El dinero: Creación y difusión (3 de 3)

El dinero bancario (las promesas de pago) sólo sirve para realizar transacciones entre cuentas bancarias ubicadas en el mismo banco. Por ejemplo: yo tengo una cuenta en el banco A y quiero hacerle una transferencia de 100 euros a Felipe. Si Felipe tiene una cuenta en el mismo banco entonces lo único que ocurre es que mi cuenta disminuye en 100 euros, y la de Felipe aumenta en 100 euros. Son simples anotaciones bancarias que no requieren ningún uso de dinero legal. Números que suben y bajan, nada más. La promesa de pago que yo tenía en mi poder ha pasado a manos de Felipe. El banco A simplemente ha pasado de deberme a mí 100 euros (de dinero legal) a debérselos a Felipe. No ha tenido que utilizar dinero legal porque nadie le ha pedido que cumpla su promesa de pago. La promesa de pago sigue viva, aunque en otras manos. Sin embargo, si la cuenta bancaria de Felipe no estuviese en mi banco sino en el banco B, la operación sería diferente. El banco B no quiere tener en su poder la promesa de pago del banco A, así que le obliga a cumplir su palabra y entregar dinero legal por valor de 100 euros. De esta forma, el banco A paga 100 euros de dinero legal al banco B. Mi cuenta se reduce en 100 euros y la de Felipe aumenta en 100 euros. El banco A ha perdido 100 euros de dinero legal, pero ya no me debe 100 euros a mí porque la promesa se ha extinguido. En cambio, el banco B ha visto aumentar su dinero legal en 100 euros, pero ahora automáticamente tiene reconocida una promesa de pago por valor de 100 euros a Felipe. Como decíamos, el dinero bancario (las promesas de pago) sólo sirve para realizar transacciones entre cuentas bancarias ubicadas en el mismo banco. Para todo lo demás, el banco tendrá que utilizar dinero legal. Es decir, cuando un cliente quiera retirar su dinero o cuando un cliente quiera hacerle una transferencia bancaria (o cuando quiera pagar en una tienda con tarjeta de crédito) a un sujeto que tiene una cuenta en otro banco, será necesario utilizar dinero legal. Con los ingresos y los gastos del sector público ocurre prácticamente lo mismo; la única diferencia es que el Estado tiene su cuenta bancaria directamente en el banco central. Cuando el banco A tiene que pagar impuestos por valor de 500 euros, lo que hace es utilizar dinero legal, porque el Estado no acepta el dinero bancario (las promesas de pago) del banco. Así las cosas, el dinero legal del banco A se verá reducido en 500 euros y la cuenta que mantiene el Estado en el banco central aumentará en 500 euros. Pero nada de promesas de pago, nada de dinero bancario; el Estado sólo acepta dinero legal. Lo contrario ocurre cuando el Estado gasta dinero en vez de ingresarlo. Si yo soy funcionario y tengo mi cuenta bancaria en el banco A, cuando el Estado me pague mi sueldo lo que hará será pagarle al banco A con dinero legal. La cuenta que tiene el Estado en el banco central se reducirá, y mi cuenta bancaria aumentará por la misma cantidad. El banco A recibirá dinero legal, y automáticamente me reconocerá a mí una promesa de pago por esa cantidad. Poco a poco vamos viendo que los bancos incrementan su dinero legal de varias formas, no sólo a través del dinero en efectivo que depositan los clientes como muchos piensan. El dinero legal de un banco puede aumentar también cuando otro banco efectúa una transacción bancaria a una de las cuentas de sus clientes, o cuando el gobierno les paga el sueldo a funcionarios que tienen su cuenta en ese banco, o cuando el banco pide dinero prestado al banco central, etc. A lo largo de cada día se producen muchas transferencias de dinero legal entre bancos. Lo que ocurre es que el banco central no da la orden de transferir el dinero legal con cada transacción, sino que espera hasta el final del día para hacerlo de una vez. Es una forma de lograr que las transferencias sean más eficientes. De esta forma, si el banco A a lo largo del día ha sido obligado a cumplir algunas de sus promesas de pago y entregar 50.000 euros de dinero legal al banco B, y en el mismo día el banco B ha sido obligado a extinguir algunas de sus promesas de pago y entregar 40.000 euros de dinero legal al banco A, entonces el banco central dará la orden de transferir 10.000 euros de dinero legal desde el banco A al banco B. Por este motivo las transferencias entre dos bancos tardan 24 horas, y por eso las transferencias dentro del mismo banco son instantáneas (porque se transfiere dinero bancario, no dinero legal). Por último (y ya aterrizamos en la aportación de algunos lectores en un artículo anterior) queda hacer una mención al proceso por el cual los bancos dan créditos a los agentes económicos. Cuando un banco otorga un crédito a un sujeto, lo que está haciendo es crear una promesa de pago; lo que está haciendo es crear dinero bancario. Si el banco me concede a mí un préstamo de 1.000 euros, mi cuenta bancaria aumentará en esa cantidad, y todo ese dinero será dinero bancario. Con esta acción, el banco se está comprometiendo a pagarme 1.000 euros de dinero legal cuando yo lo desee. Si yo quiero sacar esos 1.000 euros de mi cuenta para comprarme un portátil, el banco está en la obligación de entregarme 1.000 euros de dinero legal (en billetes y monedas). Pero si en vez de eso voy a la tienda y pago directamente con mi tarjeta de crédito, pueden ocurrir dos cosas. Si el vendedor del portátil tiene una cuenta en el banco que me ha dado el crédito, entonces la promesa de pago no se extinguirá. El dinero bancario simplemente pasará de mi cuenta a la cuenta del vendedor. La promesa de pago cambiará de manos. En cambio, si el vendedor del portátil tiene una cuenta en un banco diferente al que me ha dado el crédito, entonces la promesa de pago se extinguirá y mi banco pagará 1.000 euros de dinero legal al banco del vendedor. Es decir, a los bancos no les sale gratis crear dinero bancario (conceder créditos), porque los individuos que reciben el crédito en algún momento empezarán a consumir y es probable que el banco tenga que utilizar dinero legal. Crear dinero bancario es comprometerse a entregar dinero legal cuando sea necesario, y eso supone un coste importante para el banco. Por todo ello, los bancos no “crean dinero de la nada” como algunas personas piensan. Lo que crean de la nada es dinero bancario, pero no dinero legal que es al fin y al cabo dinero en sentido estricto (y el único capaz de crear dinero legal es el banco central). Ahora bien, es cierto que un banco puede crear dinero bancario sin necesidad de tener en ese mismo momento dinero legal que lo respalde, porque la legislación le concede dos días para conseguir la cantidad de dinero legal a la que obliga la ley (1% de todo el dinero, en la zona euro). Pero que primero creen dinero bancario y luego se preocupen de hacerse con el dinero legal necesario no quiere decir que los bancos puedan crear dinero sin coste alguno. Los bancos privados tienen un inmenso poder relacionado con el dinero y la deuda pero no es tan extraordinario como el que tiene un banco central. E. Grazón. Parte 1

El dinero: Creación y difusión (2 de 3)

