Tras días y semanas
desmintiendo la posibilidad de que España tuviera que pedir un rescate para
tapar los agujeros de su sistema bancario privado, el fin de semana precipitó
los acontecimientos. El FMI adelantó su estimación sobre lo que España
“necesitaría”. No esperó los resultados de la auditoría encargada por el
gobierno español sobre la situación de sus propios bancos. La “troika”
integrada por el Eurogrupo, el Banco Central Europeo y el FMI, armó una
insólita videoconferencia a las 4 de la tarde del sábado con participación de
todos los ministros de finanzas de la región.
Tres horas más tarde, el ministro
español de Economía, más nervioso que nunca, admitía en rueda de prensa que
“España recibirá ayuda para su banca”. Pero más que dar detalles, se empeñó en
explicar que “no era un rescate” y que la operación “no conllevará más
sacrificios para la sociedad española”. Su empeño tiene corto recorrido. Es un
rescate “in extremis”, sencillamente porque el estado español no tiene recursos
propios para afrontar ese volumen de dinero. En cuanto a la posibilidad de que
este préstamo no tenga consecuencias sobre la vida de los españoles, resulta
inverosímil. Si la suma que finalmente se acuerde, se carga en la cuenta de la
deuda española, aumentan los problemas para disminuir el déficit. Con ello, es
probable que los recortes practicados no sean suficientes. Grecia, Irlanda y
Portugal, sin ser casos idénticos, demuestran que son sus pueblos quienes
terminan sufriendo los efectos de la crisis. España no es ni será una
excepción.
El imprevisto discurso dominical del presidente Rajoy, empapado de
optimismo, destacando aspectos positivos del “préstamo”, es otro intento por
disimular una realidad: España está más controlada que hace 48 horas. Su
soberanía para decidir sus políticas internas, las que definen la vida
cotidiana y el futuro de los españoles, está enajenada. Sus reiteradas
afirmaciones de “ayer ganó Europa”, “ayer ganó el Euro”, “ayer ganó la
consolidación del proyecto europeo”, no consiguen ocultan otra realidad: ayer,
seguramente otra vez "ganó la banca", y perdió el pueblo español, que
tendrá que pagar las consecuencias de una crisis de la que no es responsable,
sino víctima. Pero éste es el último capítulo - por ahora - de un proceso que
viene gestándose desde hace años. Para una mejor comprensión, intentemos situar
en su contexto este episodio del rescate.
El comienzo del derrumbe
La crisis capitalista
estalló en el 2007 a partir de la acumulación de operaciones especuladoras de
grandes bancos y empresas inversoras de los Estados Unidos. Tras los
gigantescos fraudes de los casos Stanford y Madoff, vino la espectacular
quiebra de Lehman Brothers, la más significativa en ese país por el volumen de
sus activos.
El proceso fue desde entonces acompañado por infinitas
explicaciones, pronósticos, "recetas" y llamamientos. Varios
gobernantes de los paises desarrollados nos dejaron frases memorables: el
entonces presidente Sarkozy llamó a "refundar el capitalismo sobre bases
éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad." Otros
anunciaron que "había que poner fin a los paraísos fiscales". Como
era previsible, todo quedó en mera pirotecnia verbal. Y las réplicas del sismo
financiero fueron extendiéndose como corresponde a un mundo globalizado. En
Europa, comenzaron a hallar "los mercados", denominación que recibe
ese conglomerado impreciso de fondos de inversión, bancos, grandes empresas,
todos ellos actuando con un solo propósito: obtener la mayor rentabilidad. El
afianzamiento del neoliberalismo alimenta esa vocación de la lógica del capital
financiero: multiplicarse en el menor tiempo posible. Y ha logrado eliminar
todas las normas que limitaban procedimientos inmorales y antisociales. Esos
núcleos de poder tienen fuertes vínculos o directamente controlan a políticos y
medios de comunicación. Actúan condicionando a los gobiernos y a los
ciudadanos. En España la presunta solidez del llamado "Estado de
Bienestar", comenzó a resquebrajarse de modo visible en el 2008, pero
antes hubo signos evidentes que la espiral consumista, la burbuja inmobiliaria,
el sistema bancario/financiero especulador y el manejo irresponsable y
despilfarrador del dinero público terminarían por empujarnos también a una
situación crítica. El gobierno socialdemócrata de Rodríguez Zapatero cumplió
sus dos últimos años de mandato acosado por la presión de los
"mercados" y puso en marcha las primeras medidas de recortes sociales
que le exigía esa cúpula autoerigida en "gobierno europeo", integrada
físicamente por la dupla Merkel-Sarkozy. Por supuesto, con esas acciones
políticas rompió sus compromisos con quienes le votaron y con sus premisas de
gobierno. Después, a fines del 2012, el Partido Popular, que venía de ejercer
una feroz oposición y se autoproclamaba capaz de solucionar la crisis ganó con
mayoría absoluta y asumió Mariano Rajoy. La derecha conservadora, incluyendo
sectores nostálgicos del franquismo, recuperó el gobierno. Y con ello, comenzó
un sistemático proceso de retroceso en derechos sociales y laborales acompañado
por fuertes recortes presupuestarios en servicios sociales, educación y
sanidad. La "crisis" se convertía en el argumento que justificaba el
desembarco ideológico de la derecha para dinamitar conquistas y avances
conseguidos por el pueblo español en las últimas cuatro décadas, a partir de la
recuperación de la democracia.
