor, TTIP por razones semejantes, pero con más énfasis en arbitraje entre estados e inversionistas). Si se aprobase, el TPP sería el más expansivo tratado comercial y de inversión en la historia, abarcando un 40% del PIB mundial, un tercio de sus exportaciones y casi la mitad de la inversión extranjera directa del mundo. Probablemente daría un nuevo impulso a las negociaciones del TTIP, que se han atascado debido a las protestas masivas, incluyendo una petición con más de un millón de firmas. Presionaría a China a liberalizar aún más y a alinearse con los intereses del capital estadounidense, mientras el TPP se convierte en el modelo para futuros acuerdos megarregionales y de comercio e inversión. Sobre todo reforzaría aún más el poder del capital sobre los trabajadores en EE.UU. y en el exterior, asegurando que las regulaciones corporativas, laborales, y ecológicas se mantengan permisivas.

Por estos motivos es obvio que debemos oponernos al TPP, para no hablar de cualquier acuerdo internacional que realce el poder del capital. En lugar de acuerdos de “libre comercio” que protegen a inversionistas y corporaciones, la izquierda debería luchar por acuerdos internacionales que fortalezcan los estándares laborales y ecológicos (fijando medidas que se puedan hacer cumplir más allá de la simple retórica), proteger y nutrir el poder independiente de los sindicatos e imponer mayores regulaciones y controles del capital, incluyendo su movilidad.

Pero esto tiene que ocurrir en el contexto del cambio del equilibrio de las fuerzas sociales contra el capital en cada nación. Con los antiguos Segundo y Tercer Mundo (especialmente China) integrados ahora más profundamente que nunca en el capitalismo global, esta lucha es particularmente urgente en el centro del capitalismo global, EE.UU. Texto: S. S. Traducción: German L. Ver Parte I

El TPP, USA y China (Parte I de II)

Después de cinco años de intensas negociaciones el (TPP) Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, podría cristalizar a fines de este año. Se ha escrito mucho (y con razón) sobre las consecuencias negativas del TPP para los trabajadores estadounidenses. ¿Pero cuáles son las implicaciones internacionales del TPP, y en un mundo inundado de tratados bilaterales y multilaterales de comercio e inversión (hay más de 3.200 tratados internacionales solo de inversión), en qué medida éste es diferente?

Y como el futuro del capitalismo global parece depender de las relaciones entre China y EE.UU., ¿por qué no permite EE.UU. que el mayor exportador del mundo, China, (que ha mostrado interés) no se sume a las negociaciones del TPP? Con el fenomenal crecimiento de muchos antiguos países del Tercer Mundo (o “mercados emergentes”), incluyendo China, que condujo a la expansión y aumento de la integración del capitalismo global, el mundo ideal previsto por los planificadores estatales estadounidenses en los años 40 y 50 –un mundo abierto y amigo de los negocios estadounidenses en particular y del capitalismo occidental en general– está siendo finalmente establecido más allá de sus sueños más descabellados.

Virtualmente cada estado (aunque desigualmente) considera ahora igual el desarrollo nacional con la creciente competitividad internacional y hace que su nación sea segura para el capital global (lo que frecuentemente significa el capital estadounidense). Geopolíticamente la destrucción de Afganistán, Irak, Libia, la actual guerra en Siria y la aparente mejora de las relaciones de EE.UU. con Cuba e Irán han reducido la lista de rivales regionales estridentemente “antiestadounidenses” (en otras palabras geopolíticamente independientes de EE.UU.), incluso si recientemente se ha vuelto a poner a Rusia en la lista. Pero hay un inconveniente en estas siete décadas de expansión y consolidación del capitalismo global bajo la hegemonía de EE.UU.: China está mitad adentro, mitad afuera. Por un lado la transformación de China de una de las principales naciones anticapitalistas y contrarias al imperialismo occidental del siglo XX a una de las naciones más ansiosas de integrarse al capitalismo global, en el siglo XXI, ha sido sorprendente, para decir lo menos, y ciertamente un beneficio para el capital estadounidense. Por otra parte China, un bastión paradójico del capitalismo de Estado antiliberal/liberal, sigue siendo relativamente independiente geopolíticamente de EE.UU. De todas las grandes economías China es al mismo tiempo una de las más abiertas y cerradas al capital extranjero en el mundo. Muchos sectores relacionados con los escalones más elevados -como la banca, la energía, las telecomunicaciones y los servicios públicos– están totalmente cerrados al capital extranjero. Muchos otros sectores, sin embargo, están relativamente abiertos y la inversión extranjera ha penetrado China con mayor profundidad que en la mayoría de las demás grandes economías (como Japón). Especialmente aquellas con niveles de desarrollo similares. No obstante, a pesar del papel central de la inversión directa extranjera en el crecimiento de China durante las últimas tres décadas, el Estado sigue manteniendo muchas más restricciones de la inversión extranjera que la mayoría de los países. En el Catálogo de Industrias para la Guía de Inversión Extranjera de 2015, China estipula 36 industrias en las cuales la inversión extranjera está totalmente prohibida y 38 en las que está restringida (las empresas extranjeras frecuentemente son obligadas a formar sociedades conjuntas con firmas chinas). Aunque había muchos más sectores restringidos cuando se publicó el primer Catálogo en 1995, el capital estadounidense quiere evidentemente que la liberalización de las industrias chinas vaya más lejos, más rápido. El capital estadounidense también enfrenta problemas con la laxa protección de la propiedad intelectual (PI) extranjera en China. El Estado chino alienta a veces la copia de PI occidental mediante requerimientos de transferencia de tecnología y abundan los copiones e imitadores. Trenes de alta velocidad y bienes de consumo como los farmacéuticos, vestimenta y productos electrónicos son todos blancos legítimos. Los consumidores chinos incluso usaban “relojes Apple” producidos ilegalmente meses antes de que Apple ofreciera su propia versión. China ya no es solo el “taller del mundo” y una plataforma extraexplotable de exportación para capital extranjero, ya es uno de los mercados de consumo más importantes para una variedad de sectores, incluyendo automóviles, smartphones, artículos de lujo y comida rápida. La creciente importancia del mercado de consumo chino hace que la protección de la PI y el arbitraje entre inversionistas sea una prioridad para grandes compañías globales. Pero los inversionistas han descubierto hace tiempo que el estado intransigente y nacionalista chino, con su antojadizo sistema legal, es un protector poco fiable de sus intereses en China. Por lo tanto, aunque ciertamente China ha abandonado su visión del mundo anticapitalista, e incluso es acusada de neocolonialismo al estilo europeo por algunas dirigentes africanos por sus prácticas de inversión (una acusación particularmente irónica ya que China apoyó muchas luchas anticoloniales en África en los años 50 y 60, la clase gobernante de China –tal como se manifiesta en el Partido Comunista Chino (PCC)– no prioriza los intereses del capital extranjero ni la hegemonía estadounidense. En su lugar, el PCC prioriza el mantenimiento de su propio poder. Algunas veces esto involucra la apertura al capital extranjero en ciertos sectores para impulsar la acumulación y la modernización tecnológica, pero en general la economía china es de propiedad estatal y dirigida por el Estado, y las empresas de propiedad estatal (EPE) todavía ocupan un lugar de honor en la mayoría de los altos escalones. El capital extranjero se queja amargamente por el trato preferencial dado a las EPE, especialmente a través del financiamiento y el sistema legal. El éxito económico de China durante las últimas tres décadas también ha convertido su versión del capitalismo de Estado en un fanal para otros países. Brasil la aprecia cada vez más, Rusia –bajo Putin– la ha reforzado y se puede decir que India, para no mencionar a Francia, nunca la ha abandonado. Por supuesto EE.UU. también nacionalizó partes del “sector privado”: AIG, Chrysler, Citigroup, Fannie Mae y Freddie Mac o General Motors (para nombrar algunos de los ejemplos destacados) después del crash de Wall Street en 2008, pero estas medidas fueron vistas en gran parte como temporarias y una desviación de la norma liberal de separación de lo público y lo privado, una norma que no existe en China. China ciertamente no ofrece una alternativa al capitalismo global, ni siquiera a la hegemonía de EE.UU. en su interior. China no tiene la capacidad (ni la voluntad) de crear un orden alternativo a la hegemonía de EE.UU., simplemente quiere aumentar su parte de la torta y ser tratada como un socio igual en lugar de un subordinado del Tercer Mundo (o un vasallo del Primer Mundo, como Japón). El Banco Asiático de Inversión en la Infraestructura, el Banco de los BRICS, el Fondo de la Ruta de la Seda y otras iniciativas chinas no se proponen desafiar las instituciones dominadas por EE.UU. como el FMI y el Banco Mundial, que las siguen apoyando, financiando y en las cuales participan plenamente. Se proponen, más bien, asegurar más influencia para China y aumentar su campo de maniobra en la economía política global, en particular en el este de Asia. Similares renegociaciones de la gobernanza global ocurrieron en los años 70 cuando el renacimiento de Europa Occidental y de Japón aumentó la presión para la creación del G7 y la Comisión Bilateral, por ejemplo. Pero todos estos permanecieron bajo el manto de la hegemonía estadounidense. El deseo de China de conseguir más influencia global es conformado por las particularidades de su sistema económico, capitalismo de Estado bajo el control de un partido autoritario. Aunque las elites chinas han sido los principales beneficiarios de la integración de China en el capitalismo global, a diferencia de Japón o Corea del Sur, no es probable que acojan pronto la democracia liberal y tienen que evitar que aparezcan demasiado subordinadas a EE.UU. Esto es porque la legitimidad del PCC depende no solo del continuo crecimiento económico sino también de la rectificación del “Siglo de Humillación” de China de 1939 hasta 1949, cuando China fue continuamente invadida por las potencias occidentales y Japón. Con la reducción progresiva de la lucha anticapitalista como ideología legitimadora (aunque todos los estudiantes universitarios todavía deben pasar exámenes de “marxismo”) el PCC ahora quiere posicionarse como la fuerza legítima para devolver China a su sitio histórico bajo el sol como “Reino del Medio”. Ver Parte II

