La democracia como mercado político

El siglo XX fue el siglo de la economía. El dinero ha sido la medida de todas las cosas, el afán de lucro ha sido el motor que ha movido todo lo que es susceptible de ser móvil.

Los mercados lo gobiernan todo, son el nuevo ídolo, el becerro de oro, ponen y quitan gobiernos, se autorregulan, se autorregeneran, son anónimos, no responden ante nadie, nunca se equivocan y su palabra es la ley.El siglo XXI lleva el mismo camino, aunque probablemente – como dice Ernst von Weizsäcker – cuando esté ya bien entrado, allá por 2030 se convierta en el siglo de la ecología cuando – debido a las consecuencias del calentamiento global – una botella de agua mineral cueste lo que una de buen cava. Entonces no nos quedará otra que ser ecologistas. Claro que a buenas horas.Así las cosas, no es de extrañar que en la última centuria la ciencia económica haya sido la más considerada de entre las ciencias sociales y que su influencia haya traspasado los límites de éstas y que algunas teorías económicas hayan sido adoptadas en la ciencia política, la sociología o en la historia. Uno de estos casos es el del estudio de la democracia como un mercado político.El primero que escribió sobre esto fue Schumpeter. Partiendo de la definición de mercado como un mecanismo de decisión colectiva, es decir, de asignación de recursos escasos a fines diversos mediante la interacción entre varios actores, para Schumpeter el mercado político sería un lugar donde se intercambia principalmente las promesas políticas de los candidatos por votos de los electores aunque se produzcan otros intercambios como los apoyos financieros y organizativos de los militantes de un partido o de un grupo de presión por concesiones en el programa político, los intercambios de gestión de los altos burócratas por partidas presupuestarias concedidas por los gobiernos electos, los intercambios de favores entre un gobierno central y los gobierno regionales y muchos más intercambios menos obvios que el de propuestas por votos. Y como todos los mercados, excepto el modelo teórico de los economistas sobre el mercado de competencia perfecta, presenta fallos de mercado. Aparentemente, el mercado político en democracia tiene una ventaja inicial con respecto al mercado económico: la distribución inicial de los recursos es igualitaria, ya que cada ciudadano tiene un mismo poder: un voto.

Sin embargo en la práctica sabemos que no todo el mundo obtiene las mismas recompensas por su voto, no todos los individuos con derecho a voto tienen la misma capacidad de obtener satisfacción o utilidad, es más, la mayoría nos quedamos frustrados – si no la noche de recuento electoral porque el partido de nuestras preferencias ha ganado – sí nos defraudamos unos meses después cuando vemos que el partido del gobierno no cumple con nuestras expectativas. El número de partidos es siempre limitado y mucho menor que el número de electores, por  lo tanto, no se pueden satisfacer todas las aspiraciones de todos los electores. De tal forma que éstos deben elegir el que se parece más a su modelo de cómo debería gobernarse su país, su región o su ciudad dependiendo de tipo de elección de que se trate. Por lo tanto, se trata de la crónica de un frustración anunciada, en algún momento de la legislatura, más pronto que tarde, una medida o un acto del gobierno te defraudará, es prácticamente imposible que un gobierno – aunque tu lo hayas votado – responda siempre según los criterios que tu habrías elegido en el caso de que tu mismo fueras el gobierno. Y todo esto aún suponiendo que todos los electores son perfectamente racionales, tienen una información perfecta sobre todos los entresijos de la política, y los partidos y políticos son perfectos.

En política, ni el más teórico de los modelos de mercado puede ser de competencia perfecta. Así que en la práctica no se trata tanto de elegir a tu partido ideal como de elegir al que según tu criterio es el menos malo y no se trata de si te vas a decepcionar o no, sino de hasta qué punto te van a defraudar y en cuánto tiempo lo van a hacer. Para entender todo este entramado, para comprender cómo solo puede haber un número limitado de partidos y cómo compiten entre sí, los politólogos que han seguido este enfoque del mercado político han concebido un símil o metáfora muy ilustrativo: la playa y los carritos de los helados. Imaginemos una de esas playas a las que vamos todos los veranos. Yo soy madrileño, y como todos los de Madrid, soy un amante de las playas, razones geográficas nos obligan a serlo. En esa playa imaginaria se encuentran tumbados debajo de sus sombrillas grupos de bañistas. Normalmente los jubilados y las familias con hijos pequeños, de esos de cubo y pala, que se levantan pronto, ocupan los lugares más próximos al agua, y los bañistas jóvenes, más amigos de las copas y aventuras nocturnas y que se levantan por tanto más tarde van ocupando los lugares más alejados de la orilla y más próximos al paseo marítimo. En cualquier caso, los bañistas van ocupando uniformemente la playa. A esa playa llega un vendedor con su carrito de los helados. ¿En qué posición le sería aconsejable a situarse para vender el mayor número posible de helados?. Si no introducimos más variables que el coste de recorrer la distancia desde la toalla hasta el carrito, es obvio que, para convencer al mayor número posible de bañistas lo mejor para el Sr. Bornay sería situarse en el centro de la playa. Supongamos ahora que, al reclamo del gran número de helados vendidos por el primer vendedor, se acerca a la playa de Sanlúcar un segundo vendedor. ¿Cuál será su posición ideal?. Como cada uno de los vendedores intentará convencer al máximo número de bañistas colocándose de manera que éstos recorran la mínima distancia hacia el helado, lo lógico será que se sitúen relativamente próximos  hacia el centro de la playa. Si viniera un tercer vendedor, se abriría una batalla entre los vendedores ya que los tres desearían permanecer en los aledaños del centro de la playa pero ninguno querría quedarse en medio. Ahora si sustituimos los bañistas por electores y los carritos por partidos tenemos el comportamiento electoral. Los partidos persiguen la obtención del máximo número de votos así como los vendedores persiguen la venta del máximo número de helados. Lo electores deciden sobre todo en función de la “distancia” entre su posición favorita y las posiciones de los partidos en el espacio político izquierda-derecha. Los electores tienen preferencias situadas en posiciones relativamente estables tal y como los bañistas suelen colocar las toallas casi en los mismos sitios todos los días. Mientras que los partidos disponen de mayor movilidad a corto plazo, ya que pueden modificar sus promesas electorales o seleccionar nuevos temas de campaña de la misma manera que el vendedor puede coger el carrito y moverse un poco más a la izquierda o a la derecha. La oferta en número de partidos es limitada, muchos carritos en la misma playa no venderían ni un ochavo y no merecería la pena ir a pasar calor a la playa sin bañarse – algo que para mí sería una tortura-. Y, por último, los partidos/carritos ocupan posiciones de equilibrio centristas y próximas entre sí. En los modelos de competencia entre dos partidos, las posiciones de éstos se sitúan en torno a la mediana de la distribución de las preferencias de los electores. El resultado suele ser robusto, tanto para sociedades en las que prima el consenso como para sociedades polarizadas, produciéndose una convergencia de políticas en torno a posiciones moderadas y posiciones más o menos centristas. Con tres partidos se suele producir situaciones estables con un partido más a la derecha o más a la izquierda y con menos votantes, si dos partidos intentan ocupar el mismo lugar la competencia elimina a uno de los dos volviendo a la situación de dos partidos. Existen modelos de más de cuatro partidos  en los que el equilibrio se encuentra situándose a pares a ambos lados del espectro político. Cuanto más partidos hay las posiciones de equilibrio son más difíciles de encontrar y los modelos son más cambiantes y menos duraderos. En España en este sentido estamos en un momento interesante después de casi dos décadas de bipartidismo imperfecto. El comportamiento electoral sigue un patrón que se viene repitiendo y que pasa porque el Partido Popular cuenta con una masa fiel de votantes que ronda los 10 millones. De esta manera en 2000, obtuvo 10.300.000 votos y logró la mayoría absoluta, en 2004, obtuvo 9.760.000 y perdió, y en 2008, 10.030.000 y volvió a perder. En cambio el Partido Socialista, dentro de que también tiene su público fiel, ha tenido subidas y bajadas importantes, en 2000, obtuvo casi 8.000.000 votos y en 2004, 11.000.000. Esos votos de menos no se transfieren, o se transfieren en baja proporción a otros partidos, en su mayoría van hacia la abstención. Luego el escenario electoral que se repite en las últimas legislaturas es que  el Partido Popular mantiene su público y es el Partido Socialista el que gana o pierde las elecciones. Pero la abultada derrota electoral del PSOE en las elecciones noviembre de 2011 – 4.000.000 de votos menos que en 2008 – y la caída en picado del Partido Popular en intención de voto – ante las políticas impopulares del Gobierno y su implicación en escándalos de corrupción- abre ciertas incógnitas sobre su futuro y sobre futuros cambios en el espectro político español. No es mala la metáfora la de la playa pues España tiene  7.780 km de costa, podríamos considerarla como una larga playa con seis carritos de helados: PP, PSOE, IU, UPyD, CiU y PNV. Dos de ellos, CiU y PNV sólo  están interesados en las playas catalana y vasca lo que descoloca un poco el modelo. El hecho de que el PSOE haya perdido tantos votos en las últimas elecciones da pábulo a muchas situaciones distintas. Puede ser sólo la manifestación de un cabreo ciudadano puntual ante una mala gestión, es un partido con una larga tradición y muy enraizado en la sociedad española, sin embargo la legislatura pasa y no acaba de levantar la cabeza, probablemente porque su electorado no percibe ningún cambio de rumbo, ninguna intención de renovación. IU sale reforzada de la pérdida de PSOE pero habrá que saber si esta tendencia es duradera, además la mayoría del voto decepcionado del PSOE se va tradicionalmente a la abstención. Pero lo más interesante desde el punto de vista del modelo de la playa es la aparición de UPyD y de VOX. No lo tienen fácil, no es nada fácil el nacimiento de un partido, fase en la que está VOX, ni su  consolidación electoral, momento en el que se encuentra UPyD. UPyD tiene que abrirse paso en el centro entre los dos gigantes políticos españoles. Tiene que diferenciarse de ellos, encontrar un espacio propio, obligar al PSOE – la crisis económica y su salida del gobierno puede ayudar – a que se vaya un poco más a la izquierda y que el PP renuncie a parte de su mensaje centrista – error que parece que está cometiendo -. Si permanece demasiado cercano a cualquiera de los dos, como hemos visto en el modelo, UPyD puede ser absorbida. Ya han desaparecido en el pasado dos partidos de centro, la UCD y el CDS. El espacio político de centro es un mal sitio para nacer. No obstante las proyecciones de voto indican que tiene un futuro prometedor porque los dos grandes se están comportando como a UPyD le interesa. El PP ha estado muy cómodo como único partido en el lado derecho del espectro político, recolector del voto desde la extrema al centroderecha. Ahora, aparte de UPyD por el centro, ha aparecido VOX por su derecha. Por primera vez los populares se encuentran cercados, por ambos lados, por grupos políticos que le disputan parte de su electorado tradicional. Podríamos estar ante un escenario de una playa con 4 ó 5 vendedores. El caso de 4 partidos políticos, según el modelo, puede estabilizarse; el de 5 es muy inestable. Algún partido quedará por el camino. En cualquier caso dan ganas de afirmar que el bipartidismo en España ha acabado, veremos qué pasa en el futuro próximo. La primera cita, en las europeas.Texto:Juan Carlos Barajas. Ver también: 'Oligarquía vs democracia'. 

