La cara oculta de la 'Fundación P. de Asturias'

Para su padre es “una bendición del cielo” y para el resto de los españoles, monárquicos o no, acabará siendo rey por gracia divina. El príncipe Felipe se mantiene en un segundo plano aséptico para esquivar escándalos y toma posiciones ante la cada vez más inminente sucesión.

Los empresarios que han acompañado al rey Juan Carlos en las últimas décadas, conscientes de las “bendiciones” reales, también toman posiciones y pelean por un sillón en la corte del futuro monarca.El hermetismo sobre la figura del heredero, que cumplió 45 años el pasado 30 de enero, es casi absoluto. Los ciudadanos suelen recibir informaciones controladas que ensalzan su preparación, cuidada al detalle desde su más tierna infancia; y sus discursos están aliñados siempre de alusiones a la concordia, la cultura y el deporte, tres conceptos que rodean las campañas de imagen del hijo varón del rey. Casa Real intenta justificar con esa “preparación” su continuidad en un sistema democrático moderno, en el que muchos ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, no entienden que el cargo más alto del Estado se herede de padres a hijos varones. Y es que los tiempos cambian. Es la primera vez que el rey suspende en el barómetro del CIS. La primera vez que se juzga a un miembro de su familia. La primera vez que el monarca pide perdón. La primera vez en 13 años que concede una entrevista. Y la primera vez que TVE dedica un programa semanal exclusivo para hablar de la monarquía. Por el contrario, el heredero sigiloso se mantiene ajeno a los escándalos que aceleran aún más la creciente desafección ciudadana hacia la institución, mientras se rodea de una élite de empresarios heredada de su padre de la que Emilio Botín, presidente del Banco Santander, es uno de los miembros más destacados. La corte del príncipe pivota, entre otros foros, en dos fundaciones: Príncep de Girona (FPdGi) y Príncipe de Asturias (FPA). Esta última, creada en 1980 e impulsada en la actualidad por 77 patronos –entre ellos, los presidentes de Banco Santander, El Corte Inglés, Telefónica, Repsol o Iberdrola– se ha convertido en un trampolín de lujo para entrar en el despacho del heredero. “Las aportaciones [anuales] de cada uno son bajas: 70.000, 80.000, 100.000 euros… y con ellas consigues un ticket para sesiones privadas con él y con grandes empresarios”, explica uno de los patronos. A los mecenas, además, Hacienda les desgrava un 20% de la donación. Entre éstos, la FPA mantiene al presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a pesar de su imputación. “Es una cuestión que no depende de la fundación, ya que es la institución miembro del patronato quien debe nombrar a su representante”, se justifica la FPA. La fundación, instrumento de altavoz y toma de contacto empresarial del príncipe, se diseñó cuando él tenía 12 años. Entonces, costó conseguir financiación. Fueron organismos públicos y empresarios asturianos, como Pedro Masaveu, quienes costearon los primeros Premios Príncipe de Asturias, hace 33 años. “Pero ahora que la fundación está consolidada, hay codazos por entrar”, añade el mismo patrono. El heredero al trono mantiene reuniones periódicas en El Pardo con algunos de estos mecenas para debatir sobre política o economía, según reconoce Casa Real, al margen del encuentro anual de junio, en el que aprueban las cuentas de la fundación. Las audiencias más jugosas son las de grupos reducidos, de unos cinco o seis. El príncipe les convoca cada cuatro o seis semanas, sin una periodicidad fija.Esta agenda paralela a la de su padre permite a Felipe forjar su red de cortesanos millonarios, que durante estos años de transición siguen acompañando al rey en sus viajes al extranjero en busca de inversiones. Es el caso de la reciente expedición a Brasil, en la que participaron Antonio Brufau (Repsol), Botín y altos directivos de Telefónica, Iberdrola, Iberia, Gas Natural, Indra, Acciona y Talgo, entre otras. Los nombres de estas empresas se repitieron en la mayoría de las excursiones económicas del monarca en 2012 (Rusia, India, Kuwait…).

Botín, el primero de la clase

El socio más aventajado es el Banco Santander. En abril de 2008, Casa Real entregó el sillón de presidencia de la Fundación Príncipe de Asturias al vicepresidente de la entidad, Matías Rodríguez Inciarte. Su designación provocó un terremoto entre el resto de los patronos, especialmente los banqueros, celosos del nuevo pelotazo que había dado Emilio Botín. BBVA trató de frenar la creciente hegemonía de su competidor creando, de inmediato, los ocho galardones Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento (el mismo número que los Príncipe de Asturias, pero con una dotación 10 veces superior, de 500.000 euros, y centrados en la investigación científica). No obstante, BBVA mantuvo su tributo a la fundación. A Caja Rural y Cajastur tampoco les hizo gracia. La caja de ahorros asturiana había donado 300.000 euros, frente a los 30.000 del Banco Santander. Hasta 2011, el balance de situación y la cuenta de resultados eran secretos. Antes de ese año, los detalles de la auditoría sólo se habían aireado una vez, como consecuencia de las constantes denuncias de “oscurantismo” que publicó en la prensa asturiana David Ruiz, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. La presión hizo claudicar al director de la FPA, Graciano García, que terminó entregándole a Ruiz el informe. El catedrático define la organización que preside Rodríguez Inciarte como “un chiringuito para blindar la monarquía y crear un espacio en el que colocar gente”.Que el presidente de la fundación pertenezca a la cúpula del principal banco español forma parte de la estrategia de la Corona, orquestada directamente por el rey y no por el príncipe, según reconocen fuentes de la fundación. Matías Rodríguez Inciarte fue ministro de Presidencia con UCD y, en 2011, uno de los 15 directivos mejor pagados de España: 6,51 millones de euros. La Fundación Príncipe de Asturias tiene tres grandes vías de financiación: un 63% de los ingresos procede de entidades privadas –grandes empresas, la mayoría–; un 18%, de las arcas públicas (Gobierno central, gobierno de Asturias, Junta Central del Principado y ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés); y otro 15%, de inversiones financieras que la fundación realiza, en parte, con dinero público. En 2011, sumaron más de seis millones. Cuánto aporta cada empresario es secreto. Y las contribuciones públicas no cesan. Además de las aportaciones regulares, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2005 la inyección de 12 millones de euros a la fundación durante el periodo 2006-2008. “En 2013, el ayuntamiento de Oviedo entregará otros 350.000 euros”, denuncia el portavoz de IU en el consistorio de la capital asturiana, Roberto Sánchez. Rivi, como se le conoce después de más de 20 años recorriendo los pasillos del ayuntamiento, provocó un alboroto en el patio de butacas durante la entrega de los premios en 1994, al ponerse de pie con una pancarta que reclamaba el 0,7% del PIB para cooperación. En la sala de realización de TVE se hicieron malabares técnicos para que no saliese la imagen, pero un fotógrafo de La Voz de Asturias logró inmortalizar la escena. Desde aquel año, se prohíbe el acceso de los fotógrafos al escenario.

En busca de financiación

El creador del patronato de la fundación fue su segundo presidente, Plácido Arango, empresario mexicano y padre de la cadena de restaurantes y tiendas Vips. En la organización recuerdan la anécdota de una de las primeras reuniones con grandes empresas a las que Arango asistía para pedir dinero. Fue en el Comité Ejecutivo del Banco Popular. El presidente de la fundación llegó con una carta de recomendación del rey debajo del brazo. Antes del encuentro, los miembros del comité especulaban con la cantidad que les pediría: “¿Cuánto querrá? ¿100 millones de pesetas [equivalentes en 1987 a 600.000 euros]? ¿50? ¿80?” Por prudencia o por ignorancia del poder que tenía la rúbrica del monarca, Arango pidió apenas cinco millones de pesetas (30.000 euros). Los banqueros respiraron pero, al terminar la reunión, desde Casa Real se espetó al presidente: “¿Pero tú qué te has creído, que la firma del rey es para pedir calderilla?”, recuerdan fuentes cercanas a la fundación. Finalmente, Banco Popular aportó 10 millones. Además de la fundación, los grandes patronos abren canales alternativos para agasajar a la Familia Real. El presidente de La Caixa (actual Caixabank), Isidro Fainé, por ejemplo, es uno de los habituales en los corrillos empresariales cercanos a la monarquía. De hecho, La Caixa fue una de las empresas que, junto con el Gobierno balear, realizó una colecta al más alto nivel para obsequiar a Juan Carlos de Borbón con un yate, el Fortuna III, que les costó 18 millones de euros. El pasado 15 de enero, Caixabank era una de las empresas participantes en el Spain Investors Day, unas jornadas presididas por el Príncipe de Asturias para establecer contacto con inversores extranjeros. El primo del rey y hombre de su extrema confianza, Carlos de Borbón, es una figura clave para acceder al monarca, ya sea a través de reuniones o en una de sus habituales cacerías, a las que es muy aficionado. Carlos, de 75 años, es apenas 10 días menor que Juan Carlos y los dos han tenido vidas paralelas. De hecho, Carlos de Borbón tuvo un papel clave, junto al abogado Juan Luis Iglesias, en el derrocamiento en 2009 del mentor de la Fundación Príncipe de Asturias, Graciano García, según fuentes internas. García es el periodista republicano que más ha ayudado a la monarquía desde que a finales de la década de 1970 se le ocurrió la idea de crear los premios como el mejor escaparate posible para el príncipe. Felipe tenía 12 años. Vincularle desde entonces al mundo de la cultura y el deporte (abanderado en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, esquiador, regatista…) le daba una imagen afable. Además, le aseguraba un discurso anual en el que todo el país centraba su mirada en el Teatro Campoamor de Oviedo. El sueldo de 183.000 euros que alcanzó García, recogido en el libro Nada fue un sueño. Biografía íntima del creador de los Premios Príncipe de Asturias (KRK), da cuenta de lo agradecida que quedó Casa Real por el invento. Sin embargo, después de 30 años, Zarzuela decidió dar un giro a la dirección, apostando por un perfil experto en fundaciones y del entorno del Opus Dei: Teresa Sanjurjo. Carlos de Borbón presidía la Asociación Española de Fundaciones (AEF) cuando Sanjurjo era la directora. Además, la buena relación de la AEF con el Banco Santander y, en concreto, con la mujer de Botín, Paloma O’Shea, allanó todavía más el camino. En realidad, los encargados de la elección del director de la FPA tendrían que haber sido los patronos, según consta en los estatutos de la fundación. Dos de ellos, el periodista Juan Cueto y el presidente de Caja Rural, Román Suárez Blanco, protestaron por la elección a dedo de Sanjurjo, que incluso obvió el consenso de los mecenas de buscar a alguien de origen asturiano. Sí que se cumplió la voluntad de la reina Sofía y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que fuera una mujer quien ocupase el cargo.