El terrorista

Desde el nacimiento de los primeros Estados liberales, la presencia (retórica y real) de la figura del terrorista ha sido una constante. Esta etiqueta se ha utilizado siempre para referirse a lo que los Ejecutivos han percibido como la mayor amenaza para la paz, ya sean grupos nacionalistas, anarquistas, fascistas, socialistas o asociados a procesos liberadores del Tercer Mundo.

Concretamente al anarquismo se le vinculó estrechamente con el terrorismo, a raíz de los atentados contra el General Martínez Campos, Cánovas del Castillo, José Canalejas, el Cardenal Soldevilla, etc. Como apunta Shlomo Vlascov en el artículo “El comodín que siempre encaja para el sistema”, publicado en 'Diagonal' el 30 de marzo, “el anarquismo ha sido a lo largo de la historia un comodín con el que poder justificar oleadas de represión por parte del Estado”.

Frente a las amenazas, reales, imaginarias o exageradas, que hayan podido existir, el Estado se ha armado con cuerpos policiales especiales (por ejemplo, en 1912 la Policía creó la Brigada de Socialismo y Anarquismo), con el diseño de una legislación de excepción (produciéndose grandes concentraciones de poder) y con macroprocesos judiciales ejemplarizantes. Carmen Lamarca Pérez, en su artículo “Legislación penal antiterrorista: análisis crítico y propuestas” recalca este carácter excepcional y abusivo de la legislación antiterrorista: “es en la legislación antiterrorista donde el Estado democrático muestra de modo más patente una tendencia autoritaria que lesiona gravemente la eficacia de las garantías individuales. Se ha dicho así, con razón, que las leyes antiterroristas forman parte de la propia lógica del terrorismo y que, en cierto modo, expresan una autonegación del Estado de Derecho que es buscada de propósito por los propios practicantes de este tipo de acciones. De este modo, se crea una dialéctica agresión-legislación que en la mayoría de los países ha dado lugar a una profusa respuesta normativa de carácter excepcional”.

Legislación antiterrorista en España: la ambigüedad de la norma. Veamos:

La legislación española en materia de terrorismo se caracteriza por (1) la dureza de las penas (hasta 40 años de prisión por algunos delitos, y a partir del 1 de julio de 2015 se podrán imponer penas de prisión permanente revisable o cadena perpetua), (2) la excepcionalidad procesal (se puede decretar la detención incomunicada, por ejemplo) y (3) el hecho de que la instrucción y el enjuiciamiento se encuentra en manos de un órgano jurisdiccional específico: la Audiencia Nacional.

A pesar de que nos encontramos hablando de penas muy elevadas y de un fenómeno muy grave, el Código Penal (CP) es extremadamente vago e impreciso a la hora de definir lo que es una organización o un acto terrorista. No hay concreción en el concepto normativo de terrorismo, por lo que se depende de la interpretación judicial del mismo, que no es estable, ni congruente en el tiempo. Por ello, lo que ayer no era terrorismo, hoy puede serlo.

El CP, hasta 1995, castigaba los delitos de pertenencia a banda armada, haciendo hincapié en el hecho de que un grupo debía estar armado para considerarse peligroso. Sin embargo, el CP sustituyó la banda armada por la organización terrorista y establece actualmente que el terrorismo ha de (1) tener una finalidad política de subvertir el orden constitucional, (2) unos medios violentos y (3) ha de ser organizado. El elemento característico de las armas se ha dejado de lado y se prioriza el elemento subjetivo de subversión del orden constitucional. Esto, además, plantea múltiples problemas de interpretación. ¿Qué significa subvertir el orden constitucional o la paz pública? ¿Qué se entiende por paz pública? ¿Un texto incendiario puede lograr ese fin? ¿Cuándo se considera un comportamiento lo suficientemente violento como para encuadrarse dentro de esta conducta? Esta ambigüedad es intencionada. La no concreción da vía libre para ir decidiendo, de acuerdo con el momento político y el contexto, quiénes son los nuevos enemigos prioritarios del Estado y a quién se le puede aplicar estos tipos penales.

La evolución interpretativa del terrorismo:

El ente encargado de la instrucción y enjuiciamiento de estos delitos es la Audiencia Nacional, un tribunal con jurisdicción en todo el territorio español con funciones especiales encomendadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial desde su creación en 1977, nacido el mismo día en que – casualmente – desapareció el Tribunal de Orden Público franquista. Muchas/os autores/as interpretan que es un tribunal de excepción porque incumple el derecho al juez natural (al del territorio donde ocurren los hechos), las competencias que se le atribuyeron se decidieron sin un criterio claro, porque tiene fórmulas excepcionales de maniobrar (destaca la mencionada incomunicación que puede acordar gracias a la Ley Antiterrorista) y sobre todo porque goza de un amplísimo poder.

Por su parte, la evolución de la jurisprudencia de la Audiencia Nacional (y del Tribunal Supremo cuando se han recurrido sus sentencias) nos muestra cómo, en vez de ir acotando y restringiendo cada vez más el concepto de terrorismo, se ha ido abriendo para que cada vez quepan más comportamientos considerados como tal.

Como hemos dicho, el mayor problema que suscita la interpretación jurisprudencial del terrorismo se halla en su elemento finalístico: la utilización expresa del término “subversión del orden constitucional”. Al haber priorizado la intencionalidad subversiva del terrorismo frente a otras cuestiones, resulta evidente que se persigue lo incómodo, lo que cuestiona al Estado y status quo, y no a las acciones que de por sí podrían parecer más graves.

Los nuevos terrorismos:

Durante años, la principal preocupación del Estado la conformaban las organizaciones ETA y GRAPO. La actuación de otras personas o colectivos, generalmente, no captaban demasiado la atención de jueces y policías y pasaban a ser calificados como delitos comunes.

