10 oct. 2014

Oligarquía vs democracia (Parte II de II)

Incapacitar al Banco Central de Europa para privar a los Estados del poder de crear dinero

Una de las tres características definitorias de un estado-nación es su capacidad para crear dinero. Una segunda característica es el poder de recaudar impuestos. Ambos poderes están siendo transferidos fuera del alcance de los representantes electos del sector financiero como resultado de esta inmovilización del gobierno.

La tercera característica de un estado-nación es el poder de declarar la guerra. Lo que está ocurriendo hoy es el equivalente de la guerra (¡pero contra el poder del gobierno!). Está por encima de cualquier forma de guerra financiera (y los objetivos de esta apropiación financiera son los mismos que los de las conquistas militares): primero, las riquezas de la tierra y el subsuelo sobre las que recaudar rentas como tributo; segundo, infraestructura pública para extraer rentas en forma de cuotas de acceso; y tercero, cualquier otra empresa o activo en el dominio público.
En esta nueva guerra financiera los gobiernos están siendo llevados a actuar como agentes del orden que actúan en nombre de los conquistadores financieros en contra de sus propios ciudadanos. Esto no es nada nuevo. Ya hemos visto cómo el FMI y el Banco Mundial imponían austeridad en las dictaduras latinoamericanas, en los cacicazgos militares africanos y en otras oligarquías desde los años sesenta hasta los ochenta. Irlanda y Grecia, España y Portugal están siendo llevados a las mismas políticas públicas de liquidación de activos, y todo en manos de agencias financieras supra-gubernamentales que actúan en nombre de los banqueros (y por tanto en nombre del 1% de la población).
Cuando no se puede pagar o vencer las deudas, llega el tiempo de ejecución hipotecaria. Para los gobiernos esto implica la privatización de las ventas para pagar a los acreedores. Además de ser una apropiación de la propiedad, la privatización tiene por objetivo reemplazar el trabajo en el sector público por una fuerza de trabajo sin sindicatos que la respalde con menos derechos de pensión, sanidad pública o voz sobre las condiciones de trabajo. La antigua guerra de clases vuelve a la carga (con un rizo financiero). Al agostar la economía, la deflación de la deuda ayuda a amputar el poder de resistencia de los trabajadores.
También otorga a los acreedores el control sobre la política fiscal. En ausencia de un Parlamento paneuropeo con poder para imponer las reglas del sistema de impuestos, la política fiscal pasa a manos del BCE. Al actuar en nombre de los bancos, el BCE parece favorecer la regresión del camino que llevaba el siglo XX hacia los impuestos progresistas. Además, como han dejado claro los grupos de presión financieros de los E.E.U.U., las demandas de los acreedores se dirigen a que los gobiernos re-clasifiquen las obligaciones públicas como “cuotas de usuario”, que se financien mediante retenciones sobre los salarios destinadas a ser administradas por los bancos. Traspasar la carga de impuestos de los bienes inmuebles y las finanzas al trabajo y la economía “real” significa una amenaza de volverse una apropiación fiscal por encima de la apropiación de la privatización.
Esta es una política de corto plazo autodestructiva. La ironía radica en que los déficits presupuestarios de los PIIGS provienen de las propiedades sin impuestos, y un cambio mayor en el sistema de impuestos puede empeorar la situación en vez de estabilizar los presupuestos gubernamentales. Aun así los banqueros buscan sólo aquello que pueden ganar a corto plazo. Saben que toda renta por recaudación de impuestos que se desvíe de los bienes inmuebles y los negocios es una promesa de interés para los bancos. Así a la economía griega, como a otras economías oligárquicas, se les aconseja pagar sus deudas recortando los gastos gubernamentales (pero no el gasto militar en armas provenientes de Alemania y Francia) y traspasando los impuestos al sector laboral y la industria, y a los consumidores en forma de mayores cuotas de acceso a los servicios públicos que aún no se han privatizado.
En Gran Bretaña, el primer ministro Cameron afirma que achicar aún más el gobierno bajo las directrices Thatcher-Blair otorgará más trabajo y recursos al servicio de las empresas privadas para crear puestos de trabajo. Los recortes fiscales aumentarán de hecho el desempleo, o por lo menos obligarán a aceptar trabajos peor pagados con menos derechos. Por otro lado, recortar los gastos sociales menguará el sector empresarial y agudizará por tanto los problemas fiscales y de deuda al empujar a las economías hacia la recesión.
Si los gobiernos recortan su gasto para reducir el tamaño de sus déficits presupuestarios (o si aumentan los impuestos, llevando a un superávit), entonces estos superávits absorberán el dinero de la economía, dejando menos para gastar en bienes y servicios. El resultado no puede ser otro que el desempleo, mayores deudas y bancarrotas. Debemos observar a Islandia y a Letonia como si fueran los canarios de esta mina financiera. Su reciente experiencia muestra que la deflación de la deuda lleva a la emigración, acortando las esperanzas de vida, tasas de nacimiento menores y menos matrimonios (pero proporciona grandes oportunidades para que los buitres de los fondos engullan el tuétano de la riqueza hasta los confines de la pirámide financiera).
La crisis económica de hoy es una cuestión de elección política, no una necesidad. Como dijo el jefe del equipo de la administración Obama Rahm Emanuel: “Una crisis es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar”. En tales casos la explicación más lógica es que alguien debe estar beneficiándose. Las depresiones aumentan el desempleo, ayudando a quebrar el poder de los empleos con o sin sindicatos que los respalden. Los E.E.U.U. se ven como un presupuesto estatal y local a exprimir (pues ya se anuncian las bancarrotas), y los primeros recortes serán en la esfera de las pensiones. Las altas finanzas sacan sus beneficios (al no beneficiar a la población trabajadora con los ahorros y las promesas hechas).