Catalunya y el derecho a decidir

En contra de lo que ha estado enfatizando la sabiduría convencional definida por el establishment español (la estructura de poder político y mediático que define los parámetros de lo que debe creerse en el país), la Transición de la dictadura a la democracia no fue un proceso modélico, fruto de un consenso entre iguales, entre los herederos de los vencedores (las derechas, ultraderechas en el abanico político europeo) y los herederos de los vencidos (las izquierdas y otras fuerzas democráticas) de lo que se llama en España la Guerra Civil.

En la versión oficial de la Transición, esta se presenta como una ruptura con el anterior Estado dictatorial, habiéndose establecido, como resultado de tal Transición, un Estado democrático homologable a cualquier democracia existente en la Europa occidental. Y la Constitución de este nuevo Estado se presenta como el resultado de aquel consenso entre iguales, estableciendo el marco jurídico donde la democracia española se ha ido desarrollando. Esta versión de la Transición es profundamente errónea y no se corresponde con los hechos ocurridos en aquel periodo. Lejos de ser ejemplar, aquel proceso estuvo dominado por las mismas fuerzas que controlaban el Estado dictatorial, y que lideraron y dirigieron aquel cambio. Las fuerzas conservadoras controlaban todas las ramas y aparatos del Estado, así como la gran mayoría de medios de información del país, mientras que las izquierdas acababan de salir de la clandestinidad. No fue un pacto entre iguales ni tampoco fue una ruptura con el Estado anterior. En realidad fue una abertura de aquel Estado para incorporar a las izquierdas en un nivel subalterno, sometidas a una ley electoral que claramente las desfavorecía. Presentar la Constitución como un producto consensuado entre iguales, sin admitir que estuviera condicionada por las fuerzas que dominaban la Transición, es una frivolidad propagandística promovida primordialmente por las derechas y, en ocasiones, por aquellos sectores de las izquierdas gobernantes que se adaptaron rápidamente a aquel Estado. Las consecuencias de aquel proceso inmodélico: la limitadísima democracia, el escaso bienestar social y el no reconocimiento del derecho a decidir.

Las consecuencias de aquel dominio conservador son enormes. Una de ellas es la limitadísima capacidad de decisión de la ciudadanía en los quehaceres de la gobernanza del país. Democracia en España quiere decir votar cada cuatro años (dentro de un sistema electoral poco representativo) a partidos políticos que carecen de democracia interna, gobernados por élites que se eternizan, con escasa transparencia y que, por su opacidad, son fácilmente coaptables por parte de intereses financieros y económicos. La Transición inmodélica favoreció esta visión de la democracia, que reduce la política al “politiqueo entre sus dirigentes”. Formas de democracia directa, tales como referéndums (ni consultivos siquiera), son difíciles cuando no imposibles de realizar. Esta limitadísima democracia, dentro de un Estado heredado del anterior con escasa renovación, explica varios hechos. Uno, es el enorme subdesarrollo del Estado del Bienestar en España. Treinta y cinco años después de iniciarse la democracia, España continúa teniendo uno de los gastos públicos y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). He escrito extensamente sobre este tema (ver Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, 2002).

Esta subfinanciación se está incluso acentuando más como consecuencia de las políticas de austeridad (lo que quiere decir de recortes del gasto público), orientadas a privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Desde 2008, los gobiernos españoles, argumentando erróneamente que no hay otra alternativa, están debilitando y/o desmontando el Estado del Bienestar. Utilizan para justificar este desmantelamiento el argumento que el Estado español ha perdido soberanía y tiene que seguir la normativa dictada por la Troika, a fin de poder mantenerse en el euro. He escrito extensamente mostrando la falta de evidencia que apoye estos argumentos. En realidad, tanto la banca como la gran patronal están consiguiendo lo que siempre desearon: el debilitamiento del mundo del trabajo, la privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios. Las políticas públicas realizadas por los gobiernos centrales y la mayoría de los gobiernos autonómicos han sido responsables de tales hechos. El tema nacional tampoco se ha resuelto. Otra consecuencia del dominio de los herederos de los vencedores de la Guerra Civil en el proceso de transición fue la incorporación a la Constitución de la visión de España que tenían sus antepasados, que se definieron a sí mismos como los “nacionales”. Esta visión negaba la plurinacionalidad de España, oponiéndose a reconocer las distintas naciones que constituyen el país, imponiendo un Estado uninacional centrado en el establishment político y mediático existente en Madrid. En realidad, el Estado de las Autonomías (el “café para todos”) era la manera de negar esta plurinacionalidad, permitiendo una descentralización administrativa en un marco normativo claramente centralizado. Un indicador de esta centralización es el sistema radial de transporte. Lleva un poco más de dos horas ir en tren de Barcelona a Madrid, pero algo más de seis horas para ir de Barcelona a Bilbao, que es la misma distancia. Esta visión uninacional de España está escrita en la Constitución, la cual asigna al Ejército (sucesor del que había llevado a cabo un golpe militar contra un Estado democrático) la misión de defender la unidad de España (una cláusula única entre las constituciones en Europa), estando bajo la dirección del Monarca, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Estas fueron unas cláusulas que el Monarca y el Ejército impusieron, como han admitido protagonistas de aquella Transición.Esta negación del carácter plurinacional ha sido una constante en el periodo democrático. Y su último ejemplo son los “cepillazos” y“vetos” al último Estatuto, iniciado por el gobierno tripartito en Catalunya presidido por Maragall (y más tarde por Montilla), que habían intentado redefinir España, sustituyendo la visión de España heredera del golpe militar por una España plural y pluricéntrica. El fracaso de este proyecto fue lo que no dejó otra alternativa a Catalunya que conseguir la movilización popular exigiendo el reconocimiento de Catalunya como una nación soberana, con pleno derecho a decidir su futuro, considerando la independencia como una alternativa entre otras.

La gran mayoría de la población catalana (el 75% según las últimas encuestas) está de acuerdo con que se realice un referéndum sobre el futuro que la población desea para Catalunya. Democracia significa el derecho a decidirLos dos polos opuestos del nacionalismo –el españolista, que es el nacionalismo más extremo, dominante y asfixiante, y el catalanista- quieren presentar este derecho a decidir como equivalente a la petición de secesión de Catalunya del Estado español. Esta interpretación interesada no corresponde a la realidad. El número de personas que desean ejercer el derecho a decidir es mayor que el que desea la separación de Catalunya del Estado español. Catalunya podría ser un Estado soberano dentro de un Estado federal español. En realidad, históricamente la gran mayoría de fuerzas políticas de las izquierdas, tanto catalanas como españolas, han deseado esta forma de Estado federal, dentro del cual cada nación pueda decidir su futuro. Los “nacionales” fascistas llamaban “separatistas” a los catalanes –como el President Companys– que deseaban un Estado catalán dentro de una federación española. No eran anti España (como se los acusa), sino que eran voces que pedían una redefinición de lo que era España y su Estado.Es importante subrayar que incluso los partidos políticos de izquierdas españoles pidieron durante la clandestinidad el derecho a decidir (se llamaba autodeterminación) de las distintas naciones (tan recientemente como en el Congreso de Octubre de 1974 de Suresnes, el PSOE subrayaba que “la definitiva solución del problema de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad y región pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español” (Resolución sobre nacionalidades y regiones). Y más tarde, en el 27 Congreso del PSOE en diciembre de 1976, se aprobó que “el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que preconizamos… La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación”, manteniendo que “el análisis histórico nos dice que en la actual coyuntura la lucha por la liberación de las nacionalidades… no es opuesta, sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora”). Fue durante la Transición que las izquierdas españolas abandonaron este compromiso, aceptando la condición impuesta por la Monarquía y por el Ejército, convirtiéndose en las grandes valedoras de aquella Constitución. El nacionalismo españolista es rotundamente excluyente y define como antiespañoles a aquellos que tienen otra visión de España. Su rigidez e intolerancia explica el gran incremento de independentistas como rechazo a este nacionalismo españolista. Y este rechazo incluye a amplios sectores de la población catalana que se siente española, y también de izquierdas. Desean separarse del Estado español sin ser independentistas, pues no creen que este Estado español se pueda convertir en un Estado democrático plurinacional, con mayor democracia representativa, enriquecida con formas de democracia directa, con plena diversidad de ideologías en los medios y cuyas políticas públicas tengan mayor sensibilidad social. En realidad, este Estado español tampoco es percibido como representativo por parte de la mayoría de la ciudadanía española, que está de acuerdo con el lema del movimiento 15-M “no nos representan”. Es urgente y necesario que se establezcan alianzas a los dos lados del Ebro para facilitar el rechazo a este Estado. El problema que se presenta en Catalunya no es si se permitirá o no la consulta. Este no es el problema mayor, por extraño que ello parezca. De una manera u otra, si la mayoría de la población en Catalunya lo desea, la consulta se realizará, ya sea legal o ilegalmente. El problema es la Transición hacia la otra Catalunya deseada por la mayoría de la población, sea esta independiente o no. Lo que está claro es que la mayoría de la población catalana quiere otra Catalunya. Pero cómo llegar a ella es un punto esencial. En España ya existe el ejemplo de que las fuerzas políticas que dominaron la Transición, dominaron también el producto resultado de esta Transición. Pues lo mismo podría ocurrir en Catalunya. El rechazo al Estado español, que es distinto al rechazo a España (un sentimiento este muy minoritario en Catalunya) no es suficiente para garantizar una Catalunya más justa, más solidaria y más democrática. Y ahí está el auténtico reto. Fuerzas conservadoras y neoliberales que, aliadas con sus homólogas en el Estado español, han aprobado las reformas que han acentuado el deterioro tan notable de la Catalunya social, continúan teniendo gran influencia política y mediática en Catalunya, controlando los medios públicos de la Generalitat, instrumentalizándolos abusivamente. Mucho se ha hablado de esta instrumentalización por parte de las fuerzas independentistas. Pero el abuso ha sido igual de intenso en la promoción del neoliberalismo. El programa “Lliçons d’Economia” de TV3 promueve las teorías del economista ultraliberal de la casa (que predeciblemente es independentista), que quiere desmantelar el Estado del Bienestar y privatizar los servicios públicos y las pensiones en Catalunya, medidas que dañarían enormemente a las clases populares de Catalunya. Mientras, las izquierdas son sistemáticamente excluidas de estos medios. Últimamente están apareciendo movimientos político-sociales –como el Procés Constituient– que se están expandiendo por toda Catalunya y que están movilizando a la población para presentar otra alternativa, estimulando que los partidos de izquierdas hagan un frente común, alternativo, exigiendo una Catalunya popular. Esta agitación en Catalunya es paralela a la gran agitación social contra el Estado español, un Estado que se ve instrumentalizado por los poderes financieros y económicos, que utilizan Europa para conseguir sus objetivos. De ahí el enorme valor de los movimientos iniciados por el 15-M, que cuestionan la sabiduría convencional que nos ha llevado a una situación claramente desfavorable para las clases populares. Ello explica el enorme descrédito del Estado y su pérdida de legitimidad. Este establishment se aferra a la Constitución (tal como vimos hacer a Felipe González en 'Salvados') como el instrumento legal que le permite salvaguardar sus intereses, confundiendo ley con legitimidad. Las clases populares están indignadas y no perciben a las instituciones políticas como sensibles a sus demandas y reivindicaciones. De ahí la gran urgencia e importancia de movimientos político-sociales que presionen para forzar una segunda Transición, que permita el paso de una democracia sumamente limitada, a una democracia auténticamente participativa y representativa que hoy no existe en España.Texto: Viçens Navarro. Ver: España capital Madrid

Capitalismo y forma de vida

El capitalismo se nutre de empleo asalariado y declara su guerra sin cuartel a las formas de vida que no le están sometidas. Cualquier figura existencial que no esté sometida a las necesidades de valorización del capital es un espacio que debe ser conquistado.