Los zorros cuidando a las gallinas
España no es un caso
excepcional. Si el epicentro de la crisis fue el sistema bancario y los fondos
de inversión de los Estados Unidos, las ondas y las réplicas se propagaron por
todo el planeta. En Europa, algunos países del sur fueron particularmente
afectados. Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España recibieron fortísimas
presiones, al punto de que algunos de ellos, reemplazaron a sus gobiernos electos
por "técnócratas y expertos", a los que definían como
"apolíticos".
En el caso de Italia, por ejemplo, no les resultó
difícil. Había que reemplazar al bufonesco neofascista Silvio Berlusconi que
vivía sus horas más bajas, eso sí, disfrutando la inmunidad que le
proporcionaban sus propias leyes. Así llegó al gobierno Mario Monti, un
personaje con rostro profesoral, que fue director europeo de la Comisión
Trilateral, el grupo de presión neoliberal que fundó David Rockefeller en 1973
y miembro del llamado Grupo Bilderberg. Pero lo más significativo de sus
antecedentes, son los fuertes vínculos con el influyente grupo norteamericano
Goldman Sachs involucrado en el comienzo de la crisis de las hipotecas basura.
A esta última firma financiera también pertenecen los "tecnócratas"
Lukas Papadimos, aupado como primer ministro de transición en Grecia y Mario
Draghi, nombrado presidente del Banco Central Europeo, que fué vicepresidente
europeo de Goldman Sachs entre 2002 y 2005. En esos años, esa empresa norteamericana
asesoró a las autoridades griegas para maquillar el déficit de sus cuentas y
esconder la deuda que años después descubrió Eurostat. Goldman Sachs ganó 800
millones de dólares por su gestión, Draghi se llevó su parte, y el pueblo
griego comenzó el camino de su calvario actual. Pese a que fue una
falsificación de datos en toda regla, nadie fue a la cárcel, porque en las
grandes estafas organizadas por los bancos de inversión, la impunidad de sus
directivos es la regla. En Irlanda, el ex comisario europeo Peter Sutherland,
jugó un papel importante en el "rescate" de su país. Sutherland es
presidente de la filial europea de Goldman Sachs. ¿Casualidades? No. Marc
Roche, periodista del diario francés "Le Monde" afirma que Goldman
Sachs "es una red de influencia única y muy cerrada, tanto de forma
pública como subterránea". Todo indica que son cargos claves que responden
a los intereses de las oligarquías financieras que solo pretenden aumentar sus
ganancias sin reparar en medios ni formas. Pero... ¿y en España? En España
Mariano Rajoy nombró ministro de economía a Luis de Guindos, ex presidente de
Lehman Brothers en la península ibérica. Esta empresa era hasta el momento de
su quiebra en el 2008, el cuarto banco de inversión más grande en Estados
Unidos, con 25.000 empleados en todo el mundo. Su colapso con 619 mil millones
de dólares de deuda, representó la bancarrota más grande en la historia
norteamericana, ya que sus activos superaban con creces las de los anteriores
"gigantes" como WorldCom y Enron. Sus efectos alcanzaron a los
mercados, gobiernos, empresas privadas, ahorristas.
