La mejor manera de entender la crisis financiera de Europa consiste en observar las distintas propuestas de soluciones. Éstas parecen el sueño de cualquier banquero, una bolsa de regalos que pocos votantes estarían dispuestos a aprobar en un referéndum democrático. Los estrategas bancarios han aprendido a no arriesgarse a someter sus planes al voto democrático, después de que los islandeses rechazaran dos veces en 2010-11 aprobar la capitulación de su gobierno a pagar al Reino Unido y a Holanda a causa de las pérdidas propiciadas por los bancos islandeses deficientemente regulados que operaban en el extranjero. A falta de tal referéndum, las manifestaciones masivas se convirtieron en la única forma que los votantes griegos encontraron para hacer constar su oposición a los 50.000 millones de euros en privatizaciones demandadas por el Banco Central Europeo (BCE) en agosto de 2011.
El problema radica en que Grecia no dispone de líquido para cancelar sus deudas y pagar los cargos por interés. El BCE exige que se vendan los activos públicos (la tierra, el agua y los sistemas de alcantarillado, los puertos y otros activos de dominio público), y también que se realicen recortes en las pensiones y en otros pagos a la población. Es comprensible que el “99% más pobre” esté furioso al ser informado de que el estrato más rico de la población es el gran responsable de los recortes de presupuesto por su ambición acumulativa (sólo en fondos atesorados en bancos suizos se han registrado 45.000 millones de euros). La sola idea de que un asalariado común tenga que financiar las pensiones para compensar las evasiones de impuestos de los ricos (y la ausencia general de impuestos a la riqueza desde el régimen de la junta de coroneles) enfurece comprensiblemente a la población. Que la “troika” del BCE, UE y FMI dicte que no importa cuánto acumulen roben o evadan los ricos, el pago ha de cubrirlo la población en conjunto, no es un posicionamiento político neutro.
Llevar a cabo una política de impuestos democrática restablecería un sistema progresista de impuestos sobre ingresos y propiedades y fomentaría su recaudación, estableciendo penas para los evasores. Desde el siglo XIX, los reformistas demócratas han buscado liberar las economías del derroche, la corrupción y los “ingresos por rentas”. Pero la “troika” del BCE está imponiendo un impuesto regresivo (que sólo puede imponerse cediendo las decisiones políticas del gobierno a un grupo de “tecnócratas” no electos).
Llamar a los gestores de una política tan anti-democrática “tecnócratas” parece un eufemismo cínico con aires científicos con el que designar a los grupos de presión financieros o a los burócratas, a quienes se considera que poseen una visión lo suficientemente estrecha para actuar como necios útiles en nombre de sus espónsores. Su ideología es la misma filosofía de austeridad que impuso el FMI a los deudores del Tercer Mundo desde los años sesenta hasta los ochenta. Reivindicaban la estabilización del balance de pagos mientras introducían mercados libres; estos directivos vendieron sectores de exportación e infraestructuras básicas a los acreedores de crédito nacional. El efecto fue conducir economías regidas por la austeridad a cotas mayores de deuda (de la que se beneficiarían los banqueros y sus oligarquías nacionales).
Ésta es la rutina a la que se somete en estos momentos a las democracias sociales de la Eurozona. Bajo el pretexto político de la emergencia financiera, los salarios y estándares de vida se pretenden reducir considerablemente y el poder político transvasarse de gobiernos electos a tecnócratas que gobernarán en nombre de grandes bancos e instituciones financieras. Se pretende también privatizar el trabajo en el sector público (y eliminar los sindicatos, mientras la seguridad social, los planes de pensiones y la sanidad pública sufren graves detrimentos).
Este es el guión básico que siguen los ladrones empresarios cuando saquean los planes de pensiones de las empresas para pagar a sus patrocinadores financieros con compra apalancada con financiación ajena. También es la manera en que se privatizó la economía de la antigua Unión Soviética tras 1991, poniendo los activos públicos en manos de cleptócratas, los cuales trabajaron con los banqueros de inversión de occidente para convertir a Rusia y a otros valores de bolsa las queridas de los mercados financieros internacionales. Los impuestos sobre la propiedad disminuyeron cuantiosamente al tiempo que los impuestos fijos se gravaron sobre los salarios (un acumulativo del 59 por ciento en Letonia). La industria fue desmantelada al tiempo que el derecho sobre la tierra y los minerales fue transferido a extranjeros, las economías conducidas a la deuda mientras los trabajadores cualificados y no cualificados se veían obligados a emigrar para encontrar trabajo.