El capital nunca ha respetado la noción de formas de vida como un modo alternativo de existencia y desarrollo. Para el capitalismo, cualquier forma de vida no es más que un espacio de rentabilidad y debe ser primero conquistada y después sometida al proceso de valorización (o, si se prefiere, a un proceso de explotación). Hace aproximadamente 30 años la economía mundial abandonó el esquema del Estado de bienestar y lo remplazó con el capitalismo de mercado libre. La historia de las fuerzas que motivaron esa transición es compleja, pero para 1984 la decisión ya había sido tomada y el viraje estratégico ya había comenzado.

Los poderes establecidos justificaron esta transformación con una promesa de prosperidad y eso suponía dos cosas: una adecuada creación de empleos de buena calidad y una reducción sistemática de la desigualdad. Ninguno de estos objetivos ha sido alcanzado. Hoy la economía mundial sufre una crisis de empleo y de formas de vida. El mercado laboral a escala mundial ofrece un panorama desolador y el desarrollo de formas de vida alternativas (por ejemplo, en la agricultura de pequeña escala) se encuentra sometido a un ataque despiadado. Basta observar lo que ha sucedido en el llamado mercado laboral mundial. La generación de empleos bien remunerados en las últimas tres décadas ha sido débil y se concentró en los más altos puestos directivos. En contraste, la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo perciben bajos salarios y las clases medias han sido comprimidas. La incertidumbre que rodea a los empleos mal remunerados es un mal crónico. A pesar del aumento en la productividad, las remuneraciones de la clase trabajadora se han mantenido estancadas.

En muchos países, las remuneraciones que reciben los empleos de menor calificación se mantienen en los niveles que tenían en 1970. La participación de los salarios en el producto nacional se ha desplomado en todos los países y, por lo tanto, la desigualdad se ha intensificado.La tesis de que las remuneraciones se mantienen deprimidas en los empleos de menor calificación porque las nuevas tecnologías conllevan un sesgo en contra de esa clase de empleos es falsa. En realidad, en la mayoría de las economías capitalistas los salarios dejaron de aumentar en la década de los años setenta, mucho antes de que se iniciara el proceso de cambio tecnológico que caracterizó los años noventa.

Así que la verdadera explicación de este estancamiento en los salarios radica en una transformación radical de la estructura institucional del régimen de acumulación de capital a escala mundial. Es decir, el estancamiento salarial está más vinculado a la lucha de clases que a cualquier otro factor. Los poderes establecidos impusieron a partir de la segunda mitad de los años setenta, el abandono de las metas de pleno empleo, tributación progresiva, y de servicios de salud y educación de buena calidad para la mayoría de la población. Esos objetivos fueron remplazados por la estabilidad de precios, el balance presupuestal y la idea de que el mercado sería capaz de proporcionar crecimiento económico y empleos suficientes para la población. El supuesto central de este nuevo paradigma económico era que sería necesario eliminar las fricciones que impiden el buen funcionamiento de los mercados. Esa fue la justificación de la guerra en contra de los sindicatos y de toda la cultura de las clases trabajadoras.La ‘liberalización’ del mercado de trabajo estuvo basada en la idea de que las reducciones en los costos laborales serían acompañadas por más inversiones y mayor generación de empleo. Esa es la postura de la teoría económica del primer cuarto del siglo XX, antes de la Gran Depresión y antes de que Keynes escribiera su Teoría General. Esa teoría de hace cien años fue desempolvada para justificar el gran viraje: lo más importante es que ignora que la demanda agregada es el gran motor de la inversión y que con salarios deprimidos, lo único que podría mantener la demanda creciendo sería el crédito y el endeudamiento.La llamada globalización (de corte neoliberal) es el resultado de colocar a las masas trabajadoras en un plano de competencia a escala mundial. La deslocalización de instalaciones industriales, la fragmentación de procesos productivos para crear maquiladoras y el castigo aplicado a los sindicatos en el plano institucional (y judicial) marcaron la evolución del mal llamado ‘mercado de trabajo’. La contrapartida de todo este proceso de degradación del trabajo y de destrucción de formas de vida alternativas es la expansión y dominio del capital financiero. De ahora en adelante la lucha a muerte será entre estos dos polos, trabajo y capital financiero. Triunfará el que esté mejor organizado y tenga mejor capacidad analítica.Texto: Alejandro Nadal

¿Qué entendemos por auditoría ciudadana de la deuda?

Se dice que no hay dinero. Todas las políticas de recortes (especialmente las de sanidad, educación, salarios y pensiones) se justifican por la necesidad de controlar el déficit y pagar una deuda, en continuo crecimiento, que permita tranquilizar a los mercados. Sin embargo, esta justificación es sencillamente falsa. Sabemos que lo que se está haciendo es pagar con dinero público deudas privadas, la estafa fallida de la burbuja inmobiliaria de los bancos y demás entidades financieras.

Es el poder de estos agentes lo que domina la vida social y política. Las últimas pruebas del control de las finanzas y de los mercados sobre la vida pública son, por una parte, la entrega de más dinero con una disminución de la tasa de interés del 0,75 al 0,5% por parte del Banco Central Europeo a dichas entidades, una política que sólo sirve para cubrir sus pérdidas y facilitar que continúen acumulando y especulando. Por otra, el rechazo de la reforma de la injusta ley hipotecaria. Se trata en definitiva de un gran robo a la ciudadanía, un robo organizado por la banca, las entidades financieras y las multinacionales utilizando para ello la Administración central del Estado y las instituciones internacionales (Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario Internacional). Frente a estas políticas, los gobiernos autonómicos y municipales, así como los patronales y los sindicatos mayoritarios o las han avalado o no han sido un freno. La alternativa que propone la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y el 15M es la paralización del pago de la deuda pública y el inicio de un proceso de control ciudadano de las cuentas públicas, independiente de las instituciones, que determine la parte que no ha de pagarse por considerarse ilegítima. Ésta es la única política responsable. El Ayuntamiento de Alicante, a diferencia del de Alcoi y Muro, se opuso a la aprobación de una moción, y voces diversas se alzaron en contra de su realización, poniéndose en entredicho el significado de la auditoría ciudadana. La auditoría es un instrumento de control ciudadano que permite entender el origen de la deuda pública. Su importancia radica tanto en conseguir una salida de la crisis a favor de la gente trabajadora como en el proceso democrático y de empoderamiento de la ciudadanía en el que se basa. La auditoria se centra en la identificación de la deuda ilegítima. Numerosas deudas son ilegítimas porque han sido contraídas violando el derecho y/o porque no han beneficiado a la población. Aquí incluimos, por ejemplo, las deudas resultantes de una política fiscal regresiva o el rescate financiero de bancos y grandes empresas con fondos públicos. Algunos partidos se han mostrado a favor de la auditoria pero su planteamiento resulta pobre. Pobre en tres sentidos: en el concepto mismo de deuda ilegítima que utilizan, en el tipo de proceso que proponen, de donde se excluye a la ciudadanía como el agente principal, y en la falta de un pronunciamiento allí donde gobiernan que muestre la rebeldía necesaria contra el gobierno central y contra las instituciones europeas para declarar la moratoria del pago. Por otra parte, las instituciones no pueden llevar a cabo este proceso, pues históricamente, junto a los agentes sociales a ellas vinculados, siempre se han opuesto a cualquier cambio social significativo, solo logrado mediante la movilización ciudadana. Además, el alto nivel de clientelismo y corrupción oculta, invalida la participación en un primer nivel de análisis y decisión de la auditoría, de aquellas instituciones o agentes sociales cuya vida o supervivencia dependa de la Administración y de las entidades financieras. Tampoco la simple reactivación de los órganos de participación ciudadana existentes y ninguneados por las administraciones sería una medida eficaz. Por ello, y por el grado de deliberación colectiva y de desobediencia imprescindible para llevarla a cabo, la auditoría tiene que ser realizada de forma directa por técnicos y por una ciudadanía que sean independientes de las instituciones. Agentes principales serían el tejido asociativo y aquellos movimientos sociales activamente implicados en la lucha contra las políticas de austeridad y de contrarreforma laboral, las mareas, colectivos de gente trabajadora, consumidores, usuarios, así como otros colectivos habitualmente excluidos de los procesos de decisión. Existen procedimientos de deliberación y decisión ciudadana diseñados para facilitar la participación real del conjunto de la ciudadanía activa, como los procesos de participación popular aplicados en Elx 2008, el 15M o Porto Alegre, que podrían servir para desarrollar la auditoría. En el proceso de auditoría ciudadana el análisis de la deuda del Estado es el tema central, pues las políticas de austeridad y de privatizaciones que tienen lugar en otros ámbitos territoriales dependen de las políticas aplicadas por la Administración central. Paralelamente, se deben realizar auditorías sectoriales (sanidad, educación, medio ambiente, de género, compañías eléctricas) y en los niveles autonómico y local. Estos procesos requieren trabajar en colaboración con el resto de movimientos para unir recursos y esfuerzos. Cada movimiento ciudadano, cada lucha sectorial, cada comité de trabajadores, cada sección sindical, cada asamblea local, constituye una fuente de información sobre los procesos de endeudamiento, de recortes y de privatización de las diferentes instituciones públicas. Además, entendemos que las propuestas de auditoría de la deuda pública que presentan diferentes partidos políticos en las instituciones, en caso de llevarse a cabo, deben sacar a la luz información habitualmente oculta y permitir su acceso a la población para facilitar el proceso de auditoría ciudadana. La Auditoría ciudadana constituye un eje central para caminar hacia un nuevo modelo social y económico, para unificar las luchas contra el paro, los recortes y las privatizaciones, para evitar la extensión de actitudes populistas. En definitiva para recobrar el control sobre nuestras vidas. C. A. Ugarte, M. L. Andújar, A. M. Habas, Ll. Frías L., F. P. Villarroya y M. Girón

Desigualdades y problemas

Ahora que los grandes gerifaltes del planeta se han puesto de acuerdo en asegurarnos que la crisis se ha acabado, descubren que se han generado unas desigualdades insoportables que pueden ser un problema. Si uno tiene buena fe puede llegar a pensar que, obsesionados como estaban por salvar bancos y rescatar países, no habían caído en la cuenta de que las desigualdades aumentaban. Pero para creerse esta historia hay que estar mal informado y carecer de memoria. El tema del ensanchamiento de las desigualdades es conocido desde hace años, como han puesto de manifiesto la mayoría de los críticos del neoliberalismo. Hace años que la mayor parte de los estudios serios vienen avisando de la creciente brecha distributiva entre los países y en el interior de los mismos. Sólo algún ultraliberal como Sala i Martín defendía que la globalización había permitido reducirlas, pero sus datos (criticados por muchos autores) sólo se sostenían a escala global incluyendo China. Ahora sabemos que en China las desigualdades han crecido ya al nivel estadounidense y acabamos de conocer algo que podía sospecharse, que las élites chinas, por más que se autodenominen “comunistas”, usan los mismos paraísos fiscales que los ricos occidentales para escaquear su riqueza.