Del ‘juancarlismo’ al ‘felipismo’

Dicen desde Casa Real que no existe un planteamiento para la sucesión. Que se pondrá en marcha cuando toque. Lo que sí funciona a pleno rendimiento desde hace años es el trasvase de contactos empresariales del rey al príncipe, bajo la dirección y el control del primero. La preparación del heredero para asumir el trono comenzó desde el primer momento de su educación y se ha llevado a cabo de forma progresiva y lineal, sin acelerones en los últimos años, según las mismas fuentes. De hecho, el príncipe participa en actos institucionales en solitario desde mediados de la década de los 90 y empezó a ejercer de representante de España en el exterior en 1996. Destaca su papel en las tomas de posesión de presidentes sudamericanos. Estos viajes protocolarios, sumados a la proyección internacional que atesoran los premios Príncipe de Asturias al reconocer la trayectoria de personajes como Bill Gates, Stephen Hawking, Woody Allen o Nelson Mandela ya dotan al heredero de una nutrida agenda internacional, a la altura de un jefe de Estado. ¿Cómo se legitima a un rey nombrado “desde la emoción del recuerdo a Franco” y que prometió “guardar lealtad a los principios que conforman el Movimiento Nacional”? Para los historiadores que defienden la figura del monarca, como Paul Preston, Juan Carlos lo logró gracias a su “sacrificio y dedicación”, como apunta el historiador inglés en Juan Carlos, rey del pueblo (Debate), la última biografía publicada del soberano. Para otros, como Alberto Carrillo, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla, “su legitimidad de origen es el franquismo, porque fue Franco el que determinó la línea dinástica saltándose a Don Juan”. Ambos coinciden, eso sí, en la importancia del golpe de Estado del 23-F para crear la base sociológica del llamado juancarlismo, aunque lo hacen desde visiones antagónicas. En la biografía, Preston asegura que el rey coordinó el desmantelamiento del alzamiento militar desde la Zarzuela para “dar una segunda oportunidad a la democracia española”. Para Carrillo, tanto los movimientos de Casa Real tras la muerte de Franco como la imagen dada durante el 23-F responden a una “estrategia” calculada de la Corona, que “sabía que la única manera de mantenerse viva era distanciarse de la dictadura”. Ese hecho histórico “ha blindado en gran medida a la monarquía, ha sido su colchón salvavidas”, añade. Pero los réditos de aquella “jugada maestra” del rey, según el historiador malagueño, no son hereditarios. “El príncipe necesitará su propia estrategia, intentando ofrecer un perfil más cercano al pueblo. Y en eso, el papel de Letizia es fundamental”, augura Carrillo. Eso sí, estas variaciones son “estéticas” porque “desde un punto de vista democrático no se justifica de ninguna manera la herencia de una jefatura de Estado”. Incluso entre quienes alaban la figura del monarca, como Preston, existen ciertas dudas sobre cómo afectará la sucesión a la legitimidad de la institución: “Depende de cuándo y de las circunstancias en que se haga el traspaso de poderes. Pero en principio, en circunstancias normales, sí que sería legítimo”. La asunción del trono por parte del príncipe Felipe, en un futuro más o menos lejano, se encontrará con un problema extra: el creciente desapego de la ciudadanía hacia la monarquía. La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a los españoles por su confianza en varias instituciones, en octubre de 2011, la Corona obtuvo su primer suspenso de la historia con un 4,89 sobre 10, una nota menor que la que los encuestados otorgaron a los medios de comunicación (4,97) y muy inferior a los resultados de años anteriores (5,35 en 2010 y 6,67 en 1997, por ejemplo). Esta pregunta, que no ha vuelto a aparecer en los barómetros del CIS desde entonces, incluye valoraciones sobre otras instituciones, como las Fuerzas Armadas (5,65) o los partidos políticos (2,76) y forma parte de un paquete flexible del barómetro que suele incluirse en las encuestas, sin una pauta fija, cada cierto tiempo. “No hay una razón concreta por la que no se ha incluído en las últimas encuestas. No significa en absoluto que se vaya a dejar de hacer esa pregunta o que no vaya a entrar en las próximas oleadas”, explican desde el CIS. Mientras llega ese nuevo examen oficial a la monarquía, las encuestas de los medios ofrecen resultados dispares. La última, publicada en enero por El Mundo, muestra que el 50,1% de los españoles valora positivamente al rey. La oleada anterior, de enero de 2012, le dio un 76% de aprobación. El príncipe, eso sí, se lleva el visto bueno del 62,3% de los encuestados. Mientras la monarquía sigue perdiendo fieles, los principales partidos políticos, PP y PSOE, apoyan sin fisuras a la institución. La pérdida de adeptos a la Corona no es flor de un día, tal y como explica Belén Barreiro, Doctora en Ciencia Política y Sociología, fundadora de la firma de investigación social MyWord y exdirectora del CIS: “A lo largo de la democracia se ha ido produciendo una caída de la valoración de la monarquía, que estaba muy bien vista en los 80, al contrario de lo que ha pasado con otras instituciones como el Ejército, que tenía una mala valoración tras la dictadura y ha ido ganando simpatías”. A esto se le suma la evaluación que hacen los jóvenes de la institución, que la deja peor parada que la media. Esto supone, según la socióloga, un obstáculo a largo plazo. Barreiro culpa de esa desafección hacia la Corona tanto a factores coyunturales, “de posible recuperación”; como estructurales, derivados de la propia esencia de la monarquía. “El hecho de que no sea una institución democrática, porque no ha sido elegida por la ciudadanía, hace que chirríe, sobre todo para los más jóvenes”, explica. De los factores coyunturales, el más importante es la imputación de Iñaki Urdangarín. No ayuda, tampoco, que el Rey fuese pillado en plena cacería de elefantes en Botsuana el 14 de abril porque tuvo un accidente y necesitó volver a España para ser intervenido, aunque luego pidiera disculpas públicas e hiciese propósito de enmienda. Todos estos escándalos han trasladado los temas relacionados con la Corona, que solían habitar en el escaparate de las páginas de la prensa rosa, a las portadas de los medios generalistas. ¿Existía hasta ahora un veto sobre la monarquía? Según Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), no. Lo que sí había, en su opinión, es una “prudencia” a la hora de denunciar hechos escandalosos que “no se ha dado en otros casos, porque el respeto del que gozaba la monarquía los hacía más difícil de creer, no sólo para los periodistas sino también para los ciudadanos”. Para Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), sí ha habido un “cambio radical” más patente en el tratamiento que los medios hacen de los temas reales porque, hasta ahora, había “un pacto no escrito entre los editores para respetar o proteger la figura del rey”, nacido de la idea forjada en la Transición de que criticar al monarca podía afectar a la democracia. Para González, la receta para los nuevos tiempos es más vigilancia desde la prensa y más transparencia desde la Corona. Y es en esa mejora de la transparencia en la que, según fuentes de Zarzuela, basan su política de trabajo desde hace años. Un ejemplo de ello, siempre según la institución, es la publicación de los presupuestos de Casa Real en su web. Las cuentas de 2013 han sido las terceras en salir a la luz después de 32 años de secretismo. Esta decisión, alabada por casi todos, tuvo sin embargo dos frentes críticos: uno exigía un mayor desglose del gasto y el otro recordaba que, además del presupuesto oficial, algunos ministerios hacen frente a gastos derivados de la Corona que deberían constar en las cuentas finales. Desde Palacio argumentan que en muchos casos es difícil desglosar gastos que son compartidos (si en un viaje que sufraga Exteriores participan el rey y el ministro, por ejemplo) y que, en todo caso, desvelar o no esos gastos es responsabilidad del ministerio competente. La institución se defiende e insiste en que el presupuesto es modesto y que la austeridad es marca de la casa. Zarzuela vigila también que la gestión del patrimonio económico del príncipe no tenga ni un solo punto flaco. A diferencia de otros miembros de la Familia Real, el heredero no ha tenido opción de gestionar su dinero a través de una impopular Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV). Estas entidades son la trampa que utilizan cientos de grandes fortunas en España para tributar sólo un 1%, frente al 25% que pagan las pequeñas y medianas empresas o el 30% de las grandes. Para lograrlo hace falta un patrimonio inicial de 2,4 millones de euros y encontrar 100 mariachis que pongan su nombre para cumplir el mínimo de los 100 socios. Hay empresas especializadas en conseguir esos 100 titulares. Pero entre la Familia Real no todos sus miembros son tan cuidadosos con las formas. El ejemplo más claro es Pilar de Borbón, hermana del rey, que preside la sociedad Labiernag 2.000 Sicav S.A. Esta entidad también sirve de cobijo para otros familiares, como los hermanos Bruno Alejandro y Beltrán Ataulfo Gómez-Acebo De Borbón. El gasto de la monarquía, en un país con cinco millones de parados y cuando aún retumban en las cadenas de televisión las palabras del monarca sobre la “igualdad de todos los españoles”, ha pasado a un primer plano. Aun así, en opinión del historiador Alberto Carrillo, el debate monarquía-república no debería fundamentarse con argumentos económicos. En su opinión, se debería reflexionar sobre si la máxima institución del Estado es democrática o, como en el caso de la monarquía, no es más que un “anacronismo”. Pero, como explica el profesor, Casa Real sabe aprovechar estas circunstancias desfavorables para su propio beneficio. Así lo hizo cuando Juan Carlos espetó su “¿Por qué no te callas?” al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Para Carrillo, se trató de “un acto con una gran carga simbólica para buscar un enemigo fuera que reforzara la unión con el rey”. La táctica fue similar en su último discurso de Navidad, en el que pidió una “política con mayúsculas”. Entonces desvió el foco hacia los partidos políticos, consciente de las críticas que los últimos escándalos de corrupción habían despertado. Carrillo lo considera un “acto de populismo”, porque el rey dijo exactamente lo que la gente esperaba oír.Audiencia abierta se emite cada sábado a las 13.00 horas en La 1 y recoge discursos, apretones de manos, actos de protocolo, apariciones públicas y un análisis de la monarquía. El programa pasa de unos niños de uniforme describiendo lo que es para ellos un rey, a una enumeración de sus funciones y de las leyes que afectan a la Corona. Intercalados, se cuelan frases y rótulos de ensalzamiento de la institución: “El rey es la figura en la que empieza y acaba el engranaje constitucional”; “el príncipe moderador, que ejerció por unas horas de árbitro entre Rajoy y Mas”. Su coste es de unos 2.500 euros por programa, aunque también utiliza recursos de los servicios informativos, según fuentes de TVE. El semanal empezó a emitirse el pasado 13 de octubre y su objetivo, tal y como explicó su presentadora en el primer programa, es “acercar la institución a los ciudadanos, cumpliendo un mandato parlamentario”. Lo que no dijo es que esa orden está fechada en 2007. Entonces, ¿por qué ahora? Según el director del programa, Miguel Ángel Sacaluga, es un proyecto que lleva años planteando como miembro del consejo de administración de RTVE. Para Yolanda Sobero, presidenta del consejo de informativos de RTVE hasta las recientes elecciones, las motivaciones son otras: “La estrategia nace de Casa Real, que ante el descalabro del caso Urdangarín intenta reforzar su imagen”. Para Sobero, se trata de un programa institucional mucho más que informativo, algo que no es nuevo: “Las noticias en TVE siempre se han quedado ahí, nunca se han realizado reportajes de investigación profunda y crítica sobre la monarquía”. Un defecto de forma y de fondo que, según ella, no es exclusivo de la televisión pública sino que se ha extendido, durante años, a todos los medios. El director del programa responde que es un programa institucional, pero también informativo. Y asegura que sí se informa sobre escándalos como el caso Urdangarín o el viaje a Botsuana porque “afectan a la institución”. Estos temas se trataron en el resumen especial del año y en el programa que repasó la vida del rey con motivo de su 75 cumpleaños. Eso sí, edulcorados con una voz en off que toma partido: “La Corona, que sufre como el resto de las instituciones el desprestigio causado por la crisis” o “el deterioro de la imagen surgido a raíz del proceso abierto a su yerno. Y eso que desde que se conoció la noticia, no sólo condenó los hechos sino que le apartó de la familia real”. “Audiencia abierta no es un programa sobre el rey para defender la monarquía, igual que no se hacen programas sobre las Cortes para defender a los parlamentarios”, se defiende Sacaluga.La entrevista de Jesús Hermida al rey el pasado 4 de enero (“absolutamente versallesca”, en palabras de Yolanda Sobero) incluyó halagos de padre a hijo que inciden en una expresión que la retórica monárquica repite hasta la saciedad desde hace años y que una mayoría de los españoles ha hecho suya. Para el rey, Felipe es, además de una bendición, un hombre “muy preparado”. Si Juan Carlos quiso parecer cercano a la ciudadanía gracias al término campechano, inseparable ya de su persona, Felipe se aferra a esa imagen de hombre forjado para ser rey que haga frente al desapego creciente y al difícil encaje de una institución como la realeza en una democracia del siglo XXI. Texto: Daniel Ayllón y Eva Belmonte. Ver también: COSPEDAL