El dinero bancario no es dinero en sentido estricto (el banco central no le reconoce validez). El dinero bancario son simplemente promesas realizadas por el banco que crea ese dinero. Son promesas de pago, y por eso se pueden utilizar para realizar transferencias (comprar cosas, efectuar pagos, realizar inversiones…). Vamos a explicarlo con más detenimiento utilizando un ejemplo. Yo puedo escribir en un papel: “me comprometo a pagar 1.000 euros al poseedor de este papel” y ésta es la promesa que estoy materializando en un formato físico. Si yo quiero comprarle a Isabel un mueble que cuesta 1.000 euros, en vez de entregarle billetes o en vez de hacerle una transferencia bancaria, puedo entregarle mi promesa de pago (el papel). Esto sólo tendría sentido si Isabel se fiara de mi palabra y confiara en que en un futuro le pagaré esos 1.000 euros (pero esta vez con dinero legal, no con mi promesa). Si Isabel confía en mi palabra, yo habré comprado un mueble sin utilizar dinero legal respaldado por el banco central. El proceso podría continuar: Isabel podría comprarle a Simón un portátil entregándole la promesa de pago que yo hice (el papel). Si Simón confiara en mi palabra y aceptase el papel, se habría producido otra venta sin necesidad de utilizar dinero legal respaldado por el banco central. Esta sucesión de compras y ventas podría continuar indefinidamente, siempre que aquellos que utilizaran mi papel confiasen en mi palabra. Es importante destacar que mi papel sirve como medio de pago porque yo me he comprometido a pagar 1.000 euros a aquel que tenga en su propiedad el papel y venga a reclamarme el dinero. Pero puede ocurrir que nunca vengan a reclamarme el dinero. Puesto que todo el mundo confía en mí y todo el mundo acepta mi papel en las transacciones, no hay necesidad de que se molesten en venir a mí para que le cambie el papel por los 1.000 euros. A efectos prácticos, mi papel se ha convertido en un billete de 1.000 euros. Pero sólo porque confían en mi palabra. Si yo tuviese cierta dosis de picardía podría aprovecharme de esa confianza que depositan en mí y podría fabricar más promesas de pago en otros papelitos. De esta forma, podría comprar más cosas con mis nuevas promesas, y sin necesidad de tener suficiente dinero legal. Mientras la gente confíe en mi palabra, esos papelitos funcionarían exactamente como dinero legal, pero sin serlo. El problema aparecería cuando alguien dejara de confiar en mí y viniese a mi casa a cambiar su papelito por dinero. Si sólo viniese una persona y yo pudiese pagarle 1.000 euros (de dinero legal) no pasaría nada. Pero si la desconfianza se generalizase, muchos quisieran entregarme los papelitos a cambio de dinero, y yo no tuviese en mi poder suficiente dinero legal para satisfacer sus demandas, en ese momento se me habría acabado el chollo. Tendría que reconocer que no puedo pagar, la noticia se extendería y entonces ya nadie aceptaría mis papelitos como medio de pago. Una consecuencia derivada del fin de mi ganga es que todo aquel que tuviera en sus manos un papelito tendría que soportar una pérdida. Recordemos que obtuvieron el papelito entregando algo de su propiedad por valor de 1.000 euros, pensando que el papelito valía esa cantidad. Una vez mi chiringuito es desmontado, la validez del papelito se desvanece (ya no vale nada), y su propietario tiene que reconocer inmediatamente que ha perdido 1.000 euros. El lector habrá podido ya advertir la similitud de este ejemplo de los papelitos con el quehacer de los bancos privados. En efecto, aunque los bancos privados tienen dinero legal en su poder (como explicamos en el primer post), también crean promesas de pago –pero en vez de ser papelitos como en el ejemplo son números electrónicos en cuentas bancarias y también cheques–. Estas promesas no están respaldadas por el banco central, por lo que no es dinero legal. Pero en la práctica funcionan como tal porque los individuos de la sociedad confían en los bancos y creen que siempre que vayan a sacar dinero de su cuenta los bancos les van a entregar dinero legal. En consecuencia, a lo largo y ancho de la economía se utilizan estas promesas de pago (cheques y números electrónicos en cuentas bancarias) para realizar transacciones, a pesar de que no están respaldadas por dinero legal. Por lo tanto, cada banco tiene por un lado dinero legal (en forma de dinero físico y en forma de anotaciones en la cuenta que tiene el banco en el banco central) y por otro lado tiene dinero bancario, que son promesas de pago. La proporción de los dos tipos de dinero sobre el total depende de la legislación vigente en cada territorio. En la zona euro actualmente es la siguiente: por cada 100 euros de dinero total que tenga el banco, debe tener como mínimo 1 euro de dinero legal. Los 99 euros restantes puede ser dinero bancario, es decir, promesas de pago no respaldadas por el banco central. Puede parecer una proporción exagerada, pero en realidad es más que suficiente: el 1% de todo el dinero que almacena cada banco es muchísimo dinero, y sobra para llevar a cabo las actividades rutinarias. Esto es así porque la mayor parte de las transacciones de los bancos son efectuadas con dinero bancario (promesas de pago) y no con dinero legal. Sin embargo, como ya se sabe, si por algún casual (por ejemplo, un pánico bancario) todos los clientes quisiesen retirar el dinero que han depositado en su banco, lo cierto es que no podrían hacerlo porque el banco no tiene tanto dinero legal como para satisfacer toda la demanda. E. Garzón. Parte 3

El Dinero: Creación y difusión (1 de 3)

Los bancos centrales crean dinero legal; son los únicos que tienen autoridad para originar de la nada aquello que tiene validez para realizar transacciones de todo tipo (comprar productos y servicios, hacer inversiones, realizar pagos pendientes, etc). Absolutamente nadie más puede crear dinero legal. Yo, por ejemplo, podría crear dinero inventándome un material y un diseño, pero nadie me lo aceptaría como medio de pago, al igual que ningún vendedor aceptaría billetes del juego “Monopoly” a cambio de entregar su producto. El dinero legal sirve porque todos los integrantes de una sociedad lo aceptamos como medio de pago. Sabemos que con ese dinero en nuestras manos podremos realizar transacciones porque el resto de personas confía en su validez. Y si confiamos en la validez de este dinero legal es porque como sociedad le hemos reconocido a una institución oficial (que se llama “banco central”) el poder de crear el dinero. Este dinero legal es en última instancia dinero en efectivo (monedas y billetes), y yace en los bolsillos (o monederos, carteras, cofres…) de los individuos y también en las cajas fuertes de los bancos. Pero almacenar ingentes cantidades de monedas y billetes es muy costoso y molesto para los bancos, y también lo es transportarlo de un sitio a otro. Por ello, buena parte de este dinero legal no se conserva físicamente en las cajas fuertes de los bancos, sino que los bancos lo depositan en una cuenta del banco central correspondiente. De la misma forma que un individuo guarda parte de sus ahorros en una cuenta de su banco privado, un banco privado guarda parte de sus ahorros en una cuenta del banco central. El banco central es, por así decirlo, el banco de los bancos privados. Esto tiene importantes ventajas para los bancos privados (¡las mismas que tenemos los individuos que depositamos nuestro dinero en el banco!): se despreocupan de conseguir un espacio para almacenar los billetes y monedas, se despreocupan de instalar sistemas de vigilancia para que no sufran ningún robo, se despreocupan de transportar el dinero en furgones blindados cada vez que tengan que efectuar una transferencia bancaria de cualquier tipo, etc. Imaginemos la mastodóntica cantidad de transferencias bancarias que se pueden producir entre todas las instituciones de crédito que existen. En vez de tener que transportar con cada operación el dinero físico de un sitio a otro, lo que se hace es anotar las cantidades transferidas (tecleando cifras) en las cuentas correspondientes del banco central. Si el banco A le transfiere 1.000 euros al banco B, no envía ningún furgón blindado con billetes para transportar el dinero, sino que en la cuenta que tiene el banco A en el banco central vemos que la cifra correspondiente disminuye en 1.000, mientras que la cuenta que tiene el banco B en el banco central aumenta en 1.000. Son simples anotaciones electrónicas; no hay ningún traslado de dinero físico. De hecho, ¡ni siquiera existe ese dinero físico al que representan los dígitos! Pero no podemos olvidar que todas estas cifras electrónicas tienen validez: están respaldadas por el banco central. Visualmente son simples números que aumentan y disminuyen, pero en la práctica funcionan como medio de pago útil (con estos números se pueden comprar cosas, efectuar pagos, realizar inversiones…). Yo podría escribir en un papel el número “1.000”, pero no me serviría para nada porque nadie aceptaría mi papel como medio de pago. En cambio, si lo hace el banco central sí sirve, porque es la institución encargada de crear dinero. A mí nadie me ha otorgado ese poder. Al banco central sí. Planteémoslo de una forma más gráfica para una mejor comprensión. Imaginemos el caso extremo en el que un banco privado tuviese que entregar todo su dinero legal a sus clientes en mano. Los billetes y monedas que tuviese en su caja fuerte los entregaría directamente. El resto del dinero, que no está allí físicamente sino que sólo existe como simples anotaciones digitales en la cuenta que mantiene el banco en el banco central, tendría que ser fabricado por el banco central. Pero lo haría, porque al ser dinero legal está respaldado por la institución. Es dinero válido, y si por cualquier circunstancia hubiese que manejarlo en forma de billetes y monedas el banco central se encargaría de poner en funcionamiento las máquinas de impresión. Hasta ahora hemos hablado del dinero legal, que es el dinero en sentido estricto (al cual el banco central le reconoce validez) E. Garzón. Parte 2

Capitalismo y crisis económicas

Toda empresa capitalista se basa en la ganancia, esto es, en obtener una cantidad suficiente de beneficios por encima del capital invertido. Para ello es requisito indispensable vender los productos que previamente ha producido en lo que se llama el “ciclo de producción”.