Hay varias razones por las que los poderosos puedan preocuparse por esta extrema desigualdad. Por un lado, pueden temer que estas desigualdades extremas se traduzcan en una crisis de sobreproducción provocada por la falta de un volumen suficiente de personas con dinero para comprarla a precios rentables. Sería lo que podríamos llamar una “preocupación keynesiana” (o fordista): la necesidad de contar con un mercado lo bastante amplio exige pagar salarios de un nivel adecuado. Si esto fuera así, si lo que preocupa es la necesidad de generar una amplia capa de compradores, no se entiende cómo siguen gozando de tanto predicamento las políticas de austeridad, las reformas laborales que abaratan los salarios y que, en definitiva, ahondan las desigualdades. Por poner un ejemplo local, estos días circula por la red un Powerpoint elaborado por insignes investigadores de Fedea (promocionado por el BBVA) en el que se argumenta que los salarios en España deben bajar un 7% para que se cree empleo, y en el que se descartan de un plumazo los argumentos de corte keynesiano y poskeynesiano que apuntarían en otra dirección. Lo mismo aparece en la mayor parte de las recomendaciones que recibe nuestro gobierno de la UE, la OCDE o el FMI: “Hay que ahondar en las reformas”, o sea, seguir recortando el gasto y debilitando los derechos laborales. Puede que a alguno le preocupe realmente el peligro de la devaluación salarial persistente, pero de momento no parece que tenga fuerza suficiente para generar un giro radical en las políticas.

La segunda preocupación es más política: las desigualdades extremas abren muchos espacios para que se desarrolle una nueva oleada de cuestionamiento social del capitalismo, para que pueda reconstruirse una nueva izquierda portadora de un nuevo proyecto social poscapitalista. En un plano más concreto, es conocido que allí donde crecen las desigualdades se desarrollan otras patologías asociadas que generan problemas cotidianos a la vida social (y a los negocios). Seguramente sea éste el temor más grave a corto plazo, el de que se produzcan estallidos sociales locales o proliferen plagas como la violencia delictiva más o menos organizada. Pero una cosa es temer los efectos de la desigualdad y otra proponerse atajarla en serio. Más bien, de lo que se trata en los proyectos de las élites del poder es de generar una política que combine parches —del tipo al que ya nos estamos habituando, como potenciar organizaciones y campañas caritativas— con un discurso cultural que impida pensar en los cambios que habría que introducir para luchar realmente contra la desigualdad. La misma intervención de Oxfam Intermón en Davos es indicativa de ello: presenta un informe que evidencia el intolerable grado de desigualdad alcanzado a los principales causantes y beneficiarios de la misma. Parecería más lógico que quienes se preocupan seriamente por el tema dedicaran sus esfuerzos a organizar y apoyar a los movimientos sociales que realmente combaten el tema.

Tenemos bastantes evidencias de dónde se ha generado la desigualdad: en un cúmulo de cambios institucionales y organizativos que no pueden reducirse a una única cuestión. Reducir la creación de la desigualdad a un mero cambio en la estructura impositiva es minimizar la amplitud del problema y acotar el campo de la política a un espacio de acción demasiado reducido.

El punto de partida evidente es que, desde mediados de la década de 1970, se ha producido una caída brutal del peso de las rentas del trabajo en la mayoría de los países. Ha tenido lugar una agresiva recuperación del poder por parte del capital a costa de la mayor parte de la sociedad (y se ha producido en un período en que no ha dejado de aumentar el peso de los asalariados en el conjunto de la población y de disminuir el peso de los autónomos). La Organización Internacional del Trabajo ha identificado tres grandes variables que explican este desplazamiento a la baja de los salarios:

a) Financiarización de la economía. Una cuestión compleja en sí misma que incluye aspectos como el crecimiento del sector financiero en la composición del PIB, la creación de complejas redes financieras que proveen todo tipo de fórmulas de ganancia especulativa (y que favorecen la evasión fiscal) y, sobre todo, la orientación mucho más financiera de las grandes empresas. El resultado de todo ello ha sido convertir las rentas del capital en un objetivo rígido para las empresas y en forzarlas a garantizar una rentabilidad segura a sus accionistas y financiadores. Las rentas del trabajo, y la actividad laboral en su conjunto, se convierten en meros residuos que deben ajustarse a las variaciones de la actividad económica; de esto, y no de otra cosa, va la insistencia en la flexibilidad laboral.

b) Globalización, entendida como la apertura de las fronteras a los movimientos de mercancías y capitales sin, al mismo tiempo, fijar condiciones comunes en campos como los derechos laborales, los estándares de vida aceptables, las normas fiscales y medioambientales. Este modelo de globalización ha permitido al capital explotar todas las ventajas que promete un inmenso ejército industrial de reserva a escala planetaria, una enorme masa de personas necesitadas de medios económicos para subsistir. No es casualidad, además, que en muchos de los países hacia los que se han desplazado muchas actividades haya una falta total o parcial de derechos políticos y laborales. La proletarización sin fronteras no sólo ha permitido reducir costes salariales (a cambio de cerrar plantas en los “viejos” países industrializados), sino también mantener una amenaza persistente sobre el conjunto del mundo laboral, la de que la adaptación recurrente a las exigencias del capital es la única posibilidad de subsistir.

c) Desregulación laboral. De esto sabemos mucho en España, donde vivimos en una reforma laboral permanente, si bien somos un caso menos excepcional de lo que a veces pensamos. Es evidente que el conjunto de transformaciones que se han producido en este cambio —la normalización de las formas de contratación laboral “atípicas”, la reducción de los derechos que protegen el empleo y la estabilidad de las condiciones de trabajo, dinamitando la negociación colectiva (en algunos países acompañada de ataques directos a las organizaciones sindicales), el debilitamiento de los mecanismos de tutela laboral, etc.— han generado un importante aumento del poder empresarial y, en gran parte, la vuelta a un capitalismo sin contraparte.

Para tener un cuadro más completo, creo que hay que incluir otros procesos que han reforzado estas tendencias, tanto en el campo empresarial como en el de las políticas públicas.

En el campo empresarial se detectan dos cambios adicionales de especial relevancia. El primero afecta al modelo de organización empresarial e interactúa con los elementos indicados anteriormente: la configuración de las grandes estructuras empresariales (y de otras no tan grandes) como estructuras reticulares jerarquizadas. La mayor parte de las grandes y medianas empresas actúan mediante el recurso a un gran número de proveedores externalizados, que tienen un poder de negociación desigual con la central, lo que se traduce en una enorme desigualdad en salarios y condiciones de trabajo. Se trata de un cambio organizativo que ha requerido un aprendizaje empresarial, pero que, si tiene éxito, permite sacarles todo el partido posible a la globalización y a la desregulación laboral: producir allí donde las condiciones salariales son peores, cubrir servicios internos con empleados con pocos derechos, etc. El segundo cambio, más sutil, ha sido la introducción de nuevas pautas de retribución salarial, algo que explica especialmente las ganancias desaforadas de los altos segmentos directivos y de algunos técnicos de relumbrón, aunque la introducción de sistemas de incentivación personal ha alcanzado en muchos casos al conjunto de la plantilla y ha actuado como un importante mecanismo de bloqueo de la acción colectiva y de la propia conciencia social de las personas. (Sin estas fórmulas de retribución y presión individualizada, es imposible entender por qué tantos empleados de banca colaboraron con ardor en facilitar la burbuja inmobiliaria y en colocar todo tipo de activos financieros dudosos a su clientela.)

El papel de las políticas públicas ha sido más comentado y no merece tanta atención (lo que no le resta importancia): cambio en los sistemas impositivos, reformas estructurales, blindaje de los paraísos fiscales, externalización y privatizaciones, desarrollo de políticas favorecedoras de la especulación, recortes en políticas sociales y de transferencia de renta… Un conjunto de políticas favorecedoras de los derechos del capital en detrimento del conjunto de la sociedad.

Cuando uno analiza la historia de los muy ricos —pongamos por caso al señor Inditex (Amancio Ortega), nuestro triunfador local—, es fácil percibir que se han beneficiado claramente de muchos de estos cambios, sin los cuales no hubieran conseguido amasar una fortuna tan grande: producción en países de bajos salarios y bajos derechos, aprovechamiento de las leyes internas para conseguir una plantilla de bajo coste y elevada flexibilidad en su red comercial, trato fiscal benévolo (incluido el uso de paraísos fiscales, como la localización de sus ventas online en Irlanda), posibilidades de desviar su elevado excedente hacia la especulación inmobiliaria y bursátil, etc.

Si alguien estuviera seriamente preocupado por la desigualdad, debería empezar por promover cambios en los campos citados, revisar a fondo las políticas que se han desarrollado hasta ahora. Pero esto está completamente fuera de las propuestas que se debaten en Davos, Bruselas, Nueva York o Madrid.

Lejos quedan las buenas promesas del G8 en pro de regular seriamente los mercados financieros. Las pocas iniciativas que se tomaron se han ido erosionando y edulcorando por la presión del propio sector financiero. Un sector que se ha visto, además, alimentado por el enorme caudal de recursos monetarios puestos a su disposición por los grandes bancos centrales (Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco del Japón), lo que está produciendo a la vez un nuevo florecimiento de los mercados financieros especulativos y de la facilidad con la que los gobiernos colocan su deuda pública: se ha financiado y salvado a los bancos para que aumenten su papel acreedor frente a los Estados, a los que estarán en condiciones de imponer nuevas demandas, entre ellas nuevas reformas fiscales favorables a sus intereses. Y es patente que la insistencia en el empleo a tiempo parcial y la profundización de las reformas laborales (un eufemismo para propugnar tanto la eliminación de la negociación colectiva como el despido libre barato) sigue siendo la gran apuesta de los organismos internacionales.

Ninguno de los mecanismos detectados como origen de la desigualdad extrema es considerado seriamente en el nuevo discurso oficial de la desigualdad. Se trata tan sólo de marear la perdiz, de ocupar el espacio del discurso para impedir que lo hagan otros. Diciendo que nos preocupa la desigualdad estamos afirmando que vamos a trabajar en reducirla. Y aquí el papel que pueden desempeñar algunas ONG (aunque sea de buena fe) es el de servir de coartada a esta operación de maquillaje; un maquillaje que es a lo único que de verdad aspiran las élites.