Disolución social y fascismo neoliberal

Al igual que las “ofertas” de los mafiosos, las del imperio neoliberal no pueden ser rechazadas sin fatales consecuencias. Cuando el presidente de Ucrania, Víctor Yanukóvich, decidió a mediados de febrero pasado no firmar el acuerdo de comercio con la Unión Europea (UE), USA pasó al acto inmediatamente con un golpe de Estado que fue llevado a cabo con el concurso de fuerzas fascistas previamente entrenadas, y cuya extrema violencia quedó plasmada en fotos y videos. 

Los fascistas son ahora los comparsas y la guardia pretoriana de los oligarcas neoliberales asignados por EE.UU. para tomar el poder en Kiev, respetando el guión revelado en la conversación telefónica filtrada entre la subsecretaria de Estado Victoria Nuland y el Embajador estadounidense en Kiev. Y como esos ladrones pescados con las manos en un bolso ajeno que para salvarse corren y gritan “¡al ladrón!”, la reacción de Washington y sus aliados de la UE ha sido la de vociferar acusaciones contra Rusia por todo lo sucedido. Esta crisis es muy grave y en EE.UU. y la UE se está actuando para que del plano de la política y la diplomacia se llegue al terreno de la agresión económica, financiera y comercial, sin que se excluya explícitamente la confrontación militar. Y esto a pesar de que en lo referente a Crimea, el Presidente Vladimir Putin sólo ha hecho lo que está permitido dentro de los límites de los acuerdos de Rusia con Ucrania.  Rusia no está sola y las acciones que el campo del imperialismo neoliberal emprenda más allá de ciertos límites puede llevar a que muchos países, entre ellos China, se definan, y eso puede ser más que suficiente para poner en crisis el sistema financiero, monetario y económico mundial. Y si el imperialismo neoliberal está arriesgando tanto por implantar a la fuerza y con la ayuda de los fascistas el neoliberalismo en Ucrania, y agreguemos en Venezuela y otros muchos países en América latina y el resto del mundo, eso no es signo de fuerza, sino de descontrol y debilidad. Al tratar de explicar el “desvanecimiento” del imperio estadounidense, el autor y editor Tom Engelhardt comienza planteando, en su artículo “A New World Order?, en 'tomdispacht.com' (2-3-2014), que “parece que hay algo nuevo bajo el sol. Hablando geopolíticamente, cuando se trata de la guerra y los principios del imperio quizás nos hallamos en territorio no explorado'. Miren en torno suyo y verán un mundo a punto de ebullición. De Ucrania a Siria, de Sudán del Sur a Tailandia, de Libia a Bosnia, de Turquía a Venezuela, las protestas ciudadanas (de izquierda y de derecha) están incitando no sólo desorganización, sino más vale a lo que parece ser el desensamblado (de-organisation en inglés), una creciente puesta en tela de juicio del estatus unitario de los Estados, grandes y pequeños, viejos y nuevos. Guerra civil, violencia y luchas internas de diverso tipo están visiblemente en alza. En varios casos hay países extranjeros interviniendo, pero en cada caso el poder del Estado parece diluirse sin que sea una ganancia para otro poder estatal. Por eso planteo esta pregunta: ¿En dónde se localiza exactamente el poder en estos momentos en nuestro planeta?”

Empezando por el comienzo

Es difícil, por no decir imposible, entender lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo sin primero interpretar el efecto que los cambios estructurales de las últimas décadas en el modo de producir capitalista han tenido sobre las economías, el poder político y las sociedades de los países dominantes y dominados. Edgardo Mocca, en el diario argentino Página/12, escribe –y voy a citarlo extensamente-, que “la imparable vocinglería mediática provocadora y desestabilizadora a que asistimos tiene una serie de implicaciones políticas y culturales que suelen ser insuficientemente consideradas, tanto entre quienes las ignoran deliberadamente a la hora de analizar la política, como en alguna de las miradas críticas que tienden a ver la relación entre los medios y la sociedad como un mero fenómeno de manipulación y creación artificial de estados de ánimo”(1). Apoyándose en “la magistral reconstrucción del pensamiento del sociólogo argentino Oscar Landi que realiza Eduardo Rinesi en su libro ''¿Cómo te puedo decir'', Mocca nos recuerda que en el caso argentino, y esto puede ser válido para el resto del mundo, “la sociedad actual es el resultado de un conjunto de experiencias políticas que se desarrollaron en los últimos cuarenta años en el contexto de una mutación radical a escala planetaria del mundo laboral, social y cultural en el que vivimos, una mutación que tiene en su núcleo la cuestión política, la cuestión del poder”. Y más adelante, siguiendo las ideas de sociólogos como Richard Sennett o de filósofos como Zygmut Bauman y Horst Kurnitzky, apunta que “la mutación mundial es, ante todo, la afirmación de una nueva hegemonía cultural y política, la de un bloque social organizado alrededor de las nuevas formas de dominación económica que tienen en su centro al capital financiero. Se trata del capital desterritorializado por excelencia, el que no necesita fábricas ni concentraciones de trabajadores, el que puede moverse sin límites a través del planeta. No es mera dominación; es hegemonía porque tiene la capacidad de formar el sentido común predominante, no solamente por su capacidad innegable de manipularlo a través de gigantescas agencias de formación de opinión, sino principalmente porque ese sentido común corresponde a una manera nueva y distinta de vivir (cuya esencia) es la dispersión, la desagregación social, el individualismo extremo. Es el modo de vivir que corresponde al desmantelamiento de la sociedad industrial y salarial, a la flexibilización de las relaciones laborales, al debilitamiento de las viejas formas productivas fondistas y el auge de los servicios, puestos a disposición de un impulso consumista que se mueve en forma vertiginosa”.