Pero para poder vender esos productos necesita que existan, a su vez, unos compradores. Y es aquí donde empiezan los problemas. Si no existe mercado, es decir, si no hay compradores dispuestos a gastarse su dinero en adquirir los productos entonces la empresa no puede deshacerse de lo que ha producido y por lo tanto no puede obtener los beneficios necesarios para que su actividad sea rentable. Tendrá que quedarse con los productos en su almacén y entrará en una crisis de rentabilidad. Si la empresa no necesitara aumentar de tamaño y mejorar su ciclo de producción, necesitaría más o menos la misma cantidad de clientes a lo largo de toda su existencia, lo cual no debería generarle demasiados problemas. Si pudo durante un período encontrar suficientes clientes para hacer negocio, seguramente podrá volver a encontrarlos en otra ocasión. Y, siempre que no necesite encontrar un número superior de clientes, no tendrá demasiadas dificultades para seguir desarrollando su actividad a lo largo del tiempo. El problema es que sabemos que en un sistema capitalista las empresas deben incorporar innovaciones y mejorar su aparato productivo, porque de no hacerlo corren el riesgo de ser aniquiladas por la competencia. Al lograr mejoras y avances, las empresas serán capaces de crear más productos en menos tiempo. Pero para poder materializar la ganancia tendrán que vender todos esos nuevos productos que ahora generan de más, por lo que necesitarán nuevos clientes o que los mismos clientes acudan más veces a comprar. Pensemos en la relación entre ciclos de producción y ciclos de consumo. La tecnología ha llevado a un acortamiento de los ciclos de producción (por ejemplo, ahora es posible producir un coche en mucho menos tiempo que antes) y eso ha supuesto un mayor crecimiento de la oferta potencial: se pueden producir muchos más coches al año. Lo que significa que se pueden vender más coches al año.  Pero como hemos dicho antes para que todo esto funcione en el marco del sistema capitalista es necesario también que el ciclo de consumo se reduzca igualmente a la misma velocidad, es decir, que no basta con que se produzcan más coches al año sino que también se tienen que vender de forma efectiva (o deviene la crisis). En condiciones normales las empresas no logran vender la producción que han generado de más. El problema puede ser de índole económico o psicológico. Será económico cuando las compras no se produzcan porque los que quieren comprar no tengan dinero suficiente. En este caso es un problema distributivo y puede solucionarse –en principio–: a) incrementando los salarios de los trabajadores y/o b) concediéndoles préstamos. El boom de los años de posguerra (1945- 1975) tiene mucho que ver con el aumento de los salarios de los trabajadores, y las últimas tres décadas (1975-2007) tienen mucho que ver con el aumento de los préstamos. Pero puede ocurrir que aunque no haya compras sí haya compradores potenciales, es decir, gente que podría comprar esos productos porque tienen dinero suficiente pero que de momento no ha decidido hacerlo (porque no le interesa o porque no sabe que puede comprar más). Éste es el factor de índole psicológico que habíamos comentado. Es aquí donde entra en todo su esplendor la magia de la publicidad y su función de “crear necesidades, crear mercados”, consistente en mentalizar al consumidor de que el producto es antiguo y hay que sustituirlo por uno nuevo (caso evidente de la ropa y de los teléfonos móviles). Pero también nos encontramos con algunas estrategias empresariales todavía más detestables. Una de ellas es la de limitar técnicamente la vida del producto (caso de las impresoras o las bombillas, por ejemplo) y hacer de esa forma que el producto pierda valor de uso y haya que sustituirlo igualmente. El objetivo siempre es el mismo: volver a vender nuevos productos para evitar la quiebra de la empresa (que necesita reinvertir beneficios ad nauseam). Por eso no podemos analizar este problema de otra forma que no sea asociándolo directamente con el funcionamiento interno del capitalismo. No se trata de la maldad de unas cuantas empresas avariciosas que disfrutan torturándonos con mensajes publicitarios u obligándonos a desechar nuestros productos antes de tiempo. Lo que ocurre es que no habría un problema mayor para el capitalismo que una producción generalizada de bienes con larga vida útil y, por lo tanto, sin la inherente necesidad de ser reemplazados. Las empresas estarían de ese modo sentenciándose a sí mismas. No podemos olvidarnos de que el capitalismo es un sistema absurdo desde el punto de vista social y ecológico, pero a la vez es, sin embargo, profundamente lógico y consistente desde el punto de vista económico. Además, debido a su necesaria e incesante búsqueda del crecimiento económico, el capitalismo ha conseguido los mayores avances en la historia de la humanidad en cuanto a adelantos tecnológicos y riqueza material. La necesidad de innovar para destacar en el mercado, imponerse frente a otros competidores y obtener beneficios ha empujado a las empresas a desarrollar nuevas tecnologías y a crear nuevos productos y servicios que facilitan la vida del ser humano.

En este sentido, el capitalismo se ha mostrado ampliamente capaz y eficaz, y esta característica puede ser considerada sin duda la principal ventaja de este sistema económico. Ahora bien, la cuestión hoy día debe girar en torno a la siguiente pregunta: ¿de verdad necesitamos seguir aumentando como sociedad nuestra riqueza material a pesar de que ello genere amplias bolsas de pobreza y elevados niveles de desigualdad así como graves atentados contra el medio ambiente, o ya va siendo hora de detener este ritmo vertiginoso de producción y dedicarnos a repartir de un modo razonablemente equitativo la abundante riqueza que ya sabemos y podemos generar respetando además los límites de la naturaleza? E. Grazón. Ver: 5 Crisis financieras que cambiaron el mundo

El autoritarismo en la globalización

En las actuales condiciones del orden mundial recuperándose de una severa crisis económica, se observa un alza significativa en la receta autoritaria para gobernar. La interminable oposición del sector más reaccionario del Partido Republicano a la ley de reforma al sistema de seguridad en la salud (ACA), es el ejemplo más nítido de este autoritarismo. Es donde se cruza el objetivo ideológico de impedir que el estado participe en la seguridad social y el interés de los consorcios del capitalismo desregulado y más voraz. Los chispazos de mayores cuotas de progresismo y apertura a la demanda popular por mayor igualdad en la elección de Bill de Blasio, como alcalde de Nueva York, un eje cultural y económico del capitalismo mundial, es apenas un pequeño resplandor.

Lo que se observa es que el instrumento económico es cada vez más determinante en todo el espectro de la negociación política. Ese creciente autoritarismo económico, para funcionar con eficacia, debe estar acompañado con el garrote político que se expresa en políticas públicas insensibles al pulso social. Se exhibe en las posturas del gobierno de Angela Merkel, que impulsa medidas en materia económica contrarias a que Estados Unidos pueda implementar crecimiento con un grado aceptable y manejable de inflación. (“Those Depressing Germans”. Paul Krugman; NYT).

Alemania desde su circuito de poder en la Comunidad Europea, mantiene que la deflación es un correctivo más eficiente para impulsar crecimiento. En el fondo el criterio teutón responde a una antigua lucha entre Europa continental y Estados Unidos respecto al valor del US Dólar para que la economía norteamericana no se recupere con la velocidad requerida y no engulla a una moneda, como el Euro, que nunca ha podido despegar como moneda de solvencia asegurada en el circuito del intercambio comercial. Las diferencias de competitividad en las diferentes economías comunitarias europeas se han visto reflejadas con la crisis de 2008.

La postura económica germana es indeleble políticamente respecto a las necesidades de la economía global, poniendo así en juego las bases de una alianza transatlántica ya resquebrajada por mutuos errores en atinar con un orden mundial más igualitario y más pacífico. Alemania y su postura económica frente a Grecia, España y Portugal y las economías menos desarrolladas, respaldan el argumento de que democracia y libre mercado, per se, no forman un sistema político. Menos se sustenta que puedan estimular a que sociedades históricamente con menor nivel de desarrollo puedan absorber los ajustes fiscales y las reformas institucionales correspondientes.

Europa Comunitaria está presionada por múltiples amenazas y fenómenos expansivos de diferente naturaleza proveniente de China, Rusia, África y Estados Unidos. Pues bien, para contenerlos, Alemania recurre al sostén económico que quizás sea el capital más vulnerable que siempre ha tenido Europa Occidental, desdeñando su capital mayor que es el político.

La economía global ha hecho más visible una falla principal en el estado liberal y dos medidas a las que se recurre en tiempos de crisis: autoritarismo económico y político; o, protección financiera y seguridad (férrea) en la sociedad.

El primer capítulo se inaugura con el ajuste estructural de las economías a comienzos de la década de 1980. La medida se adopta sin consulta ciudadana. La crisis financiera de la década anterior obliga a la economía global a que el estado reduzca sustancialmente su rol económico y social a través de la privatización de servicios y bienes públicos y con desregulación activa. En el segundo capítulo los países subdesarrollados son obligados a pagar deudas, equilibrar su cuenta corriente y reducir el gasto fiscal para programas sociales.

El resultado es la debacle generalizada en los sectores de salud y educación. El efecto se extiende a países desarrollados. El tercer capítulo comienza en la crisis de 2008 cuando se le solicita a ese estado ya debilitado, que sostenga al sistema financiero y que además ajuste el gasto fiscal social. El problema del estado liberal post segunda guerra mundial y su inclinación a concebir la democracia con supuestas dosis de calidad en la representatividad, con grados tolerables de pluralismo y respeto a los derechos, es haber "encontrado" un sistema económico – el del ajuste estructural de los 80- que se impuso violando ese patrón aceptado de pluralismo y aspiración por igualdad.