Sin embargo, la proliferación de atentados yihadistas y la desaparición de la actividad armada de ETA y GRAPO ha llevado al Estado a cambiar su foco de atención y a buscar nuevos enemigos con el objetivo de desestabilizar el orden constitucional. Su existencia es imprescindible para justificar cambios legislativos, para mantener a la población distraída con las “amenazas” más graves a sus derechos y así cohesionar a la sociedad. El politólogo Carlos Taibo lo describió en un artículo de 'Eldiario.es' el 9 de abril de 2014 como “una operación de inflado que responde a una necesidad objetiva de los servicios de inteligencia por buscar un enemigo gracias al cual mantener las estrategias represivas e incluso puestos de trabajo”. Así, en los últimos tiempos hemos presenciado grandes y mediáticas operaciones antiterroristas contra anarquistas.

El 13 de noviembre de 2013, en el marco del caso Mateo Morral, la policía detuvo a cinco anarquistas en Barcelona imputadas por colocar un artefacto explosivo que estalló en la basílica de Pilar de Zaragoza. Dos de ellas, Mónica y Francisco, se encuentran en la actualidad en prisión preventiva. El 16 de diciembre de 2014 los/as Mossos d’Esquadra protagonizaron una mediática operación policial bautizada como “Operación Pandora”, deteniendo a once anarquistas en Barcelona, Sabadell, Manresa y Madrid y registrando diversos ateneus llibertaris, casas okupas y domicilios particulares en la capital catalana.

La última gran operación, conocida como Piñata, la vivimos hace escasos días, el 30 de marzo de 2015, cuando la Policía Nacional detuvo a quince anarquistas en Madrid y Catalunya. Tanto estas personas como las detenidas en la Operación Pandora se encuentran imputadas por pertenencia a organización terrorista, los GAC (Grupos Anarquistas Coordinados). A día de hoy, cinco permanecen en prisión provisional. Como dice el abogado Benet Salellas en un artículo titulado “Pandora Empresonada” (“Pandora encarcelada”), publicado en La Directa el 19 de diciembre, “el juez habla de los GAC como organización terrorista, y utiliza para probar la pertenencia de los imputados hechos como asistir a reuniones o participar en la elaboración de boletines y publicaciones de cariz propagandístico libertario”. De nuevo, volvemos al elemento finalístico de intención de subvertir el orden constitucional para justificar la existencia del terrorismo. Todas estas operaciones, por supuesto, fueron precedidas por una intensa campaña mediática de criminalización. Era necesario “crear” el enemigo, el monstruo al que toda la población debía temer, si querían que sus propósitos prosperasen. Y así, nos hemos encontrado con un incremento de titulares tendenciosos, y a veces manipulados, contra el anarquismo y los denominados antisistema en general. Por citar un par de ejemplos, se publicó “El terrorismo anarquista copia a Al Qaeda”, en El País, 16 de noviembre de 2013 y “Cosidó [el Director General de la Policía] dice que el terrorismo anarquista se ha implantado en España y que existe riesgo de atentados”, en Europa Press, 12 de junio de 2014. Esta criminalización vino acompañada de un incremento de policías destinados a investigar a antisistema (el 23 de junio de 2011, Puig anunció que habría más “Mossos contra los antisistema”).

El terrorismo como justificación de las reformas legislativas:

Y con este panorama, el gobierno actual propone reformar el CP (y aprobar otras leyes represivas de menor entidad, como la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza) y la opinión pública no es mayoritariamente contraria a su aprobación. Esto debemos agradecérselo a los medios. Titulares “periodísticos” como los que hemos mencionado, sin contrastar, son los que forman la opinión pública (o hablan en nombre de ella). Por no hablar de los titulares que hacen referencia al terrorismo yihadista, que multiplican por mil el temor de sus lectores. A nadie hoy en día se le escapa que la agenda mediática, conformada por las noticias que difunden los medios informativos cotidianamente, influye en la agenda del público. La información que se suministra por las ondas, el tiempo que se le dedica a cada noticia y el formato en el que se trata influye profundamente en la opinión del pueblo y, consiguientemente, en las reformas legislativas. La prensa es mucho más que un simple proveedor de información y opinión. Como diría Noam Chomsky, existe una “alianza tácita entre el gobierno de un país y los medios de comunicación para comunicar a los espectadores sólo lo que interesa”. Y de esta manera, se aprobará un CP muy duro, que preverá la prisión permanente revisable (cadena perpetua) en algunos casos. Como dice Julián Ríos en su reciente libro La Prisión Perpetua en España: razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad, “es el poder político el que se hace eco de la propuesta de la cadena perpetua a través de la presión mediática de colectivos de víctimas obviando interesadamente una reflexión serena acerca de su compatibilidad con los derechos fundamentales y una explicación social de las consecuencias de esta pena”. Ter García, en su artículo “Si no hay terroristas habrá que inventarlos”, publicado en el periódico Diagonal el 28 de enero de 2015, analiza el contenido de la reforma del CP, que entrará en vigor el próximo 1 de julio: “Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, explica que la definición de terrorismo del anteproyecto de ley ‘es tan vaga y tan poco concreta que permitiría decir que es terrorismo cualquier cosa’. Mercedes Alonso, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Valladolid, afirma que la nueva ley es un paso más hacia el derecho penal del enemigo, en el que se castiga a las personas por lo que piensan antes que por lo que hacen. ‘Desde hace varios años se está produciendo una hipertrofia de la regulación del terrorismo, ampliando los tipos penales hasta el extremo de anticipar la respuesta penal a conductas que están muy alejadas de constituir una amenaza a la paz social’, explica Alonso”.

Nos dirigimos al abismo. Los medios deshumanizan a las personas y no se concibe al terrorista como un delincuente más que goza de unos derechos fundamentales. Unas personas que se reúnen y ostentan ideas radicales son detenidas por la comisión de un delito de terrorismo, el paradigma del enemigo del Estado. Se produce un incremento desmesurado del punitivismo presentado como defensa ante este enemigo y la demonización de su figura. La finalidad es su aniquilamiento por “lo que se es”, en lugar de por “lo que se hace” mediante una legislación procesal especial, más represiva y limitadora de los derechos fundamentales. A este fenómeno jurídico el jurista alemán Günther Jackobs lo llama Derecho Penal del Enemigo. Por su parte, el chileno Juan Bustos afirma que la legislación antiterrorista “no está dirigida a hechos determinados, sino a sujetos determinados, a los terroristas, con lo cual ya el principio básico del derecho penal como un derecho sobre hechos y no sobre autores, resulta afectado” y la protección efectiva de los derechos se encuentra en claro retroceso.

En el momento en que escribimos estas líneas, todavía permanecen en prisión provisional, a espera de juicio, dos personas por el Caso Mateo Morral y cinco por la Operación Piñata. Animamos a obtener información actualizada sobre este tema en la web www.efectopandora.wordpress.com. Ver También: BUSCANDO AL ENEMIGO

Ciudadanos

"Comparto con CIUDADANOS casi todas sus líneas esenciales, por no decir todas" (Esperanza Aguirre).

"Estamos defendiendo un equilibrio entre igualdad de oportunidades y economía de mercados, apoyar a la gente que lo está pasando mal en la crisis pero a la vez reactivar la economía" (Albert Rivera).

Dieron el salto del ámbito de la política catalana, donde ya llevaban algún tiempo, a la política nacional, y en su primera prueba de fuego, las Elecciones Autonómicas Andaluzas, han conseguido 9 escaños en el Parlamento de Andalucía. La formación política liderada por Albert Rivera se ha estrenado muy bien fuera de sus iniciales fronteras, y aparece como un actor importante en la baraja de las nuevas opciones políticas. ¿Pero quiénes son Ciudadanos? Pues básicamente un partido de la nueva derecha, una derecha maquillada, que esconde su ideario, una derecha más light, más civilizada, más moderna, práctica y funcional que la derecha clásica del PP y sus adláteres. Y en efecto, su programa económico, liderado por Luis Garicano, disfruta de la simpatía de los grandes agentes económicos, de las grandes empresas del IBEX-35 y hasta del mismísimo Joan Rosell. El PP ya comienza a tratarlo con respeto, como se comprueba en la declaración de Esperanza Aguirre, destacada en la cita inicial. E incluso en el ámbito europeo, disfrutan de la simpatía de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa. 