Como este gobierno español, que presenta como un éxito la reducción del desempleo cuando lo único que ha ocurrido es que ha disminuido la población activa porque una parte de los desempleados o han votado con los pies (han emigrado) o simplemente han desesperado de seguir buscando un empleo inexistente. De hecho, la tasa de desempleo (el porcentaje de los que buscan empleo y no lo encuentran) ha vuelto a crecer. Y en la ocupación ha habido una clara sustitución de empleos estables por otros temporales y a tiempo parcial. No sólo quieren esconder los problemas, sino que tratan de hacernos creer que el subempleo, cualquier actividad que reporte algunos ingresos por pequeños que sean, es un empleo real, una actividad que proporciona rentas suficientes para vivir en condiciones decentes.

Lo que de verdad se propone es más (o igual) desigualdad. Peor y no mejor empleo. El modelo económico de referencia no da para más.

Reducir las desigualdades, el desempleo y la precariedad exige aplicar reformas y políticas que ataquen directamente a los intereses del gran capital. Significa atacar los fundamentos teóricos y prácticos de las políticas neoliberales. Pero para hacerlo no basta con cuestionar los fundamentos de la ofensiva capitalista. Se requiere también una propuesta de recomposición de las clases asalariadas.

El discurso neoliberal no sólo se ha centrado en imponer una política macroeconómica adecuada a los intereses del capital, sino que también ha jugado con desarrollar una visión del mundo legitimadora para consumo de masas. Mucha gente opina que el consumismo, con razón, ha constituido el núcleo de esta legitimación. Pero en lo que atañe a las desigualdades, considero que hay otras cuestiones más relevantes. Al fin y al cabo, el consumismo tiene un cierto mensaje igualitario: el de que todo el mundo puede acceder a un bienestar material ilimitado. Lo que justifica más la desigualdad es la idealización del mérito individual, de la productividad, construido en buena medida por la teoría del capital humano y sustentado en pilares como el sistema educativo, el deporte-espectáculo y los mass media.

Gran parte de los asalariados de alto nivel educativo han sido seducidos por la cultura y las prácticas de la carrera individual, por aceptar reglas de juego que, por un lado, individualizan su relación laboral con la empresa y, por otro, los integra en un juego competitivo que convierte la progresión en un mero producto del mérito individual y el fracaso, en un demérito. Un modelo de vida y trabajo que permite legitimar los hiperincentivos (más bien prebendas) que se adjudican los vencedores y que al mismo tiempo legitima la degradación salarial y social de la gente sin estudios que realiza trabajos manuales. “Excelencia”, “capital humano”, “productividad individual” o “competencias” forman parte del arsenal de términos que sirven para justificar desigualdades y generar estigmas. Retomar la senda de la igualdad, ganar densidad social en la lucha contra las políticas neoliberales, pasa también por cuestionar el referente cultural sobre el que mucha gente elabora su proyecto de vida y su referencia social, y reemplazarlo por otro más cooperativo, inclusivo y participativo. Un campo en el que deberían tener un papel esencial tanto desvelar la relevancia social de muchas actividades laborales (en el mundo del mercado o en la familia) realizadas por la gente sin “cualificaciones” como poner en cuestión el valor social de muchas otras altamente consideradas pero de un valor social más que discutible. Un modelo que diera realce al papel de las estructuras colectivas frente a la pseudohistoria de llaneros solitarios para justificar el éxito de los superricos. Una labor a la vez política, cultural y reivindicativa.

A escala internacional, las reglas del juego y la estructura de poderes condenan a muchos países a la persistencia del desastre. Éste ha sido el sino, especialmente, de África, gran parte de Asia y Latinoamérica. Con las políticas actuales, el este y el sur de Europa están condenados a experimentar la misma dinámica de la desigualdad y el marasmo. Luchar contra la desigualdad pasa también por cambiar las reglas de juego internacionales y ofrecer un modelo de vida aceptable para todo el planeta. La solución hoy por hoy no parece que pase por pequeñas reformas acordadas en Davos, Bruselas o Madrid (ni por lo que cabría esperar de un gobierno catalán bajo la hegemonía de CiU y sus socios; la cuestión nacional tiene poco que ver en todo esto), sino por desarrollar procesos sociales que reduzcan sustancialmente el poder de estas élites económicas, políticas, intelectuales y mediáticas.Texto: Albert Recio Andreu.

La Deuda

En España aburren desde púlpitos, portavocías y tribunas del Gobierno, y del partido Popular que lo apoya, con la proclamación de la epifanía de un nuevo ciclo económico.

Todo por un par de apuntes económicos, como cierta estabilidad de la prima de riesgo y que los fondos buitres compran barato deuda y propiedades inmobiliarias. Pero no se ve ni de lejos que mejore la economía ni la vida de la gente. Sin embargo, más allá del ruido mediático y de las declaraciones que suenan a jaculatorias, no hay hechos que muestren que un nuevo ciclo económico tenga lugar. ¿Realidad o alucinación? No es alucinación ni tampoco realidad, sino ocultación y manipulación de lo que pasa. No hay peor ciego que el no quiere ver. No me referiré al paro crónico ni a la pobreza ni a la desigualdad creciente para mostrar que no hay nuevo ciclo alguno. Pero sí recordaré la situación real de la deuda. Se habla poco de la deuda, ¿por qué será? ¿Se puede hablar de nuevo ciclo económico positivo con una deuda pública y privada que sumadas son ya un 378% del Producto Interior Bruto? Porque ése es el volumen de toda la deuda, según el informe de Mc Kinsey Global que estudia la evolución de la deuda en las diez principales economías desarrolladas. Más de tres billones a devolver. Y sus intereses. Al detallar la deuda, también es difícilmente aceptable ese etéreo nuevo ciclo prometido con una deuda pública que hoy es casi el 113% del PIB, según datos  recientes del Banco de España. Y menos verosímil al comprobar que la deuda privada es ya el 265% del PIB, si la aritmética no engaña. Tal vez sí haya un nuevo ciclo, pero no esperanzador; sí cargado de nubarrones y con mucho plomo en el ala. De 2000 a 2008 hubo un endeudamiento privado muy rápido y creciente en España. Se endeudaron empresas, bancos y también familias, aunque éstas, mucho menos. Un ascendente endeudamiento de empresas y bancos muy ligado a la burbuja inmobiliaria que finalmente estalló. Pero a partir de 2008, es el Estado el que se endeuda a gran velocidad. Sobre todo, porque acude al rescate de bancos y cajas de ahorros, muy tocados por el desinflamiento de la dicha burbuja inmobiliaria. Hoy se debe cuatro veces y media lo que el estado debía en 1989, según recuerda Juan Torres. Y, con el rescate del sector financiero por el Estado, se inicia esa infamia de socializar sus pérdidas para salvarlo de la quiebra. Porque los miles de millones que salvan a la banca salen de la tributación ciudadana. Hay algunos factores más en la amenaza de debacle bancaria, como el choriceo puro y duro de muchos directivos y ejecutivos, pero la burbuja y como explotó son clave para entender lo ocurrido. Lo perverso es que, tras el estallido de la crisis, que es un saqueo de los bienes comunes de la ciudadanía, se recurre de modo permanente al endeudamiento.  No para satisfacer las necesidades legítimas de la ciudadanía. Ni para invertir en economía real que reduzca el desempleo. Se recurre al endeudamiento para tapar agujeros. Agujeros del sector financiero, sobre todo. Sin embargo, no hay créditos para pequeñas y medianas empresas ni para las familias. Apenas. ¿Nuevo ciclo? Los vencimientos de la deuda y el pago de intereses condicionan al más pintado y no hay ciclo nuevo ni recuperación que valga sin enfrentar el grave problema de la deuda; no solo la pública. Incluso economistas ortodoxos son partidarios de reestructurar las deudas. Porque, a día de hoy, el conjunto de deuda privada y pública es impagable. Una reestructuración qué puede aplazar pagos, negociar quitas, reducir intereses... Y no pagar las partes ilegítimas en el caso de la deuda pública. La Alemania destrozada de la II Guerra Mundial empezó el despegue económico cuando los países acreedores, entre ellos Grecia, curiosamente, le condonaron parte de la deuda y facilitaron el pago del resto. Y en nuestros días, Ecuador y Argentina iniciaron un desarrollo fértil cuando forzaron nuevas condiciones para el pago de la deuda. O dejaron de pagarla. Hay que hacer algo con la deuda o no se recuperará una actividad económica eficiente. Afrontar la deuda es un objetivo de lucha ciudadana. Texto: Xavier Caño Tamayo.

Competencia y capitalismo

Que la competencia y el mercado son una mentira lo sabemos todos, pero a pesar de ello los gobernantes las utilizan como base y justificación de sus políticas, y sobre todo como si fueran beneficiosas para la sociedad.

La Comisión Europea multa en diciembre de 2013 a los grandes bancos europeos y americanos con 1.712 millones de euros, por manipulación de los tipos de interés, que sirven de referencia a los préstamos hipotecarios y los préstamos en general, la sanción es por prácticas anticompetitivas. La sanción no va a llegar ni al uno por ciento de lo que han obtenido con la manipulación de los precios. El negocio, el robo y la mentira son muy rentables, seguirán en ello, pero con más cuidado. Sirva también como ejemplo la manipulación de los precios de la electricidad en España, tan escandaloso que el gobierno el 20 de diciembre de 2013 ha anulado las prácticas de fijación de precios de la electricidad, por manipulación de los precios por las compañías eléctricas y por prácticas anticompetencia. El capitalismo tiene en la competencia y el mercado su base ideológica para argumentar que es una doctrina económica,  y justificar sus políticas económicas como las únicas eficaces para gestionar la actividad económica. La competencia nos la definen como el mecanismo que actuando en el mercado asigna eficazmente los recursos económicos,  fija por medio de las reglas de la oferta y la demanda los precios de los bienes y servicios. Sin embargo, la realidad se encarga de demostrar todo lo contrario.

El Capitalismo funciona sin las reglas de la competencia, y tiende a funcionar en régimen de monopolio y de oligopolio, como lo demuestran las constantes y generalizadas sanciones a todas las empresas de todos los sectores económicos por actuaciones anticompetencia. Sobre todo porque el capitalismo funciona como una estructura de poder económico, donde la fuerza de la jerarquía económica determina la posición y actuación de cada uno. El principio de la competencia es utilizado por los gobernantes y el capitalismo para justificar sus políticas económicas antisociales, situando los dogmas doctrinarios ideológicos del capitalismo (es decir sus privilegios, poder y riqueza) por encima de las necesidades y derechos económicos de la sociedad. A pesar de que la realidad se encarga de demostrar todo lo contrario, que ni el mercado ni la competencia existen, y mucho menos que sirvan para fijar los precios y asignar eficazmente los recursos. La competencia es un artilugio ideológico que no existe en la realidad por ser contranatura: su puesta en práctica destruiría a quien lo realizara.El mayor ejemplo de cinismo e hipocresía del capitalismo ha sido la infinita ayuda recibida de los estados en la crisis global del capitalismo de 2007 a la actualidad, donde llegaron a establecer la suspensión temporal de los principios del capitalismo, competencia y mercado, para una vez recibidas las millonarias ayudas estatales volver a refundar el capitalismo. Un ejemplo evidente de creación de  pobreza por el mercado y la competencia,  son los millones de parados forzosos despedidos para que las empresas sean más competitivas, junto a las rebajas salariales y pérdidas de derechos sociales económicos para que otra vez las empresas sean más competitivas.