A partir de este ajuste, los sistemas políticos no representan las diferencias de la población y la evolución de sus intereses. El sistema solo puede aplicarse con autoritarismo y verticalidad a través del poder (de liquidez especialmente) en los grandes consorcios que secuestran las bases del estado y de las instituciones políticas que, en rigor, se convierten en sucursales del gran capital. El sistema económico no concibe un sistema político más horizontal y participativo que lo sustente porque pierde eficacia. El sistema económico impuesto alteró las bases del liberalismo y la tendencia hacia el autoritarismo de la década de 1980 se manifiesta en otra dimensión, aunque con instrumentos más sofisticados, a veces.

Ese autoritarismo creciente en la globalización, se expresa también en un plano geopolítico. La afrenta contra Siria derivada en terrorismo desenfrenado, permite hacer una pregunta que pocos se hacen, excepto los Sirios que resisten: ¿Por qué tanto odio contra Siria? Por cierto, Siria con el gobierno de Bashar al Assad no ha entrado en los términos de referencia que impone la globalización.

Siria es la punta del Iceberg porque en buena medida cualquier país que rechace o sea renuente a aceptar el modelo económico de la globalización, corre la suerte de ser golpeado por el autoritarismo que se implementa por la vía más determinante que es la inversión extranjera. “O te adaptas a las reglas del juego o pereces”, parece ser el logo de presentación de los propietarios del capital transnacional.

La fórmula del autoritarismo económico y político encarnado en máxima protección del sistema financiero y máxima seguridad para prevenir levantamientos sociales no están dando resultados. El mundo se ha hecho cada vez más inestable y las empresas de seguridad y la industria del armamento se han enriquecido en este período de incertidumbre económica (armscontrol.org). Las corporaciones transnacionales también han aumentado sus tasas de ganancias en el período de crisis (UNCTAD).

El problema central consiste en que el actual modelo económico no ha generado un sistema político que lo sustente política y socialmente. Los reclamos de la población están repartidos y la “bomba social” en el planeta crece. ¿Es efectivamente la revolución socialista el límite desconocido o melancólico, de ese autoritarismo descontrolado que produce el capitalismo? Juan Fco. Coloane. Ver: Nuevos hábitos del Imperio

El tinglado se cae

Desde mayo de 2010 en que el entonces presidente Zapatero abrió la veda de los recortes masivos, no ha habido semana en que los gobernantes de turno, antes del PSOE y ahora del PP, hayan dejado de cercenar los derechos sociales, los salarios y las inversiones públicas.

Y todo para salvar a los bancos, culpables de la crisis económica. Una mezcla de resignación y de autoengaño ha llevado a muchos a la pasividad ante la voracidad insaciable del capital financiero y los desmanes constantes de sus intermediarios en el poder político. Buena parte de la culpa recae en la mentira oficial de “los brotes verdes” pregonada por Elena Salgado, exministra “socialista” de Economía y Hacienda y actual consejera de Endesa en Chile, y en la falaz promesa de “la luz al final del túnel” repetida un mes sí y otro también por el actual ministro de Economía, exconsejero de Endesa e ideólogo de FAES.En paralelo a la sistemática destrucción de lo público planificada por los organismos de la Unión Europea y el FMI, y aplicada con rigor por ministros y consejeros autonómicos, se va destapando cada día la olla de la corrupción. Señalemos sólo los últimos casos que han saltado a la luz pública: imputación de Carlos García Revenga, extesorero del Instituto Nóos (reado por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín) y ligado a la Casa Real desde hace 20 años como secretario y asesor de las infantas (el palacio de la Zarzuela guarda todavía un embarazoso silencio y la infanta Cristina acaba de declarar que “estaba muy afectada” por ello); descubrimiento por la Audiencia Nacional de una cuenta bancaria abierta en Suiza por Luis Bárcenas, extesorero del PP y exsenador por este partido, cuyo saldo llegó a alcanzar la cifra de 22 millones de euros; imputación de Manuel Bustos, alcalde “socialista” de Sabadell por cohecho y tráfico de influencias en la denominada Operación Mercurio; sentencia condenatoria emitida por la Audiencia de Barcelona que declaró la responsabilidad civil subsidiaria de Unió Democrática de Cataluña (UDC), presidida por el diputado democristiano Durán i Lleida, en el Caso Pallerols al constatar que hubo "aportaciones directas al partido".Para no alargarnos más y morir no de indignación sino de aburrimiento, indiquemos que, de acuerdo a cálculos fidedignos, más de 300 políticos españoles están imputados en casos de corrupción a lo largo y ancho del territorio del Estado. Según un reciente despacho de la agencia Europa-Press, los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales. Además, se están llevando a cabo investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras, como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.Las acusaciones de corrupción alcanzan de lleno a la dirección del PP. Tras la difusión de las andanzas de Bárcenas por tierras de Suiza y Argentina como un aparente inversor de éxito y un señalado evasor de capitales beneficiado por la reciente amnistía fiscal, en contra de lo que declaró en su momento Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, conocemos hoy en una meritoria exclusiva del diario El País las cuentas manuscritas de los tesoreros del PP desde el año 1990 al 2008. La práctica totalidad de la cúpula de este partido de la derecha española, incluido el actual jefe de gobierno, Mariano Rajoy, estaría implicada en el cobro de importantes cantidades de dinero sólo anotadas en unas cuentas secretas. También están apuntadas las aportaciones al PP de conocidos empresarios, en especial del sector de la construcción tan ligado al llamado “pelotazo del ladrillo”, es decir, a la galopante y protegida especulación inmobiliaria que contribuyó de manera decisiva a la ruina del país.La negación rotunda de tales corruptelas por parte de la dirección del PP no hace sino arrojar más dudas sobre este siniestro episodio que raya en lo incalificable por su gravedad. Sólo el presidente del Senado, Pío García Escudero, ha reconocido que su anotación era correcta aunque él habría devuelto el supuesto préstamo. Podríamos hacernos algunas preguntas al respecto. Si están tan seguros, ¿para qué van a realizar una auditoria interna y externa de su contabilidad? ¿No se reconocieron en vía judicial las irregularidades cometidas en el pasado por el extesorero del PP Rosendo Naseiro, aunque se acabó dando carpetazo al proceso sólo por defectos de forma? ¿Por qué el único condenado hasta ahora en el Caso Gürtel ha sido el juez Garzón que investigó la trama? Si Luis Bárcenas actuó correctamente y no hubo ni financiación irregular, ni sobresueldos en dinero negro, ¿por qué reniegan ahora de su extesorero y lo tratan como a un apestado, después de haber tenido despacho en la sede de Génova hasta hace una semana? No puede admitirse que en una pirueta de cara a la galería el propio PP garantice su honestidad con una auditoría encargada por ellos o mediante una comisión parlamentaria que, controlada por ellos mismos, eche tierra al asunto.Ante la extrema gravedad de las acusaciones, la ciudadanía tiene derecho a exigir una actuación rápida y a fondo por parte de los tribunales de justicia así como un debate sobre el tema en el pleno de la Cámara de Diputados, tal como ha pedido con toda razón el diputado de IU Cayo Lara. De no ser así, el gobierno debe dimitir y convocar elecciones generales para que el pueblo haga frente a un doble enemigo interno: una política económica que aplasta a las clases populares y una corrupción generalizada que socava las bases del sistema democrático. La transición política del franquismo a la monarquía borbónica ha mostrado en los últimos años su esterilidad y agotamiento. El tinglado levantado con esmero por los poderes fácticos y apoyado sin escrúpulos por algunos pretendidos dirigentes de izquierda, se cae a pedazos de arriba abajo. Los trabajadores, los jóvenes, los campesinos, los jubilados y hasta las clases medias y los pequeños empresarios están hartos de la palabrería de un régimen que no respeta su propia Constitución y de unos polìticos que en su inmensa mayoría sólo sirven los intereses creados de los poderosos.Antes de que sea demasiado tarde y arda la ira popular, el poder judicial y el parlamento, cada uno en su ámbito, tienen que cumplir con su deber constitucional y atajar sin contemplaciones la raíz misma del mal social y político que ahoga a la sociedad en su conjunto, “caiga quien caiga” como dijo María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, en un alarde retórico sin pensar en aplicarse ella misma la receta. A. Martínez Lorca. Ver: ''Estallido social''.

Ataque a la Catalunya social

Los últimos datos del Eurostat, la agencia de recogida de datos de la Unión Europea (UE), y del Idescat, la agencia de recogida de datos de Catalunya (con datos homologables a los del Eurostat), permiten conocer la situación social de España, incluyendo Catalunya. Tales datos muestran un gran deterioro de la situación social en España y en Catalunya.