Las especulaciones con
productos tóxicos terminaron abriendo enormes agujeros a los bancos que al
abrir sus cajas, tenían papeles sin valor, humo, en vez del dinero que reflejaban
sus balances. Bueno, volvamos al ex presidente de LB en España, ahora encarnado
en responsable de la economía del país. Sus medidas para conjurar la crisis y
superar el déficit, siguieron las clásicas fórmulas neoliberales: reducción del
gasto social; abrir el camino a procesos de privatización en los sistemas de la
sanidad y la educación pública; aumentar la recaudación con la suba de
gravámenes generales, pero evitando impuestos especiales a las grandes
riquezas, o a las transacciones especulativas. Y en lugar de perseguir el
enorme fraude fiscal, dispuso una amnistía que permitirá blanquear dinero a los
evasores, estafadores y delincuentes. Los métodos no son nuevos. Los argentinos
los padecieron durante la dictadura militar y gobiernos continuistas en lo
económico, como los de Carlos Menem: la deuda privada, se convirtió en deuda
pública. Los beneficios, para los grandes grupos económicos y sus testaferros
locales. Las pérdidas, para los ciudadanos.
Precarizar el trabajo, aumentar el capital
El gobierno encabezado por
Rajoy, promovió desde su mayoría absoluta parlamentaria una reforma laboral que
colmó las aspiraciones de las patronales. Con el argumento de "facilitar
el empleo", se abarató el despido y se simplificaron sus causales. El art.
41 del Estatuto de los Trabajadores del 82 (que ya había sufrido numerosos
recortes) también fue modificado. Ahora la empresa, podrá cambiar fácilmente la
jornada de trabajo, los turnos, el sistema de remuneración e incluso la cuantía
del salario.
Los expedientes de Regulación de Empleo ya no necesitarán contar
con previa autorización administrativa. La reforma laboral permitirá a las
empresas, saltarse acuerdos de los convenios colectivos. Y así podríamos seguir
enumerando retrocesos en los derechos de los trabajadores. Se impone la
precariedad laboral y esta pérdida de derechos en un momento en que las cifras
de paro alcanzan un récord de más de 5.600.000 personas, el 24,44% de la
población activa. Otra cifra estremecedora es que hay 1.728.000 hogares que
tienen a todos sus miembros en paro. Los datos son desoladores entre los
jóvenes, donde uno de cada dos menores de 25 años está sin trabajo. Otro de los
efectos perversos de la reforma es que la inestabilidad laboral genera miedo
entre quienes todavía tienen un puesto de trabajo. Miedo significa admitir
abusos, callar, evitar ausentismo, aunque sea justificado por salud. El estado
y los patrones trasladan todos los riesgos al trabajador.
Recortes presupuestarios
El presupuesto presentado
a fines de marzo por el ministro De Guindos, implica fuertes recortes en áreas
como Educación, Sanidad y Servicios Sociales y la inversión pública. “Estos
recortes, además de desproporcionados, son indiscriminados, recortando incluso
componentes del gasto esenciales tanto para estimular la economía como para
resolver el enorme problema del desempleo, que es el mayor problema económico y
social que tiene España”, afirma el profesor Vicenç Navarro, quien califica el
presupuesto Rajoy, como “el más antisocial que haya existido en España durante
la democracia.” Pero otra parte sustancial de los recortes lo tienen que hacer
las Comunidades Autónomas, cuyo gasto es mayoritariamente social, (un 60% aproximadamente).
Todo esto provocará un importante debilitamiento del sector público, abriendo
paso a la gradual privatización de servicios esenciales. Amplios sectores de la
sociedad española, golpeados por la desocupación laboral, por el retiro de las
ayudas sociales, por los desahucios, perderán también prestaciones sanitarias,
y serán afectados por el co-pago de recetas. Incluso los jubilados y
pensionistas. La educación pública que sufre un tijeretazo de casi cinco mil
millones de euros, queda fuertemente debilitada: más alumnos por aula, despidos
de profesores, subida de tasas, abandono de equipamientos, cierre de líneas y
de escuelas. Desaparece Educa 3, extensión de la red de escuelas infantiles
para niños de 0 a 3 años. El presupuesto se reduce casi un 22%, mientras el
conjunto de los ministerios baja una media del 17%. Paradójicamente los gastos
militares han tenido una mínima reducción. En Defensa es de menos del 9%.