La destrucción creadora del capital

Al economista Joseph Schumpeter se le atribuye la definición de que “la destrucción creadora”, que empresas o sectores económicos se desplomen es parte esencial del capitalismo porque permite una reconstrucción y nuevas bases para la reproducción del capital. La destrucción económica y social es una herramienta que desde el inicio el capitalismo utilizó en todas las sociedades que encontró en su camino, porque este sistema es incapaz de funcionar sin un mercado libre de trabajo, como decía Karl Marx. Ya no existe esa “sociedad sólida” que muchos califican de “Ford-ista” por las líneas de producción que juntaban a cientos o miles de trabajadores, que habitaban en los barrios obreros y constituían parte esencial de esa sociedad burguesa que el filósofo y sociólogo Zygmut Bauman describe como un “obligado matrimonio” entre la clase burguesa y la clase trabajadora, que siempre fue tenso y lleno de disputas, pero que excluía el divorcio porque el capital sólo existe si hay trabajo asalariado, lo que obligaba a las partes en lucha a negociar convenciones laborales que devinieron las reglas sociales, legales y de convivencia de la civilización industrial. Esa sociedad sólida ha dejado de existir en los países del capitalismo avanzado, para dar paso a una sociedad líquida, fluida, en la cual el trabajo, cuando existe, ha pasado a ser una mercancía más, y que como tal está fuera de la protección que aseguraba el “contrato social” ganado a través de las luchas sindicales y políticas. En otras palabras, la economía fue liberada, desincrustada de la sociedad. Bauman escribe, en su libro “Modernidad Líquida”, que en esta sociedad, “víctimas de las presiones individualizadoras, los individuos están siendo progresiva pero sistemáticamente despojados de la armadura protectora de su ciudadanía y expropiados de su habilidad e interés de ciudadanos. En estas circunstancias, las perspectivas de que el individuo de jure se transforme en un individuo de facto (o sea, aquel que controla los recursos indispensables de una genuina autodeterminación), son cada vez más remotas. El individuo de jure no puede transformarse en un individuo de facto sin primero convertirse en ciudadano. No hay individuos autónomos sin una sociedad autónoma, y la autonomía de la sociedad exige una autoconstitución deliberada y reflexiva, algo que sólo puede ser alcanzado por el conjunto de sus miembros” (página 46 del libro citado). 

¿Hay fascismo en Venezuela?

El gobierno venezolano califica de “fascistas” los grupos que están efectuando actos de violencia como una forma de protesta que busca derrocar el gobierno constitucional, que han tratado de tomar edificios gubernamentales y causado muertes, destrozos importantes y que paralizan el tráfico y las actividades normales en ciertas municipalidades, y afirma que estos grupos han recibido diversos tipos de apoyo de EE.UU. y de las fuerzas que aún controla el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, un peligroso sociópata aliado de Washington. El historiador de la economía Karl Polanyi los caracteriza como grupos o movimientos fascistas, y es evidente que tanto los ingredientes como las condiciones culturales, sociales y políticas, así como los apoyos internos y externos, están presentes para el desarrollo de grupos fascistas en Venezuela, y en muchos otros países. Quizás por su desarraigo de todo lo que haya sido o sea el concepto y la realidad de patria, nación o país, que estaba de más mientras estuvo asociada al imperialismo para explotar el país, la oligarquía y la burguesía consumidora venezolana estuvo condenada a ser lo que es, una clase que se ha vuelto más pro imperialista, antinacionalista y extremista a medida en que guiado por Hugo Chávez el pueblo venezolano fue avanzando en la construcción de una consciencia nacional, rescatando su valiosa y magnifica historia, fortaleciéndose cultural, social y políticamente, y creando las bases de la verdadera patria que tanto faltaba. ¿No podemos decir lo mismo de las oligarquías y burguesías de Argentina, con su reacción visceral ante el rescate nacional que logró el liderazgo de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Fernández de Kirchner, y las de otros países? Estas irreductibles oligarquías y burguesías nuestras son la máxima expresión de la mutación de que habla Mocca, de esa hegemonía social y cultural del consumismo, que desgraciadamente también afecta a las clases medias, a nuestras juventudes, al conjunto de nuestras sociedades.

Hay que ver lo que no vemos o no queremos ver

El escritor Carlos Fazio, quien en México ha investigado la cuestión de la violencia organizada al servicio del poder y del sistema imperialista, empieza su último análisis en el diario La Jornada de México, titulado “Sobre mitos, crimen y política” (3 de marzo 2014) citando al comisario divisionario Jean-François Gayraud, de Francia y especialista en el crimen organizado, para quien “la realidad no se oculta, somos nosotros los que la negamos”, y continua señalando que “el auténtico peligro es aquello que no se ha visto o no se ha querido ver, que se ha subestimado o no se ha creído. En plena sociedad del espectáculo, lejos del sensacionalismo de los medios, los grandes grupos de la economía criminal son el lado oscuro de la globalización”. Hay que empezar a reconocer la realidad, lo que hemos devenido socialmente en la sociedad de consumo bajo la égida neoliberal, que afecta a todo el mundo. Nada ni nadie está a salvo, ni siquiera Cuba, como nos recuerda el filósofo cubano Fernando Martínez Heredia en una crítica titulada “Revolución, cultura y marxismo”, donde subraya los desafíos políticos, sociales y culturales que enfrenta la Revolución Cubana: “En 2011 escribí un texto acerca del enfrentamiento crucial que vive el mundo, en el que incluía, como es imprescindible, la guerra cultural mundial, estrategia principal del imperialismo en ese conflicto. Permítanme hacer una larga cita de ese texto, en aras de nuestro objetivo: Cuba no está fuera de esa guerra: somos un objetivo especial de ella, porque los expulsamos de aquí y hemos resistido con éxito al imperialismo durante más de medio siglo. Ellos quieren restaurar en Cuba el capitalismo neocolonizado, y para nosotros no hay opciones intermedias”. Y, aunque la cita sea larga, vale la pena reproducir el resto de lo que Martínez Heredia escribió, porque está hablando de todos nosotros, no sólo de Cuba: “Una entre otras tareas sería trabajar contra las formas cotidianas en que se siembra, difunde y sedimenta ese control, sobre todo las que parecen ajenas a lo político o ideológico, e inofensivas. Por ejemplo, a través del consumo de un alud interminable de materiales se intenta norteamericanizar a cientos de millones en todo el planeta, en cuanto a las imágenes, las percepciones y los sentimientos. A veces tratan cuestiones políticas, con enfoques variados —aunque prima el conservadurismo—, pero la proporción es ínfima en relación con las cuestiones no políticas. Lo decisivo es familiarizar y acostumbrar a compartir con simpatía las situaciones, el sentido común, los valores, los trajines diarios, los modelos de conducta, la bandera, las aventuras de una multitud de héroes, las ideas, los artistas famosos, los policías, la vida entera y el espíritu de EE.UU. Sin vivir allá ni aspirar a una tarjeta verde. Es suicida quien cree que esto es solamente un entretenimiento inocente para pasar ratos amables”. “¿Qué es noticia al servicio de la dominación?, ¿para qué, cómo se trabaja, cuánto dura? En este campo tan crucial para la ideología coexisten los análisis espléndidos o rigurosos de especialistas, que lo muestran o explican muy bien, con el tratamiento que suele darse en la práctica a la información y la consecuente formación de opinión pública. Se ven y se oyen materiales que constituyen propaganda imperialista acerca de los hechos que realizan contra los pueblos, sin hacerles ninguna crítica, o se repiten sus términos, como el que le llama “servicio internacional” a su ejército de ocupación de un país. No basta con hacer divulgación o propaganda antiimperialistas, si ellas conviven con mensajes imperialistas y fórmulas confusionistas. (…). “No es posible ser ciego: están tratando de convertir en hechos naturales hasta sus mayores crímenes, en asunto de noticias sesgadas y empleo de palabras más o menos comedidas. Su apuesta es lograr que los activistas sociales y los intelectuales y artistas que son conscientes y se oponen queden solos y aislados en sus nichos, y sus productos sean consumos de minorías, mientras las mayorías conforman una corriente principal totalmente controlada por ellos. El apoliticismo y la conservatización de la vida social son fundamentales para el capitalismo actual.”(3)

La fatal aculturación neoliberal

La aculturación se ha convertido en un instrumento de disolución social a distancia, de propagación de subversión y de dominación, porque a través de los ubicuos programas de televisión y los videojuegos nos enajenan de nuestra realidad y siembran la violencia individual, el crimen y la violencia social. Con el narcotráfico, expandido a escala universal por las políticas de la CIA para financiar a la contrarrevolución en Centroamérica, nos han impuesto una violencia criminal que no reconoce fronteras. Como dice Carlos Fazio, “la globalización de la economía neoliberal ha ido acompañada de la globalización de la violencia criminal”. No podemos seguir ignorando el impacto social, cultural y político que tiene el problema de esta aculturación, sobre todo porque los avances en la electrónica y las telecomunicaciones permiten que hoy día cientos o miles de millones de niños, jóvenes y adultos tengan acceso a la panoplia de los “videojuegos” y “entretenimientos”, que se enajenen con la violencia, que se desensibilicen con la banalización del acto de matar y que adopten las subculturas profundamente antisociales subyacentes en esos “juegos”, que por otra parte minan o destruyen los sentimientos básicos del ser humano, como el altruismo, la solidaridad, el amor por el prójimo(4). El fascismo forma parte del código genético del capitalismo, y es mediante la sociedad de consumo, o sea a través de los bienes físicos y en la aculturación implícita en los “bienes culturales”, que la ideología del fascismo está actualmente siendo transmitida a todo el mundo. Por eso estamos viendo, en un contexto económico, político y social totalmente diferente al ucraniano o europeo, como es el de Venezuela, un país que respeta a más no poder la democracia, que ha hecho progresos económicos, sociales, educativos y culturales inimaginables antes de que Hugo Chávez llegara al gobierno, que el imperio estadounidense encuentra grupos para promover, financiar y organizar la violencia fascista contra el Estado, contra sus instituciones y el poder social y político de la Revolución Bolivariana. Dicho de otra manera, el virus fascista ya está en todas partes con la universalización del sistema neoliberal, en las formas de aculturación profundamente individualistas, antisociales y violentas que están incorporadas en la concepción misma de que la sociedad no existe (Margaret Thatcher), del irracionalismo que supone que el individuo solo puede alcanzar su plenitud fuera (y hasta en contra) de la sociedad.