En este artículo me centro en Catalunya, donde tal deterioro ha sido incluso  más acentuado, y en las razones para tal deterioro comparando la situación de Catalunya con el promedio de los países de la UE-15.Empecemos por el mercado de trabajo. La tasa de ocupación de la población es mucho más baja en Catalunya que en el grupo de países de la UE de similar desarrollo económico al nuestro (es decir, a la UE-15), y esto se debe a la escasa disponibilidad y gran destrucción de puestos de trabajo que caracterizan el espectacular deterioro del mercado de trabajo. Esto también explica la elevadísima desocupación (especialmente elevada entre los jóvenes), una de las más altas de la UE-15, una situación que no cambia. El porcentaje de personas que están paradas durante más de un año es casi tres veces más elevado en Catalunya que en la UE-15. Catalunya es también uno de los países de la UE-15 con mayor precariedad entre los trabajadores. Es más, y en contra de la opinión de los economistas ultraliberales que tienen gran visibilidad en los medios de información, tanto privados como públicos, incluyendo los medios públicos catalanes, como TV3 y Catalunya Ràdio, Catalunya es uno de los países con mayor flexibilidad laboral, como lo muestra el hecho de que Catalunya tenga uno de los porcentajes más bajos de trabajadores con contrato fijo de la UE-15. Y es también uno de los que tiene salarios más bajos (y que han bajado incluso más durante los años de crisis).Una situación igualmente preocupante aparece en cuanto al gasto público social (que financia la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales públicos, las escuelas de infancia públicas, los servicios de dependencia públicos, la vivienda social, y un largo etcétera). Catalunya tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15, y esto a pesar de ser uno de los países más ricos de la UE-15 (su PIB per cápita es el 110% del de la media de la UE-15). Este menor gasto público no se debe al hecho de que Catalunya tenga menos necesidades. Todo lo contrario. En educación, por ejemplo, el porcentaje de la población de 20 a 64 años que ha conseguido al menos la enseñanza secundaria es de los más bajos de la UE-15. Una cosa parecida ocurre en la sanidad pública, una de las sanidades europeas con menor gasto público sanitario por habitante. Y en contra de lo que la sabiduría convencional mediática y política promueve en Catalunya, la mayor causa de este deterioro de la Catalunya social no se debe primordialmente al déficit fiscal (llamado belicosamente por los independentistas catalanes “expolio de Catalunya por el Estado español”) –que existe, aunque en cantidades menores de las que se presentan por ellos, como he documentado en mis trabajos–, sino en el “expolio de una clase (las clases populares) por una minoría (que vive en Catalunya y es catalana)”. Las leyes que han causado este deterioro de la situación social de Catalunya, perjudicando a las clases populares (con las sucesivas reformas laborales y los recortes sociales), las han aprobado partidos políticos catalanes en las Cortes españolas, que sistemáticamente han favorecido a una minoría a costa de la mayoría de la población. Y algunos de ellos (representantes de las minorías), como CiU han prometido, como ocurrió hace unos días, al mundo empresarial que cuando consigan la independencia bajarán sus impuestos, mientras que algunos de los gurús ultraliberales independentistas que aparecen en TV3 son conocidos defensores de la total privatización de las pensiones públicas.La mayor causa del atraso histórico de la Catalunya social es el enorme dominio que las fuerzas conservadoras y liberales (en alianza con las fuerzas políticas de la misma sensibilidad política existentes en el Estado español) han tenido en la vida política y mediática de Catalunya (y España, de la cual Catalunya es parte) desde los años cuarenta, tanto durante la dictadura como durante el periodo democrático. No es por casualidad que los países que están también a la cola de la UE-15, que son Grecia y Portugal, hayan sido países que han tenido dictaduras ultraconservadoras sustituidas por democracias muy limitadas, altamente influenciadas por intereses económicos y financieros que han configurado sus políticas públicas. Hablar solo de nación sin hablar de clase es insuficiente para entender el problema social de Catalunya. Esta es la realidad ignorada, cuando no ocultada, en los mayores medios de información y persuasión en Catalunya.Vicenç Navarro.

LOS RESPONSABLES DE LA CRISIS

Los países del sur de Europa (Grecia, Portugal y España) están en una situación desesperada, como reflejan sus elevadas tasas de desempleo. Y las predicciones para que ello mejore no son halagüeñas. Según la Comisión Europea el desempleo continuará muy alto durante la próxima década, lo cual quiere decir que se quemarán varias generaciones.

 Un tanto igual ocurre cuando miramos, en lugar del nivel del desempleo, el nivel salarial. Los salarios han estado bajando y bajando –como parte de lo que se llama la devaluación doméstica- a fin de abaratar las exportaciones, las cuales, se nos dice, nos sacarán del agujero, cosa que es obviamente falsa. En realidad, tal como está estructurada la Eurozona, es imposible que los países del sur puedan competir con los países del Norte. Veamos los datos. Comencemos por Alemania. La economía de este país se basa en una enorme devaluación doméstica (conseguida a costa de que aproximadamente una cuarta parte de su fuerza laboral esté en condiciones de gran precariedad). a fin de conseguir estimular la economía a base de exportaciones. Ello determina un superávit anual en su balanza por cuenta corriente (current-account surplus) de nada menos que de unos 125.500 millones de euros al año (promedio anual desde que se estableció el euro en 1999). Es el segundo país en superávit después de China (algo más de 162.000 millones anuales). Como bien escribe Kemal Dervis en su artículo “Northern Europe’s Drag on the World Economy” (del cual extraigo la mayoría de datos de este artículo), es sorprendente que mientas China está bajo una enorme presión para que reduzca tal superávit, a Alemania se la deje tranquila, sin que sufra amenazas de sanciones como las que sufre China. Bajo estas circunstancias, es muy difícil que estos países puedan salir de la crisis a base de exportaciones, ganando en competitividad a Alemania, pues los establishments de estos países quieren ganar en competitividad mediante la bajada de salarios (que está deprimiendo más y más la demanda doméstica). Pero la situación es todavía peor. No es solo Alemania la que tiene un superávit anual en su balanza por cuenta corriente, sino todos los países del norte (Suecia, Dinamarca, Noruega y Suiza, que no tienen el euro pero definen el valor de su moneda en relación al euro), así como Austria y Holanda dentro de la Eurozona. Ello implica que el superávit de esta Europa del Norte (cuya moneda, directa o indirectamente, es el euro) es de nada menos que de unos 406.000 millones de euros (el de China este año será de unos 111.000 millones), lo cual es una cifra enorme, y que explica, entre otras razones, la enorme fuerza del euro, lo cual perjudica enormemente a los países del sur pues dificulta sus exportaciones. Ante este panorama tan sombrío hay solo dos soluciones. O bien salirse del euro (una posibilidad que debería considerarse) o hacer que la demanda doméstica de los países del norte crezca a base de aumentar los salarios de los trabajadores del norte. Nunca se había visto de una manera más clara que los intereses de los trabajadores del sur y del norte coincidieran más. Pero el hecho de que esta alternativa no se esté considerando se debe al gran dominio que el capital financiero (que se beneficia del euro fuerte) y el industrial (que se centra en las exportaciones) tienen en todos aquellos países y en la estructura de gobierno del euro. De ahí que la alianza de las clases trabajadoras a nivel europeo representaría una gran amenaza a los intereses de estos establishments, lo cual explica su apoyo a tesis racistas y chauvinistas (léase la prensa alemana y nórdica, y lo verá), que intentan evitar esta alianza, presentando a los trabajadores alemanes, por ejemplo, como sujetos de intereses opuestos a los obreros españoles, griegos y portugueses. Así de claro. Texto: Vicenç Navarro. Ver también: Cataluña y el derecho a decidir

'Seguridad ciudadana' y mayoría silenciada

La “mayoría silenciosa” se ha convertido en una categoría central de la política española actual. En manos del Gobierno es el arma arrojadiza contra cualquier movilización que cuestione sus políticas. Los que protestan –contra los recortes, contra las privatizaciones, exigiendo mayor democracia– son siempre una minoría. Ruidosa, extremista, invariablemente manipulada. La “mayoría silenciosa”, en cambio, sería la expresión ontológica de una sociedad civilizada. La que se queda en casa, la que soporta estoicamente los ajustes y las exhibiciones de impunidad de los que mandan. El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. El anuncio del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe entenderse dentro de esta última estrategia.Escarmentado por las movilizaciones anti-ajuste contra el PSOE y por el crecimiento del soberanismo en Cataluña, la idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El propio Ministro Fernández Díaz ha acompañado cada movilización contra su Gobierno con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. A menudo, estos anuncios han sido tratados como globos sondas, como una suerte de provocación destinada a quedar en nada o en muy poco. Lo cierto, sin embargo, es que han producido cambios concretos en el marco normativo y han dado cobertura a actuaciones policiales que hubieran resultado intolerables unos años antes. 

a) Crear una mayoría silenciada (I): endurecer el Código Penal.