Tenemos muchas "pistas" para intentar reconocer el auténtico ideario (más bien deberíamos hablar de propuestas, ya que en realidad no están adscritos a ningún ideario concreto) de Ciudadanos, como los frustrados intentos de converger con UPyD, a la cual parece que su electorado y dirigentes les están pasando factura. En efecto, el partido de Rivera no reconoce ni apuesta por el Federalismo, ni por el derecho a la autodeterminación de los pueblos (obsérvese la encarnizada lucha que tienen en Cataluña con el frente independentista), ni por la implantación de la República, y mucho menos por la instauración de un Proceso Constituyente que permitan regenerar todos los aspectos de nuestra limitada democracia, surgida a raíz del régimen político creado desde la Constitución de 1978. Sin adscripción ideológica formalmente definida, navegan en un mar de propuestas que ellos tildan como "sensatas", "razonables", de "sentido común" o de "regeneración democrática", parcheando por aquí y por allá, a diestro y siniestro, para captar el voto de desencantados a izquierda y derecha del arco político, y sobre todo, del electorado más joven, nicho abundante de su reciente éxito electoral. 

La juventud de su líder (de hecho, aparece como el político mejor valorado en el conjunto de España según las últimas encuestas del CIS), y su escape de la órbita de influencia de las clásicas ideologías, han calado entre un sector joven del electorado, que no vota al bipartidismo decadente, representando Ciudadanos una opción centrada y regeneradora para ellos/as. En su web aparecen bajo el eslógan "La alternativa viable y sensata para transformar España". Se definen muchas veces como partido "de centro" (algo que no existía desde los tiempos de la UCD postfranquista), y proponen medidas, algunas de ellas bajo un halo de falso progresismo, pero con una peligrosa letra pequeña que siempre hay que interpretar. Porque como decimos, su indefinición y ambigüedad está clara en casi todos los frentes que tocan, por lo que pensamos que, en realidad, las propuestas de Ciudadanos obedecen a un moderno conservadurismo disfrazado de progresismo. 

Y de este modo, no se definen por ejemplo en cuanto a sanidad pública y universal (de hecho, el pasado 10 de marzo, Ciudadanos y el PP fueron los únicos partidos que no firmaron la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud impulsada por Médicos del Mundo, y abogan por limitar la posesión y/o cobertura de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes), no se definen en cuanto a si la religión debe estudiarse en la escuela pública o no, o en cuanto a cómo hay que abordar la política de vivienda y el drama de los desahucios. Tampoco lo hacen sobre cuestiones clásicas de reivindicación de la izquierda, como la Memoria Histórica, ya que según declaraciones del propio Rivera, ellos no están por el "revanchismo", ni por seguir alimentando los bandos, y no ven al resto de opciones políticas como adversarios, sino como compatriotas. Pero lógicamente, detrás de todo este lenguaje moderno y conciliador, se esconde la misma ideología que viene sosteniendo el PP durante décadas.

Parece por tanto que no acaban de tener claras algunas cuestiones, por lo cual se nos ofrecen como una opción oportunista, cambiante en el tiempo, y a la que, de vez en cuando, les sale una muy feroz vena conservadora. Pero veamos con más detalle algunos puntos importantes de su programa económico, muy interesado en líneas generales en medidas para favorecer el apoyo y el crecimiento empresarial. Tenemos por ejemplo lo que ellos denominan el "Complemento Salarial Anual Garantizado" (mediante el que se garantiza un complemento económico para todos los trabajadores/as hasta alcanzar un salario digno), una convergencia en los tipos de IVA hacia un tipo único en torno al 16%, que se aplicaría a casi todos los productos y servicios, la eliminación de la actual dispersión contractual, mediante la creación de un "Contrato Único" (de carácter en principio indefinido, que aumentaría progresivamente el coste del despido de los trabajadores/as), o la propuesta de la denominada "Mochila Austríaca", bajo la que se esconde la importación del modelo de dicho país en cuanto a la reserva del 1% del salario bruto, que acumularían los trabajadores/as con el paso de los años, acumulable también a su paso por diferentes empresas durante su vida laboral, de cara a la cobertura de posibles indemnizaciones y jubilaciones. 

Como puede comprobarse, estamos ante medidas de la corriente del neoliberalismo en su estado más puro, pero remozado bajo una supuesta capa de regeneración democrática, punto éste fundamental para ellos, puesto que se muestran completamente intransigentes en lo que a los casos de corrupción se refiere. Pero por supuesto, no apoyan ninguno de los postulados de una política que pueda colocar por encima los intereses de la inmensa mayoría social, tales como una auditoría de la deuda (bajo llamadas a la "responsabilidad" de tener que pagarla), la nacionalización de las grandes empresas de los sectores productivos básicos, los amplios programas de generación de empleo público, la creación de un sistema de banca pública, o la asignación de una renta básica para aliviar la grave crisis humanitaria que padecemos. 

En opinión de Armando B. Ginés: "El auge ¿controlado? de Podemos demandaba, sin embargo, un factor que contrarrestara su halo de alternativa sin color definido y de ideología ambigua. Podemos tiene un caladero muy variopinto: electores de IU, PSOE e incluso PP, por lo que una hipotética mayoría electoral con sesgo izquierdista preocupaba a las instancias de poder invisible que han alentado por activa o pasiva su actual fuerza sociopolítica. De ahí, la aparición súbita y artificial de Ciudadanos, un engendro político que puede detener la hemorragia previsible de votos en el PP. Ciudadanos es una solución de emergencia que pretende dos objetivos concretos: recabar votos y voluntades desafectos o enojados con el PP de Rajoy para la derecha, y restar adhesiones a Podemos. En el fondo, está aflorando un bipartidismo alternativo al consabido de PP y PSOE. ¿Desempeñarán Podemos y Ciudadanos roles idénticos a PSOE y PP o solo de cobertura excepcional ante una situación crítica del entramado sociopolítico en vigor? Pronto saldremos de dudas de si existe margen para un proyecto histórico diferente al surgido de la transición franquista". 

Así que ya sabemos lo que podemos esperar de la formación política de Albert Rivera. Por tanto, el verdadero cambio político que rompa el escenario actual sólo podrá venir si Podemos no defrauda en sus expectativas, si consigue seguir ilusionando a una mayoría social deseosa de regenerar la vida pública, de acabar con la austeridad, de garantizar los derechos humanos, y de acabar con la explotación y con el modelo de crecimiento depredador que nos ha caracterizado en épocas pasadas. Porque, tal como afirmó Pablo Iglesias: "Ciudadanos no supone un cambio, sino un recambio". Ver: Podemos

Podemos

El País estaba cambiando mucho y rápidamente. La clase política a lo suyo: mantenerse y reproducirse. Algunos lo vieron, otros lo intentaron convertir en política sin demasiado éxito. Un grupo de jóvenes audaces y con mucho valor, con experiencia política de alto nivel, llegaron a la conclusión de que era el momento para lanzarse a la arena política y jugársela.