Mientras hacían creer que estaban comprometidos con la estabilidad de los precios y los mercados libres, los banqueros inflaron la burbuja inmobiliaria con créditos. Los ingresos por alquileres fueron capitalizados en préstamos bancarios y rentabilizados con intereses. Esto resultó enormemente beneficioso para los banqueros, pero dejó a los Balcanes y gran parte de Europa Central con una grandísima deuda y un capital social con números negativos en el 2008. Los neoliberales aplaudieron la caída vertiginosa de sus niveles salariales y la mengua de su PIB como si de la historia de un éxito se tratase, puesto que estos países traspasaron la carga de los impuestos al empleo en vez de a la propiedad o las finanzas. Los gobiernos rescataron a los bancos a expensas del contribuyente.
Es un axioma que la solución a cualquier problema social serio tiende a crear problemas incluso mayores (¡no siempre intencionados!). Vista desde el posicionamiento estratégico del sector financiero, la “solución” a la crisis de la Eurozona consiste en revertir los objetivos de la Era Progresista de hace un siglo (lo que John Maynard Keynes generosamente acuñó como “eutanasia del rentista” en 1936). La idea era subordinar el sistema bancario al servicio de la economía y no al revés. En vez de ello, las finanzas se han convertido en la nueva forma bélica (menos ostensiblemente sangrienta, pero con los mismos objetivos que las invasiones vikingas hace miles de años y que las subsiguientes conquistas coloniales de Europa: apropiación de las tierras y sus recursos naturales, infraestructuras y cualquier otro activo que pueda proporcionar una vía de ingresos. Había que capitalizar y apreciar tales valores, por ejemplo, los que Guillermo I de Inglaterra recogió en su libro Domesday tras 1066, un modelo actual de cálculos al estilo BCE y FMI.
Esta apropiación del superávit económico para pagar a los banqueros está poniendo los valores tradicionales de los europeos patas arriba. La imposición de austeridad económica, el desmantelamiento de los gastos sociales, la venta de activos públicos, la extinción de los sindicatos, la caída de los niveles de los salarios, los planes de pensiones y sanidad pública en detrimento en países sujetos a reglas democráticas, requiere convencer a los votantes de que no hay otra alternativa. Se reivindica que sin un sector bancario próspero (da igual cuán predador) la economía quebrará mientras las pérdidas bancarias por malos préstamos y especulaciones deterioran el sistema de pagos. Ninguna agencia reguladora puede ayudar, ninguna política de impuestos mejorada, nada excepto la cesión del control a los grupos de presión para que rescaten a los bancos que han perdido las demandas financieras que ellos mismos construyeron.
Lo que quieren los bancos es que se pague el superávit económico en forma de intereses, no que se emplee en la mejora de los estándares de vida, en gastos sociales o incluso en una inversión nueva del capital. La investigación y el desarrollo requieren demasiado tiempo. Las finanzas viven al día. Esta tendencia al corto plazo es contraproducente, y aun así se presenta como una ciencia. La alternativa, se dice a los votantes, es el camino a la servidumbre: interferir en el “mercado libre” mediante la regulación financiera e incluso unos impuestos progresistas
Hay una alternativa, por supuesto. Es lo que buscaron los escolásticos de la civilización europea del siglo XIII a través de la Ilustración y del florecimiento de la economía política clásica: una economía libre de ingresos por rentas, libre de intereses creados empleando privilegios especiales para la “extracción de renta”. En manos de los neoliberales, al contrario, un mercado libre es libre para que una clase rentista favorecida por los impuestos pueda extraer interés, renta económica y precios de monopolio.
Los intereses rentistas presentan su actividad como una “creación de riqueza” eficiente. Las escuelas de negocios enseñan a los privatizadores cómo disponer los préstamos bancarios y la financiación por bonos, prometiendo todo lo que puedan para que los servicios de infraestructura pública sean vendidos por los gobiernos. La idea es pagar estas rentas a los nacos y proveedores de bonos con interés, y después obtener una ganancia capital subiendo las cuotas de acceso a las carreteras o puertos, al agua y al uso del alcantarillado y a otros servicios básicos. Se dice a los gobiernos que las economías pueden dirigirse de forma más eficiente si se desmantelan los programas públicos y se venden los activos.