Ya en ocasión de la primera huelga general contra el Gobierno Rajoy, Fernández Díaz denunció un “salto cualitativo” en los hechos de violencias registrados durante las protestas. Esta supuesta “emergencia” era totalmente infundada a la luz de los hechos reales. Sin embargo, le permitió anunciar una reforma del Código Penal que asimilara la llamada “violencia callejera” a conductas terroristas o proto-terroristas. Fernández Díaz también aprovechó la coyuntura para enviar otros mensajes de dureza. Sugirió que asociaciones, partidos y sindicatos respondieran penalmente en aquéllos casos en que algunos de sus afiliados, partícipes en las manifestaciones convocadas, cometieran hechos delictivos. Y pidió lo mismo, en el ámbito civil, para padres y tutores cuyos hijos menores de edad pudieran haber causado daños durante una manifestación.Muchas de estas medidas fueron descalificadas como un simple exabrupto pour la galerie. Empero, inspiraron buena parte la propuesta de reforma del Código Penal anunciada en ese mismo año por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El Anteproyecto de Gallarón perseguía varios objetivos simultáneos. Por un lado, contemplaba nuevos delitos y endurecía penas y multas que podían afectar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias u organismos públicos, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Por otra parte, ampliaba el alcance de delitos ya existentes como el de desórdenes públicos y abría las puertas a la criminalización de la resistencia pasiva, como había pedido Fernández Díaz [1]. Finalmente, establecía la desaparición de las faltas, que pasaban a convertirse, bien en delitos leves, bien en infracciones administrativas. Esta última medida distaba de ser una expresión del principio de intervención mínima. Muchas actuaciones hasta entonces constitutivas de faltas, en realidad, recibieron un tratamiento penal más duro. Con ello, actuaciones de desobediencia protagonizadas por el 15-M, los Yayoflautas, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o el Sindicato Andaluz de Trabajadores corrían el riesgo de recibir abultadas sanciones económicas o de acabar en el banquillo de los acusados, en un juicio penal por delito.

b) Crear una mayoría silenciada (II): reforzar la impunidad policial

Otra de las vías de actuación del Gobierno para “silenciar” a las “minorías ruidosas” sería la ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. En 2013, la Comisión Legal de la Acampada del 15-M de Sol, de hecho, denunció que en tres años 329 personas habían sido detenidas (y a veces lesionadas) en el transcurso de manifestaciones pacíficas. Estos abusos policiales no merecieron, casi nunca, la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, a menudo contaron con un aval, implícito al menos, de los mandos políticos y policiales. El crédito casi ilimitado dado a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos permitiría ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad. En poco tiempo, aumentaron los maltratos y las detenciones arbitrarias, se impusieron multas desorbitadas, se abrieron páginas electrónicas para denunciar a sospechosos de “vandalismo” en las manifestaciones y se autorizó la grabación de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.La generalización de estas prácticas contrastaría con la impunidad concedida a los cuerpos policiales. Esto se pudo ver claramente con motivo de la detención, tras una brutal carga policial, de varias personas en la manifestación del 25 de septiembre de 2012, en protesta por la recién aprobada reforma laboral. Al llegar a la comisaría de Moratalaz los abogados de los detenidos se toparon con un grupo de encapuchados que, a la postre, resultaron ser agentes de la Policía Nacional. A pesar de la queja de los letrados, Fernández Díaz no tuvo empacho en defender los interrogatorios. Es más, tras la difusión de imágenes de policías encapuchados infiltrados en la manifestación, el ministro sostuvo que el ordenamiento jurídico “debe y va a ser capaz” de hallar mecanismos para que el respeto a la libertad de expresión “no sirva nunca de parapeto” para atentar contra el honor de los policías.La nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana concreta esta aspiración. No en vano, su diseño ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, uno de los pocos miembros del Gobierno que ha defendido sin ambages la utilización de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla. 

c) Crear una mayoría silenciada (III): asfixiar económicamente a los que protestan.

A juzgar por los anuncios realizados por Fernández Díaz, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana será un complemento perfecto del resto de medidas represivas adoptadas en estos últimos años. De aprobarse, permitiría aumentar sensiblemente el número de infracciones administrativas previstas en la ley actual: de 39 a 55. El repertorio de conductas sancionables se ampliaría de manera notable: escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), quema de contenedores, protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, grabaciones o difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Las sanciones por estas conductas también se incrementarían, pudiendo llegar en algunos casos a multas de entre 30.001 y 600.000 euros.Como salta a la vista, ninguna de las infracciones contempladas obedece a la imaginación del Ministerio del Interior. Todas están vinculadas a acciones de protesta que se han recientemente. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.Hace tiempo, en realidad, que la utilización de las multas y de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar central en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social [2]. Tras la aparición del 15-M, de hecho, se hizo frecuente que las autoridades echaran mano de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 para multar a quienes protestaban contra las políticas gubernamentales. Este régimen sancionatorio ya resultaba cuestionable en el momento de su aprobación. Pero ha devenido aún más arbitrario en los últimos años. Infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad u originar desórdenes en los espacios públicos, han acarreado multas de hasta 300 euros. En cambio, infracciones consideradas graves como celebrar reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones que no se hayan comunicado a la autoridad gubernativa, han supuesto multas de entre 300 y 30.000 euros. Y si se trata, por fin, de infracciones muy graves, en las que se ha alterado el funcionamiento de servicios públicos o los transportes, pueden llegar a 600.000 euros.Manifestantes aislados o activistas pertenecientes a movimientos como el 15-M, el Sindicato Andaluz de Trabajadores o la PAH han sido sancionados con multas cuantiosas que pueden tener un efecto desmovilizador mayor incluso que las simples detenciones. Además de engrosar las arcas de las Delegaciones de Gobierno, estas multas han obligado a los movimientos a desviar sus escasos recursos a tareas que no siempre tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones.La propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana viene así a complementar la estrategia represiva diseñada con la reforma del Código Penal. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces que entendieron en estas causas emitieron duros autos duros autos contra la actuación policial y primaron la libertad de expresión de los ciudadanos. Las sanciones administrativas, en cambio, alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Para obtener una revisión en sede jurisdiccional, de hecho, habrá que recurrir a la vía contencioso-administrativa y pagar unas tasas judiciales que, tras la reforma Gallardón, se han tornado especialmente abusivas.

d) El silencio del miedo y sus límites

Como bien han sostenido los abogados del Colectivo de Juristas andaluz 17 de marzo, la propuesta de reforma de Fernández Díaz es una suerte de reedición de la Ley de Vagos y Maleantes aprobada en los años 30 del siglo pasado y ampliada durante el franquismo. Además de reforzar la impunidad policial, su objetivo es claro: complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último.Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría silenciada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con sanciones económicas elevadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.

Notas [1] La idea de que la resistencia pacífica y pasiva fuera considerada un delito también había sido defendida en otros ámbitos. Un comisario antidisturbios de la policía catalana, de hecho, llegó a declarar sin disimulo en un programa de Salvados, en la cadena Sexta, que “la resistencia pacífica es violencia” y que si “Ghandi hubiera estado en [la ocupación] de plaza Catalunya” durante el años 2011 debería haber sido detenido [2] Sobre esta noción, vid. Pedro Oliver Olmo (coord.) Burorrepresión. Sanción administrativa y control social, Bomarzo, Albacete, 2013.Gerardo Pisarello es miembro del Consejo de Redacción de Sin Permiso. Jaume Asens es miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Ambos son miembros del Observatorio DESC.

Un mundo sin bancos

Cuando quieres entender algo más claramente, a veces es útil imaginar el mundo sin ese algo. Acabo de leer un libro (Repensar el dinero, por Benard Lietaer y Jacqui Dunne) que anda tan profundamente confundido sobre el modo en que nuestro sistema bancario privado “crea nuestro dinero” (pero perversamente rechaza crear lo bastante), que me ha despertado la necesidad de aclararme a mí mismo qué es realmente el sistema bancario privado. Así surgió la idea de imaginar un mundo sin ningún tipo de bancos privados y tratar de ver en qué momento y con qué propósito llegaron a ser útiles y aun, tal vez, necesarios.

Es desde luego posible imaginar un sistema monetario que, hasta cierto punto, funcione muy bien sin bancos privados: un gobierno colectivo (soberano) instituye un tesoro que emite, a iniciativa del gobierno colectivo, dólares fiduciarios. El gobierno colectivo instituye la necesidad de que los ciudadanos ingresen ese tipo de dólares fiduciarios por la vía de imponerles impuestos que sólo pueden pagarse con esos mismos dólares fiduciarios. Dado lo cual, el soberano puede ahora emitir dólares para comprar a esos mismos ciudadanos tantos bienes y servicios colectivos como puedan producir los ciudadanos, según el tiempo, los materiales, la energía y la tecnología de que dispongan. Los dólares fiduciarios que los ciudadanos ingresan al crear esos bienes y servicios colectivos serán entonces usados, no sólo para pagar sus impuestos, sino también como medio de intercambio entre ellos mismos para las cosas que privadamente producen, poseen o consumen. Así, se crean dos mercados que usan la misma moneda como medio de intercambio: el mercado de bienes y servicios colectivos y un mercado de bienes y servicios privados.