El pez grande se come al chico

Esta parece ser la idea que tiene el sector financiero de una buena planificación económica. En verdad es peor que un plan de suma-cero, en el que la ganancia de una parte es la pérdida de la otra. Las economías en conjunto menguarán (y cambiarán su forma, polarizándose entre acreedores y deudores). La democracia económica allanará el camino a las oligarquías financieras, revirtiendo la tendencia de los últimos siglos.
¿Está Europa preparada para dar este paso? ¿Reconocen sus votantes que privar a los gobiernos de su opción pública de crear dinero otorgará tal privilegio a los bancos en forma de monopolio? ¿Cuántos observadores han previsto el inevitable resultado: traspasar la planificación de la economía y la localización de los créditos a los bancos?
Aunque los gobiernos proporcionen una “opción pública”, la de crear su propio dinero para financiar sus déficits presupuestarios y proveer a la economía de crédito productivo para reconstruir las infraestructuras, sigue existiendo un problema: deshacerse de la inversión en deuda existente supone un lastre en la economía. Los banqueros y los políticos que respaldan se niegan a reducir las deudas y mostrar así la capacidad de pago. Los legisladores no han dispuesto una sociedad con un proceso legal para reducir las deudas (excepto la ley de acción pauliana de Nueva York, la cual permite anular las deudas si los prestamistas otorgan préstamos sin asegurarse primero que el deudor podrá pagarles).
Los banqueros no quieren asumir la responsabilidad de los malos préstamos. Esto plantea el problema financiero de qué deben hacer los que diseñan las políticas cuando los bancos han sido tan irresponsables al localizar sus créditos. Sin embargo alguien tiene que asumir la pérdida. ¿Debe ser la sociedad en su conjunto o los banqueros?
No es un problema que los banqueros puedan resolver. Ellos quieren pasar el problema a los gobiernos. Lo que llaman “solución” al problema de la mala deuda consiste en que los gobiernos les den bonos buenos para malos préstamos (“dinero por basura”), y que lo paguen los contribuyentes. Han diseñado un aumento desproporcionado de bienes para ellos mismos, y ahora quieren llevarse el dinero y salir corriendo. La deuda que los deudores no pueden pagar será esparcida por toda la economía en conjunto.
¿Por qué deben ellos resarcirse de los daños a costa de agostar el resto de la economía? Su respuesta es que las deudas se deben a los fondos de pensiones de los trabajadores, a los consumidores con depósitos en bancos, y que todo el sistema se vendrá abajo si los gobiernos no pagan sus bonos. Si se les presiona, los banqueros admiten que han sacado los seguros de riesgo (obligaciones de deuda colateralizadas y otras coberturas de riesgos). Sin embargo los aseguradores son bancos estadounidenses y el gobierno norteamericano está presionando a Europa para que no hiera su sistema bancario. Así que el embrollo de la deuda se ha politizado a nivel internacional
Para los banqueros, la línea de menor resistencia consiste en fomentar la ilusión de que no tienen la necesidad de aceptar moras para las deudas demasiado altas que ellos han propiciado. Los acreedores siempre insistirán en que puede mantenerse la inversión de deuda.
