¿Qué entendemos por auditoría ciudadana de la deuda?

Se dice que no hay dinero. Todas las políticas de recortes (especialmente las de sanidad, educación, salarios y pensiones) se justifican por la necesidad de controlar el déficit y pagar una deuda, en continuo crecimiento, que permita tranquilizar a los mercados. Sin embargo, esta justificación es sencillamente falsa. Sabemos que lo que se está haciendo es pagar con dinero público deudas privadas, la estafa fallida de la burbuja inmobiliaria de los bancos y demás entidades financieras.

Es el poder de estos agentes lo que domina la vida social y política. Las últimas pruebas del control de las finanzas y de los mercados sobre la vida pública son, por una parte, la entrega de más dinero con una disminución de la tasa de interés del 0,75 al 0,5% por parte del Banco Central Europeo a dichas entidades, una política que sólo sirve para cubrir sus pérdidas y facilitar que continúen acumulando y especulando. Por otra, el rechazo de la reforma de la injusta ley hipotecaria. Se trata en definitiva de un gran robo a la ciudadanía, un robo organizado por la banca, las entidades financieras y las multinacionales utilizando para ello la Administración central del Estado y las instituciones internacionales (Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario Internacional). Frente a estas políticas, los gobiernos autonómicos y municipales, así como los patronales y los sindicatos mayoritarios o las han avalado o no han sido un freno. La alternativa que propone la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y el 15M es la paralización del pago de la deuda pública y el inicio de un proceso de control ciudadano de las cuentas públicas, independiente de las instituciones, que determine la parte que no ha de pagarse por considerarse ilegítima. Ésta es la única política responsable. El Ayuntamiento de Alicante, a diferencia del de Alcoi y Muro, se opuso a la aprobación de una moción, y voces diversas se alzaron en contra de su realización, poniéndose en entredicho el significado de la auditoría ciudadana. La auditoría es un instrumento de control ciudadano que permite entender el origen de la deuda pública. Su importancia radica tanto en conseguir una salida de la crisis a favor de la gente trabajadora como en el proceso democrático y de empoderamiento de la ciudadanía en el que se basa. La auditoria se centra en la identificación de la deuda ilegítima. Numerosas deudas son ilegítimas porque han sido contraídas violando el derecho y/o porque no han beneficiado a la población. Aquí incluimos, por ejemplo, las deudas resultantes de una política fiscal regresiva o el rescate financiero de bancos y grandes empresas con fondos públicos. Algunos partidos se han mostrado a favor de la auditoria pero su planteamiento resulta pobre. Pobre en tres sentidos: en el concepto mismo de deuda ilegítima que utilizan, en el tipo de proceso que proponen, de donde se excluye a la ciudadanía como el agente principal, y en la falta de un pronunciamiento allí donde gobiernan que muestre la rebeldía necesaria contra el gobierno central y contra las instituciones europeas para declarar la moratoria del pago. Por otra parte, las instituciones no pueden llevar a cabo este proceso, pues históricamente, junto a los agentes sociales a ellas vinculados, siempre se han opuesto a cualquier cambio social significativo, solo logrado mediante la movilización ciudadana. Además, el alto nivel de clientelismo y corrupción oculta, invalida la participación en un primer nivel de análisis y decisión de la auditoría, de aquellas instituciones o agentes sociales cuya vida o supervivencia dependa de la Administración y de las entidades financieras. Tampoco la simple reactivación de los órganos de participación ciudadana existentes y ninguneados por las administraciones sería una medida eficaz. Por ello, y por el grado de deliberación colectiva y de desobediencia imprescindible para llevarla a cabo, la auditoría tiene que ser realizada de forma directa por técnicos y por una ciudadanía que sean independientes de las instituciones. Agentes principales serían el tejido asociativo y aquellos movimientos sociales activamente implicados en la lucha contra las políticas de austeridad y de contrarreforma laboral, las mareas, colectivos de gente trabajadora, consumidores, usuarios, así como otros colectivos habitualmente excluidos de los procesos de decisión. Existen procedimientos de deliberación y decisión ciudadana diseñados para facilitar la participación real del conjunto de la ciudadanía activa, como los procesos de participación popular aplicados en Elx 2008, el 15M o Porto Alegre, que podrían servir para desarrollar la auditoría. En el proceso de auditoría ciudadana el análisis de la deuda del Estado es el tema central, pues las políticas de austeridad y de privatizaciones que tienen lugar en otros ámbitos territoriales dependen de las políticas aplicadas por la Administración central. Paralelamente, se deben realizar auditorías sectoriales (sanidad, educación, medio ambiente, de género, compañías eléctricas) y en los niveles autonómico y local. Estos procesos requieren trabajar en colaboración con el resto de movimientos para unir recursos y esfuerzos. Cada movimiento ciudadano, cada lucha sectorial, cada comité de trabajadores, cada sección sindical, cada asamblea local, constituye una fuente de información sobre los procesos de endeudamiento, de recortes y de privatización de las diferentes instituciones públicas. Además, entendemos que las propuestas de auditoría de la deuda pública que presentan diferentes partidos políticos en las instituciones, en caso de llevarse a cabo, deben sacar a la luz información habitualmente oculta y permitir su acceso a la población para facilitar el proceso de auditoría ciudadana. La Auditoría ciudadana constituye un eje central para caminar hacia un nuevo modelo social y económico, para unificar las luchas contra el paro, los recortes y las privatizaciones, para evitar la extensión de actitudes populistas. En definitiva para recobrar el control sobre nuestras vidas. C. A. Ugarte, M. L. Andújar, A. M. Habas, Ll. Frías L., F. P. Villarroya y M. Girón