La diferencia entre el objetivo pretendido y los resultados reales nunca se ha escondido de forma tan hipócrita. Hacer pagos con interés libres de impuestos priva a los gobiernos de los ingresos por las cuotas de acceso a los usuarios, incrementando sus déficits presupuestarios. Además, en vez de promover la estabilidad de los precios (la ostensible prioridad del BCE), la privatización aumenta los precios por infraestructura, vivienda y otros costes vitales, y hacen así negocio creando pagos de intereses y otras inversiones financieras (y sueldos mucho mayores para los gestores). Por tanto no es más que una demanda ideológica refleja el que esta política sea más eficiente simplemente porque los privatizadores son los que otorgan los préstamos y no el gobierno.
No hay ninguna necesidad económica o tecnológica para que los gestores financieros de Europa impongan la depresión sobre la mayor parte de su población. Pero hay una gran oportunidad de ganancia para los bancos que han tomado el control de la política económica del BCE. Desde los años sesenta, la crisis de balance de pagos ha proporcionado oportunidades a los banqueros e inversores para tomar el control de las políticas fiscales (para traspasar la carga de los impuestos al sector laboral y desmantelar los gastos sociales en favor de la subvención a inversores extranjeros y del sector financiero. Obtienen ganancias de las políticas de austeridad que disminuyen los estándares de vida y constriñen los gastos sociales. Una crisis de deudas permite a la élite financiera nacional y a los bancos extranjeros endeudar al resto de la sociedad, utilizando su privilegio de crédito (o ahorros creados como resultado de políticas de impuestos menos progresistas) como palanca para hacerse con los activos y obligar a los ciudadanos a un estado de dependencia por sus deudas.
El tipo de guerra que está engullendo Europa va por tanto más allá de lo meramente económico. Está amenazando con convertirse en una línea divisoria histórica entre la época de esperanza y potencial tecnológico del pasado medio siglo y la nueva era de polarización al tiempo que una oligarquía financiera reemplaza a los gobiernos democráticos y convierte a los ciudadanos en esclavos de la deuda.
Para que una baza tan atrevida y una toma de poder tal tengan éxito, se necesita una crisis que suprima los procesos legislativos democráticos y políticos que normalmente se opondrían. El pánico político y el caos crean un vacío en el que los ladrones se mueven con soltura, utilizando la retórica del engaño financiero y de las economías basura que racionan soluciones interesadas mediante una falsa visión de la historia de la economía (y en el caso del BCE, de la historia alemana en particular).
Con un banco central bloqueado por su éxito, los gobiernos no necesitan pedir préstamos a banqueros comerciales u otro tipo de prestamistas. Desde que el Banco de Inglaterra fuera fundado en 1694, los bancos centrales han estado imprimiendo billetes para financiar los gastos públicos. Los banqueros también crean crédito de forma libre (como cuando hacen un préstamo a crédito de las cuentas de sus clientes, a cambio de un interés prometedor).
Hoy, estos banqueros pueden tomar préstamos de las reservas del banco central gubernamental a intereses anuales verdaderamente bajos (0.25% en los E.E.U.U.) y prestarlo con intereses mucho más altos. Así los bancos se congratulan de ver que los bancos centrales gubernamentales crean crédito para prestarles. Pero cuando les toca el turno a los gobiernos a la hora de crear dinero para financiar sus propios déficits presupuestarios y emplearlo en el resto de la economía, los bancos prefieren que se reserve tal mercado y sus intereses para ellos mismos.
Los bancos comerciales europeos son inflexibles en cuanto a que el Banco Central Europeo no debería financiar los déficits presupuestarios de los gobiernos. Pero la creación de crédito privado no es necesariamente menos inflacionaria que el hecho de que los gobiernos conviertan sus déficits en moneda (simplemente imprimiendo el dinero que necesitan). La mayoría de los créditos de los bancos comerciales se hacen en contra de los bienes inmuebles, las reservas y los bonos (proporcionando crédito que se emplea en subir los precios de las casas, y los precios de las seguridades financieras, como en los créditos para las compras apalancadas con financiación ajena).
Principalmente es el gobierno quien gasta crédito en la economía “real”, hasta el punto que los déficits presupuestarios públicos se destinan al empleo o a bienes y servicios. Si los gobiernos evitan pagar intereses haciendo que sus bancos centrales impriman dinero con sus propios ordenadores en vez de pedir prestado a los bancos que hacen exactamente lo mismo con sus ordenadores (Abraham Lincoln simplemente imprimió dinero cuando financió la Guerra Civil estadounidense con “billetes verdes”).