En política no basta conocer, no basta formular, hay que decidirse. Ellos decidieron y así surgió Podemos. Se ha dicho muchas veces: fue un terremoto que desencadenó un tsunami. El campo de la política cambió y de una u otra forma, todas las fuerzas políticas se vieron afectadas y tuvieron que cambiar sus respectivas agendas. Parafraseando una vieja metáfora militar a la que tanto nos acostumbró Antonio Gramsci (recientemente la ha usado Pablo Iglesias), la dirección de Podemos se lanzó a una guerra de maniobra que rápidamente se convirtió en una guerra relámpago. Hubo quien vio ya a Moscú en el horizonte. Pasada la sorpresa, el poder, los poderes, reaccionaron al modo de los generales rusos, dejar que Podemos avanzase resistiendo ordenadamente para oponerles finalmente un fuerte muro defensivo y pasar resueltamente al contraataque. La contraofensiva hace tiempo que comenzó, ahora estamos viendo sus consecuencias. El ‘tratamiento’ político dado a Podemos explica muy bien qué tipo de poder existe en nuestras sociedades y el modo en que este se organiza y actúa. Rápidamente, pasada la sorpresa inicial, las cloacas del Estado empezaron a funcionar a tope. Se habla mucho de la influencia latinoamericana en Podemos. La paradoja es que la ofensiva contra el partido de Pablo Iglesias se hizo al modo latinoamericano: la ferocidad, la doblez sin límites y la mentira conscientemente creada por los medios, es decir, las mismas tácticas que se usaron contra Chávez, contra Evo, contra Correa, contra Humala, contra Lula. La ‘trama’ funcionaba en su plenitud: servicios secretos, fundaciones, periodistas “bien informados” y todo un aparato de comunicación que, poco a poco, fue ahogando a los actores más independientes. Analicemos medio a medio, periódico a periódico, cadena de televisión a cadena de televisión, para ver las “manos visibles” de poder financiero y político al asalto de unos medios en la ruina y adictos a ‘ayudas’ de todo tipo. Cuando se habla de crisis del régimen se suele asociar a una especie de parálisis, de hundimiento, de pasividad. No es así. Crisis significa lucha, conflicto. En el centro, el poder. Unos para mantenerlo aunque sea reformándose, otros para derribarlo o transformarlo. Es una lucha entre sujetos sociales y políticos, entre percepciones construidas socialmente y movilizaciones en la calle. Los horizontes de sentido de las personas se modifican rápidamente y se abren ventanas de oportunidad. Esto es lo que significa la crisis, pero hay, esto nunca se debe olvidar, una enorme desigualdad de poder y este es, sobre todo, el poder del Estado, es decir, condensación de la fuerza y unidad de decisión. La estrategia anti-Podemos no ha sido solo el insulto, la fabricación mediática de casos o la mentira soez. Han habido otras tácticas más sutiles, más de fondo, realizadas, principalmente, del lado del área del PSOE. Me refiero a eso que podríamos llamar la respetabilidad como fundamento del hacer política aquí y ahora. Fue una de las herencias más negativas de la Transición, lo que se llamó la cultura del consenso. Se pretendió, y se consiguió durante años, excluir el conflicto del discurso oficializado; cualquier divergencia de fondo era rechazada y situada en los márgenes oscuros de lo antisistémico. La IU de Julio Anguita fue el ejemplo más evidente de lo que se acaba de decir. La respetabilidad tenía que ver con este consenso básico. Los poderes, los medios de comunicación centralmente, forzaban a las fuerzas políticas, a los dirigentes, hacia una respetabilidad basada en la aceptación de los consensos fundamentales, en sus formas y en sus fondos. Castigaron y siguen castigando durísimamente a quienes no lo hacen, y premian generosamente a los que se someten. Esto ha pasado con Podemos. Los medios han usado el palo y la zanahoria, es decir, el ataque brutal combinado con una salida hacia la respetabilidad. El resultado ha sido mellar el discurso de Podemos, desdibujarlo, a la vez que demolían sin piedad a su equipo dirigente. Es una guerra de verdad. La creación de Ciudadanos como fuerza estatal ha sido parte de una estrategia global a largo plazo. El asunto no es fácil; fortalecer a Ciudadanos tiene como consecuencia inmediata un debilitamiento del PP y la liquidación de UPyD. Esto señala un conflicto de los poderes económicos y mediáticos con el gobierno de Rajoy. Que el PP acepte tener que compartir el poder con un partido como Ciudadanos no será fácil. Lo que consiguen los que mandan de verdad es enorme: frenan por la derecha a Podemos, neutralizan a un PP en decadencia, dan nuevos aires al PSOE y ponen en el centro de su operativo a Ciudadanos, una fuerza política capaz de impulsar una nueva revolución neoliberal en España. Todo ello en nombre de la lucha contra la corrupción, contra la vieja política y en favor de la Unión Europea, del euro y de la agrietada modernidad. Podemos, como fuerza política, se encuentra ante una disyuntiva nada fácil. Corre el peligro de ser fagocitada por las fuerzas que ella misma desencadenó. Está siendo sometida a una durísima guerra de posiciones, enfangada en las casamatas, duramente acosada, combate para el que no estaba preparada (¿Quién lo está?), se ve obligada a construirse como organización en el cerco, en la lucha, en el conflicto. Mucho me temo que los que mandan han llegado a la conclusión de que ya es el momento de aplastar el potencial de rebeldía, ilusiones y esperanzas que Podemos desencadenó. Creo que se equivocan y que Podemos ha venido para quedarse. Simplemente, la vida les obliga a repensarse de nuevo, a adaptarse a una coyuntura política que se ha movido radicalmente, que se ha modificado, en gran parte, por la propia existencia de Podemos. Como el viejo comunista sardo sabía muy bien, una estrategia de posiciones y de cerco mutuo exige mucha energía, hegemonía concentrada, un gran tesón y aguante, mucho aguante. Primero, se necesita una dirección cohesionada que sepa a dónde ir y cómo ir; con un liderazgo claro que dé seguridad y que señale el camino. Segundo, discurso preciso, diferenciado, que convierta lo que la gente ya sabe en política, en programa, en el centro, un nuevo proyecto de país. Tercero, una campaña que haga organización, que genere alegría, entusiasmo, esperanza, sueños posibles… Cuarto, convencer emocionando, razón y pasión; pasión razonada pues. Para los que defendemos una estrategia de unidad popular, una salida democrático plebeya a la crisis de éste régimen, Podemos sigue siendo un elemento fundamental. Como ha venido insistiendo Julio Anguita, Podemos ha abierto una grieta que, entre todos, debemos convertirla en una brecha que rompa los muros del poder. Lo básico es que Podemos crezca y se desarrolle, que crezca y se desarrolle IU, así como las demás izquierdas. Todos juntos somos aún insuficientes para constituirnos en poder constituyente y desde ahí alumbrar un nuevo régimen basado en la igualdad, la libertad y la justicia. Necesitamos todas nuestras fuerzas, toda nuestra capacidad de unidad para vencer. La disyuntiva sigue siendo la de la fase histórica, restauración o ruptura. Debemos y podemos. La unidad no tiene alternativa. Texto: M. M. Ver: Game Over.

Keynes & Galbraith

Las falsificaciones históricas son un instrumento indispensable para mantener el poder y asegurar la explotación de los oprimidos. Cuando una parte importante de la población piensa que el orden social es resultado de una evolución natural, aún cuando dicho orden social sea a todas luces injusto, el resultado será la resignación y la sumisión a los dictados de los poderes establecidos. Es posible que las falsificaciones históricas sean el mejor aliado de las clases dominantes. 

Carlos Marx

Pero las falsificaciones históricas adoptan muchas formas. Una de ellas se encuentra en la evolución de la teoría económica. Y aquí es donde se inserta el tema central de la obra de Warren Mosler. Los Siete fraudes inocentes capitales de la política económica que analiza Mosler con gran rigor y no sin sentido del humor constituyen falsificaciones de dimensiones históricas que juegan un papel fundamental a favor de las clases dominantes. Estos fraudes inocentes están basados en sendos errores de teoría macroeconómica. Cubren un territorio muy amplio que va desde una visión equivocada sobre la naturaleza, estructura y dinámica de las finanzas públicas, hasta las distorsiones provocadas por la desatinada visión que se tiene sobre el funcionamiento del sistema bancario y la política monetaria. De la aguda mirada de Mosler no escapa la percepción dominante sobre las causas y la lucha contra la inflación, ni las distorsiones existentes sobre los distintos componentes de la balanza de pagos. Su examen cubre todos los campos de la teoría y la política macroeconómica y contribuye a desmitificar siete de los mitos más destructores que marcan la política fiscal, monetaria, crediticia y cambiaria en la economía contemporánea.