Este
ministerio arrastra una deuda de miles de millones en programas de
modernización y tiene firmados compromisos europeos de armamentos hasta el
2025. España mantiene costosas operaciones en Afganistán, Bosnia Herzegobina,
Líbano, contra la “piratería” en el océano Índico, y la operación “Active
Endeavour”, integrados en el mando marítimo de la OTAN en el Mediterráneo. Hace
menos de un año, el secretario de Defensa del gobierno anterior, Constantino
Méndez, denunciaba el modelo de adquisiciones de los llamados Programas
Especiales de Armamentos (PEAS). Y expresaba: “no deberíamos haber adquirido
sistemas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen,
y con un dinero que no teníamos ni antes, ni ahora.”
Amnistía fiscal, barra libre para los
delincuentes
El gobierno conservador
español no solo renuncia a afrontar el enorme fraude fiscal, sino que sanciona
una amnistía que permitirá el blanqueo de dinero a los evasores y
defraudadores, pero también de los fondos de procedencia criminal, como los
obtenidos por tráfico de drogas, explotación sexual, robos o grandes estafas.
A
los evasores, les bastará declarar que poseen el dinero desde antes de
diciembre del 2010, sin revelar su origen. El blanqueo será a “precio de
saldo”, ya que el estado les aplicará un gravamen del 10%, a pesar de que se
estima que el 72% de las cantidades defraudadas provienen de grandes fortunas y
corporaciones. Los expertos añaden que también para la delincuencia será un
“regalo”, porque blanquear dinero en circuitos criminales tiene tasas
superiores al 25%. El estado español lo oferta al 10%.
BANKIA: defrauden que es gratis
En el 2010, nacía Bankia,
fruto de la fusión de siete cajas de ahorro. En su entramado directivo,
destacaban figuras prominentes del Partido Popular. A su frente fue colocado el
ex ministro de economía de Aznar, y expresidente del Fondo Monetario
Internacional Rodrigo Rato. Se lo definió como uno de los bancos “más sólidos”
y captó decenas de miles de clientes y de inversores cuando a bombo y platillos
salió a cotizar en Bolsa. Pero en los primeros días de mayo, Rato abandonó la
presidencia y 48 horas más tarde el gobierno tuvo que intervenir inyectando
fondos para evitar la caída de Bankia. Pero esa “nacionalización”, como le
llaman, no es tal porque la cúpula de banqueros no ha sido reemplazada por
técnicos o funcionarios del estado. Con el paso de los días la dimensión del
“agujero” fue creciendo hasta llegar a la cifra de 23.465 millones de euros. El
gobierno de Rajoy cerró rápidamente la hemorragia inyectando dinero público
supuestamente “a devolver”. Pero el presidente de Bankia respondió –sin que
nadie le desmintiera- que ese dinero no es un préstamo, sino que queda incorporado
al capital. Teóricamente, con el tiempo Bankia quedará saneada, se privatizará
nuevamente, y en esa operación el estado recuperaría al menos parte del dinero.
Resumiendo, en medio del gigantesco desbarajuste y las imposiciones del
Eurogrupo para que España baje drásticamente su déficit, el gobierno de Rajoy
acomete el mayor rescate de banca privada de la historia con el dinero de todos
los españoles. Valoremos la dimensión de estas operaciones cruzadas: para
“achicar” el déficit del estado se afecta seriamente al sistema educativo
público con un recorte de poco menos de cinco mil millones de euros. Y por otro
lado, se destina casi cinco veces esa cantidad para tapar el fenomenal agujero
de un banco privado, del que –al menos por ahora- nadie resulta responsable. La
Fiscalía, ante la presión social, anunció que “investigará”, pero al parecer no
será en lo inmediato, quizás para “no afectar la imagen de España en un momento
tan delicado”. Por su parte, el movimiento de los indignados, el 15M, lanzó por
Internet una campaña para reunir fondos con el propósito de iniciar una
querella contra Rodrigo Rato. En poco más de un día, logró reunir lo que
necesitaba. Más de un millar de donantes anónimos cubrieron la cifra necesaria
de 15.000 euros. En pocos días presentarán la querella colectiva contra el ex
presidente de Bankia.