Cuando el objetivo real no es la supuesta competitividad sino acrecentar la injusta distribución de la riqueza. La discusión de la ciencia económica sobre el capitalismo tiene que ocupar un lugar similar al que la ciencia y la razón han realizado sobre la religión y sus mentiras, evidenciar todas sus falsedades y manipulaciones. El capitalismo tiene los mismos fundamentos que la religión, la mentira pura y podrida, el cinismo y la hipocresía de sus propuestas que siempre tienen el efecto social contrario de lo que pretenden, el dogmatismo doctrinario y los autos de fe en unas ideas que son constantemente desmentidas por la realidad económica y social: las políticas de creación de empleo se transforman en fabricas de parados forzosos, los incentivos económicos en reducciones salariales, los  derechos a la vivienda en desahucios permanentes, el derecho a la vida como personas en la negación de los mas mínimos recursos para vivir… El capitalismo como la religión es un dogma de fe, es una doctrina ideológica sin ningún apoyo en la ciencia económica y social, sin ningún dato estadístico ni real que lo sustente, donde la realidad desmiente una a una todas las manifestaciones ideológicas del capitalismo. Hoy en día solo creen en el capitalismo, como solo creen en la religión, los que viven de sus privilegios de poder y riqueza: la clase política, empresarial, religiosa y burocrática. Texto: José Luis Velasco. Recomendado: 'La lógica del capitalismo'.

Estado del Poder. La amenaza a la democracia

Hace unos años, un libro que tratase del “estado del poder”, hubiese hablado principalmente del Estado y sus atributos predominantes, tales como el poder militar, su control sobre los recursos naturales o la fortaleza de su moneda. En el contexto actual, se podría añadir sin duda “su capacidad para espiar a los otros poderes”, pero no es nada de esto lo que me propongo debatir aquí. Me centraré más bien en el poder sin el acompañamiento de ningún tipo de responsabilidad ni rendimiento de cuentas; de lo que está obligado a informar a todos los ciudadanos en relación con sus actividades y que, por ser difícil de entender, resulta igualmente difícil de contrarrestar. Esta es la razón que justifica el subtítulo “la amenaza a la democracia”.

La legitimidad depende de la democracia. De no ser así, todas las formas de poder, cuando se refieren al gobierno, no son más que variaciones sobre el tema de la opresión, llamémosla tiranía, dictadura o autocracia. La sutileza del poder ilegítimo hace que sea difícil de identificar. No tiene un nombre como tal, no se origina en las decisiones oficiales y a menudo no se percibe como opresión por parte de quienes están sometidos a ella, a sabiendas o no. El poder legítimo, en el sentido que lo usaré aquí, excluye las tiranías, las dictaduras, los Estados autoritarios de partido único, las satrapías africanas y demás. Se trata del poder de las grandes corporaciones, a las que prefiero referirme, usando la definición de Naciones Unidas, como “transnacionales” o TNC y “multinacionales” o MNC. Al llegar a la cúspide de la corporación, el director general, el director de operaciones o el director financiero, el director de I + D y el Consejo de Administración, estas compañías suelen tener una nacionalidad identificable y aunque puedan tener filiales en docenas de lugares, no les dan ni mucho menos la misma importancia a cada uno de esos lugares. Además, como veremos más adelante, los grupos de empresas de EEUU o del conjunto de Europa, por ejemplo, se unen para obtener beneficios que perciben como de interés colectivo. “La obtención de beneficios” incluye los “beneficios políticos”, y la capacidad de obtener estos beneficios políticos de los gobiernos, crece de forma inexorable. Para mí, esto implica una que la democracia sufre una grave avería. Así que voy a hacer primero algunas distinciones rápidas en relación con lo que es legítimo y democrático por un lado e ilegítimo y antidemocrático por otro, en 8 gobiernos del Estado del Poder, llamados con frecuencia actualmente y por una buena razón “gobernanza” o gobernabilidad. En segundo lugar, expondré mi hipótesis: creo que la evidencia muestra que la autoridad ilegítima va en aumento y que la democracia está sucumbiendo poco a poco a la enfermedad de la ideología neoliberal para que cada vez más y más funciones del gobierno legítimo vayan siendo asumidas por el ilegítimo, no elegido, compuesto por agentes y organización opacas. Esto se da a todos los niveles: nacional, regional e internacional. Y finalmente, lo más importante: voy a suministrar elementos de prueba y a proporcionara ejemplos que apoyan estos argumentos. La lista de ejemplos aumenta cada día y podría ser mucho más larga que la que aquí expongo, aunque espero mostrar, no obstante, que el ilegítimo poder corporativo ocupa ahora más y más espacio a todos los niveles de gobierno, incluso en el ámbito internacional, lo que resulta gravemente perjudicial para la democracia y tiene un impacto en nuestros países y en nuestras vidas, sobre todo si vivimos en las democracias capitalistas occidentales.

¿Qué es lo que hace que el poder sea legítimo?

Aquí tenemos una lista para comprobar la legitimidad con la que creo que la mayoría de las personas que viven en países gobernados democráticamente estarían de acuerdo. Las señas de identidad del poder legítimo son las elecciones libres y justas, el gobierno constitucional, el Estado de derecho, la igualdad ante la ley, la clásica separación de poderes, los contrapesos necesarios para evitar que una sola parte del gobierno acapare demasiado poder y la separación de la iglesia y el Estado. Junto con estas disposiciones está la lista siempre en expansión de derechos y libertades individuales y colectivos, tal como quedaron sentados por primera vez en la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y en la Declaración de Derechos de 1791 compuesta por las primeras diez enmiendas de la Constitución de Estados Unidos de América. Libertad de opinión, expresión, culto, de prensa etc. Todas estas ideas fueron consideradas revolucionarias en su tiempo, incluso cuando la lista era lamentablemente incompleta, ya que aún existía la esclavitud, las mujeres y las minorías no podían votar o ejercer muchos derechos, etc. Pero la noción de los derechos individuales y los gobiernos que los garanticen son parte del movimiento de

La Ilustración

En el siglo XVIII, las ideas y los defensores de la ilustración incluyeron no sólo la noción de derechos y libertades, sino también deberes y normas de conducta para los ciudadanos a título individual. Defendieron el pensamiento racional y científico contra el dogma y la superstición e inventaron conceptos totalmente nuevos como el progreso colectivo e individual.

La Felicidad

En realidad la igualdad de derechos no se alcanza todavía enteramente para las mujeres, inmigrantes o minorías sexuales, raciales o étnicas, pero a pesar de todos los horrores de los últimos siglos, los reveses y las imperfecciones, la democracia y los valores de la Ilustración aún me parecen a mí y a millones de personas la mejor forma de gobierno que se haya intentado. Prueba de ello es que otras personas (no necesariamente occidentales) quieren las mismas cosas para sí mismos y están dispuestos a luchar para alcanzar la democracia, o poder del, por y para el pueblo.

¿Por qué defender este modelo?

Creo que hay que preservar y mejorar el modelo democrático de la Ilustración y ahora voy a tratar de explicar por qué creo que el poder ilegítimo representa un grave peligro. En las últimas tres o cuatro décadas, ha tomado gradualmente el centro y el frente del escenario un nuevo conjunto de valores, con numerosos y profundos cambios para peor en el gobierno. Enfrentada al gobierno de la Ilustración se encuentra ahora una nueva ideología de la codicia y la crueldad que podemos llamar modelo neoliberal. Ha ido ganando terreno a pesar de la prueba abrumadora de que es perjudicial para casi todo el mundo, excepto para los muy ricos y para los que están en la cúspide del sector empresarial y financiero. Sinceramente, no creí que pudiese emerger aún con más fuerza después del terremoto financiero de 2007-2008, cuyas secuelas estamos aún sufriendo. Pero esto es lo que ha sucedido. Este modelo ha sido concienzuda y minuciosamente refutado desde el punto de vista intelectual, teórico, práctico y moral. Y sin embargo el neoliberalismo ha triunfado y sigue produciendo grandes cambios en el poder a favor de las grandes corporaciones y de la clase más rica y poderosa aliada con la casta política. Las desigualdades se han incrementado notablemente. En Europa, la relación en el reparto de la riqueza entre el capital y el trabajo ha cambiado drásticamente a favor del primero. A finales de 1970, la proporción de la riqueza que percibían los trabadores en forma de sueldos y salarios era en Europa del 70% del PIB, mientras el 30% restante iba al capital en concepto de dividendos, rentas y ganancias. Ahora el capital percibe más del 40% del PIB –bastante más en algunos países– y la mano de obra menos del 60%. Los accionistas corporativos, que estaban contentos con percibir unos dividendos del 3 o 4% anual, ahora exigen dividendos del 12% o más. El objetivo de construir una empresa fuerte, saneada económicamente, duradera y bien integrada en la comunidad, ha sido sustituido por el único imperativo del “lucro del accionista”. Todas las decisiones que toman las empresas van dirigidas a ese fin, fomentando el cortoplacismo, la liquidación de activos, los despidos masivos y demás fenómenos negativos. Los DIEZ puntos del PIB que ha perdido la clase trabajadora, ¡no es una cosa menor! El PIB de Europa es de unos 13 trillones de dólares (1) anuales, así que la clase obrera europea ha perdido 1.300 billones de dólares (1.3 trillones de dólares) al año, en comparación con la década de 1970. Lo que se paga a los trabajadores, se dedica en su mayor parte a la compra de bienes y servicios, alimentando la actividad económica. Ahora tenemos un alto nivel de paro y los salarios de los que tienen empleo están estancados y a veces bajando, especialmente en el sur de Europa, aunque afecta incluso a la clase obrera alemana.

Por otra parte, el capital se reinvierte la mayor parte de las veces en la compra de productos financieros que no crean bienes de uso social y tienen poco o nada que ver con la economía real, excepto que con demasiada frecuencia esa inversión en valores bursátiles pone de rodillas a la economía real.