La terminología es muy importante. ¿Por qué se denominan fraudes inocentes? Mosler nos dice que la respuesta se encuentra en el libro de John Kenneth Galbraith La economía del fraude inocente, publicado en 2004. En esa obra, Galbraith aclara que la presunción de inocencia proviene del hecho de que los académicos, tecnócratas y políticos que sostienen estas ideas no conocen su error y, por el contrario, están convencidos de tener la razón y de contar con un análisis certero. Para Galbraith, los que así piensan ni siquiera aceptarían su error porque eso los llevaría ipso facto a incriminarse, cosa que nadie en su sano juicio haría. Por eso califica a estos fraudes de inocentes. Los fraudes inocentes en macroeconomía permiten construir una imagen distorsionada de la economía de un país, de sus relaciones sistémicas fundamentales y, sobre todo, hacen posible manipular la opinión y las creencias de la población sobre la conducción de los asuntos públicos.

Especialmente importante es la manipulación que permiten los fraudes inocentes en el ámbito del análisis de los orígenes de las crisis y las recetas políticas para enfrentarlas. El terreno de la política macroeconómica es particularmente fértil para que surjan estas falsificaciones y las recetas basadas en fraudes inocentes. Quizás la razón reside en el hecho de que la teoría macroeconómica se encuentra en un estado “de flujo”, como dijeran en 1989 Blanchard y Fisher en la introducción a sus Lecciones de macroeconomía. Para estos autores la teoría macroeconómica es un espacio activo y dinámico en el que los conceptos fundamentales siguen siendo sometidos a un examen riguroso, como en toda ciencia que se respeta a sí misma. Esa publicación tiene ya más de veinte años, pero la mayor parte de los académicos que se dedican a la macroeconomía piensan lo mismo al día de hoy. Me temo que yo tengo otra interpretación.

El campo de la teoría macroeconómica ha sido, desde que John Maynard Keynes publicara su Teoría general, el terreno de una batalla en la que las principales armas han sido, precisamente, el fraude inocente y la falsificación teórica. Más que encontrarse en “estado de flujo”, la teoría macroeconómica es un espacio en el que las clases dominantes y sus corifeos en la academia han desplegado su talento para distorsionar, manipular y engañar al público en general sobre la estructura y dinámica de las economías capitalistas.

Y es que los atisbos e intuiciones fundamentales de Keynes llevan a una conclusión central: las economías capitalistas son esencialmente inestables. Ésta es la conclusión que el establishment académico no le podía perdonar. Más allá de la irritación que pudo provocar la crítica de Keynes a la ley de Say, la importancia otorgada a la incertidumbre, su teoría de la demanda efectiva o su visión sobre la no neutralidad del dinero y la creación monetaria (tema que abordó en su Tratado sobre la moneda), la conclusión sobre la inestabilidad intrínseca de las economías capitalistas fue el detonador de la ofensiva en contra del pensamiento keynesiano.

El significado profundo de esta característica inherente al capitalismo tiene tres componentes. El primero es que la inestabilidad implica el desperdicio de recursos y, en especial, el desempleo, la gran preocupación de Keynes. El segundo es la propensión a las crisis periódicas, tanto en el ámbito de los mercados financieros, como en la economía real (no financiera). Y el tercero, finalmente, es el más importante: la inestabilidad requiere de la intervención de agentes extra-económicos para evitar el colapso no sólo de ‘la economía’, sino de toda la sociedad. En un contexto de inestabilidad intrínseca del aparato económico, la intervención sólo puede provenir de agentes extra-económicos. Y eso vulnera el principio de la autonomía del ‘lo económico’ frente a la esfera de la política. De pronto, el análisis de Keynes implica el rechazo a la idea de que el mecanismo de lo económico puede analizarse sin referencias a la política y la ética.

La necesidad de una intervención externa es, por supuesto, el corolario de los dos primeros componentes mencionados en el párrafo anterior. Si lo que Polanyi llamara el ‘mercado autorregulado’ no puede asegurar por sí solo las condiciones de producción y distribución que requiere la sociedad, las bases mismas de la noción de economía de mercado se destruyen. Es más, los fundamentos de la teoría económica misma se desvanecen. Es obvio que la academia tenía que reaccionar. Las órdenes de marchar contra el enemigo incluyeron todas las argucias y embustes del manual de doctrina militar. 

Como el ataque frontal no era fácil debido a la popularidad que alcanzaba el análisis de Keynes (sobre todo en los años que siguieron a la crisis de 1929), la estratagema preferida fue la distorsión y ‘recuperación’ del pensamiento de Keynes. El objetivo fue extirpar los elementos juzgados como los más subversivos en su obra. El resultado fue la síntesis neoclásica que abrió las puertas a la crítica que vendría vestida de neo-monetarismo y de expectativas racionales. La teoría macroeconómica se convirtió en un baile de máscaras en el que los enemigos de Keynes se disfrazaron de keynesianos y neo-keynesianos para abrirle el espacio central en la pista de baile a la nueva macroeconomía clásica en cuyos postulados se encuentra la negación absoluta de toda la obra de Keynes. En este ballo in maschera, la música la proporciona la orquesta de fraudes inocentes.

Por fortuna subsistieron los pensadores y académicos que han sido agrupados bajo el nombre de post-keynesianos, comenzando con Joan Robinson y los colegas y colaboradores originales de Keynes, hasta llegar a los trabajos de Wynne Godley, Hyman Minsky, Victoria Chick y Paul Davidson, entre otros. Para estos pensadores, pensar en la inestabilidad intrínseca del capitalismo no quita el sueño, lo que permite por la mañana, cuando sale el sol y las sombras del oscurantismo se retiran, pensar en soluciones para problemas como prevenir la crisis o, si ésta ya ha estallado, superarla sin causar más daños al cuerpo social. Mosler hace referencia a este cuerpo de pensamiento y destaca la importancia de las alternativas de política macroeconómica que se desprenden de este análisis.

Cabe hacer un pequeño paréntesis para traer al frente del escenario uno de los fraudes inocentes más importantes de todos los tiempos. La idea de que en alguna parte del universo existe una teoría que demuestra que las fuerzas competitivas en el mercado conducen a la formación de precios de equilibrio es quizás la falsificación más extendida. Aunque hoy sabemos que la teoría neoclásica del mercado en su versión más desarrollada, la teoría de equilibrio general, nunca pudo ni podrá demostrar que los precios de equilibrio se forman por las fuerzas del mercado, este secreto se conoce en un reducido círculo en la academia. La falacia persiste y cabalga por todos los paisajes, desde los planes de estudio que insisten en engañar al estudiante de Economía, hasta el imaginario popular y, por supuesto, los corredores de los ministerios de economía en todas partes. Este otro fraude inocente es parte de los siete fraudes a los que se refiere Mosler. Es parte, a fin de cuentas, del esfuerzo por destruir el pensamiento macroeconómico y reducir todo a la “microeconomía”. Es algo así como el regreso al dictado de la señora Thatcher, “la sociedad no existe, sólo existen individuos”. La teoría de equilibrio general se ha convertido, a través del proyecto de darle ‘micro-fundamentos’ a la teoría macroeconómica, en uno de los fraudes inocentes más importantes.

Éste no es un libro reservado para tecnócratas o para políticos. Es un libro para todos. El quehacer ciudadano necesita este tipo de referencias para rebasar el muro de las falsificaciones históricas y los fraudes inocentes. Polanyi ha demostrado cómo, en una economía de mercado, todas las relaciones sociales se encuentran subordinadas a las relaciones mercantiles. Este libro es un instrumento para comprender cómo podemos comenzar a reorganizar el espacio social y recuperar el tiempo de la fraternidad y la solidaridad. Texto: A. Nadal. Ver: Estado y Capital

Cataclismo financiero

Es difícil saber cuántos cientos de miles o de millones de personas, en el siglo XXI, continúan creyendo en lo que bien podría ser leído como una broma: la multiplicación de los panes y los peces. Es uno de los milagros que se atribuyen a Jesús. Según la Wiki, el suceso está contado seis veces en los Evangelios: “los cuatro evangelistas describen la primera, en que 5 mil hombres son saciados con cinco panes y dos peces; Mateo el apóstol y Marcos, además, relatan la segunda, en que 4 mil hombres se alimentan de siete panes y ‘unos pocos pescados’”. ¿De la nada fueron creados panes y peces? Pero lo que sí que es contundentemente cierto, es que de la nada los banqueros privados multiplican el dinero: lo crean, se han enriquecido por más de dos siglos sin freno posible, y han provocado con ello múltiples crisis financieras en la historia del capitalismo; esquilman sin cesar y la gran mayoría de la población no se da cuenta cómo lo hacen.