 La batalla por la realidad

El sociólogo brasileño Emir Sader nos recuerda, en un reciente artículo(5), que “el movimiento de gobiernos progresistas en América Latina vino para superar y dar vuelta a la página del neoliberalismo” y que estos “han atacado los puntos más débiles del neoliberalismo: la desigualdad social, la centralidad del mercado, los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. La derecha de cada país y Washington, perdieron capacidad de iniciativa”. Pero, señala en sus conclusiones, hay “que tomar en cuenta el marco general de la hegemonía conservadora, incluyendo las formas de vida y de consumo exportadas por Estados Unidos y asumidas por amplias capas de la población, el monopolio de los medios de comunicación y los otros factores que componen el período histórico que vivimos en América Latina”. Hay que denunciar siempre las maniobras de la derecha y de su gran aliado, el gobierno de los Estados Unidos, pero hay que tener conciencia que, cuando logran retomar iniciativa y logran imponer reveses a las fuerzas progresistas, es porque han encontrado errores de esas fuerzas. Es hora de un balance de las trayectorias recorridas por esos gobiernos, desde el triunfo de Hugo Chávez en 1998, pasando por todos los avances y los tropiezos desde entonces, en la perspectiva de la formulación consiente de estrategias de hegemonía pos neoliberales, tomando en cuenta las fuerzas propias y las de los adversarios, así como nuestros objetivos estratégicos”. Ellos siempre actuarán conforme a sus intereses y objetivos. Nos toca tener claros los nuestros, hacer balances constantes y actuar de forma coordinada en la perspectiva de nuestros objetivos”.  Es muy saludable que en los últimos tiempos cierto número de periodistas, comunicadores, sociólogos e intelectuales de nuestra región hayamos comenzado a poner la debida atención en toda esta problemática. Quizás es el resultado o el camino hacia la formación de esa “inteligencia social” a la que Karl Marx hace alusión en los Grundrisse, precisamente cuando trata de las condiciones sociales que también forman parte de la infranqueable barrera que hará “saltar por los aires” el capitalismo. Texto: Alberto Rabilotta. VER: LA DEMOCRACIA COMO MERCADO

Notas:

1.- Edgardo Mocca, Los medios en discusión, Página/12

2.- La '“solución fascista” en el neoliberalismo contemporáneo'.

3.-'Revolución, cultura y marxismo', por Fernando Martínez Heredia.

4.- Ver el excelente documental de Jos de Putter, titulado ''Beyond the game”.

5.- Emir Sader, “Ellos y nosotros. Hacia la hegemonía posneoliberal”.

Estado y Capital (Parte II de II)

La creciente movilización de una cantidad cada vez mayor de recursos de todo tipo (humanos, económicos, financieros, logísticos, etc.) fue acompañada de una mejora organizativa del Estado al establecer un gobierno de la sociedad por medio de las leyes. De esta forma las leyes pasaron a otorgar la capacidad de mandar a unos sobre otros, y con ello el poder político fue convertido en una función desempeñada por distintas instituciones especializadas en ámbitos concretos. El poder dejó de depender de los individuos que momentáneamente pudieran ejercerlo y ello revirtió en beneficio de la organización del Estado, como estructura unitaria provista de unas normas propias que pasaron a garantizar la continuidad del ejercicio de sus funciones.

El imperio de la ley limitó la arbitrariedad y estableció la predecibilidad a través de la regulación de los patrones de comportamiento en las instancias del poder político, lo que al mismo tiempo dotó de la correspondiente autonomía a los diferentes órganos estatales. Este proceso hizo de la política una esfera independiente y diferenciada de todas las demás, dotada de órganos decisorios propios para actuar sobre la sociedad. El Estado, por medio de sus instituciones, adquirió sus propios intereses identificados con su organización y diferenciados de las personas que momentáneamente pudieran dirigirlo.[5]  

Pero lo definitorio de este proceso fue la consecución del monopolio de la violencia por parte del Estado, lo que le proveyó de la correspondiente soberanía entendida como la capacidad de tomar decisiones vinculantes para la población de su territorio, y disponer así de un poder originario no dependiente ni interna ni externamente capaz de imponerse si fuera preciso por medio del uso de la fuerza. Gracias a esto el Estado ha podido imponer desde entonces su propia ley y regular una innumerable cantidad de ámbitos de la vida humana para someterlos a sus intereses. Con la creación de nuevas instituciones para regular estos ámbitos el Estado creció y aumentó su capacidad de movilización de recursos a todos los niveles. Así es como, en conjunción con las exigencias impuestas por la esfera internacional en la competición entre potencias, el ejército y toda la empresa bélica crearon una demanda constante que impulsó la producción y la transformación de las fuerzas productivas en su forma capitalista.

A partir del s. XVIII, e incluso bastante antes en algunos países, puede apreciarse una clara colaboración entre el Estado, sobre todo sus elites políticas, y las clases oligárquicas que acumulaban la riqueza económica y financiera del país a cambio de una serie de privilegios como la participación en las tareas de gobierno. De esta forma ayudaron a crear el Estado al mismo tiempo que afirmaban sus derechos y privilegios frente a la autoridad monárquica y quedaban integrados en la elite dominante. Asimismo, este proceso llevaba aparejado una serie de transformaciones sociales en las que el interés particular fue instituido como factor del desarrollo económico de la sociedad. La experiencia histórica demostró que el sistema social resultante era capaz de movilizar una cantidad creciente de recursos que los sistemas de mandato que habían imperado hasta entonces.[6]

El elemento decisivo en las relaciones entre Estado y Capital es el que determina el sujeto soberano, y por tanto quién posee la capacidad de tomar decisiones políticas vinculantes para el conjunto de la sociedad. Esta capacidad hoy por hoy la posee el Estado de forma exclusiva y hace uso de ella en función de sus intereses definidos en términos de poder político, militar, cultural, económico, etc. El monopolio de esta capacidad que disfruta la elite política es la que instituye el principio autoritario del actual sistema de dominación, y por tanto conforma la desigualdad primigenia de la que proceden todas las demás desigualdades: económica, social, etc. De esta desigualdad en la que unos pocos pueden imponerse al resto, llegando a recurrir al uso de la coerción, proceden las jerarquías sociales. En este punto conviene traer a colación lo apuntado por Pierre Clastres pues viene a confirmar todo lo expuesto hasta ahora: “La mayor división de la sociedad, la que fundamenta todas las demás, incluida sin duda la división del trabajo, es la nueva disposición vertical entre la base y la cúspide, es la gran ruptura política entre detentadores de la fuerza, sea ésta guerrera o religiosa, y sometidos a esta fuerza. La relación política de poder precede y fundamenta la relación económica de explotación. Antes de que sea económica, la alienación es política, el poder es anterior al trabajo, lo económico es una derivación de lo político, el surgimiento del Estado determina la aparición de las clases”.[7]

En la actualidad quien manda en la sociedad es el Estado, no el Capital. Hoy el Estado posee una capacidad económica superior a la de cualquier empresa, pues acapara de media más del 50% del PIB en los países occidentales, y en algunos, como los escandinavos, supera el 70% del PIB. El Estado es actualmente el principal poder económico y financiero. A esto hay que sumar la inmensa cantidad de instituciones reguladoras del mercado, de las finanzas y de la economía de las que dispone, sin contar una gran diversidad de empresas que se encuentran bajo control estatal directo. Basta señalar que el Estado español tiene cerca de 3 millones de asalariados a su cargo, lo que hace de él el mayor explotador de mano de obra directa frente a empresas del capitalismo privado como El Corte Inglés que dispone de 120.000 asalariados. Sólo el Pentágono controla una mano de obra total de 5 millones de asalariados, lo que constituye la principal fuente de demanda para la producción capitalista en los EEUU. Pero tampoco hay que olvidar que el Estado desarrolla otra forma de explotación mediante la imposición de tributos que toda su población está obligada a pagar bajo amenaza de sanciones de distinto tipo. El control estatal es tan grande que no puede desempeñarse ninguna actividad económica sin la debida autorización. Todo esto viene complementado por una innumerable cantidad de subvenciones a la empresa privada que mantienen a flote el capitalismo privado, sin olvidar la nacionalización de una gran cantidad de bancos y otras entidades financieras ejecutada por diferentes países como EEUU, Alemania o España, especialmente al comienzo de la crisis financiera mundial.