La “división blindada”
Pero en economía también
puede aplicarse aquel principio de Lavoisier sobre la materia: “nada se crea,
nada se pierde, todo se renueva”. Porque mientras el dinero desaparece de los
balances, los directivos de Bancos y Cajas disfrutan de millonarios sueldos y
jubilaciones “blindadas”. Esto quiere decir que esas sumas, muchas veces
autoadjudicadas durante el disfrute del poder, resisten crisis, quiebras o
cualquier otra catástrofe. Gerentes, consejeros y directivos resultan
“premiados” con escandalosas sumas y ninguno parece haber tenido
responsabilidad en las pésimas o corruptas gestiones. Los hay, como el
ex-directivo de Bankia Aurelio Izquierdo, que tienen un “blindaje” que supera
los 10 millones de euros. Estos datos se van conociendo día a día, y agotan la
capacidad de sorpresa de los ciudadanos. El escándalo continuado alimenta la
creciente y justa indignación social. También integran la “división blindada”
260 directivos de las grandes empresas que cotizan en la bolsa española. Tienen
contratos a prueba de despidos, entre otros, 23 ejecutivos de ENDESA, 20 del
Banco de Santander, 13 del Banco de Bilbao, o 12 de Repsol. Para que tengan una
idea, en el Banco Santander, hay 22 miembros de alta dirección que en el 2011
percibieron una media anual de 3.696.273 euros. Rodrigo Rato, en Bankia,
percibía 2.340.000 euros, una compensación que palidece ante los más de 10
millones que tiene asignados Antonio Brufau de Repsol, o los 20 millones
anuales de Pablo Isla, ejecutivo de la empresa Inditex. La crisis, demoledora
para gran parte de la sociedad española, aumenta los beneficios de sectores
minoritarios. Entre el 2007, último año de bonanza económica, y el 2011,
aumentó la brecha salarial entre directivos de las grandes empresas y sus
trabajadores. Ni que decir si lo comparamos con la caída de los salarios medios
de todos los trabajadores o de los pensionados españoles.
Sin trabajo y sin techo
Las operaciones
interconectadas de constructoras, inmobiliarias, bancos y financieras durante
la última década, han dejado un tendal de afectados por hipotecas concedidas en
muchos casos sin recaudos y excediendo la capacidad de pago. La sobrevaloración
de los pisos y viviendas, es el “cepo” en el que miles de familias quedaron
atrapadas. Ahora, con la pérdida de trabajo, o la fuerte disminución de
ingresos, muchos no pueden afrontar las mensualidades. La legislación vigente
no admite la “dación en pago” para saldar la deuda. La hipoteca no es sobre el
piso, sino sobre la persona, que puede ver embargada no solamente su vivienda,
sino también su salario o sus otros bienes, si los tiene. Un ejemplo habitual:
alguien pagó en los últimos años 28.800 euros en intereses por una vivienda
tasada entonces en 190.000. Ahora, si la devuelve, se encuentra que el banco
tasa esa misma vivienda en 135.000. Resumiendo, pierde lo que pagó de
intereses, pierde el piso, y todavía le queda una deuda por la que puede ser
embargado.
Consecuencia, entre 2008 y 2011 se han producido 166.716 deshucios.
Solo en el último año, se iniciaron 58.200 expedientes de desalojo. Decenas de
miles de familias perdieron su hogar mientras la banca y el sistema financiero
– verdaderos responsables de la crisis – siguen declarando grandes beneficios y
recibiendo ayudas con dinero público sin ninguna contrapartida. El drama de los
desalojos es más grave aún en el caso de los más desprotegidos, como es el caso
de las familias de inmigrantes. Por cierto, durante el 2011, más de 600 mil
personas abandonaron España. La mayoría de ellos inmigrantes que en muchos
casos fueron utilizados como mano de obra barata durante la época de bonanza, y
ahora “sobran”. Aquellos que hayan perdido su trabajo, y por ende sus “papeles
legales”, quedarán a partir del 1 de setiembre sin atención sanitaria. Se
estima que ese desamparo puede afectar a medio millón de personas.