La multiplicación del dinero es una práctica común y corriente de los banqueros privados. El dinero bancario que, repitamos, esquilma, ha llegado a funcionar como algo que ya parece pertenecer al orden natural. Nadie necesita preguntarse cómo es posible que con papeles de valor intrínseco insignificante (billetes) pueda adquirirse todo.

Hablamos del dinero fiduciario, es decir, dinero basado –para ventura de los banqueros– en una confianza que conlleva un atroz engaño. La confianza referida la otorga el Estado, que mantendrá la validez inscrita en un papel sin valor intrínseco. Nadie se negará a recibir los billetes del país con los que paga cualquier cosa un connacional, o los billetes reconocidos como divisas internacionales.

Simplifiquemos: A deposita, digamos, 100 mil euros en el banco Z. Lo mismo hacen los miles de clientes que tiene el Banco Z aunque con cifras muy diversas. Las autoridades financieras exigen que los bancos creen reservas cuyo monto depende del riesgo que conlleven los créditos que otorgan. Supóngase que los clientes de Z han depositado 200 millones de euros y que esas autoridades han exigido a Z crear una reserva promedio de 10 por ciento (20 millones). Z puede prestar entonces hasta 180 millones con intereses estratosféricos, como son los que se cobran en algunos países y ganar millones con dinero que no es de Z. ¿Le parece normal?

Quienes pidieron prestados 180 millones a Z los depositan en los bancos X y W (no importa en cuántos bancos). X y W crearán una reserva de 10 por ciento (18 millones) y podrán prestar hasta 162 millones; ahora son X y W los que ganan millones con dinero ajeno. Pero no ha ocurrido sólo eso. A ha puesto en circulación 180 millones, y X y W, 162 millones, es decir: 342 millones; y el proceso sigue porque los prestatarios de X y W depositarán sus préstamos en J y K, que repetirán a su vez los procesos anotados, y así sucesivamente. Si continuamos el proceso en esos términos, al final los bancos habrán puesto en circulación 2 mil millones, habrán creado una reserva de 200 millones y habrán ganado un mundo de dinero. Esa es una forma de creación de dinero que, justamente, se llama dinero bancario.

Siguiendo el ejemplo descrito, es lo que sucede con el curso de un conjunto de depósitos de origen de 200 millones. Lo mismo que inicialmente ocurrió con A, ocurre en todos los bancos, con todos sus clientes, todos los días, de modo que los montos de dinero creados por los bancos son cifras astronómicas sin control posible. La globalización neoliberal abrió las compuertas a la creación de dinero, como nunca en el pasado, con otra práctica común y cotidiana de los bancos: no requieren los depósitos de nadie, para otorgar créditos a diestra y siniestra, creando así dinero en montos inimaginables a partir de nada, de absolutamente de nada, y con eso ganan cifras indescriptibles. Desde 2008 ese proceso ha sido brutalmente reforzado con las inyecciones billonarias o trillonarias de dinero efectuadas por los bancos centrales, especialmente de USA, la UE, y Japón. El capitalismo ha cruzado una línea de no retorno, y vive en el riesgo de ahogarse en un océano insondable de dinero que no podrá absorber de manera alguna. Tiene que ocurrir un cataclismo ciclópeo para salir de esa, y no sabemos que quedará, aunque en el curso del derrumbe pudo haber surgido un alza en el movimiento de masas en el mundo que podría haber creado un buen número de salidas.

Agregue a nuestra descripción simplificada de lo que hoy ocurre en el mundo financiero las trampas, como los esquemas Ponzi, la creación de burbujas con la manipulación del crédito, la venta interbancaria de paquetes de créditos llamados tóxicos (incobrables): así tenemos una pálida aproximación al caos financiero internacional del presente.

Islandia ha tomado en serio la realidad espeluznante de esta rapiña y está en proceso de quitar a los bancos el poder de crear dinero a partir de nada. La función de crear el dinero necesario para la intermediación comercial y la inversión necesaria, la cumplirá la banca central pública. Haciendo a un lado todas las chapuzas que cotidianamente cometen los banqueros, y quedándonos exclusivamente con las funciones de intermediación que requieren los mercados, debe ser creado un servicio público que cubra esa necesidad en todo el mundo. Texto: J. Blanco. Recomendado: Carlo Ponzi

Estado y Casta

El Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del “orden” que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases. Vivimos sin embargo un tiempo en que, a decir de muchos, ya no hay clases sino a lo sumo ciudadanía, quizá enfrentada a una casta que se habría apoderado del Estado para su provecho. Bastaría entonces quitar a la casta para poner honrados ciudadanos en su lugar para que el Estado ejerciera su natural función benéfica a favor del conjunto de la ciudadanía.