Además de los recursos humanos, financieros, económicos, materiales y logísticos que el Estado controla directamente se encuentran todos aquellos que también controla y dirige indirectamente por medio de su legislación. Esto desmiente la idea, también socialdemócrata y reaccionaria, de que la economía se encuentra fuera de cualquier control y regulación, de tal manera que las empresas y los bancos operan por encima de los Estados sin ninguna restricción. A esto se sumaría la idea tan manida acerca de la globalización como un gran proceso de desregulaciones, privatizaciones y liberalizaciones que ha acabado con el Estado y ha logrado así imponer una economía y unos mercados mundializados que tienen el control de todos los países.[8]

El Estado es un poder en sí mismo que articula y organiza otros poderes como el militar, económico, político, financiero, ideológico, etc., que hacen de esta institución un sistema de dominación impersonal integrado por una gran diversidad de intereses. El Estado no es un simple instrumento, una maquinaria de coerción al servicio de la clase dominante para oprimir a la clase sometida, sino que también es una realidad en sí y por sí con vida propia y con sus propios y particulares intereses que se definen en términos de poder político, cultural, económico, etc. Por el contrario aquellas teorías y corrientes ideológicas que hacen del Estado un simple instrumento son erróneas. Aquí se inscribe el marxismo que desde un principio consideró al gobierno del Estado moderno una mera junta administradora de los negocios de la clase burguesa.[9] Esta es la noción del Estado, y más concretamente del Estado capitalista, que lo reduce a la condición de maquinaria al servicio del Capital, sin una existencia propia y diferenciada. Sin embargo esto es erróneo, y tal como apuntó Rudolf Rocker el Estado no sólo sirve al Capital sino que también se sirve a sí mismo.[10] A esto hay que añadir que el Estado también se sirve del Capital para conseguir sus propios intereses, como así lo demuestra la gran cantidad de impuestos que las corporaciones capitalistas tributan al Estado, razón por la que al ente estatal le interesa que los beneficios de estas entidades sean los mayores posibles para poder costear sus fuerzas armadas y represivas. Asimismo, el Estado se vale del Capital para penetrar económica y comercialmente otros países y desarrollar su política imperialista mediante la que conseguir recursos de los que carece.[11]

El reformismo de cariz izquierdista encarnado por la socialdemocracia y sus variantes reaccionarias asumió parcialmente la idea de que el Estado es un instrumento susceptible de ser puesto al servicio de la sociedad. Este planteamiento justifica la política reformista de participar en las instituciones del poder establecido con el propósito de gestionarlas bajo un designio diferente que implemente mejoras progresivas y parciales en la sociedad. La implantación de regulaciones, controles y de diferentes organismos supervisores estaría destinada a someter al Capital al interés estatal, y por tanto público. Pero incluso esta perspectiva conducente a mantener el orden establecido, y a justificar la política electoralista del parlamentarismo, fue rechazada por la izquierda revolucionaria que abogaba por la destrucción del Estado capitalista, en tanto en cuanto consideraba que el Estado tiene una existencia propia común al de la clase propietaria, lo que hace ineludible su destrucción y la de las relaciones sociales que le dan sustento al estar organizado y dirigido a la consecución de fines igualmente capitalistas, lo que impide que baste con cambiar su personal para orientar en otro sentido su actividad. El propio Gramsci resumió esta postura con las siguientes palabras: “Las instituciones del Estado capitalista están organizadas para los fines de la libre competencia: no basta cambiar el personal para orientar en otro sentido su actividad”.[12]

Estos planteamientos no son muy diferentes de los sostenidos por Marx a partir de las conclusiones extraídas de la experiencia de la Comuna de París, y que hacía ineludible la destrucción del Estado para la construcción de un orden social sin clases, y juntamente con ello el armamento general del pueblo, el establecimiento de una organización no estatal de la sociedad y la expropiación al Capital sin indemnización para poner los medios de producción al servicio de la clase obrera.[13] Estos planteamientos revolucionarios también pueden encontrarse en una parte de la obra de Lenin, quien ya destacó la importancia de la destrucción del Estado para la realización de la revolución y el desarrollo de una forma de organización social sin Estado.[14]

La socialdemocracia, guiada por su reformismo, hace de la economía una realidad con potestad autónoma y desarrolla una visión economicista que reduce la problemática política y social del sistema capitalista a una mera dimensión económica, de conquista de mejoras parciales e inmediatas que en nada alteran el orden capitalista. El Estado, en su forma capitalista, sería desde esta postura ideológica perfectamente válido para esta tarea gestora en tanto que lo único que cuenta es lo económico al ser tomado por la base de todo. Pero esta formulación que muchos consideran marxista ni tan siquiera lo es en tanto que Marx y Engels la rechazaron al advertir que la infraestructura económica sólo es determinante en última instancia. Tal y como apuntaba Perry Anderson “la secular lucha entre clases queda en última instancia resuelta en el nivel político –no en el económico o cultural- de la sociedad”.[15]

El Estado es el que ejerce el mando sobre la sociedad, y con él toda una compleja elite dominante a la que agrupa e integra en unas estructuras de poder comunes. Esta elite la componen no sólo los empresarios y banqueros, que son una parte pero en modo alguno la más decisiva, sino que también están presentes con un peso relativo mucho mayor los mandos militares y policiales, los jefes de los servicios secretos, los altos funcionarios de los ministerios, los directores de las empresas del capitalismo estatal, los catedráticos y demás profesores de universidad, los jueces, los directores de prisiones, pero también los políticos, los directores de las agencias mediáticas, los intelectuales, las casas reales allí donde las hay, así como los dirigentes sindicales, los líderes religiosos, etc. En la práctica el Capital está integrado, ya sea directa o indirectamente, en las estructuras de poder del Estado del que depende en todo lo esencial al estar sometido a su legislación que lo regula y supervisa. El Estado es, en suma, la organización decisiva que estructura al conjunto de la sociedad y la somete a su autoridad e intereses, mientras que el Capital constituye una parte de esta organización encargada de proveer los medios económicos y financieros precisos para el mantenimiento del Estado y el logro de sus objetivos.

Pero lo verdaderamente preocupante es que los medios del radicalismo político hayan asumido de un modo tan acrítico una posición ideológica, y sobre todo unos axiomas, que pertenecen a la burguesía y a la reacción socialdemócrata, lo que hace que estas fuerzas estén presas antes de comenzar la lucha al pertenecer al campo ideológico del otro, y que por ello mismo estén derrotadas ideológicamente. Si se implantan mentalmente los axiomas ideológicos del enemigo contra el que se quiere combatir ya se está derrotado de antemano, y ese axioma es la imagen distorsionada de un sistema autoritario en el que el Capital es el que manda de un modo todopoderoso, y donde empresarios y banqueros dan las directrices que los aparatos del poder estatal acatan sin rechistar.

La conformación de unas verdaderas fuerzas antisistémicas populares únicamente puede llevarse a término si se desecha la visión del mundo del enemigo, pues su asunción conduce irremediablemente no sólo a incoherencias políticas e ideológicas sino sobre todo a la derrota, y por ello a apuntalar los mitos que sostienen un sistema existencialmente opresivo y regresivo. Cuando esto ocurre la acción no es libre sino que es dirigida por esos mitos, esos axiomas que fueron asumidos sin haber sido sometidos a un análisis y a una reflexión previas, lo que aboca al fracaso y finalmente a la frustración de quien comprueba en la práctica que su acción no debilita ni contribuye a la destrucción de una realidad que niega la libertad y la vida, sino que la conserva y refuerza bajo renovadas formas al ser fuente de constantes réditos políticos para las fuerzas sistémicas. Hoy más que nunca es necesario identificar al Estado como el primer y principal enemigo de la sociedad en torno al que deben converger todos los esfuerzos humanos para su entera destrucción. Texto: Esteban Vidal. Ver: PARTE 1

Notas:

[5] Vale la pena hacer referencia a un texto de Huntington en el que pone de relieve la importancia de la institucionalización de las organizaciones, y sobre todo los efectos de este proceso a largo plazo en la medida en que cada institución busca su propio bienestar y supervivencia a largo plazo. Huntington, Samuel P., Political Order in Changing Societies, New Haven, Yale University Press, 1968, pp. 24-25

[6] Mcneill, William, La búsqueda del poder. Tecnología, fuerzas armadas y sociedad desde el 1000 D.C., Madrid, Siglo XXI, 1988

[7] Clastres, Pierre, La sociedad contra el Estado, Barcelona, Monte Avila Editores, 1978, p. 173

[8] Sobre esta cuestión ya hemos hablado ampliamente con anterioridad. http://www.portaloaca.com/articulos/anticapitalismo/7526-las-falacias-de-la-globalizacion.html

[9] Marx, Karl y Friedrich Engels, El Manifiesto Comunista, Madrid, Fundación de Estudios Socialistas Federico Engels, 1996, p. 41

[10] Rocker, Rudolf, Anarcosindicalismo (teoría y práctica), Barcelona, Ediciones Picazo, 1978

[11] En el caso español existe la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, dependiente del Ministerio de Economía español, que se ocupa de dar apoyo financiero a proyectos privados españoles en países emergentes donde el Estado español tiene algún interés. Esta labor se ve complementada por otros organismos estatales como el Instituto de Comercio Exterior o el propio Instituto de Crédito Oficial. Equipo Análisis del Estado, Diagrama sobre el Estado español, Madrid, Potlatch, 2014, p. 34

[12] Gramsci, Antonio, Escritos políticos (1917-1933), México, Siglo XXI, 1981, p. 95

[13] Marx, Carlos, La guerra civil en Francia, Madrid, Fundación Federico Engels, 2007

[14] Lenin, Vladimir I., El Estado y la Revolución, Barcelona, DeBarris, 2000

[15] Anderson, Perry, Lineages of the Absolutist State, Londres, NLB, 1974, p. 11

Estado y Capital (Parte I de II)

Está muy extendida la vieja y conocida idea socialdemócrata de que es el Capital, compuesto por las élites económicas y financieras junto a sus instituciones bancarias y empresariales, el que da las órdenes al Estado y a sus principales agentes, sobre todo políticos, de tal manera que este no es más que una prolongación de aquel, un instrumento encargado de hacer cumplir la voluntad de empresarios y banqueros. Esta imagen de la realidad, además de ser carca y reaccionaria, está muy extendida en la sociedad y especialmente en los medios del radicalismo político. Sin embargo, un análisis de los hechos concretos nos desvela que es completamente falsa, y que si hoy es socialmente tomada por cierta se debe fundamentalmente a haber sido repetida una y otra vez desde las instancias adoctrinadoras del sistema de dominación vigente.