El control de los medios pasa por RTVE
Para desarrollar esta
auténtica “blitzkrieg” contra los derechos y la dignidad de millones de ciudadanos,
el sistema necesita reforzar el control social. Eso pasa -entre otras cosas-
por unificar la información y los mensajes que recibe la sociedad. La mayoría
de los medios privados de comunicación están en manos de corporaciones donde
confluyen grupos de poder económico, bancos, grandes empresas, industrias, etc.
Sus informativos, sus programas periodísticos, responden inequívocamente a sus
intereses. Hay noticias, criterios o análisis independientes que no tienen
cabida. Las excepciones son mínimas y confirman la regla. En los últimos años
algunas comunidades autónomas mantuvieron emisoras y canales de TV con un
importante margen de independencia. Con el manido argumento de los “necesarios
recortes”, serán reconvertidos, desmantelados o incluso pueden desaparecer.
Pero el asalto más significativo contra la independencia y la pluralidad
informativa está por consumarse. El PP por un decreto-ley anuló la norma
vigente que exigía el acuerdo de dos tercios del Parlamento para elegir
presidente de la corporación estatal Radio Televisión Española. Su mayoría
absoluta le permite tomar el control de la RTVE. Seguramente en las próximas
semanas comenzaremos a padecer sus efectos con el desplazamiento progresivo de
periodistas y espacios plurales. En los últimos años, RTVE había alcanzado un
alto nivel de calidad e independencia, ampliamente reconocido, dentro y fuera
de España. Acompañar la presentación de la emisora Radio Nacional, diciendo “la
pública”, no era solamente una frase publicitaria, era la verdad. Eso
seguramente tiene los días contados. Lo que nada tiene que ver con la crisis,
pero sí con el control social, es la modificación de la materia Educación para
la Ciudadanía, que aprobada por el Parlamento venía aplicándose en distintos
niveles de enseñanza. El Ministerio de Educación ha quitado del temario las
referencias a la pobreza en el mundo, la valoración crítica de la división
sexual del trabajo, los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, y
sexistas. También suprimió las referencias a los afectos, o a los distintos
tipos de parejas, o a la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza.
Incluye en cambio los “conflictos del mundo actual”: el terrorismo, los estados
fallidos o el fanatismo religioso. Hace años que la jerarquía eclesial
fogoneaba para expurgar ideas y conceptos de los que abjura. El libre
pensamiento ha sido su enemigo histórico.
La crisis es una excusa para
profundizar la desigualdad
El repaso de todos los
aspectos comentados en esta nota, confluye en una conclusión general: el
argumento de “afrontar la crisis”, pretende ocultar que todas las medidas que
se toman apuntan a profundizar la desigualdad. Esta no es una afirmación
subjetiva. De acuerdo con los datos del Banco de España, en octubre del 2010,
el 10% de las familias españolas concentraban el 70% de la riqueza financiera.
Pero además, el 1% de entre los más ricos poseen el 40% de la riqueza de ese
10%. Y no son las familias, sino los fondos de inversión, sociedades, empresas,
las que disponen de más de dos tercios de la riqueza financiera española. No
hablamos de la distribución de la renta, sino de la propiedad de las acciones
de las empresas, de los planes de pensiones privados, de los fondos de
inversión, valores de renta fija y otro tipo de activos financieros. Y las
nuevas medidas, fuerte reducción del gasto social, amnistía fiscal y renuncia a
perseguir la evasión y la defraudación, significa que se amplía la brecha entre
capital y trabajo. Las grandes mayorías pierden, y ganan la especulación y la
banca. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda afirma que el 72%
del fraude fiscal en España lo hacen las grandes empresas y las grandes
fortunas. En España 1 de cada 4 euros ( el 23% ) está oculto para Hacienda.