 El asalto a las instituciones, la regeneración democrática, y otras martingalas por el estilo hallarían así justificación; vayamos a votar entonces, coloquemos democráticamente, mediante las urnas, a líderes honrados al frente del Estado, y veremos florecer una nueva política para la gente, no para los mercados. No descubriremos nada a nadie si afirmamos que el democrático asalto a las instituciones estatales por parte de algunos antiguos enemigos del orden (mano a mano con muchos viejos partidarios del poder absoluto del Estado más o menos rojo) supone el enésimo intento del sistema capitalista por renovarse, dotándose de un rostro más amable y llevadero. Que todo cambie para que todo siga igual. Sumidos en una crisis sin precedentes que priva a millones explotados de nuestro único derecho (esto es: ser explotados, trabajar), los modernos mercaderes de ideología izquierdista creen haber encontrado la fórmula que resuelva nuestros problemas: El Estado, controlado por ellos mismos, pondrá coto a los excesos del capital, lo regulará, defenderá a los indefensos y se pondrá al servicio de los de abajo; sólo hace falta regenerar la democracia, secuestrada por una élite insensible a los sufrimientos del pueblo y aliada de los banqueros, construir una “democracia de la gente” y que dejen de decidir “los mercados”. Así regenerado el Estado democrático se transformará en instrumento al servicio de la gente corriente frente a los abusos del poder económico. La realidad es más compleja que las simplificaciones de los regeneradores de la democracia y no admite soluciones como poner al mando del aparato estatal nuevos líderes, que desarrollarán nuevas políticas que favorecerán a los de abajo y no a los de arriba. El problema central es la naturaleza misma del aparato estatal. No se trata de una cuerda que serviría tanto para ahorcarse como para escalar montañas: no es un objeto neutro apto para diversas funciones dependiendo de en qué manos caiga y el fin que se persiga. El Estado es una estructura organizativa (en primer lugar, la organización de la represión. ¿Es concebible un Estado sin policía, sin cárceles?) diseñada para mantener la explotación de una clase en beneficio de otra. Es una máquina de opresión, surgida como la conocemos en los albores del capitalismo y perfeccionada con cada crisis, con cada ciclo de crecimiento, con cada recesión y, sobre todo, con cada intento de rebelión y ruptura por parte de los explotados. Como tantas veces antes, es necesario decir la verdad frente a las mistificaciones de la democracia. El Estado es y seguirá siendo lo que siempre ha sido: un instrumento de dominación. El Estado democrático es el instrumento de dominación más perfeccionado que la clase dominante posee para garantizar su orden y mantener vivo su sistema. El llamamiento a la participación masiva en la vida democrática es un llamamiento a que los explotados nos hagamos partícipes de nuestra propia explotación y miseria, de nuestra propia desposesión, colaborando en el sostenimiento de la dominación. Nos presentan nuevamente, como tantas veces antes a lo largo de la historia, falsas alternativas ante las que deberíamos tomar partido. Mercado o Estado. Dictadura o Democracia. Estas supuestas dicotomías dejan en pie lo esencial y falsean el problema. Mercado y Estado son dos caras de la misma moneda, dos aspectos del mismo sistema de dominación que no pueden existir independientemente. El Estado es el brazo armado del mercado, del capital. No es ni puede ser árbitro imparcial en los conflictos sociales, ni proveedor desinteresado de servicios, ni garante de derecho alguno. A su vez la democracia es la forma predilecta del Estado capitalista en la mayoría de escenarios históricos; las formas abiertamente dictatoriales entran en escena obligadas por la necesidad imperiosa del capital de imponer a sangre y fuego la paz social, sin las restricciones formales de la democracia (aunque debemos señalar que los modernos Estados democráticos tienen hoy infinitamente más poder que los totalitarismos de antaño). En determinadas circunstancias el Estado puede liquidar a la antigua clase explotadora para erigir una nueva, siempre manteniendo lo esencial: la explotación y opresión de una clase por otra. Para los explotados y oprimidos lo esencial nunca cambia, y poco importa si la explotación se lleva a cabo en beneficio de una élite burguesa al frente de las grandes corporaciones o en beneficio de una élite burocrática al frente de un Estado “socialista”. La explotación permanece, y la maquinaria represiva del Estado siempre está ahí para quien se rebele contra ella. Pretender tomar el Estado, sea por la vía democrática de las urnas y los votos o por la vía de las armas, para cambiar su función es marear la perdiz y es engañar a quien se deje. No se puede transformar una picadora de carne en un triciclo; no se puede transformar el Estado en una estructura que trabaje para los explotados. Para los explotados la única salida es siempre acabar con la explotación, y esto pasa por la destrucción del Estado. Nos encontramos una vez más ante un intento de dotar al capitalismo de un rostro más amable y más humano. Precisamente en un momento en que el capitalismo muestra, con más crudeza si cabe, lo que es y lo que tiene que ofrecer a la humanidad. Precisamente por eso, porque el capitalismo en crisis ya crónica no tiene nada que ofrecer, todo intento de remozar su fachada supone una defensa in extremis de un cadáver andante que caminando ciegamente hacia ninguna parte nos arrastra con él al abismo. Esta última defensa del capitalismo, un sistema que sólo se mantiene en pie porque no hay nadie que le dé una patada en la boca, es un engaño a los explotados y un regalo para los ricos. Es engañar a los explotados diciéndonos: esto no es un problema de sistema, es un problema de personas, ponednos a los buenos y todo irá bien. No podemos evitar pensar que si votar sirviera para algo hace tiempo que estaría prohibido. Y es justamente en los países donde el capitalismo es más fuerte, los centros neurálgicos del capital, donde la democracia reina sin apenas sobresaltos. Nos engañan y nos engañamos si creemos que algo sustancial puede cambiar mediante votos, urnas, parlamentos y cambios de gobierno. Nos engañan si pensamos que esto es un asunto de formas del aparato estatal, que con más participación, más “derechos”, más democracia se soluciona algo. Si nos permiten participar es porque haciéndonos participar nos hacemos cómplices de nuestra propia explotación y opresión; si nos permiten participar más es porque haciéndonos participar más nos hacemos más cómplices si cabe. La situación que vivimos, en la que la crisis del capital golpea con fuerza la vida de cada uno de los explotados (y no desgranaremos aquí los detalles, de sobra conocidos), no es un problema de personas ni de malas políticas. Con independencia y más allá de discusiones sobre el origen y naturaleza de la crisis, las recetas que el capital y sus ideólogos son bien conocidas: reducción de salarios, reducción de puestos de trabajo, intensificación de la explotación (aumento de la productividad), adelgazamiento del aparato estatal (desmantelamiento del llamado “Estado del bienestar”), intensificación de la obra de destrucción de todo lo vivo (comunidades humanas, ecosistemas, especies…). Y no hay más, porque no puede haber más. Lo que izquierda y derecha, dos lomos de un mismo perro, se disputan es el control del Estado para la gestión de la crisis del capitalismo. Unos pretenden amortiguar sus devastadores efectos sobre determinadas capas sociales (en particular, sobre una pretendida “clase media” en peligro de extinción) mediante el mantenimiento del Estado “social” y el control de algunos mecanismos de “los mercados” que consideran perniciosos. Los otros, seguramente más realistas, pretenden intervenir en los mercados para insuflarles nueva vida mediante “estímulos”, manteniendo las funciones esenciales del Estado (represión, intervención en la economía) y desechando las consideradas superfluas. La economía capitalista, “los mercados”, no puede existir sin Estado. Estado y mercado son dos caras de la misma moneda. El Estado capitalista no puede subsistir mucho tiempo sin democracia, sin las falsas alternativas de izquierda/derecha, sin la apariencia de participación y elección, siempre restringida a lo económicamente rentable y políticamente asumible por el sistema. Si bien en determinadas circunstancias tiene que recurrir al totalitarismo descarnado (tanto da que se llame fascismo, socialismo real o se recubra de democracia formal) presentar falsas salidas, hacer a los desposeídos participar, ofrecernos la ilusión de que nosotros decidimos algo, es esencial para un funcionamiento adecuado de la máquina Capital-Estado. En estas falsas alternativas que la democracia nos presenta siempre queda en pie lo esencial: la explotación, la alienación, la desposesión de nuestras propias vidas, y el omnipresente Estado. Mientras unos y otros partidos se disputan el control del Estado para una mejor gestión de la crisis del Capital, mientras se preparan elecciones paralizantes en las que no se elige realmente nada (las verdaderas decisiones ya están tomadas y se toman en otra parte), el capital sigue su marcha. Las condiciones de supervivencia de los desposeídos no hacen sino empeorar, y seguirán empeorando en los próximos años. Pese a los sueños de una “clase media” venida a menos que vio en los buenos años de la burbuja inmobiliaria la encarnación de las promesas capitalistas de una vida apacible y vacía llenada con consumo alimentado con crédito a chorro, esos tiempos no volverán; afortunadamente. Los más lúcidos ideólogos del capital lo tienen claro: los desposeídos debemos amoldarnos a la nueva situación, acostumbrarnos a vivir con menos, ajustar nuestro “estándar de vida”. Simultáneamente y en clara relación, se está produciendo una concentración acelerada de riqueza en cada vez menos manos. Para ello, la tarea de devastación del capitalismo sobre el planeta continúa, intensificándose: una destrucción masiva, intensiva, a alta velocidad de todos los ecosistemas de la tierra. Devastación que, cada uno en su barrio, en su pueblo, en su vida cotidiana seguramente no puede apreciar en su conjunto y que está haciendo desaparecer a marchas forzadas las condiciones que hacen posible la vida humana (y no sólo ésta) sobre la tierra. No pintamos apocalipsis; todas las instituciones, ONGs, etc. dedicadas a esto lo saben (se habla, y con razón, de una gran extinción de proporciones comparables a la que acabó con los dinosaurios). Lo que no pueden decir es que esta devastación está causada por un sistema irracional, depredador y demente, el capitalismo. Y lo que en ningún caso pueden hacer es buscar una solución, porque esta solución pasa ineludiblemente por la destrucción total y absoluta, sin dejar nada en pie, del sistema capitalista en su conjunto. Neguémonos entonces a entrar en su juego y al menos llamemos a las cosas por su nombre, rechazando las alternativas falsas que se nos presentan. La democracia es esto, y cualquier perfeccionamiento del Estado democrático atiende a las necesidades del capital, no a las de “la gente”. Al avance totalitario del Estado democrático, del que las innumerables medidas represivas con que los gobernantes nos obsequian a diario es una simple prueba, no podemos oponer “más y mejor democracia” sino la destrucción del aparato estatal en cualquiera de sus formas. Es un proyecto más ambicioso y arriesgado, sin duda, que al menos merece la pena.