La afirmación de que el Estado es un simple instrumento del Capital responde a un prejuicio ideológico que hace de la economía el elemento determinante de todos los demás procesos sociales, políticos e históricos. Todo esto no ha hecho mas que confundir consecuencias con causas y presentar una imagen distorsionada de la realidad que, además de ser falsa, está hecha para justificar un discurso político socialdemócrata que es sumamente reaccionario. Este discurso consiste en presentar al Estado ya no sólo como herramienta del Capital, sino como expresión de lo público y por ello una institución encargada de representar a la sociedad, de manera que su finalidad no es otra que la de servirla y legislar en su beneficio. Así es como este discurso político afirma la necesidad de que el Estado se afirme frente al Capital, que lo regule y lo someta al interés público porque es el Capital el que tiene secuestrado al Estado y a las instituciones. De este modo se justifica la política parlamentarista y reformista que exige que la sociedad elija a unos representantes que sepan imponerse a los poderes económicos y financieros, que afirmen el interés público frente al interés privado de los empresarios, banqueros y demás grupos de presión que han secuestrado lo público, y por tanto que hagan de las instituciones oficiales instrumentos de emancipación y de empoderamiento social.

Si estudiamos con detenimiento la historia del Estado moderno veremos que en la actualidad el Capital tiene mucha menos autonomía que hace varios siglos y también décadas, y que por ello está hoy mucho más sujeto al Estado y a sus intereses de lo que nunca antes lo estuvo en la historia. Desde sus comienzos, cuando el poder estatal era relativamente limitado al no disponer del monopolio de la violencia y de otros medios de dominación estratégicos, la dependencia del Estado con diferentes agentes privados representantes del poder económico y financiero era mucho mayor. En la medida en que el Estado no disponía de los medios económicos, materiales y financieros precisos para costear sus instrumentos de coerción se veía en la obligación de negociar y llegar a acuerdos con quienes ostentaban el poder económico, que en aquel entonces se encontraba acumulado en centros dispersos, generalmente redes de ciudades como las que existían entre el norte de Italia y el Canal de la Mancha. En este contexto era relativamente frecuente que las propias ciudades, y consecuentemente los grandes magnates, dispusieran de ejércitos y ofrecieran resistencia a los soberanos territoriales cuyos dominios eran más amplios.

Los primeros elementos capitalistas los encontramos, entonces, en torno a las ciudades al ser focos de acumulación, y en algunos casos de elevada concentración, de medios económicos y financieros que en caso de ser capturados o cooptados podían servir a los fines de los soberanos. Las oligarquías urbanas extendían su poder sobre el hinterland urbano y sobre vastas redes comerciales lo que podía proveerles de una relativamente amplia autonomía política, lo que variaba en función de la posición que ocupase una ciudad, bien como un lugar central o como parte de una amplia red urbana.[1]

A comienzos de la edad moderna era relativamente frecuente el enfrentamiento entre el Estado y un incipiente mercado que progresivamente se extendía a través de las ciudades a un ámbito supralocal o regional y que sólo el Estado, a través de la concentración de medios de dominación política, convirtió en nacional para controlarlo y disponer así de los medios económicos necesarios con los que preparar y hacer la guerra. En cualquier caso fue entre 1400 y 1700 aproximadamente, en el denominado período de mediación, en el que los Estados recurrieron fuertemente a elementos capitalistas formalmente independientes para facilitarles préstamos, para administrar empresas productoras de rentas y para la recaudación de impuestos. Fue una época marcada por la existencia de contratistas que servían de intermediarios entre el Estado y sus súbditos en tanto en cuanto le facilitaban al primero los medios logísticos, materiales, financieros y económicos de los que carecía para ejercer su gobierno y para preparar y hacer la guerra.

Como ejemplo de lo anterior basta señalar que durante este período los Estados se veían obligados a contratar buques comerciales armados para afrontar sus empresas bélicas y sus expediciones de ultramar. De este modo fue como Inglaterra pudo llevar a cabo su expedición a las Indias Occidentales en 1585, pues de un total de 25 barcos sólo 2 habían sido proporcionados por la Corona y únicamente un tercio de los costes totales de equipar la expedición fueron financiados por el gobierno, todo ello a pesar de que el almirante que la comandaba, Francis Drake, tenía facultades de oficial y autorización real. En Francia, por ejemplo, la corona dependía de una extensa red de recaudadores de impuestos que al mismo tiempo ejercían como prestamistas, de forma que esta profesión era al mismo tiempo un gran negocio que estaba al margen de cualquier control gubernamental.[2] La lentitud para recaudar grandes sumas de dinero en tiempo de guerra hacía que el Estado francés tuviera que pagar elevados tipos de interés. Esto provocaba depreciaciones de la moneda y el rechazo al pago de parte de la deuda, unido a otro tipo de acciones arbitrarias contra los prestamistas como podía ser su ajusticiamiento bajo la acusación de ser responsables de los problemas financieros del país, lo que permitía cancelar la deuda y confiscar sus riquezas.

Para el S. XIX la mayoría de los Estados europeos habían desarrollado una administración burocrática que constituía lo fundamental de su estructura organizativa central, y con ella asumieron muchas funciones gubernamentales que hasta entonces habían sido delegadas en los contratistas militares, los arrendadores de impuestos y otros intermediarios independientes.[3] En este proceso los Estados continuaron negociando los créditos, las rentas y la provisión de otros medios materiales, económicos, financieros y logísticos necesarios para la consecución de sus propios intereses a cambio de concesiones a las clases oligárquicas como fue el establecimiento del parlamentarismo, el reconocimiento legal de la propiedad privada en los medios de producción y de la libertad de empresa, el establecimiento de determinados servicios estatales, etc. Hasta entonces los soberanos habían contendido con los mercados y con las clases oligárquicas para conseguir los medios materiales para hacer la guerra, hasta que finalmente las elites políticas optaron por una estrategia fundada en la colaboración que incorporó a las elites económicas y financieras a las tareas de gobierno al mismo tiempo que aumentaron los recursos disponibles al servicio del Estado. En lo que a esto se refiere la implantación del régimen parlamentarista y liberal es una clara consecuencia de esta tendencia histórica.

El Capital, y más concretamente el capitalismo como sistema socioeconómico, es posterior a la existencia del Estado, pues este último no sólo le precede sino que ha sido su principal facilitador. La necesidad del Estado de mejorar las capacidades productivas de la economía para disponer de una cantidad creciente de recursos con los que afrontar sus esfuerzos bélicos propició la formación del capitalismo. En gran medida el nacimiento y, en definitiva, la construcción del Estado explican la aparición y desarrollo del capitalismo en la historia pues sin la intervención estatal que establece la protección jurídica, así como las medidas de seguridad que a nivel represivo sostienen a dicho modelo socioeconómico, no hubieran sido posibles aquellas condiciones que son determinantes para su existencia.

El Estado puso la bases del capitalismo y su formación fue favorecida en interés del propio Estado como medio del poder político para competir con éxito frente a otras potencias en la esfera internacional. Para esta labor resultó necesario la creación de un mercado ampliado, a escala nacional, que permitiera al Estado regular la economía por medio de su legislación y de diferentes medidas proteccionistas. La intervención estatal se manifestó en la protección jurídica del derecho a la propiedad privada en los medios de producción, de manera que se garantizaba al capitalista la posibilidad de acumular riquezas de forma ilimitada, y por otro lado fueron establecidas unas medidas de seguridad que sistematizaron la represión con la aparición de diferentes cuerpos policiales. Junto a estos factores cabe sumar la construcción de unas infraestructuras de comunicaciones que facilitaron el intercambio comercial en los dominios territoriales del Estado y con ello la ampliación del incipiente mercado local y regional a una escala nacional.[4]

La aparición del capitalismo estuvo igualmente vinculada con las revoluciones militares y la formación de los ejércitos permanentes que hicieron posible la aparición del Estado moderno. En este sentido destacaron una serie de cambios y mejoras técnicas en el arte de la guerra que dieron lugar a unas nuevas exigencias militares para el abastecimiento de ejércitos más numerosos y costosos de mantener. La búsqueda de estos recursos para preparar y hacer la guerra no sólo condujeron a la búsqueda de nuevos yacimientos de metales y al acceso a rutas comerciales estratégicas, sino que exigieron el crecimiento del aparato burocrático del Estado y el desarrollo de la técnica para una producción a gran escala. Ver PARTE 2 .  Texto: Esteban Vidal.

Notas:

[1] Hohenberg, Paul y Lynn Hollen Lees, The Making of Urban Europe, 1000-1850, Cambridge, Harvard University Press, 1985

[2] Bosher, John F., French Finances, 1790-1795, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, p. 305

[3] La guerra, y especialmente las sucesivas carreras de armamentos y revoluciones militares que encarecían la preparación y realización de las grandes campañas bélicas, facilitó la aparición de la gran burocracia estatal que extendió su control directo sobre una creciente cantidad de ámbitos. Sobre esto vale la pena destacar a dos autores fundamentales para comprender la gran tendencia histórica, social, política y tecnológica que guió este proceso marcado por la guerra como principal empresa del Estado: Roberts, Michael, “The Military Revolution, 1560-1660” en Rogers, Clifford J. (ed.), The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, Boulder, Westview Press, 1995, pp. 13-36. Tilly, Charles, Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid, Alianza, 1992

[4] Hintze, Otto, “Economía y política en la época del capitalismo moderno” en Hintze, Otto, Historia de las formas políticas, Madrid, Revista de Occidente, 1968, pp. 263-292. Resulta reseñable la polémica mantenida entre Otto Hintze y Werner Sombart en torno a la cuestión de la formación y desarrollo del capitalismo, pues Sombart, a diferencia de Hintze, sostenía la tesis economicista de que el capitalismo es un sistema autogenerado en el proceso histórico de desarrollo social en el que el Estado no interviene. Esto puede comprobarse a lo largo de toda la obra de Sombart en la que se percibe la ausencia del Estado a la hora de analizar el capitalismo. Asimismo, hay que apuntar que Sombart fue durante un tiempo, a finales del S. XIX, una referencia intelectual de prestigio en el campo del marxismo hasta el punto de que Engels llegó a afirmar que era el único profesor alemán que había entendido El Capital de Marx.