Mientras se exige sacrificio y eficiencia a trabajadores, jubilados, al
conjunto de los empleados públicos, todos absolutamente “controlados” a través
de sus nóminas, el fraude y la evasión permite que el estado deje de recaudar
88.000 millones de euros al año. Es la suma del fraude de 59.000 millones en
impuestos y 29.000 en cuotas de la Seguridad Social. Según Gestha ( los
técnicos del Ministerio de Hacienda), la economía sumergida en España asciende
a 245.000 millones de euros. Según sus datos, más del 70% del fraude es
atribuible a los grandes patrimonios y grandes empresas, frente a la opinión
generalizada de que el fraude está en el pequeño autónomo. Otro dato para
recordar: España es el país de Europa con más billetes de 500 euros. Aquí
tenemos el doble de billetes de 500 que el resto de Europa. España tiene entre
cuatro o cinco veces menos personal que la media europea dedicado a controlar
el fraude fiscal. Estudios de FUNCAS ( Fundación de las Cajas de Ahorros),
indican que mientras la economía española se duplicó entre 1980 y 2008, la economía
sumergida se cuadruplicó entre las mismas fechas.
España cruje
Y el crujido se hizo
estruendo este fin de semana de junio. Llevábamos dias, semanas recibiendo
noticias cada vez más angustiantes sobre el futuro de la ciudad española. El
gobierno, y en gran parte de la oposición, dicen y se desdicen. Tergiversan lo
que sucede llamando “ajustes” a los recortes, “regular” por destruir. Cuando
dicen “corregir” quieren decir eliminar. Y emplean “estabilizar” en lugar de
retroceder. Cuando afirman “eso no sucederá jamás”, ocurre antes que termine la
semana. Cualquiera puede encontrar en la red decenas de solemnes desmentidos
sobre los apuros de Bankia o los del sistema financiero español. Pero más aún
las terminantes afirmaciones de que “España o su banca no necesitan ningún
rescate”. El propio ministro de Guindos llegó a decir hace pocos días que “ni
valía la pena desmentir esos rumores, porque no eran más que insensateces”.
Ayer admitió el rescate, y trató de presentarlo como un gambito, una jugada que
parece una entrega, pero en realidad es “ganadora”. Es patético. La realidad se
empeña en pisotear todas las grandes frases y las promesas solemnes. También
ocurrirá con este falso optimismo con el que barnizan el pedido de dinero. El
hombre corriente, desde su sentido común, razona. Sabe que los bancos ni
siquiera se prestan entre sí por desconfianza. Nadie suelta un euro sino hay
detrás un aval firme que garantice su devolución en término y con sus
intereses. Los fondos que recibirá España no vendrán de la Cruz Roja ni de
ningún organismo de beneficencia. Alimentarán las cajas de los bancos privados,
pero ante los prestamistas tendrá que responder el Estado español. ¿Quién
garantiza que con esos fondos, la banca privada “revivirá”, volverá a dar
crédito, activará la economía y además podrá ir devolviendo ese préstamo que al
menos inicialmente pagaremos de una u otra forma todos los españoles? El
ciudadano que razona no es pesimista, es realista. Está muy reciente la
experiencia de Bankia. En solo dos años ese “sólido banco” dirigido nada menos
que por el último presidente del FMI, apareció con un agujero de más de 20 mil
millones de euros.
Tiempo de indignación, de recuperar
derechos y dignidad
España cruje, y su gente
también. Se avecinan tiempos más difíciles. El sistema y sus personeros, siguen
apretando las tuercas. Creen que la indignación ha desaparecido y que el
conformismo y la resignación garantizan sumisión. Se equivocan. Minutos después
del anuncio del ministro español de economía, cientos de ciudadanos indignados
se congregaban espontáneamente en la Puerta del Sol, en Madrid. Gritos de
rechazo, pero una consigna unificadora: “no es un rescate, es una estafa”. Si
las fuerzas políticas siguen la estela que marca la “troika” europea, seguirán
perdiendo credibilidad y legitimidad. Porque como nos recuerda Vicenç Navarro,
“estas políticas no estaban en los programas electorales de ningún partido, y
muchas de ellas son incluso contrarias a la Constitución”. También nos dice que
“en España exigir democracia hoy es casi subversivo”. José Luis Sampedro nos
recuerda que “nos preparan para ser masa de ciudadanos productores y
consumidores, trabajadores y compradores sumisos a la voluntad de los
poderosos”. Y añade: “estas democracias no son democracias”. Democracia quiere
decir que manda el pueblo. Y no manda el pueblo”.