El deseo de los ciudadanos de “ahorrar” dólares para los malos días podría verse facilitado por el soberano que instruye al tesoro para que emita bonos generadores de intereses. Los ciudadanos podrían entonces cambiar su exceso de dólares fiduciarios por esos bonos, en el bien entendido de que no podrían volver a convertir esos bonos en dólares durante un determinado período de tiempo. Eso crea la ventajosa situación siguiente: a) los ciudadanos pueden incrementar sus ahorros hasta el día en que ya no pueden seguir obteniendo ingresos y vivir de su trabajo; y b) el soberano colectivo puede reducir el número de dólares en circulación (como estrategia para mantener la estabilidad de precios).

Hasta aquí, no tenemos necesidad ninguna de un sistema bancario privado. El soberano colectivo puede emitir dólares, recaudar impuestos y emitir bonos. Los ciudadanos pueden ingresar dólares y luego usar esos dólares como medio de intercambio entre ellos para obtener bienes y servicios privados. Pueden ahorrar para el futuro cambiando su exceso de dólares por bonos generadores de intereses, y pueden “votar” a favor de pagarse a sí mismos para producir todos y cada uno de los bienes y servicios colectivos que su disposición de tiempo, materiales, energía y tecnología les permita producir. A mí esto me suena mucho a sociedad feliz y próspera.

Deberíamos, no obstante, observar que la circulación total de dólares disponibles para el intercambio privado de bienes y servicios está limitada por lo que ha sido pagado a los ciudadanos a cambio de la producción de bienes y servicios colectivos (menos los impuestos recaudados, menos los dólares que se han cambiado por bonos generadores de intereses, más los pagos de intereses dimanantes de esos bonos). Muy bien podría ser que no hubiera bastantes dólares para subvenir a los esfuerzos de los ciudadanos empeñados en producir e intercambiar los bienes y servicios privados que desean. Las cosas privadas deseadas o aun desesperadamente necesarias –y para las que habría recursos disponibles— podrían dejar de ofrecerse simplemente por falta de dólares suficientes para facilitar los intercambios necesarios en su producción o suministro.

En tales circunstancias, es posible imaginar varios modos por los que el soberano colectivo podría inyectar más dólares fiduciarios en el mercado privado, además de –y añadidos a— la compra de bienes y servicios colectivos. Sin embargo, aunque los procesos democráticos (cuando funcionan adecuadamente) pueden dirigir razonablemente bien la producción de bienes colectivos, parece evidente que esos mismos procesos (aun funcionando adecuadamente) no son muy aptos para decidir qué bienes y servicios privados y en qué cantidad han de crearse. No es, pues, claro cómo podría el soberano colectivo saber a ciencia cierta cuántos dólares fiduciarios nuevos debe crear, ni cómo distribuirlos a fin de que las necesidades de bienes y servicios privados sean óptimamente satisfechas.

Bien podría ser que un sistema bancario privado pudiera resolver ese problema. El soberano colectivo podría habilitar la formación de un sistema de bancos privados, investido cada uno de ellos del privilegio legal de apalancarse en dólares fiduciarios soberanos para emitir “préstamos” a los ciudadanos, unos préstamos respaldados por sólo una fracción de los dólares soberanos de que realmente dispone el banco. El modelo de negocio podría desarrollarse más o menos así:

El soberano colectivo concede a un banco privado una franquicia legal. El banco privado, entonces, crea un incentivo para que los ciudadanos depositen en el banco sus dólares en mano: el incentivo es la promesa del banco de pagar al ciudadano algún tipo de interés, o tal vez el suministrarle un talonario de cheques o servicios de compensación de cheques, descargándole de la molestia de tener que llevar consigo grandes cantidades de efectivo. El banco queda, así pues, autorizado por la franquicia concedida por el soberano colectivo para emitir “préstamos” a los ciudadanos –denominados en moneda soberana— por montos que pueden rebasar (en un porcentaje especificado) el volumen de los dólares que el banco tiene en depósito. Por ejemplo, el banco podría estar autorizado a emitir un determinado número de nuevos “dólares-crédito” por cada dólar fiduciario que tenga en depósito. El banco generaría, entonces, beneficios por la vía de recoger intereses sobre sus préstamos.

Es importante reparar en el hecho de que el soberano garantiza que esos “dólares de crédito son tan aceptables como los dólares soberanos “reales”, comprometiéndose a convertir los “dólares-crédito” en “dólares soberanos” en cualquier momento que se pida. Con esa infalible promesa en curso, los “dólares-crédito” llegan a ser, a todos los efectos prácticos, indistinguibles de los “dólares soberanos”. Y el resultado neto es que la cantidad de dólares en circulación se ve espectacularmente incrementada, suministrando una base monetaria para una producción y un intercambio enormemente acrecidos de bienes y servicios privados.

Podría incluso imaginarse una suerte de ingenioso mecanismo operante en este nuevo escenario, porque, si todo va bien con los incentivos adecuados, el monto de los nuevos “dólares-crédito” creados se acercará mucho al monto de los nuevos dólares que realmente se necesitan para los intercambios privados, contribuyendo así a la estabilidad de precios. Eso es así porque los “dólares-crédito” emitidos por los bancos privados se emiten con el propósito, ya de producir, ya de comprar bienes y servicios reales que los ciudadanos privados desean o necesitan: y eso es continuamente verificado por el interés que tiene el banco emisor en asegurarse una alta probabilidad de recuperar el dinero del crédito. Antes de la emisión del préstamo, pues, el banco hace sus averiguaciones para confirmar que lo que producirán los dólares de nueva creación es, en efecto, algo que alguien desea comprar, o que lo que alguien desea comprar es, en efecto, algo que puede producirse al precio de compra previsto. El banco, así pues, se asegura tanto como puede de que la persona que se propone producir algo tiene, en efecto, la pericia y los recursos necesarios para producirlo (o de que la persona que se propone una compra dispone de un flujo futuro esperado de ingresos que le permitirá devolver el préstamo).

De modo que, al añadir un sistema de banca privada a nuestro mundo imaginado, lo que hemos hecho es crear una situación en la que los bienes y servicios, tanto colectivos como privados, pueden producirse, cambiarse y consumirse según sean las necesidades, siempre que se disponga de los recursos necesarios para producirlos (tiempo, trabajo, materiales, energía y tecnología). Los ciudadanos pueden ahorrar para el día en que ya no puedan seguir ganándose el sustento con su trabajo. Los precios pueden mantenerse relativamente estables por el ininterrumpido drenaje de dólares efectuado en el mercado de bienes y servicios privados por la recaudación de impuestos y por las emisiones de bonos. Parecería un diseño poco menos que perfecto. Debemos, empero, preguntarnos: ¿hay cosas que pueden ir mal, cosas que no habrían ocurrido, si no hubiéramos introducido los bancos privados en nuestro mundo imaginario?

Las cosas podrían ir mal, pongamos por caso, si los ciudadanos empiezan a usar los nuevos “dólares-crédito” para desarrollar actividades distintas de las de producir e intercambiar bienes y servicios reales. Antes de introducir los bancos privados en nuestro mundo imaginado, todos los “nuevos” dólares creados (por voluntad soberana) se gastaban siempre para crear bienes colectivos reales. Pero los “dólares-crédito” podrían potencialmente usarse para otras actividades. Los ciudadanos, por ejemplo, podrían comenzar a usar los “dólares-crédito” para apostar sobre si los precios de las acciones de una empresa subirán o bajarán. O podrían usar los “dólares-crédito” para comprar empresas cuyas ventas o cuyos productos anduvieran en apuros, a fin de despedir a sus trabajadores y liquidar con beneficios los activos de esas empresas. En todos estos ejemplos, el problema es que los nuevos “dólares-crédito” incrementan la oferta monetaria circulante en el mercado privado sin producir bienes o servicios que los ciudadanos deseen o necesiten (o puedan siquiera gastar sus dólares para comprarlos).

Este problema podría verse exacerbado, si los bancos privados decidieran que es más rentable embarcarse ellos mismos en este tipo de “estrategias de inversión” (en vez de mantenerse en su modelo de negocio original de realizar préstamos y obtener los correspondientes intereses). Se hallarían, desde luego, en una posición única de apalancamiento para hacer exactamente eso. Los directores de los bancos privados podrían crear filiales propiedad del banco y, luego, emitir “dólares-crédito” para las filiales, a fin de “invertir” en apuestas financieras. Si algo así llegara a ocurrir y, bajo el impulso del lado codicioso de la naturaleza humana, la cosa creciera y se saliera de madre, es fácil imaginar la extraña situación resultante cuando se creara un enorme exceso de nuevos dólares jamás gastados ni en producir ni en comprar nada real (ni en emplear a ciudadanos que produjeran esas cosas). Los ganadores de las apuestas financieras podrían amasar gigantescas sumas de dólares –el grueso de los cuales, destinados a la realización de ulteriores apuestas—, mientras más y más ciudadanos se irían viendo reducidos a la búsqueda desesperada de algún puesto de trabajo que les permitiera subvenir a sus necesidades.