Referendum, Monarquía y República

El desarrollo del Estado nación moderno significó el incremento de su dimensión geográfica y demográfica. Esta circunstancia generó nuevas necesidades para el sistema político que requirieron el establecimiento de fórmulas de legitimación que hicieran aceptable el orden impuesto por el propio Estado. El parlamentarismo se desarrolló en este sentido, pero también hicieron su aparición nuevos instrumentos como el referéndum y el plebiscito que únicamente fueron viables desde el momento en el que el Estado contó con un aparato administrativo lo suficientemente desarrollado para establecer un control burocrático sobre la población.

El referéndum es un procedimiento jurídico con el que el conjunto del electorado vota directamente una ley o un acto administrativo con el que muestra su acuerdo o desacuerdo. El referéndum puede tener carácter consultivo o vinculante y existen diferentes tipos de referéndum en función de su objeto, carácter y fundamento. Sin embargo, lo que es propio de este tipo de procedimientos es el hecho de que la consulta se realiza con una pregunta que sólo admite una respuesta afirmativa o negativa.

En esencia el referéndum es la forma de represión dictatorial máxima y más dura al restringir la expresión de la voluntad popular a una pregunta que sólo admite como posibles respuestas un Sí o un No, lo que, a su vez, impide la justificación de cualquiera de ambas respuestas y con ello explicar qué quiere cada persona que se manifiesta en un sentido o en otro. Pero a esto se suma el hecho de que los procesos de este tipo generalmente son puestos en marcha por la elite dominante, que formula la pregunta en función de sus intereses y pretensiones políticas de la manera más conveniente y con ello determina al mismo tiempo la respuesta.[1]

Recientemente se ha planteado el referéndum como un método de democracia directa con el que corregir los defectos inherentes a la representatividad del sistema parlamentario. Sin embargo, el referéndum no puede calificarse como un método siquiera democrático si se analizan los casos concretos en los que ha sido utilizado. Por el contrario constituye un instrumento de legitimación de determinadas decisiones políticas, cuando no directamente del orden establecido en su totalidad. Por este motivo es muy frecuente su uso en los regímenes abiertamente totalitarios y dictatoriales como fueron la Alemania nazi, la Italia fascista, o en casos más recientes la Siria de Assad, el Irak de Hossein o el Zimbabwe de Mugabe entre otros. En los regímenes parlamentarios, en la medida en que la convocatoria de referéndum generalmente es una iniciativa de las elites dirigentes, ha servido para allanar el camino a determinadas decisiones previamente acordadas en las altas esferas del poder. El referéndum en el parlamentarismo, al igual que en el resto de regímenes dictatoriales, ha servido históricamente, gracias a la conveniente manipulación propagandística y a la supervisión del proceso ejercida por los medios de coerción del Estado, para legitimar la política del Estado y su orden impuesto.

El referéndum no devuelve en ningún caso la capacidad decisoria a la sociedad, sino que únicamente constituye un momento puntual en la vida política del país en el que el poder constituido ofrece al pueblo la posibilidad de elegir entre dos opciones preestablecidas por la propia elite dirigente. En última instancia el Estado es el que conserva la soberanía con la que toma aquellas decisiones políticas vinculantes para la población de su territorio. Por esta razón el referéndum como tal no deja de ser un fraude organizado con fines legitimadores y propagandísticos, pues es presentado públicamente como un proceso en el que la sociedad ejerce de manera directa su voluntad mientras el resto del tiempo es excluida sistemáticamente de la participación política.

En la medida en que la capacidad de tomar decisiones políticas vinculantes para la población de un territorio recae sobre una minoría que las impone por la fuerza al resto, y que en el caso de los regímenes parlamentarios actúa como representante de la sociedad, en la medida en que se da esta desigualdad política que constituye el origen de todas las demás desigualdades, nos encontramos ante el fundamento más básico del poder que es el ejercicio del mando. El poder busca su propio interés que se reduce en última instancia a la conservación del mando, de esa capacidad decisoria, y en la medida de lo posible a la permanente ampliación de su capacidad de control e intervención sobre la sociedad. El interés del poder se define, a su vez, en términos de poder político, militar, económico, cultural, etc... De esta manera las decisiones son tomadas en beneficio de quienes monopolizan la soberanía, de quienes ejercen esa capacidad decisoria. Aquí reside el carácter autoritario del sistema de dominación que establece el Estado.

La desigualdad política que instituye el principio de autoridad también establece el privilegio de gobernar a los demás, y por tanto que la soberanía sea ejercida por una minoría que la utiliza en su propio provecho. Este privilegio es el que dota a quienes lo detentan de la correspondiente impunidad, pues las decisiones políticas de dicha minoría están encaminadas a mantener y reforzar su posición dominante en la estructura social establecida, y con ello a crear un orden político, pero también social, económico, cultural, etc., favorable a sus intereses en el que no rinden cuentas ante nadie. Se trata de un sistema en el que la elite dirigente disfruta de la máxima libertad para sí y de la mínima responsabilidad. Puede aplicarse a la clase dominante la noción hobbesiana de que la libertad es el poder, y por tanto el privilegio de los fuertes.

El control sobre las necesidades y las acciones de los individuos que componen la sociedad lleva inevitablemente a que las instituciones sean herramientas del poder establecido, y por tanto mecanismos que se sirven del conjunto de la sociedad como un recurso que es utilizado para la consecución de los intereses de la clase dominante. En este sentido las instituciones desempeñan una función de dominación y de control en diferentes ámbitos dentro del contexto del sistema de poder establecido.

Asimismo, el poder necesita socializarse y presentarse como un gran benefactor que brinda, además de seguridad a sus súbditos, toda clase de servicios con los que satisface ciertas necesidades. Esto es lo que permite el desarrollo de un discurso legitimador y sobre todo justificador del orden establecido al plantear que las instituciones son realidades al servicio de la sociedad que es la depositaria última de la soberanía, y por ello están sujetas al control popular por medio de los cauces institucionales establecidos. Pero todo esto no deja de ser pura retórica como así lo demuestran los hechos en la medida en que la soberanía no es ejercida por el pueblo sino por otros que lo hacen en su lugar, de manera que la estructura social, política, económica, etc., vigente obedece antes que nada a los intereses del grupo dominante que monopoliza la soberanía. Así, las constituciones son un reflejo de esta retórica fraudulenta que en la práctica encubre un sistema profundamente despótico, pues el poder no está para ser controlado sino para controlar a quienes se encuentran bajo su dominio. Las instituciones, entonces, no están para servir a la sociedad sino para servirse de ella para la consecución de sus propios intereses.

Todo esto trae a colación la actual situación que se vive en el Estado español, donde emerge con cada vez más fuerza el debate acerca de la necesidad de celebrar un referéndum en el que se plantee el cambio de la forma del Estado. Este debate encubre el problema de fondo que no es otro que la existencia misma del Estado y no la forma que en un determinado momento pueda adoptar. Es un debate que centra la atención en una cuestión del todo irrelevante como es la figura que ocupa la jefatura de una organización que sojuzga al pueblo y que articula los intereses de la oligarquía, y que por tanto priva de libertad tanto al individuo como al conjunto de la sociedad.

Así pues, el debate acerca de la celebración de un referéndum sobre la forma del Estado no deja de ser un artificio político. En cualquiera de los casos, bajo la forma monárquica o republicana, prevalece el Estado como organización que ejerce su gobierno sobre la sociedad, y que mantiene una estructura social, política y económica de desigualdad en la que una minoría impone su voluntad al resto. De este modo impera en ambos casos la misma estructura de intereses con la única particularidad de contar con una jefatura de Estado distinta pero en el contexto político del mismo régimen oligárquico.

Un referéndum sobre la forma del Estado no sería otra cosa que una manera de dirigir y manipular al conjunto de la sociedad hacia una opción preestablecida por la elite política, un proceso aderezado por la propaganda además de supervisado por las fuerzas armadas y policiales del Estado. Significaría refrendar, y con ello legitimar, una decisión previamente tomada por la oligarquía. Nada sustancial cambiaría en el régimen, únicamente el envoltorio bajo el cual se presenta la opresión de las masas. Nos encontraríamos, entonces, ante una reforma del sistema de dominación hábilmente dirigida para su perpetuación que al mismo tiempo contribuiría a crear una nueva legitimidad.

Bajo una república el parlamentarismo continuaría siendo, como es hoy, el sistema político imperante. Una minoría continuaría disfrutando del privilegio político de tomar decisiones en el lugar de toda la sociedad. Las decisiones políticas serían, al igual que ocurre hoy bajo el régimen monárquico, en beneficio de una oligarquía que las impondría al pueblo mediante el empleo del aparato represivo y burocrático del Estado y sus instituciones. Con ello perdurarían las desigualdades, el capitalismo y la explotación en todas sus formas, pues el problema de fondo es el Estado y en ningún caso las formas concretas que este pueda adoptar a lo largo de la historia.

La única alternativa a esta falsa disyuntiva entre república y monarquía es la de una ruptura cualitativa del orden establecido; un nuevo comienzo, y con ello la inversión de unas estructuras de poder que niegan al pueblo la libertad y lo sojuzgan con la más abyecta opresión.

[1] No son muchos los países en los que la sociedad, o una parte considerable de ella, pueda proponer por propia iniciativa la celebración de un referéndum y con ello establecer la correspondiente pregunta de la consulta. Cuando esto se produce siempre es bajo unas condiciones muy estrictas que dificultan este tipo de iniciativas, pero sobre todo en un contexto de ausencia de libertad al estar siempre bajo la supervisión de las fuerzas armadas y policiales del Estado e incluso de potencias extranjeras, sin obviar la influencia que en dichos procesos ejerce la propaganda masiva vertida por los medios de comunicación que contribuye a coartar gravemente la libertad de conciencia de la población a la hora de manifestar su voluntad. Texto: Esteban Vidal. Ver: CATALUNYA Y EL DERECHO A DECIDIR