El motivo de que esto no funcione radica en que tratar de recaudar una deuda de la magnitud actual dañaría gravemente la economía “real” subyacente, haciendo incluso menos accesible su pago. Lo que empezó como un problema financiero (malas deudas) se convertirá ahora en un problema fiscal (malos impuestos). Los impuestos son el coste de hacer negocio, así como pagar el servicio de la deuda es también un coste. Ambos costes deben reflejarse en los precios de los productos. Cuando los contribuyentes están sobrecargados con impuestos y deudas, tienen menos capital disponible para gastar en consumo. Así los mercados menguan, poniendo más presión en la rentabilidad de las empresas nacionales. La combinación hace que cualquier país que siga tal política se convierta en un productor de coste y por tanto menos competitivo en el mercado global.
Este tipo de planificación financiera (y su traspaso paralelo de impuestos fiscales) conduce hacia la industrialización. La creación de dinero de curso legal intergubernamental por el BCE o el FMI deja las deudas listas, al tiempo que preserva el control de la riqueza y la economía de las manos del sector financiero. Los bancos pueden recibir pagos de deudas a través de las propiedades con hipotecas excesivas, sólo si reducen las obligaciones de las pensiones, de la sanidad y los salarios de sus empleados (o pagos de impuestos a los gobiernos). En la práctica, las “deudas honoríficas” significan nada más que deflación de deuda y mengua general de la economía.
Este el plan de mercado de los financieros. Sin embargo, dejar la política de impuestos en manos de los banqueros acaba siendo lo opuesto a la temática general de la economía de mercado libre de los últimos siglos. El objetivo clásico era minimizar la inversión de deuda, cobrar impuestos de las rentas por los recursos naturales y mantener los precios de monopolio en línea con los costes actuales de producción (“valor”). Los banqueros han prestado cada vez más en contra de los mismos ingresos que los economistas del mercado libre creían que debía ser la base impositiva natural.
Así que algo hay que ceder. ¿Será la filosofía de la economía liberal de mercado libre de los últimos siglos, renunciando a planificar el superávit económico para los banqueros? ¿O reafirmará la sociedad la filosofía económica clásica y los valores de la Era Progresista, y reafirmará el diseño social de los mercados financieros para fomentar un crecimiento a largo plazo reduciendo al mínimo los costes de vida?
Por lo menos en los países más endeudados, los votantes europeos están despertando al golpe de estado oligárquico en el que los impuestos y la planificación presupuestaria de los gobiernos y el control están siendo transferidos a las manos de ejecutivos designados por el cartel de los banqueros internacionales. Este resultado es el contrario de lo que han perseguido las economías de libre mercado de los últimos siglos. Texto: Michael Hudson. Ver Parte I

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