Un escenario todavía peor podría ocurrir si los ciudadanos ganadores de apuestas empezaran a usar su potencia e influencia financiera para “comprar” el proceso democrático, guiando la orientación y las políticas del gobierno colectivo. Si eso ocurriera, ese relativamente pequeño grupo de ciudadanos se encontraría en una posición de suma ventaja a la hora de apropiarse privadamente de prácticamente todos los bienes y servicios colectivos poseídos por la sociedad, con el resultado de la substancial esclavización del resto de la sociedad. La estrategia para hacer eso entrañaría probablemente algo a lo que ya hemos aludido antes, sin duda demasiado de pasada. Y es el hecho de que la infalible promesa del soberano de convertir, siempre que se solicite, los “dólares-crédito” de los bancos privados en reales dólares fiduciarios soberanos –la promesa que otorga funcionalidad al sistema bancario— hace que los dos tipos de dólares resulten, a todos los efectos prácticos, indistinguibles. Esa indistinta confluencia de los dos tipos de dólares permite a los asaltantes del poder perpetrar la construcción de los dos mitos que hacen posible su toma de control:

1) el mito de que los bancos privados, operando en un mercado privado, crean en exclusiva todos los dólares estadounidenses que existen; y

2) el consiguiente mito de que la única manera que tiene el gobierno colectivo de conseguir dólares para gastos en bienes y servicios colectivos es o recaudando impuestos o tomando prestado de los ciudadanos.

El proceso originario (y aún muy “operativo”) de creación de dólares soberanos fiduciarios con el propósito de crear bienes y servicios colectivos vendría a ser suprimido por los asaltantes del poder, los cuales, encima, se permitirían denigrarlo como un irresponsable proceso de “imprimir billetes”; algo que, por implicación, resultaría, además de ilegal, falto de ética. Los ciudadanos en trance de ser controlados terminarían, además, persuadidos de que su gobierno colectivo está acumulando deuda a un ritmo muy superior al de su capacidad para devolverla. Con lo que sólo quedaría, entonces:

a) reducir drásticamente los dólares gastados en bienes colectivos; y

b) pagar las deudas públicas mediante la puesta en almoneda y liquidación de los bienes colectivos existentes (carreteras y aeropuertos, plantas de tratamiento de residuos y sistemas de canalización hidráulica, parques nacionales y escuelas públicas) a los ciudadanos privados que han amasado exageradas fortunas en dólares. Una vez transferidos a la propiedad privada los que eran de dominio público totalmente libres o muy accesibles, comenzará la multiplicación de peajes y rentas que contribuirán al ulterior enriquecimiento de los asaltantes del poder y a la ulterior pauperización del ciudadano medio.

Sin embargo, resulta difícil de imaginar que una ciudadanía racional pueda llegar a ceder su sistema monetario soberano –que funciona estupendamente en la creación de muchos bienes y servicios colectivos de los que ella misma depende, o de los que ella misma disfruta y se aprovecha— y volverse tan sociópata y destructiva como hemos llegado a imaginar aquí. Desde luego, si llegara a introducirse una banca privada –y parece que hay ciertos beneficios sociales que podrían sacarse de hacerlo—, habría que instituir un pequeño conjunto de reglas capaces de impedir el advenimiento del escenario de pesadilla que se acaba de fantasear. Texto: J. D. Alt, arquitecto y economista norteamericano. Escribe regularmente en New Economic Perspectives. Ver: Ayudas a la banca

Paraísos fiscales: Lo que queda por recorrer

En un contexto de persistencia de la debilidad económica global, los expertos llaman la atención acerca del auge de los llamados paraísos fiscales internacionales. Los "paraísos", socorridos por ventajas ofrecidas como la exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, acumulan entre 21 y 31 billones (millones de millones) de dólares, muestran pesquisas realizadas. Con una cuarta parte de esa suma, se evitarían los recortes de gastos que golpean a varios países europeos y que dejan desempleados en las filas de la pobreza o sin poder acceder a servicios sociales a miles de personas, apuntan. Del total, alrededor de un tercio, es decir, entre 7,3 y 9,3 billones de dólares, debe provenir de 139 países de bajo o mediano ingreso. Se trata principalmente de rentas financieras acumuladas desde los años 70 del siglo pasado por las elites privadas y que no se registraron en sus sitios de origen. De tal forma, gran parte de las naciones consideradas deudoras en realidad serían prestamistas netos, si estos recursos no se hubiesen sustraído de su sistema financiero. Los entendidos remarcan que uno de los problemas principales radica en el hecho de que los activos de dichos países se encuentran en manos de un pequeño número de individuos ricos, mientras las deudas recaen en la gente ordinaria. Algunos aseguran que continúan existiendo más de 70 de estos territorios o Estados que ocultan gran parte de la riqueza mundial y son refugio seguro de las fortunas de evasores de impuestos, corruptos, criminales organizados e incluso terroristas. Según el investigador Xavier Harel, citado por el periódico Vanguardia, de México, del 30 al 40 por ciento de los impuestos que deberían recaudar las naciones en desarrollo terminan en paraísos fiscales. Los hombres más ricos del mundo sacan su dinero del país en que residen para evadir algunas regulaciones, pasándolo a jurisdicciones secretas, de acuerdo con un estudio realizado por Tax Justice Network (TJN), un organismo especializado en el tema. La investigación señaló que existe un gran índice de desigualdad, ya que de los casi 10 millones de titulares de cuentas extranjeras, unas 92 mil pertenecen a las personas más ricas del mundo, es decir, el 0,001 por ciento de la población del orbe. Además, remarcó la amenaza de la situación por considerarla uno de los problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo y que contribuye a agudizar la pobreza. Los estados ricos en petróleo cuya elite suele caracterizarse por su gran movilidad son especialmente propensos a depositar su riqueza en estas cuentas, en lugar de invertir en su propia nación. Algunos de los principales paraísos fiscales están ubicados en Hong Kong, Filipinas, Singapur, las Islas Marshall, las Islas Cook, Samoa y la República de Vanuatu, recordó. Una crítica fundamental a esta situación es la poca atención que se ha prestado a lo que los expertos consideran una especie de agujero negro de la economía mundial, ya que además del dinero en efectivo hay otras formas de riquezas insospechadas, como obras de arte, escondidas libres de impuestos en esos polos de evasión fiscal. Nuevamente afloran las contradicciones, en ocasiones muy características del comportamiento humano. Basta con recordar que todo ello ocurre en momentos en que los recortes del gasto público y las medidas de austeridad en general son las fórmulas más implementadas por muchos gobiernos ante los problemas que sacuden a la economía global. La gestión de organismos internacionales ha conseguido que en los últimos años algunos paraísos fiscales hayan accedido a hacer ciertas concesiones en materia de intercambio de información, especialmente en lo relativo a la colaboración en el esclarecimiento de delitos graves. Los expertos insisten en la necesidad de que los centros financieros provean información a otros países sobre los activos que sus residentes mantienen en su sistema financiero. Empero, subrayan la resistencia ofrecida por parte de las naciones desarrolladas para abordar el tema, debido a que se benefician de ese flujo de capitales. Critican la asimetría en el proceder del llamado primer mundo. En tal sentido, sobresale el caso de Estados Unidos, donde manifiestan que la ley para que las instituciones financieras revelen las cuentas de sus ciudadanos en el extranjero se contradice con la absoluta confidencialidad otorgada al ahorrista o inversor extranjero cuando deposita su dinero en la nación norteña. Opinan que la búsqueda de soluciones a la fuga de capitales y la evasión fiscal debería estar entre las primeras prioridades de las políticas mundiales de reducción de la pobreza. Acorde con algunos analistas, las miradas sobre esa industria de la evasión han aumentado. Los gobiernos están presionando a los bancos extranjeros con el objetivo de lograr que sean más transparentes en sus procedimientos. Explican que uno de los problemas de los "paraísos" son los escasos ingresos por dicho concepto pues tras varios años sin cobrar impuestos a las empresas y, en muchos casos, sobre las ventas efectuadas y sobre la renta, han acumulado grandes deudas. Varios de los lugares socorridos para ocultar dinero comienzan a cobrar nuevos impuestos o tarifas sobre el dinero extranjero. Empero, estudios especializados subrayan un aspecto necesario a tener en cuenta por estos territorios: el de equilibrar la fuente de la vitalidad de sus economías, basadas en servicios financieros, y la necesidad de lidiar con déficit estructurales. También agregan que las tasas que los "paraísos" piensan cobrar son tan insignificantes comparadas con el montante de activos allí colocados, que es poco probable que haya un éxodo de empresas. M. F. Bolaños. Recomendado: Capitalismo y crisis