Doctrina neoliberal

De la misma manera que he presentado una “lista de control de legitimidad” democrática, aquí hay otra para aplicar al gobierno ilegítimo del modelo neoliberal y sus defensores:

Mercados

Son sabios y eficientes y dicen a los ciudadanos, a las empresas y a los gobiernos lo que quiere el público y cuáles son sus necesidades, por lo que debe permitirse su funcionamiento de manera independiente y con la mayor libertad posible (lo ideal es que operan en total y absoluta libertad), libres de reglamentos y de la intervención gubernamental. Los mercados, por definición, se autorregulan, y en el vocabulario neoliberal, las regulaciones son “asesinas de empleos”, los sindicalistas son matones que quieren evitar que encuentren puestos de trabajo los recién llegados y por supuesto los emigrantes. La privatización de los servicios públicos es deseable porque la empresa privada siempre es más eficiente y supera en rendimiento a los servicios públicos, así como en criterios, eficiencia, calidad, disponibilidad y precio. El libre comercio puede tener inconvenientes temporales para algunos, pero en última instancia, sirve a toda la población, con más y mejores empleos y mayor riqueza. Se deben eliminar tanto las barreras arancelarias como las no arancelarias, al comercio y a la inversión extranjera directa. El gasto del gobierno es intrínsecamente malo (a excepción de los presupuestos de defensa y seguridad nacional) y debe limitarse al mínimo. La deuda pública y el déficit presupuestario del gobierno deben eliminarse a la mayor brevedad, si es necesario mediante la imposición de medidas drásticas de austeridad a la población. Los programas de austeridad están basados en estas creencias. En términos morales el neoliberalismo es egoísta y cruel. En EEUU, un congresista republicano de Tenessee votó a favor de eliminar los cupones para alimentos con estas palabras: “Los que se niegan a trabajar que no coman”, haciendo caso omiso de que hay gente que no trabaja porque faltan empleos y por mucho que busquen trabajo no lo encuentran. En la UE, se encuentra en marcha una ofensiva totalmente desarrollada para despojar a los trabajadores de todos los derechos adquiridos durante las últimas seis o siete décadas. Para los neoliberales, cada prestación del Estado del bienestar resulta aborrecible, ya que consiste en tomar los recursos de los ricos –los que supuestamente crean la riqueza– para dárselo a aquellos que no lo merecen. Los ricos no les deben nada a los pobres. Los ricos tampoco deben nada a la naturaleza. En el credo neoliberal, la naturaleza por sí misma no crea ningún valor, ni la mano de obra tampoco. Ambas están ahí para ser explotadas por entidades corporativas y sólo los inversores (es decir, “los accionistas”) y la gente situada en la cúspide de la pirámide económica son creadores de riqueza.

La ofensiva corporativa

Poder_corporativo2Ahora, como pruebas, o al menos como ejemplos, el creciente control del poder ilegítimo. El poder se ejerce mediante el dinero de las empresas, por supuesto, pero también a través de la organización cada vez más sofisticada y profesionalizada. Existen muchos niveles de expresión de este poder: podemos comenzar este rápido resumen con el más sencillo, el antepasado del control corporativo, es decir, el cabildeo de los grupos de presión comunes o de jardín. La práctica del lobby (vestíbulo) tomó su nombre del vestíbulo de la Cámara de los Comunes, donde los hombres con intereses especiales y sobres llenos de billetes, acechaban a los diputados que entraban o salían.

Después de un par de siglos de práctica, estas personas no elegidas por el pueblo, resultan ya familiares, están mucho mejor informadas y son actores casi legítimos actuando en los márgenes del gobierno. Sus oficinas ocupan barrios enteros en Washington (Calle K) y el barrio de la UE en Bruselas. Frecuentemente llegan a través de la “puerta giratoria” y después de haber hecho carrera en la vida política y saber mejor que nadie a quien dirigirse y cómo hacer cambiar de parecer a los miembros de la Comisión, del Gobierno o a los legisladores. Han mejorado su técnica, se les paga más que nunca y obtienen buenos resultados. El cabildeo (lobbying) vale la pena. Una encuesta realizada en EEUU por la Fundación Sunlight mostró que las empresas estadounidenses que habían invertido en el cabildeo pagaban menos impuestos proporcionalmente que los que no lo habían hecho. En EEUU, al menos deben inscribirse en un registro del Congreso e informar de cuánto se les paga y quienes les paga. En Bruselas, sin embargo, solo hay un registro “voluntario” –una broma, teniendo en cuanta que frecuentan los locales de la UE entre quince y veinte mil cabilderos (lobbysts) que hablan sin parar todos los días con la Comisión de Personal y los parlamentarios. Unos parlamentarios de la Europa del Este fueron engañados por reporteros de tabloides británicos para que aceptaran sobornos a cambio de votos, y fueron debidamente expuestos a la vista del público lector. El Parlamento, con el criterio de que se trataba de preservar su reputación, pidió al presidente, Martin Schulz, que creara un grupo de trabajo encargado de reformar el inadecuado registro de transparencia europea. Se formó este grupo a mediados de 2012, después de lo cual no ocurrió nada más, que se sepa. La singular falta de progreso en el trabajo del grupo de transparencia se hizo aún más transparente a su vez, cuando en octubre de 2013, el semanario alemán Der Spiegel reveló que el presidente del grupo, el democristiano alemán Rainer Wieland, tenía un grupo de presión al lado como socio en un bufete de abogados de Bruselas. El lobby europeo moderno no se encuentra sólo en el Parlamento. Bruselas también está invadida por los bufetes de abogados tramando proyectos legislativos favorables y estrategias legales para sus clientes comerciales y estos clientes han demostrado ser especialmente reacios a inscribirse en el registro. No es de extrañar que Wieland no hiciera nada para cambiar su forma de pensar. Dos eurodiputados Verdes alemanes, Rebecca Harms y Daniel Cohn Bendit, escribieron una vez más a Shulz para señalar que las “revelaciones de que (Wieland) estaba involucrado en el ejercicio de una fuerte presión sobre la política de la UE, hacían insostenible su continuidad como presidente de un grupo de trabajo sobre la transparencia del cabildeo de los grupos de presión…” Vamos a ver, esta historia sigue su curso… Poco a poco, sin embargo, la dudosa, por no decir absurda maniobra de la Comisión y los Estados miembros está quedando al descubierto y el velo de secreto sobre las actividades del cabildeo está acusando cierto desgaste. Incluso entre los grupos de presión que se han inscrito, ya hay algunos que están bajo investigación. Como dicen los franceses “le ridicule tue” (el ridículo mata). Esperemos que el registro deje pronto de ser el hazmerreír del continente. El cabildeo o “industria de las relaciones públicas” creció exponencialmente después de la II Guerra Mundial y ahora cuenta con expertos en la defensa de los intereses de todos los sectores industriales, incluyendo la comida basura, los cultivos manipulados genéticamente, los productos nocivos como el tabaco, las sustancias químicas peligrosas o los productos farmacéuticos de inciertos resultados, los grandes emisores de gases de efecto invernadero y la industria financiera. Su misión es clara: redactar una nueva legislación y eliminar toda legislación contraria a los intereses que representan. Aunque quizás menos conocidos que los grupos de presión de las empresas transnacionales individuales, en toda la industria proliferan los “institutos”, “fundaciones”, “centros” o “consejos” de diversos tipos de productos, normalmente con sede en Washington DC, pero que en muchos casos operan a nivel mundial. También defienden el alcohol, el tabaco, la comida basura, los productos químicos nocivos, los productos farmacéuticos dudosos, las emisiones de efecto invernadero y así sucesivamente, aunque con diferentes enfoques, a menudo utilizando principios ideológicos o morales. Emplean científicos “mansos” que nunca se involucran en conflictos de intereses, para escribir “estudios” o artículos de divulgación encaminados a crear dudas en la mente del público, incluso sobre los científicos más acreditados. Afirman que existe un “debate” científico sobre ciertas cuestiones, cuando en realidad no lo hay, o ha sido creado de la nada por los propios grupos de presión. Crean falsos grupos de “ciudadanos de base” para defender sus productos o ideas y clamar que la “libertad de elegir” de los consumidores está siendo violada por el “Estado niñera” que toma sus decisiones hurtándoselas a los ciudadanos. Dicen que estos supuestos grupos de ciudadanos de base han lanzados peticiones y recogido firmas para defender o rechazar una determinada decisión política; un examen más minucioso de las firmas, da como resultado que son todas de los empleados de las empresas, cuyos empleos dependen de hacer lo que les ordenen. Utilizan tácticas alarmistas, como “esta legislación aumentará los costes para las empresas y hará que suban los precios y aumente el desempleo”. También son expertos en la presentación de los temas de que se trate para que estos pasen como si fuesen ”noticias” auténticas, cuando en realidad son operaciones de propaganda. Hay que tener cuidado para saber quien finanza una institución aparentemente benéfica y legítima antes de creer cualquier cosa que se diga y esto no resulta fácil para el ciudadano de a pie. La creación de la duda en la mente de la gente suele ser suficiente para alcanzar los fines que pretenden. El Centro para la Libertad del Consumidor, bajo la dirección del consumado gurú Richard Berman, fue capaz de retrasar la entrada en vigor la ley que prohíbe fumar en lugares públicos durante años. Berman también ha defendido las industrias de bebidas alcohólicas y comida basura, al igual que ha preparado campañas antisindicales para las grandes empresas. Los negacionistas del cambio climático utilizan las mismas tácticas. Una de sus organizaciones financiadas por las industrias del petróleo y del motor anunció incluso en su portal de Internet tras el fracaso de la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima celebrada en Copenhague en 2009, que se separaría, al haber conseguido sus fines. Y en muchos aspecto lo han conseguido: ahora hay mucha menor cobertura y (al menos en EE.UU.) menos preocupación en la opinión pública sobre el cambio climático que antes de 2009.

El triunfo de los bancos y servicios financieros

Desde mediados de la década de 1990, las mayores entidades bancarias transnacionales de Norteamérica, así como sociedades de valores, compañías de seguros y empresas contables, unieron sus fuerzas y emplearon a 3.000 personas y gastaron 5 mil millones de dólares para deshacerse de todas las leyes del New Deal aprobadas bajo la administración de Roosevelt en los años 1930, las mismas leyes que habían protegido a la economía estadounidense durante más de sesenta años. Mediante la presión de este cabildeo colectivo, consiguieron total libertad para eliminar de sus balances todos los activos que dan pérdidas y los trasladaron a los bancos “en la sombra” que no aparecen en ninguna partida de sus balances. Quedaron en libertad para crear y comercializar cientos de miles de millones de dólares en productos derivados tóxicos, como los paquetes de hipotecas de alto riesgo (subprime mortgages o hipotecas basura), sin ningún tipo de regulación en absoluto. Las consecuencias, como todos sabemos, han sido devastadoras. Pero la democracia ha estado ausente y no ha aportado soluciones. Dese el año 2007, cerca de diez millones de familias han perdido sus casas por embargos, sólo en EEUU. Las personas desahuciadas saben muy bien que los bancos o las empresas hipotecarias se quedaron con sus casas y los pusieron en la calle. Pero la mayoría todavía no tiene ni idea de cómo se llegó realmente a la crisis ni porqué el Congreso no hizo nada para evitarlo o paliarlo después de que ocurriera. Congresistas y grupos de mujeres prepararon varios proyectos de ley que podrían haber ayudado a que la gente se quedara en sus casas, pero ninguna de estas iniciativas logró convertirse en ley. Podríamos preguntarnos ¿y tampoco hubo ninguna organización del colectivo de desahuciados para la defensa de las personas que quedaron en la calle forzados por la fuerza pública? Poco o nada se ha hecho desde la caída de Lehman Brothers para volver a regulara las finanzas y mientras tanto el comercio de derivados ha alcanzado los 2.300.000.000.000 de dólares diarios, un tercio más que antes de la crisis. El tráfico híper-rápido de divisas (“Flash Trading”) totalmente impulsado por los algoritmos de los ordenadores, ha aumentado un 50% con respecto al nivel medio de la crisis. La actitud laissez-faire para la industria financiera está avivando el fuego de la próxima crisis y podemos predecir con exactitud que será aún peor que la anterior. De hecho tenemos la demostración matemática de que lo peor está por llegar y que las empresas están en este mismo momento nutriendo la próxima crisis. Tres matemáticos especializados en teoría de la complejidad del Instituto Politécnico de Zurich han publicado un notable estudio titulado “La red global del control corporativo”, que investiga y analiza miles de empresas transnacionales en función de sus conexiones con otras empresas igualmente transnacionales. A partir de una base de datos de 43.000 empresas, se afinan progresivamente las conexiones de propiedad en sentido ascendente y descendente para poner de relieve las empresas más interconectadas, hasta llegar a un núcleo formado por 147 empresas que controlan el 40% del valor económico de toda la muestra. El mapa resultante asemeja al de un cielo astronómico nocturno con tenues galaxias y estrellas brillantes, pero también con algunas supernovas con líneas que las ponen en conexión con decenas de otras estrellas del núcleo del mapa. Para estar en el núcleo, ana empresa debe tener al menos veinte conexiones. La impactante conclusión de estos matemáticos se encuentra en el anexo al documento que enumera las 50 empresas más interconectadas que encarnan lo que ellos llaman la “propiedad al filo de la navaja”. La interconectividad cerrada significa, de hecho, “abocadas al riesgo sistémico”, lo que a su vez significa que “mientras que en los buenos tiempos, la red es aparentemente sólida, en los malos tiempos, las empresas entran en quiebra todas al mismo tiempo”. De las 50 empresas más interconectadas y por tanto más abocadas al riesgo, 48 son bancos, fondos de cobertura, aseguradoras y otras entidades de servicios financieros.