A los bancos les gustaría emplear su privilegio de crear crédito para obtener interés de sus préstamos a los gobiernos para que financien sus déficits presupuestarios públicos. Por tanto les interesa limitar la “opción pública” de los gobiernos de monetizar sus déficits presupuestarios. Para asegurarse un monopolio con este privilegio, han organizado una amplia difamación de los gastos gubernamentales y, de hecho, de la autoridad gubernamental en general (la cual resulta que es la única autoridad con poder suficiente para controlar su poder o proporcionar una opción financiera pública alternativa, como hacen las oficinas de correos en Japón, Rusia y otros países). Esta competición entre bancos y gobiernos explica las falsas acusaciones acerca de que la creación de crédito gubernamental es más inflacionaria que si la asumen los bancos comerciales.
La realidad es clara si se comparan las formas en que los E.E.U.U., el reino Unido y Europa manejan sus finanzas públicas. La tesorería de los Estados Unidos es de lejos el mayor deudor del mundo y sus bancos más importantes parece que están en números rojos, sujeto a sus inversores y a otras instituciones financieras por sumas mayores de lo que puede cubrir su carpeta de préstamos, inversiones y sus distintos juegos financieros. Así, mientras la confusión financiera aumenta, los inversores institucionales depositan su dinero en los bonos del tesoro estadounidense (tanto que estos bonos ahora rinden menos del 1%). Por otro lado, un cuarto de los bienes inmobiliarios de los E.E.U.U. sufren un balance negativo, y los estados norteamericanos y sus ciudades se enfrentan a la insolvencia, obligados a reducir sus gastos. Las grandes empresas están dirigiéndose a la bancarrota, los planes de pensiones están cayendo cada vez más en impagos, y aun así la economía estadounidense sigue siendo un imán para los ahorros de todo el mundo.
La economía del reino Unido también parece asombrosa y su gobierno paga tan solo un 2% de interés. Los gobiernos europeos están pagando más de un 7%. El motivo de esta disparidad es que no disponen de una “opción pública” a la hora de crear dinero. Lo que hace a los Estados Unidos y al Reino Unido diferentes de Europa es que tienen un Banco de Reserva Federal o un Banco de Inglaterra que pueden imprimir dinero para pagar los intereses o reinvertir las deudas existentes. Nadie espera de estas dos naciones que se vean forzadas a vender sus terrenos públicos y otros activos para incrementar el dinero con que pagar (aunque lo puedan hacer como opción política). Dado que la Tesorería de los E.E.U.U. y la Reserva Federal pueden crear dinero, se sigue que mientras que las deudas de los gobiernos se designan en dólares, pueden imprimir los suficientes pagarés en sus ordenadores para que el único riesgo que asuman los poseedores de bonos del tesoro sea la tasa de cambio de dólar con otras modernas.
Al contrario, la Eurozona tiene un banco central, pero el artículo 123 del tratado de Lisboa prohíbe que el BCE haga aquello para lo que los bancos centrales fueron creados: crear dinero para financiar los déficits presupuestarios o satisfacer sus deudas venciéndolas. Los historiadores del futuro sin duda alguna encontrarán notable el hecho de que verdaderamente tras esta política hay algo de razón (o por lo menos la pretensión de un tema de primera plana). Es tan endeble que cualquier estudiante de historia podría adivinar la distorsión que sufre. La reivindicación consiste en que si un banco central crea crédito, amenaza la estabilidad de los precios. Sólo el gasto gubernamental se juzga inflacionario, ¡no el crédito privado!
La administración Clinton equilibró el presupuesto estadounidense a finales de los años noventa, cuando la economía de burbuja estaba aún explotando. Por otro lado, la Reserva Federal y la Tesorería anegaron la economía con 13 billones de dólares en crédito para el crédito del sistema bancario después de septiembre de 2008, y 0,8 billones más el pasado verano bajo el programa Flexibilización Cuantitativa de la Reserva Federal (QE2). Aun así los precios al consumidor y de las materias primas no han subido. Ni siquiera los precios del sector inmobiliario y del mercado bursátil están pujando más alto. Por tanto la idea de que inyectar más dinero incrementará los precios (MV=PT) no es operativa hoy en día.
