El día 3 de octubre del 2017, el rey Felipe VI pronunció un discurso muy importante. Un discurso en defensa de la Constitución, con un severa advertencia a los gobernantes catalanes.
El momento era crítico. Las imágenes de la represión policial en Catalunya habían dado la vuelta al mundo. El Gobierno de Mariano Rajoy temía que desde las instituciones europeas, o desde alguna instancia internacional relevante –el Vaticano, por ejemplo–, surgiesen iniciativas de mediación. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, buscaba esa mediación desperadamente. El político italiano Romano Prodi, expresidente de la Comisión Europea, estaba dispuesto, siempre y cuando lo aceptará Rajoy. El antiguo mediador británico en el Ulster, Jonathan Powell, también habría aceptado. El expresidente de Austria Heinz Fischer, socialdemócrata, mostraba una cierta disponibilidad. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, fue consultado y rechazó de plano la oferta. El PSOE de Pedro Sánchez acababa de presentar una moción de reprobación a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por la actuación de las fuerzas policiales en Catalunya. Fue un discurso que no dejó indiferente a nadie. Impresionó la contundente gestualidad del jefe del Estado. Gustó a mucha gente. Irritó a los independentistas catalanes y vascos. Y provocó desazón en aquellos que esperaban –en Catalunya y también en el resto de España– un mensaje más acorde al papel de arbitraje y moderación que el artículo 56 de la Constitución otorga al Rey. No fueron pocos los que echaron en falta unos párrafos en catalán, para establecer un mejor balance entre advertencia y empatía. Circula la versión de que esas palabras en catalán figuraban en un primer redactado y fueron eliminadas a petición del Gobierno, que supervisa todos los discursos del Monarca. Una rigurosa reconstrucción histórica de los hechos de octubre en Catalunya, apenas comenzada, deberá prestar atención a ese detalle. El discurso del Rey cortó en seco todo intento de mediación y desencadenó una cadena de pronunciamientos internacionales en favor de la unidad de España. Alemania fue el primer Estado europeo en pronunciarse. Ningún país del mundo reconoció a la República Catalana, más anunciada que declarada. Al cabo de unos días, el PSOE retiraba la moción contra la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y se mostraba disponible a pactar la aplicación del artículo 155 en Catalunya. El discurso del Rey impresionó lógicamente a la judicatura, pese a no contener ninguna indicación expresa sobre el enfoque judicial de los acontecimientos. Cuando la causa llegó al Tribunal Supremo, el juez instructor Pablo Llarena efectuó una interpretación rigorista de la partitura. Máxima dureza. Construyó la teoría de la violencia inducida para justificar la acusación de rebelión y las consiguientes órdenes de prisión preventiva. Unas órdenes de prisión que a su vez alimentaron la victoria en número de escaños del independentismo en las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por Rajoy. La estrategia Llarena ha quedado rota en Alemania, primer país de la Unión que dio su pleno apoyo a la integridad territorial de España. Texto: E. Juliana