Estado de las corporaciones. Estado del Poder. La mafia de las empresas europeas

Volviendo a Bruselas: decenas de “comités de expertos” formados por directivos de las empresas transnacionales, prácticamente sin participación de organizaciones de consumidores, medioambientales o supervisoras, se reúnen a diario con funcionarios de la Comisión. Vienen con la tarea de elaborar una legislación detallada en cada área política concebible. En el área crucial del comercio, el Observatorio Corporativo Europeo ha demostrado que la preparación del “Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones” EEUU-Europa mantuvo por lo menos 119 reuniones a puerta cerrada con las grandes empresas y sus grupos de presión, aunque sólo en alguna ocasión con sindicatos y grupos de consumidores y usuarios. Cuando se anunciaron las negociaciones en febrero de 2013, no había tenido lugar ni una sola de esas reuniones con los grupos de interés público, frente a las docenas de reuniones celebradas con los grupos de presión y las empresas”. Tales noticias, como se revela en documentos internos obtenidos mediante el recurso a las complicadas reglas de acceso a la información de la UE, están en marcado contraste con lo que pretende la Comisión en sus públicas “hojas informativas”. Una muestra: “Las opiniones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial” en las negociaciones comerciales de la UE. Esto sería cierto sólo si la “sociedad civil” fuese considerada como limitada casi exclusivamente a los intereses empresariales.

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)

Poder_corporativo3En teoría este Consejo se encuentra por encima de los miles de “grupos de expertos”, aunque es desconocido para el 99% de la población europea y la de sus países miembros. Cuando la UE se enfrentó por primera vez con la ampliación y la pesadilla de 27 diferentes bolsas de valores y una gran variedad de normas reguladoras y contables, pidió ayuda a un grupo de asesores ad hoc de cuatro grandes firmas de contabilidad trasnacionales.

Durante los años siguientes, este grupo se metaforfoseó silenciosamente en un organismo oficial, el IASB, formado por el talento de los cuatro grandes, pero ahora teniendo que establecer las normas de los 66 países miembros, incluyendo el conjunto de Europa, así como Australia. El IASB devino en organismo oficial a través de los esfuerzos de un comisario no electo de la UE, Charlie MacCreevy, un irlandés neoliberal, él mismo censor jurado de cuentas. No se debatió en ninguna sesión parlamentaria. Si a alguien se le ocurrió preguntar, se le contestó que era un organismo “puramente técnico”. ¿Y realmente qué podría ser más aburrido y técnico que las normas y prácticas contables?

¿Por qué debería importarnos?

Debemos tener cuidado, porque hasta que podamos obligar (si alguna vez podemos) a las empresas transnacionales a que adopten el sistema de presentación de informes oficiales “país por país” porque seguirán pagando impuestos, normalmente de forma bastante legal, en la mayoría de los países donde tienen sucursales. Pueden colocar sus beneficios en jurisdicciones de baja o nula imposición y sus pérdidas en los lugares con altos impuestos. En la actualidad, si así lo desean, pueden informar simplemente sobre el país de origen en el que tienen su sede y luego “resto del mundo”. Pero para aplicar los impuestos de forma efectiva, las autoridades fiscales tienen que saber las ventas, los beneficios y los impuestos que pagan en cada jurisdicción. Hoy en día no pueden porque las reglas están hechas a medida para evitar la divulgación de esta información. Los pequeños negocios nacionales y las familias con domicilio nacional fijo continuarán soportando la mayor parte de la carga tributaria o sencillamente prescindirán de los servicios del Estado que podrían haber proporcionado los impuestos provenientes de una justa tributación de las empresas Trasnacionales. Prácticamente en todas partes, estas empresas son oportunistas y van a su aire, en tanto que la policía y los bomberos protejan su propiedad y las escuelas y los hospitales locales eduquen y cuiden a su personal, que podrá venir a su fábrica u oficina en el transporte público o privado por las carretera construida por el Estado… Estas empresas no contribuyen a sostener los servicios públicos que utilizan sus empleados para venir a trabajar a sus fábricas y oficinas. Entré en contacto con la IASB para preguntar si estaba en su agenda la cuestión de la presentación de los informes oficiales país por país y recibí una cortés respuesta negativa. Las cuatro grandes empresas cuyos amigos y colegas las leyes y los reglamentos, perderían millones en ingresos si no pudieran aconsejar a sus clientes sobre la mejor manera de evadir impuestos. Los ciudadanos comunes seguirán soportando la carga tributaria. Los paraísos fiscales donde según estimaciones fiables han sido escondidos por corporaciones e individuos ricos unos 320.000.000.000.000 de dólares, seguirán floreciendo.

La ley más allá de las fronteras.

Actualmente muchas leyes se hacen más allá de las fronteras nacionales y, en el ámbito internacional, gran parte de estas leyes tratan sobre la manera de permitir a las corporaciones mayor expansión y menor sujeción a las leyes existentes. Un gran número de nuevos tratados comerciales están permitiendo que las empresas transnacionales se infiltren en las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, incluso del Estado. La propia ONU, es ahora el objetivo de las transnacionales, a las que esta Organización parece dar su bienvenida. Los tratados son una fuente de legislación importante, y en teoría están por encima de las leyes nacionales, incluidas las propias Constituciones de los distintos países, aunque los países más poderosos se reservan las parcelas más importantes. EEUU descarta una buena parte de la legislación internacional, incluyendo las convenciones de la Oficina Internacional del Trabajo. Europa inventa y ratifica los tratados a una velocidad vertiginosa, no dejando tiempo ni lugar para el debate ciudadano, y menos para que se voten en referéndum. En julio de 2013, se iniciaron las negociaciones sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, o TTIP. Este tratado hará que la mayor parte de las normas que regulan casi la mitad del PIB mundial (EEUU + Europa) y que se lleva negociando desde 1995, queden derogadas sector por sector, cuando entre vigor. El comercio transatlántico mueve 2 millones de dólares diarios, pero hay poco que negociar, con la excepción de las industrias alimentaria y de automoción. El objetivo es privatizar como sea los organismos públicos para eliminar las barreras no arancelarias, es decir, las normas y regulaciones que según las empresas transnacionales causa “fricciones comerciales”. Todas las negociaciones de este Tratado se están llevando a cabo en absoluto secreto, aunque Snowden filtró parte de contenido. De hecho, las tensiones entre la UE y EEUU a causa del espionaje de la NSA a la UE y la propia Merkel, estaban relacionadas con este Tratado. La parte norteamericana estaba siguiendo las deliberaciones de los negociadores de la UE para jugar con ventaja en la negociación. Si este tratado se aprueba en 2015 como está previsto, introducirá cambios en la regulación de la seguridad alimentaria, productos farmacéuticos, productos químicos, etc. Tendrá igualmente la última palabra sobre las propuestas de estabilidad financiera y otorgará libertad a los inversores para retirar su capital sin previo aviso. Podrá bloquear la introducción de nuevos impuestos, como el de transacciones financieras y reducir la capacidad de los gobiernos para introducir normas más estrictas de protección del medio ambiente sobre las industrias contaminantes, por ejemplo. Se prohíbe a los gobiernos cualquier preferencia nacional sobre las empresas extranjeras o los contratos de aprovisionamiento (una parte importante de cualquier economía moderna). Todo el proceso negociador se lleva a puerta cerrada y sin conocimiento ni consulta a los ciudadanos.

Naciones Unidas

La ONU cuenta actualmente con una sección especial para las corporaciones llamada el “Pacto Mundial”, fundado hace quince años por Kofi Annan y el entonces presidente de Nestlé. Para ser miembros, las empresas sólo tienen que firmar quince principios en las áreas de los derechos humanos, derechos laborales y medio ambiente. Aunque se supone que deben enviar los informes oficiales antelación, la ONU no los vigila. Sin embargo esto garantiza que se asigne un representante de alto nivel de las agencias de la ONU como FAO, OMS, UNESCO, etc., para coordinar y facilitar la interacción con las empresas.

Estado Corporativo / El Estado del Poder

¿Quién gobierna hoy en día? La legitimidad democrática implica la soberanía popular, o dicho de otra forma, el consentimiento de los gobernados. Se supone que el pueblo es el árbitro en última instancia: por tanto no basta con que elija a sus representantes, sino que también debe tener el derecho y la capacidad de decir “sí” o “no” a las políticas gubernamentales. No es nada nuevo que los gobiernos siempre hayan ejercido el poder a favor de determinados intereses de clase, puesto que nunca ha existido la democracia en sentido estricto. Pero una cosa era eso y otra que se permita que esos intereses de clase redacten realmente la legislación e intervengan directamente en la política, incluida la política presupuestaria, financiera, laboral, social o ambiental, suplantando a los legisladores elegidos por el pueblo. O que se permita que las empresas privadas actúen libremente en la difusión del engaño y la mentira, hurtándole al público el derecho a una información veraz. Tampoco se puede permitir que este tipo de intereses reemplacen al poder judicial establecido ejerciendo presiones sobre el gobierno y la propia judicatura a favor de sus intereses. ¿Cómo puede sentirse soberano el pueblo, si ni siquiera sabe quién o qué está tomando las decisiones que afectan a sus vidas? La democracia no ha sido capaz de avanzar al ritmo de la globalización ni a nivel nacional ni internacional y la autoridad se ejerce sin el consentimiento de los gobernados. Texto: Susan George (Attac-Francia) Traducción: Enrique Prudencio.