Los bancos comerciales crean la deuda. Ése es su producto. Este apalancamiento de deuda fue utilizado durante más de una década para incrementar los precios (haciendo de los inmuebles y el consumo una pensión de jubilación más cara para los norteamericanos), pero la economía de hoy está sufriendo una deflación de la deuda en forma de ingresos personales, el comercio y las rentas de los impuestos se desvían para pagar la deuda de los servicios en vez de gastarlos en bienes o en puestos de trabajo o incluso invertirlos.
Mucho más impactante es la farsa sobre la historia de Alemania que se repite una y otra vez, como si la repetición evitara que los ciudadanos recordaran lo que realmente pasó en el siglo XX. Escuchar a los directivos del BCE contar la historia, sería muy irresponsable por parte de un banco central prestar al gobierno, a causa del peligro de hiperinflación. La memoria evoca la inflación de Weimar en la Alemania de los años veinte. Pero si uno se detiene a examinarlo, ocurre lo que los psiquiatras denominan un recuerdo implantado (condición en que el paciente está convencido de que ha sufrido un trauma, pero éste no ha ocurrido en la realidad).
Lo que ocurrió en 1921 no fue un caso de gobiernos que reciben préstamos de los bancos centrales para financiar gastos domésticos tales como programas sociales, pensiones o sanidad pública, como ocurre hoy. Más bien, la obligación de Alemania de pagar las indemnizaciones condujo al Reichsbank a inundar los mercados bursátiles extranjeros con marcos alemanes para obtener líquido con que comprar libras esterlinas, marcos franceses y otras monedas para pagar a los aliados (quienes utilizaron el dinero para pagar las deudas por compra de armas a sus inter-aliados de los Estados Unidos). La hiperinflación nacional contuvo su obligación de pagar indemnizaciones con moneda extranjera. Ninguna cantidad fijada en impuestos domésticos habría sido capaz de cubrir la cantidad en moneda extranjera que debían pagar.
En los años 30 esto era un fenómeno que se entendía bien, explicado por Keynes y otros economistas que analizaban los límites estructurales de la capacidad de pagar la deuda extranjera impuesta sin tener en cuenta la capacidad de pagar los presupuestos en moneda nacional. Desde el estudio de Salomon Flink El Reichsbank y la Economía en Alemania (1931) hasta otros estudios sobre las hiperinflaciones chilena y de otras partes del Tercer Mundo, los economistas han encontrado una causalidad común operante, basada en el balance de pagos. Primero aparece una caída en el tipo de cambio. Esto incrementa el precio de las importaciones, y consecuentemente el nivel de los precios nacionales. La secuencia estadística y la línea de causalidades llevan de los déficits en balance de pagos hasta la amortización de los costes de importaciones cada vez más altos, y de estos incrementos en los precios hasta la inyección de dinero, y no al revés.
Los partidarios del mercado libre que escriben en la tradición monetarista de Chicago (básicamente, la de David Ricardo) deja las dimensiones de las deudas nacionales y extranjeras fuera de cuenta. Parece como si el “dinero” y el “crédito” fueran activos a trocar por bienes. Pero poseer una cuenta bancaria o cualquier otra forma de crédito significa deuda al otro lado del balance general. La deuda de unos es el ahorro de otros (y la mayoría de los ahorros de hoy se prestan con intereses, absorbiendo el dinero de los sectores no financieros de la economía). La discusión se reduce de forma simplista a una relación entre el suministro de dinero y el nivel de precios (y de hecho, sólo los precios a los consumidores, no los precios de los activos). En su codicia por oponerse al gasto gubernamental (y por desmantelar los gobiernos y reemplazarlos con estrategas financieros) los monetaristas neoliberales ignoran la deuda impuesta desde Letonia e Islandia hasta Irlanda y Grecia, Italia, España y Portugal.
Si el euro quiebra, será a causa de la obligación de los gobiernos de pagar a los banqueros con un dinero que deben pedir prestado primero, en vez de crear el suyo propio a través de sus bancos centrales. A diferencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes pueden crear crédito del banco central con sus propios ordenadores para evitar que la economía se agoste o se vuelva insolvente, la constitución alemana y el tratado de Lisboa no se lo permiten a su banco central.
El efecto consiste en obligar a los gobiernos a tomar dinero prestado de los bancos comerciales con intereses. Esto proporciona a los banqueros la capacidad de crear crisis (amenazando con llevar las economías fuera de la Eurozona si no se someten a sus “condiciones”, impuestas en lo que se está volviendo una nueva guerra de clases entre las finanzas y el trabajo. Texto: Michael Hudson. Ver Parte II.
