19 mar. 2016

La banca y la doctrina 'Too Big to Jail'. (Parte I de V)

Es conocida la máxima “demasiado grande para caer” (“too big to fail”). La forma en que los gobiernos han gestionado la crisis provocada por los bancos ha desembocado en una nueva doctrina que puede ser resumida así: “demasiado grandes para ser condenados”. O, “demasiado grandes para ser encarcelados” si se traduce literalmente el nuevo adagio, que está de moda en Estados Unidos y el Reino Unido: “too big to jail”, que rima con “too big to fail”.

En efecto, si bien el gobierno estadounidense dejó quebrar a Lehman Brothers en septiembre de 2008, ningún banco ha sido cerrado o desmantelado por decisión judicial, ningún dirigente bancario ha sido condenado con penas de cárcel. La única excepción en el mundo occidental se refiere a Islandia, donde la justicia ha condenado a penas de prisión firme a tres dirigentes bancarios: Larus Welding, principal dirigente del banco Glitnir, quebrado en 2008 cuando todavía era el tercer banco del país, fue condenado a finales de diciembre de 2012 a 9 meses de prisión; Sigurdur Einarson y Hreidar Mar Sugurdsson, los dos principales dirigentes del banco Kaupthing, fueron condenados en 2013 a cinco años y cinco años y medio de prisión respectivamente.
Sin embargo, tanto la justicia estadounidense como la europea tienen ante sí delitos muy graves cometidos por los bancos más grandes: estafa organizada contra clientes, (pequeños) accionistas y accionariado público; blanqueo de capitales procedente del crimen organizado; fraude fiscal a gran escala; manipulación organizada de los mercados de cambio; uso de documentación falsificada; delitos por uso de información privilegiada; destrucción de pruebas; enriquecimiento abusivo; manipulación organizada del mercado de los CDS; manipulación en el mercado de las commodities; complicidad en crímenes de guerra... la lista no es exhaustiva.
Eric Holder, procurador general de los Estados Unidos, interrogado en junio de 2013 por una comisión del Senado de su país, resumió claramente el fondo de la doctrina “demasiado grandes para ser condenados”. A propósito de los grandes bancos declaraba en esencia que “esas instituciones son tan grandes que es difícil llevarlas ante los tribunales, y si se hiciera, sería para darse cuenta de que, efectivamente, inculparlas por actividades criminales podría tener repercusiones negativas para la economía nacional, e incluso para la economía mundial”.
Las consecuencias de esta posición son claras. El hecho de que la especulación y los crímenes financieros hayan causado la peor crisis económica desde el pasado siglo pesa muy poco en la balanza de la justicia. Aunque tales excesos estén asociados a una epidemia de fraudes, a todos los niveles, en las operaciones bancarias en Estados Unidos, esas instituciones están autorizadas a proseguir con sus operaciones. Les basta alcanzar a un acuerdo con la justicia a fin de pagar una multa para evitar una condena. Imaginen una situación como la siguiente: tras un mes de investigación la policía encuentra a una persona que ha cometido un robo de un millón de euros. En el momento de ser arrestado, la persona en cuestión declara al juez de instrucción y a la policía: “propongo pagar dos mil euros de multa, me dejáis en libertad y no emprendéis acciones judiciales, ¿de acuerdo?”. El juez y la policía le dicen: “OK, no hay problema, perdone las molestias. Que le vaya bien. Intente no dejarse coger de nuevo, sería una pena”. El trato de favor al que tienen derecho los banqueros responsables de delitos y crímenes financieros no es muy diferente de esta situación imaginaria, y Bertold Brecht tenía toda la razón al plantear la pregunta: “¿quién es mayor criminal, quien roba un banco o quien funda uno?”.
Las consecuencias directas de las fechorías de los bancos son particularmente graves: 14 millones de familias en los Estados Unidos han sido expulsadas de sus viviendas entre 2007 y 2013 (ver cuadro más abajo). De ellas, se ha demostrado que al menos 495.000 familias lo han sido de forma totalmente ilegal, millones de personas han perdido su empleo, una parte de ellas han caído por debajo del umbral de la pobreza, la tasa de suicidios ha aumentado entre las personas afectadas, la deuda pública ha estallado y los fondos de pensiones de los países desarrollados han perdido cerca de 5.400 millardos de dólares.

Desahucios en Estados Unidos y en España

Año    U. S. A.        España
2005  532.833 
2006  717.522 
2007  1.285.873 
2008  2.330.483     49.848
2009  2.824.674     59.632
2010  2.871.891     81.747
2011  1.887.777     94.825
2012  1.836.634     76.724
Total  14.287.687  362.776

El papel de los bancos privados es tan manifiestamente importante e indispensable para el sistema capitalista que su funcionamiento transciende las imposiciones legales y constitucionales de las sociedades modernas. Como consecuencia, la justicia se pone una venda en los ojos ante los delitos y crímenes cometidos por los bancos y sus dirigentes, a fin de evitarles pasar, aunque solo fuese un día, en la cárcel. A fin de cuentas, no se puede llevar ante la justicia a un dirigente de una institución bancaria que “no hace más que el trabajo de Dios”, por citar a Lloyd Blankfein, patrón de Goldman Sachs.
La declaración que hemos reproducido más arriba podría provocar una sonrisa, si no fuera porque las negociaciones y acuerdos entre bancos y autoridades judiciales o de control no vienen regularmente sino a confirmar la aplicación de la doctrina “demasiado grandes para ser condenados” en las dos riberas del océano Atlántico. Los escándalos continúan y la justicia se limita a multas que representan muy a menudo una ínfima fracción de los beneficios producidos por actividades ilegales, sin que ningún dirigente se vea inquietado. Todo lo más comparecen ante los tribunales y son condenados ,-“fontaneros”- como Jérôme Kerviel, pero nunca los patronos que les han empujado a aumentar los beneficios de la empresa utilizando todas las jugarretas posibles e imaginables.
Seis ejemplos bastan para testimoniar acerca de la situación actual: 1. Los acuerdos alcanzados entre bancos estadounidenses y diferentes autoridades de aquel país a fin de evitarles una condena judicial en el asunto de los préstamos hipotecarios abusivos, así como por las ejecuciones hipotecarias (foreclosures) ilegales; 2. HSBC (primer banco británico) multado en Estados Unidos por blanqueo de dinero procedente de los cárteles mexicanos y colombianos de la droga; 3. La manipulación de los tipos de interés interbancario y de las tasas sobre los derivados, conocida como el “asunto LIBOR”; 4. El escándalo de los “préstamos tóxicos” en Francia; 5. Las actividades ilegales de Dexia en Israel; 6. La evasión fiscal internacional organizada por el principal banco suizo, UBS. En siguientes capítulos se analizarán esos seis ejemplos.

Conclusión

De lo anterior se desprende con claridad que los bancos y otras grandes instituciones financieras de dimensión mundial actúan a menudo como un cártel organizado, dando muestras de un nivel raramente observado hasta ahora de cinismo y abuso de poder. Hoy día, después de que los Estados hayan puesto dinero público a disposición de las entidades financieras, cuyas apuestas especulativas han ido mal, los magistrados a cargo de hacer aplicar la Ley se emplean en proteger a los responsables de esas entidades y banalizan así, incluso justifican a posteriori, la conducta ilegal o criminal por las que se han hecho culpables.
Un contexto así, en el que reina la impunidad, anima a los dirigentes de las firmas financieras a más abusos y actuaciones de riesgo. Los bancos como instituciones no son condenados, siendo lo más habitual el que ni siquiera sean llevados ante los tribunales.
Esos bancos hacen recaer toda la responsabilidad en traders como el antes citado Jerôme Kerviel y algunas decenas más como él, mientras logran que la justicia les condene por haberles perjudicado.
La situación de los principales dirigentes de los bancos es muy diferente: el montante de sus bonus crece como consecuencia del incremento en las rentas de la entidad (no es raro ver que el bonus aumenta incluso en caso de bajada en la rentabilidad del banco), independientemente del origen ilegal de los recursos, o del hecho de que sean resultado de actividades financieras especulativas extremadamente arriesgadas. En el peor de los casos, si son descubiertos, no tienen más que abandonar la institución (a menudo con un “paracaídas dorado”), no serán perseguidos por la justicia y conservarán en sus cuentas bancarias la totalidad de los beneficios obtenidos.
Mientras este género de dispositivo perverso sea mantenido, los abusos y el robo de los recursos públicos por parte del sistema financiero no pueden sino prolongarse a lo largo del tiempo.
Más allá de los altos dirigentes hay que subrayar la impunidad de los propios bancos, a los que las autoridades aplican la doctrina de “too big to jail”. Se trata sobre todo de la demostración de la imbricación estrecha entre las direcciones de las entidades, sus grandes accionistas, los gobernantes y los diferentes órganos vitales de los Estados.
En caso de graves infracciones hay que poner en práctica una solución radical: retirar la licencia bancaria a los bancos culpables de crímenes, prohibir definitivamente algunas de sus actividades, llevar ante los tribunales de justicia a los dirigentes y los grandes accionistas. También hay que obtener reparaciones por parte de los dirigentes y de los grandes accionistas.
En fin, es urgente dividir cada gran banco en varias entidades a fin de limitar los riesgos, socializar esos bancos colocándolos bajo control ciudadano y crear así un servicio público bancario que dé prioridad a la satisfacción de las necesidades sociales y a la protección de la naturaleza. Texto: Eric Toussait. Traducción: Alberto Nadal. Ver: PARTE 2

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